La contienda por el poder en Quintana Roo se intensifica en calles y plataformas digitales mucho antes del inicio formal del proceso electoral, sin que exista claridad sobre la eficacia de los organismos encargados de vigilar, sancionar y garantizar condiciones equitativas para todos los competidores
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR
Con una reforma electoral en marcha, aspirantes en evidentes actos anticipados de campaña y organismos electorales cada vez más cuestionados por su aparente pasividad, Quintana Roo se encamina hacia una de las elecciones concurrentes más complejas, polémicas y trascendentales de su historia reciente, programada para el 6 de junio del año próximo.
La ley establece que la elección de 2027 aún no ha comenzado, pero la realidad política del estado demuestra lo contrario. En redes sociales circulan constantemente encuestas que muestran ventajas de distintos aspirantes a cargos de elección popular, principalmente a la gubernatura. Aunque muchas de estas mediciones carecen de contexto metodológico o provienen de páginas poco conocidas, contribuyen a posicionar nombres, construir narrativas de competitividad e influir en la percepción pública de una contienda que legalmente todavía no inicia.
Aunque los calendarios electorales fijan con claridad las fechas para el inicio formal del proceso electoral, las precampañas y las campañas, la disputa por la gubernatura, cuatro diputaciones federales, el Congreso del Estado y los 11 ayuntamientos ya se desarrolla en distintos frentes. Los recorridos territoriales, la promoción personalizada, las reuniones multitudinarias, la construcción de estructuras políticas y el posicionamiento constante de quienes aspiran a competir en la próxima sucesión han convertido la contienda en una carrera que parece haberse adelantado varios meses a los tiempos legales.
La competencia comenzó en las calles, en las redes sociales, en los eventos públicos y en la disputa por la narrativa política del estado. También se instaló al interior de los partidos, particularmente en Morena y sus aliados, donde la percepción de que la próxima gubernatura podría definirse, en buena medida, desde la candidatura oficialista ha acelerado los tiempos políticos y colocado a diversos actores en una campaña prácticamente permanente.
Pero el fenómeno va más allá de los aspirantes y de la disputa partidista. Conforme aumenta la actividad política, también crecen los cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones encargadas de garantizar la legalidad electoral. El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) y el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) enfrentan críticas por la aparente insuficiencia de mecanismos para contener prácticas que diversos actores consideran promoción política anticipada.
El escenario adquiere una relevancia aún mayor porque la elección de 2027 no solo definirá quién gobernará Quintana Roo durante los siguientes seis años. También formará parte de una de las jornadas electorales más importantes del país, en la que estarán en juego 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales y miles de cargos municipales.
Mientras tanto, las reglas del juego también están cambiando. Una reforma electoral impulsada desde el Congreso del Estado avanza en medio de una sucesión que ya comenzó a tomar forma y de una creciente disputa por el control político del futuro inmediato de Quintana Roo.
Porque, a poco más de un año del inicio formal del proceso electoral, la discusión ya no se limita a quién quiere gobernar el estado.
La pregunta de fondo es otra:
Si la elección ya comenzó en los hechos, ¿quién está haciendo cumplir las reglas?
La elección que aún no inicia… según la Ley
La elección de 2027 será una de las más importantes en la historia reciente de Quintana Roo y, al mismo tiempo, una de las más complejas desde el punto de vista institucional.
De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), se trata de un proceso electoral concurrente, es decir, una jornada en la que los ciudadanos elegirán simultáneamente cargos federales y locales. El domingo 6 de junio de 2027, los quintanarroenses acudirán a las urnas para elegir a la persona que ocupará la gubernatura del estado, a los integrantes del Congreso local y a los 11 ayuntamientos. Paralelamente, participarán en la elección de cuatro diputaciones federales de mayoría relativa, una por cada distrito electoral federal de la entidad, además de intervenir en la integración de la Cámara de Diputados por la vía de representación proporcional.
Aunque se trata de una elección concurrente, las autoridades responsables se rigen por legislaciones distintas. El INE opera bajo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), mientras que el Ieqroo se rige por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo (LEIPEQROO), en todo aquello que no contemple la legislación federal.
Sin embargo, los tiempos legales del proceso aún no han comenzado.
