La empresa ha incurrido en abusos, considera: “ni cumplen con el derecho humano al agua, pero sí cobran las tarifas como quieren”; socios y directivos demandados por el gobierno de Quintana Roo comparecerán ante un juez el lunes
MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció porque la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) Aguakan entregue al Gobierno de Quintana Roo la concesión de agua con la que cuenta, pues consideró que ha incurrido en abusos.
“Estamos de acuerdo con el pueblo de Quintana Roo y con la gobernadora de que entreguen la concesión, que en realidad no se puede hacer negocio con el agua. El agua es un derecho humano”, dijo.
Consultada durante su conferencia mañanera sobre el proceso que el gobierno de Mara Lezama ha emprendido respecto de dicha empresa, encargada del servicio de agua para los municipios de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, la mandataria aseguró que Aguakan no ha garantizado el derecho de acceso al recurso hídrico. “Es un abuso lo que han estado haciendo esta empresa. Un abuso, ni cumplen con el derecho humano al agua, pero sí cobran las tarifas como quieren”, dijo.
Sheinbaum Pardo comentó que no se puede hacer negocio con el agua porque es un derecho y la gente paga para que esta pueda ser llevada de un lugar a otro. “Privatizarla para que haya ganancias para un privado en el supuesto de que va a operar mejor, pues en realidad no ha funcionado y no tiene sentido y menos en este caso. Entonces, pues que siga todo el litigio y lo mejor para la empresa pues sería entregar la concesión”, reiteró.
Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum ocurrieron luego de que, en su edición del miércoles, el diario Reforma publicó que con el uso de órdenes de aprehensión giradas contra directivos y socios, el Gobierno de Quintana Roo intenta despojar de la concesión a Aguakan y obligarla a vender sus activos a “una empresa favorita” –presuntamente la empresa española Acciona, que actualmente gestiona el agua en Boca del Río, Veracruz –en 4 mil 500 millones de pesos, una cuarta parte de su valor real.
En semanas recientes se reveló que la justicia libró órdenes de aprehensión contra Paul Andrew Rangel Merkley y Diego José Ramos de Castilla, apoderados legales de la empresa, por los cuales se encuentran amparados.
Por su parte, Proceso dio a conocer que el próximo lunes 3 de marzo, los socios y directivos de DHC se presentarán ante un juez de control del Centro de Justicia Penal de Quintana Roo que los requirió para una audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso.
Posicionamiento del Gobierno de Quintana Roo
En una rueda de prensa celebrada en Cancún, la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, dio a conocer el posicionamiento del Gobierno del Estado sobre el litigio en curso contra la concesionaria.
Explicó que el proceso legal se sustenta en el rechazo social acumulado durante años debido a deficiencias en el servicio, como la falta de abastecimiento de agua, el cobro indebido de pipas y problemas en el drenaje sanitario y recordó que, en una consulta popular, la mayoría de la población expresó su deseo de poner fin a la concesión.
Detalló que desde el inicio de la actual administración se han realizado auditorías técnicas, financieras y operativas para revisar la concesión y, como resultado, se detectaron irregularidades, lo que llevó a la presentación de denuncias. Entre ellas, se señala que la concesión, otorgada en los años 90, fue prorrogada en 2014 de manera ilícita hasta 2053 y ampliada al municipio de Solidaridad sin facultades legales.
El 16 de mayo de 2024, el Gobierno del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Tras la investigación, se determinaron elementos suficientes para imputar a directivos de Aguakan por los probables delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y promoción de conductas ilícitas de servidores públicos, por lo que un juez federal libró órdenes de aprehensión en su contra.
Afirmó que autoridades sanitarias y ambientales realizaron muestreos en diversos puntos del estado, encontrando contaminación en el agua potable y en las aguas residuales, con niveles de E. coli y coliformes fecales superiores a lo permitido, lo que representa un riesgo para la población y el ecosistema.
Por otro lado, mencionó que “de forma facciosa y parcial”, se ha difundido un encuentro entre representantes de DHC y del Gobierno del Estado, sobre el cual aclaró que se realizó a solicitud de la empresa y tuvo como propósito analizar una posible afectación a los inversionistas de las Afores y a los derechos laborales de los trabajadores.
Durante el encuentro, en el que participaron abogados del Estado y asesores jurídicos de los Ayuntamientos, no se llegó a ningún acuerdo. La administración estatal enfatizó que DHC propuso la compra de Aguakan, oferta que fue rechazada categóricamente, reiterando que la concesión debe finalizar.
Además, aseguró que las acciones legales emprendidas no representan un riesgo para la inversión privada ni para las Afores, sino que buscan proteger a los inversionistas, quienes podrían ser víctimas de las irregularidades cometidas por la empresa.
Cristina Torres enfatizó que las acciones legales emprendidas buscan proteger el interés público y que, en Quintana Roo, el agua “es un derecho humano, no un privilegio”. (Redacción / con información de El Financiero / Reforma / Proceso)
