MÉXICO.- Para el próximo año, la siguiente administración destinará a los programas prioritarios un billón 252 mil 168.1 millones de pesos, una quinta parte del gasto programable y 14.5 por ciento del total, sin contar la carga financiera de las pensiones atadas a la cotización laboral, las aportaciones y participaciones a estados y municipios, los adeudos por los pasivos públicos, las remuneraciones de servidores públicos y otros conceptos que son obligatorios, muestran los Precriterios 2025.
A fin de reducir el déficit público de 5.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) a 3 por ciento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está proyectando que en su primer año, el próximo gobierno tenga menos dinero para hacer política pública del que se tiene en 2024. La dependencia prevé que el gasto total pase de 9 billones 143 mil 347.3 millones de pesos a 8 billones 663 mil 697.1 millones en un año.
De 71 programas prioritarios, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores absorberá 482 mil 953 millones de pesos, seguida de Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral, que de acuerdo con los Precriterios 2025, que entregó esta administración, alcanzará 89 mil 150.7 millones de pesos; y el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, con 51 mil 789.7 millones de pesos.
Sólo estos tres programas, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral y el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez absorberán 10.6 por ciento de todo el gasto programable que se proyecta para el primer año de la próxima administración.
El gobierno electo en las urnas el 2 de junio debe preparar el paquete económico 2025 con la administración actual –que termina el 1 de octubre– e incluir sus prioridades de política pública, con el fin de que sea entregado al Congreso a más tardar el 8 de septiembre para su discusión, modificación y aprobación por los legisladores. (La Jornada)