El artículo 40 de la LGIPE establece que el proceso electoral federal iniciará durante la primera semana de septiembre de 2026 con la instalación del Consejo General del INE. Posteriormente, conforme al artículo 67 de la misma ley, los Consejos Locales deberán instalarse a más tardar el 30 de septiembre, mientras que los Consejos Distritales Federales, previstos en el artículo 78, deberán hacerlo antes del 30 de noviembre. En Quintana Roo operarán cuatro consejos distritales federales, uno por cada distrito electoral.
En el ámbito local, el artículo 266 de la LEIPEQROO señala que será hasta la primera semana de enero de 2027 cuando el Consejo General del Ieqroo declare formalmente el inicio del proceso electoral en la entidad.
Las precampañas tampoco han comenzado. De acuerdo con el artículo 270 de la legislación estatal, su inicio deberá ser aprobado por el Consejo General del Ieqroo y no podrán exceder los 60 días de duración.
Los registros de candidaturas también cuentan con plazos específicos establecidos en el artículo 276 de la LEIPEQROO. Las solicitudes para la gubernatura deberán presentarse del 18 al 22 de febrero de 2027; las correspondientes a los ayuntamientos, del 2 al 7 de marzo; las diputaciones de mayoría relativa, del 9 al 13 de marzo; y las diputaciones de representación proporcional, del 15 al 20 de marzo.
Las campañas electorales iniciarán una vez aprobadas las candidaturas. Conforme al artículo 293 de la Ley estatal, las campañas para la gubernatura tendrán una duración de 60 días, mientras que las de diputaciones y ayuntamientos durarán 45 días. En todos los casos deberán concluir tres días antes de la jornada electoral.
La Ley es clara: la elección todavía no comienza. La política parece decir otra cosa.
La campaña permanente
Aunque los calendarios electorales establecen fechas precisas para el inicio de las precampañas y campañas, la realidad política ha evolucionado hacia un modelo distinto: la campaña permanente.
Las redes sociales, las pintas de bardas, la comunicación digital, los eventos públicos y la exposición constante de los actores políticos han modificado la forma de construir posicionamiento electoral. Hoy, los aspirantes ya no esperan el inicio formal de los procesos para acercarse a la ciudadanía, fortalecer estructuras territoriales o incrementar su presencia pública.
En Quintana Roo, la promoción personalizada, los recorridos por municipios, las reuniones con sectores sociales, los encuentros partidistas y la presencia constante en plataformas digitales forman parte de una dinámica que se desarrolla mucho antes de los tiempos legales.
La competencia ya no ocurre únicamente durante las campañas oficiales. Se construye todos los días.
Este fenómeno representa uno de los mayores desafíos para las autoridades electorales, que deben distinguir entre actividades legítimas derivadas del ejercicio de funciones públicas y acciones encaminadas a obtener ventajas anticipadas frente a futuros competidores.
Mientras los plazos legales siguen corriendo hacia 2027, la sucesión política ya se disputa en calles, oficinas gubernamentales, redes sociales y estructuras partidistas.
La pregunta es si las reglas electorales están preparadas para una realidad que cambió mucho más rápido que la propia legislación.
Las reglas cambian mientras avanza la carrera
La sucesión rumbo a 2027 no solo avanza en un ambiente de promoción política anticipada. También se desarrolla en medio de una transformación de las reglas electorales que podría redefinir la representación política en Quintana Roo.
Recientemente, el Congreso del Estado aprobó una reforma electoral que actualmente se encuentra en proceso de validación por parte de los ayuntamientos. Entre los cambios más relevantes destaca la desaparición de las regidurías de representación proporcional en los cabildos municipales.
Actualmente, los ayuntamientos se integran mediante una combinación de regidores electos por mayoría relativa y regidores de representación proporcional. En términos generales, los cabildos cuentan con quince integrantes: nueve de mayoría y seis asignados conforme al porcentaje de votación obtenido por las distintas fuerzas políticas. Este mecanismo permite que las minorías tengan representación dentro de los gobiernos municipales y funcionen como un contrapeso político.
La reforma plantea modificar ese esquema.
Sus impulsores argumentan que permitirá una mayor eficiencia administrativa y una mejor correspondencia entre la voluntad mayoritaria expresada en las urnas y la integración de los ayuntamientos. Sus críticos sostienen que podría reducir la pluralidad política y debilitar los mecanismos de representación de las fuerzas opositoras.
