MÉXICO.- El Banco del Bienestar opera 84% de sus sucursales sin documentos que acrediten la propiedad o uso legal de los predios, lo que expone a la institución a litigios, desalojos y riesgos operativos, según una auditoría interna realizada en 2025 por su Órgano Interno de Control.
De las 2,750 sucursales construidas en el Plan de Expansión, 2,319 carecen de escrituras, contratos de donación o comodato, o cualquier instrumento jurídico vigente que respalde su ocupación. De ese total, 2,282 no tienen ningún documento, mientras 37 cuentan con instrumentos vencidos.
La auditoría advierte que esta situación busca corregirse para “anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos”, en una institución que atiende a cerca de 30 millones de beneficiarios en todo el país.
El análisis revela que 29% de las sucursales se construyeron en terrenos ejidales, 19% en predios federales y más de 1,200 en propiedad municipal, además de casos en terrenos privados y sin definición jurídica. Solo 431 inmuebles cuentan con documentación comprobatoria, y de estos, apenas 58% están inscritos en el Registro Público de la Propiedad Federal.
Especialistas señalan que el problema no necesariamente implica ilegalidad, pero sí falta de control. “El documento del OIC no es una prueba irrefutable de irregularidades… es una prueba de oscuridad en la información y falta de control documental”, afirmó el abogado Eduardo Iván Nieto, quien advirtió que el número de personal asignado para regularizar los predios es insuficiente.
El crecimiento acelerado del banco, iniciado en 2019, es señalado como factor clave. “El error más grave fue arrancar de manera acelerada el plan de expansión”, afirmó Nieto, al advertir que la ocupación de predios sin certeza jurídica pudo derivar en irregularidades administrativas.
El Banco del Bienestar, con presencia en las 32 entidades y más de 2,700 comunidades, constituye el principal canal de distribución de programas sociales del Gobierno federal, lo que amplifica el impacto de las deficiencias legales detectadas en su infraestructura. (Con información de El Sol de México)