La administración federal mantiene bajo la lupa al gobierno municipal, que con la anulación del PDU de 2024 y el retraso en la elaboración del POEL favoreció una expansión desordenada que ha profundizado los daños al destino
TULUM.- La decisión del alcalde Diego Castañón Trejo de frenar durante un año y posteriormente anular el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de 2024 dejó a Tulum sin el instrumento que buscaba contener la expansión de la mancha urbana, limitar la especulación inmobiliaria y proteger áreas de valor ambiental, además de que su administración mantiene retrasada la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), por el cual ha sido emplazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo advertencia de sanciones, que incluso llevarían a destituciones por desacato.
El PDU, emitido el 19 de septiembre de 2024, había sido elaborado con participación federal para establecer límites al crecimiento de la ciudad y ordenar el desarrollo alrededor del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum y el Área de Protección de Flora y Fauna del Jaguar. Su aplicación fue respaldada días después por la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó que el documento contribuiría a evitar el crecimiento desordenado del municipio.
Sin embargo, Castañón suspendió su aplicación durante 12 meses y posteriormente lo anuló con el argumento de que presentaba irregularidades. De acuerdo con la información analizada por el portal Cambio 22, esas inconsistencias fueron generadas por su propia administración y sirvieron para impedir la entrada en vigor de un ordenamiento que restringía las posibilidades de expansión urbana.
El alcance de la decisión quedó expuesto por Román Meyer Falcón, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y responsable de coordinar la participación federal en el PDU. En octubre de 2025, al analizar la crisis inmobiliaria y urbana de Tulum, sostuvo que la sobreoferta de desarrollos, la urbanización desordenada y la falta de planeación habían provocado el deterioro del destino.
“El auge inmobiliario no se tradujo en bienestar colectivo”, afirmó Meyer, quien cuestionó que se construyeran miles de departamentos y hoteles mientras persistían carencias de pavimentación, drenaje y servicios públicos.
El exfuncionario también reveló una diferencia fundamental entre el proyecto municipal y la propuesta federal. Mientras el gobierno de Castañón planteaba triplicar la superficie urbanizada de mil 140 a más de tres mil hectáreas, la Sedatu impulsó una primera etapa de crecimiento equivalente a 60 por ciento de la superficie existente durante una década, condicionada a la consolidación previa de infraestructura y servicios. “La regla era sencilla: antes de crecer, había que consolidar”, sostuvo Meyer.
El PDU regulaba 12 mil 141.2 hectáreas y destinaba 56.87 por ciento a espacios abiertos, áreas verdes, preservación ecológica y aprovechamiento sustentable. Además, incorporaba 25.09 por ciento como reserva territorial para ordenar el crecimiento durante 30 años y favorecer vivienda de menor costo.
También establecía límites de densidad, usos mixtos y criterios de protección para cenotes y cauces subterráneos, con el propósito de contener la especulación y evitar que el crecimiento inmobiliario desplazara a la población trabajadora.
Tras su anulación, Tulum permanece sin un instrumento actualizado que sustituya ese esquema, mientras el retraso del POEL mantiene otro vacío de regulación territorial y persisten las dudas sobre qué modelo territorial pretende impulsar el alcalde y a quién beneficia esa ausencia de regulación. (Redacción / con información de Cambio 22)