Más allá del debate técnico, la discusión adquiere una relevancia especial porque ocurre mientras la sucesión ya comenzó a tomar forma.
En otras palabras, las reglas del juego están cambiando al mismo tiempo que los jugadores ya disputan la partida.
Morena y Partido Verde: el centro de la sucesión
Aunque formalmente ningún partido ha definido candidaturas, gran parte de la actividad política que actualmente se observa en Quintana Roo gira alrededor de Morena y de sus aliados.
La explicación es sencilla. Desde la llegada de la llamada Cuarta Transformación al estado, Morena se ha consolidado como la principal fuerza política y concentra una parte importante del poder institucional. Para numerosos actores políticos, la verdadera disputa por la gubernatura podría definirse primero al interior del bloque gobernante antes que en la elección constitucional.
Esta percepción ha acelerado los tiempos de la competencia. Diversos grupos han intensificado los recorridos territoriales, el acercamiento con liderazgos regionales, el fortalecimiento de estructuras partidistas y las estrategias de posicionamiento público con miras a la futura definición de candidaturas.
A ello se suma el creciente protagonismo del Partido Verde, aliado estratégico de Morena en Quintana Roo y fuerza política que ha incrementado notablemente su influencia en los últimos años.
La relación entre ambos partidos ha generado múltiples interpretaciones. Mientras algunos observadores consideran que existe una alianza sólida y consolidada, otros advierten una disputa silenciosa por espacios de poder, posiciones estratégicas y capacidad de influencia dentro de la sucesión gubernamental.
Lo que está en juego no es únicamente una candidatura. Está en juego el control político de la siguiente etapa de Quintana Roo.
Los árbitros bajo la lupa
Toda democracia requiere reglas claras. Pero también necesita instituciones capaces de hacerlas cumplir.
Conforme se acelera la actividad política rumbo a 2027, los papeles del Ieqroo y el Teqroo comienzan a ocupar un lugar central en la discusión pública.
Los cuestionamientos no necesariamente se enfocan en la existencia de denuncias o procedimientos administrativos, sino en la percepción de sus resultados.
Durante los últimos años, distintos actores políticos han sido señalados por presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada o utilización de mecanismos de posicionamiento que se encuentran en los límites de la legislación electoral. Sin embargo, para amplios sectores de la ciudadanía, las consecuencias han resultado insuficientes para inhibir prácticas que continúan reproduciéndose.
Las bardas permanecen. Los espectaculares continúan. La promoción política sigue visible. Y la competencia se acelera.
Frente a este escenario surge una pregunta inevitable: ¿las instituciones electorales están generando las condiciones necesarias para garantizar la equidad de la contienda?
La discusión trasciende las denuncias y las resoluciones jurídicas. Se trata del cumplimiento efectivo de la ley.
Porque cuando los ciudadanos perciben que las reglas pueden incumplirse sin consecuencias significativas, la credibilidad de las instituciones encargadas de hacerlas respetar comienza a erosionarse.
Cuando la Ley va detrás de la política
La legislación electoral mexicana contempla sanciones para quienes realicen actos anticipados de campaña o promoción política fuera de los tiempos establecidos.
Las consecuencias pueden ir desde amonestaciones públicas y sanciones económicas hasta la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en determinados supuestos.
Sin embargo, acreditar jurídicamente una infracción electoral suele ser mucho más complejo que observarla en la realidad cotidiana.
Las autoridades deben demostrar elementos específicos relacionados con la intención electoral de los mensajes, la búsqueda de una ventaja indebida y la existencia de expresiones que puedan interpretarse como una solicitud de apoyo ciudadano.
A ello se suma el crecimiento de las redes sociales y de nuevas formas de comunicación política que frecuentemente se desarrollan en zonas grises de la legislación.
La consecuencia es una tensión constante entre los tiempos legales y los tiempos políticos.
Mientras los expedientes avanzan, los actores continúan posicionándose. Mientras las denuncias son analizadas, la promoción sigue presente. Y mientras la ley intenta alcanzar la realidad, la competencia política avanza varios pasos adelante.
La pregunta de fondo es si el marco jurídico actual resulta suficiente para enfrentar una era de campañas permanentes.
La mentira: el vacío de la democracia mexicana
Existe un tema que rara vez ocupa el centro de los debates electorales y que, sin embargo, forma parte de una de las principales frustraciones ciudadanas: la ausencia de consecuencias para quienes prometen y no cumplen.
Durante cada campaña electoral, candidatos y partidos presentan compromisos, proyectos y propuestas diseñadas para convencer al electorado. Algunas terminan materializándose. Otras desaparecen junto con los discursos de campaña una vez concluida la jornada electoral.
La paradoja es evidente. La legislación electoral contempla sanciones para una lona irregular, una pinta indebida, un espectacular fuera de norma o determinados actos anticipados de campaña. Sin embargo, prácticamente no existen mecanismos efectivos para exigir responsabilidades por promesas incumplidas. Incluso aquellos compromisos firmados ante notario suelen tener más valor propagandístico que consecuencias jurídicas reales.
Esta situación ha contribuido a fortalecer el desencanto ciudadano hacia la política y las instituciones. Se vigila la forma en que se solicita el voto, pero difícilmente se supervisa la viabilidad o veracidad de aquello que se promete para obtenerlo. Y esa ausencia de responsabilidad política termina alimentando una percepción de impunidad que atraviesa gobiernos, partidos y procesos electorales.
El Despertador dedicó recientemente un reportaje a este vacío de la democracia mexicana, en el que se plantea la necesidad de establecer una figura jurídica que permita sancionar la falsedad deliberada emitida desde posiciones de poder o influencia política; disponible en: https://eldespertador.com.mx/sancionar-la-mentira/.
Una elección que pondrá a prueba a Morena
La elección de 2027 representa mucho más que una nueva disputa por cargos públicos. Para Morena podría convertirse en el examen político más importante desde su consolidación como fuerza dominante en el escenario nacional.
A nivel federal estarán en juego los 500 espacios de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, congresos locales y cientos de ayuntamientos en todo el país. Los resultados definirán la correlación de fuerzas que acompañará la segunda mitad del sexenio y pondrán a prueba la capacidad de movilización del partido gobernante.
Diversos analistas advierten que Morena enfrentará un contexto distinto al de procesos anteriores. El desgaste natural del ejercicio de gobierno, las disputas internas por las candidaturas y el crecimiento de sectores críticos podrían modificar el comportamiento electoral observado en los últimos años.
En Quintana Roo, la atención se concentra especialmente en municipios considerados estratégicos y en la capacidad del partido para mantener la cohesión interna frente a una sucesión cada vez más competida.
La elección de 2027 podría convertirse en el primer gran termómetro para medir la fortaleza real del movimiento gobernante después de varios años concentrando los principales espacios de poder.
El desgaste también se vota
Más allá de las candidaturas y las estrategias partidistas, la elección de 2027 también representará una evaluación ciudadana sobre el desempeño de los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación en Quintana Roo.
De acuerdo con el INE, el proceso concurrente contempla la renovación de la gubernatura, el Congreso del Estado y los 11 ayuntamientos quintanarroenses, lo que convierte la jornada en una de las más relevantes de las últimas décadas.
Aunque Morena y sus aliados continúan siendo la principal fuerza política de la entidad, diversos actores políticos, empresariales y sociales consideran que algunos municipios podrían registrar escenarios más competidos que en elecciones anteriores debido al desgaste natural del ejercicio de gobierno y al creciente nivel de exigencia ciudadana.
Entre los casos que con mayor frecuencia son mencionados se encuentra Tulum, cuyo gobierno actual ha generado hartazgo entre distintos sectores ciudadanos por diversas decisiones de la administración municipal. Situaciones similares también son señaladas en municipios como Othón P. Blanco, Bacalar, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas.
Este escenario también abre espacios para la oposición. Mientras el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otras fuerzas políticas buscan reconstruir su presencia territorial, Movimiento Ciudadano (MC) aparece como uno de los partidos con mayores posibilidades de crecimiento en algunos municipios, particularmente si logra capitalizar el descontento ciudadano y presentar perfiles competitivos. En el caso de las fuerzas tradicionales de oposición, buena parte de sus posibilidades dependerá de la calidad de sus propuestas, la selección de candidaturas y su capacidad para conectar con un electorado cada vez más exigente.
En ese contexto, la elección de 2027 podría convertirse en un referéndum ciudadano sobre el desempeño de los gobiernos locales y en una prueba para la capacidad de Morena y sus aliados de conservar el respaldo obtenido en los años recientes.
La mayoría absoluta en juego
Más allá de gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos, la elección de 2027 podría definir uno de los aspectos más relevantes del actual sistema político mexicano: la permanencia o no de la mayoría absoluta que Morena y sus aliados han mantenido en la Cámara de Diputados.
Esa mayoría ha sido determinante para impulsar reformas constitucionales de gran alcance en temas como el Poder Judicial, los organismos autónomos, la materia electoral y diversos cambios estructurales promovidos desde el gobierno federal.
Una eventual reducción significativa de la representación legislativa oficialista modificaría el equilibrio político nacional y obligaría a construir acuerdos más amplios para aprobar futuras reformas.
Para la oposición, el proceso representa una oportunidad para recuperar espacios de representación y convertirse nuevamente en un contrapeso efectivo dentro del Congreso de la Unión.
Lo que estará en juego será la capacidad de las distintas fuerzas políticas para definir el rumbo institucional del país durante los años siguientes y el margen de maniobra con el que contará quien gobierne México en la segunda mitad del sexenio.
La conformación de la próxima Cámara de Diputados será determinante para el futuro de las reformas impulsadas desde el poder y para la relación política que se construya entre gobierno y oposición durante los años siguientes.
Quintana Roo en el tablero nacional
Aunque la atención local se concentra en la sucesión por la gubernatura, la elección de 2027 tendrá implicaciones que van mucho más allá de las fronteras del estado.
A nivel nacional, el proceso servirá para medir el respaldo ciudadano hacia los gobiernos emanados de Morena y sus aliados, así como la capacidad de reorganización de las fuerzas opositoras en una de las jornadas electorales más relevantes de los últimos años.
Los resultados podrían influir directamente en la integración de la Cámara de Diputados y en la correlación de fuerzas que acompañará la segunda mitad del sexenio federal.
Por ello, lo que ocurra en Quintana Roo no será un fenómeno aislado.
La entidad formará parte de una disputa nacional en la que estarán en juego proyectos políticos, liderazgos regionales, equilibrios legislativos y la capacidad de las instituciones para garantizar elecciones competitivas y transparentes.
Además, Quintana Roo representa uno de los estados donde Morena y sus aliados buscarán refrendar el control político alcanzado durante los últimos años, mientras que la oposición intentará recuperar espacios de representación y competitividad electoral.
En ese contexto, la elección de 2027 no solo definirá quién gobernará Quintana Roo. También mostrará cómo llega la democracia mexicana a uno de los procesos políticos más relevantes de los últimos años.
Denuncias internas exhiben fracturas en Morena
La disputa anticipada por la sucesión no solo se refleja en recorridos territoriales, posicionamientos políticos, bardas, espectaculares o estrategias de promoción pública. También ha comenzado a trasladarse a los órganos electorales y a las instancias internas de los propios partidos.
Uno de los casos más visibles ocurre al interior de Morena en Quintana Roo.
Erick Sánchez Córdova, abogado electoral y militante del partido, informó que hasta el 4 de junio ha presentado 51 denuncias ante el Ieqroo relacionadas principalmente con la colocación de bardas que, asegura, benefician políticamente al senador Eugenio Segura Vázquez.
Según el morenista, las quejas no han derivado en el retiro total de la propaganda, pese a que afirma que existen resoluciones que reconocen al legislador como beneficiario de dichos mensajes. Además, señaló que ha promovido 79 recursos ante instancias internas de Morena por presuntas irregularidades vinculadas con promoción política anticipada, publicidad en redes sociales y participación de servidores públicos.
Sánchez Córdova también informó que el pasado 25 de mayo presentó una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por la presunta afiliación vigente de Segura al Partido Verde. El denunciante sostiene que documentos oficiales lo ubican como integrante del Consejo Político Estatal de ese partido para el periodo 2024-2027.
Más allá del resultado de los procedimientos, las denuncias evidencian que la disputa rumbo a la definición de candidaturas ya comenzó a trasladarse al terreno jurídico y partidista. Lo que hoy ocurre en Morena refleja una dinámica que podría intensificarse conforme se acerque el arranque formal del proceso electoral y se definan las posiciones que estarán en juego en 2027.
Una elección que llega con incertidumbre
Quintana Roo se aproxima a 2027 en medio de una combinación poco común de factores.
Una reforma electoral en marcha. Una sucesión adelantada. Aspirantes en promoción permanente. Una intensa disputa interna dentro del bloque gobernante. Una oposición que busca reorganizarse. Y organismos electorales cuya actuación enfrenta cuestionamientos crecientes.
A nivel nacional, el escenario tampoco es menor. La renovación de la Cámara de Diputados, las gubernaturas en disputa y la continuidad de importantes proyectos políticos convertirán a la elección de 2027 en uno de los procesos más relevantes de los últimos años.
La discusión ya no se limita a quién será candidato o candidata ni a quién llegará con ventaja al arranque formal de las campañas.
La interrogante de fondo es si las instituciones encargadas de organizar y vigilar la elección tendrán la capacidad, la voluntad y la credibilidad necesarias para garantizar que todos compitan bajo las mismas reglas.
Porque la carrera ya comenzó.
Y lo que está por definirse no es solamente quién ganará la elección.
También es qué tan fuerte llegará la democracia quintanarroense a una de las pruebas más importantes de su historia reciente.
Diez preguntas que las autoridades electorales ya deberían estar respondiendo rumbo a 2027
1.- Si la elección aún no comienza, ¿por qué la propaganda política ya está en las calles y en las redes sociales?
La percepción ciudadana es cada vez más clara: los tiempos legales dicen una cosa, pero la actividad política parece decir otra.
2.- ¿Cuántas denuncias por presuntos actos anticipados de campaña existen actualmente en Quintana Roo y cuántas han sido resueltas?
La transparencia también debe aplicarse a la actuación de las autoridades electorales.
3.- ¿Por qué siguen visibles bardas, espectaculares y estrategias de posicionamiento que han sido señaladas públicamente por distintos actores políticos?
La permanencia de estos mensajes alimenta dudas sobre la efectividad de la vigilancia electoral.
4.- ¿Las reglas se aplican igual para todos o existen actores políticos con mayores márgenes de tolerancia?
La equidad electoral no solo debe garantizarse; también debe percibirse.
5.- ¿Están preparadas las instituciones electorales para enfrentar una era de campañas permanentes?
La legislación fue diseñada para una realidad política que ha cambiado aceleradamente con las redes sociales y las nuevas formas de comunicación.
6.- ¿Quién supervisa las encuestas que constantemente circulan en plataformas digitales y que buscan influir en la percepción pública?
Más allá de su validez metodológica, estos ejercicios ya forman parte de la disputa política anticipada.
7.- ¿La reforma electoral fortalece la representación ciudadana o beneficia a quienes hoy detentan el poder?
Toda modificación a las reglas del juego merece un debate amplio y transparente.
8.- ¿La oposición tendrá condiciones reales para competir en igualdad de circunstancias?
Morena y sus aliados parten como fuerza dominante, pero una democracia sana requiere competencia efectiva.
9.- ¿Qué mecanismos existen para evitar que los recursos públicos sean utilizados con fines de posicionamiento político?
La frontera entre gobierno y promoción electoral suele convertirse en uno de los principales focos de controversia.
10.- ¿Las autoridades electorales llegarán al proceso de 2027 con la credibilidad suficiente para arbitrar una elección altamente competida?
La confianza pública será uno de los activos más importantes para garantizar la legitimidad de los resultados.
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Reflexión final de El Despertador
A más de un año del inicio formal del proceso electoral, la ciudadanía observa cómo la sucesión ya ocupa espacios públicos, redes sociales, discursos políticos y estructuras partidistas.
Los partidos hacen su trabajo: competir por el poder. Los aspirantes hacen el suyo: buscar posicionarse. La pregunta pendiente es si quienes están obligados a vigilar el cumplimiento de la ley están actuando con la misma intensidad.
Porque una elección no se contamina únicamente cuando se cuentan los votos. También puede deteriorarse cuando las reglas dejan de aplicarse mucho antes de que se abran las urnas.