Trabajadores afiliados a la CROC realizaron una protesta simbólica en varias plantas de tratamiento de aguas residuales en Cancún para denunciar despidos masivos y hostigamiento laboral; exigen reinstalación de más de 200 empleados y respeto a la titularidad sindical
SALVADOR CANTO
CANCÚN.- La empresa Aguakan no solo enfrenta señalamientos constantes por presuntos abusos contra usuarios del servicio de agua potable, sino que ahora suma una denuncia grave por parte de sus propios trabajadores: violaciones a derechos laborales, represión sindical y despidos masivos como represalia por exigir condiciones justas.
Este jueves, trabajadores afiliados a la CROC realizaron una toma simbólica de las plantas de tratamiento para exigir el respeto a la titularidad sindical ganada por mayoría, la reinstalación de más de 200 empleados despedidos y el cese inmediato del hostigamiento laboral.
Acusaron a la empresa de operar con total desprecio por la Ley Federal del Trabajo e intentar aplastar la organización obrera con prácticas autoritarias.
Aunque los inconformes tomaron las instalaciones, no interrumpieron su operación. Solo durante las primeras horas se suspendió el llenado de pipas, pero el servicio fue restablecido tras el diálogo con representantes de la empresa.
“El contrato colectivo ya está en manos de la CROC, pero Aguakan impide su operación normal. No permiten el ingreso de nuestros delegados sindicales ni el ejercicio de sus funciones. Eso es ilegal y representa una violación directa a la libertad de asociación”, afirmó Wilberth Sulub, abogado del sindicato, en entrevista con El Despertador de Quintana Roo, afuera de la planta de aguas residuales ubicada en la Región 237.
También denunció el despido injustificado de al menos 200 trabajadores, incluidos varios representantes sindicales, por lo que exigió su reinstalación inmediata y el fin del hostigamiento laboral, que —afirmó— se ha intensificado desde que la CROC obtuvo legalmente la titularidad del contrato colectivo.
Entre las principales exigencias —expuestas en carteles colocados en las inmediaciones de la planta y en los medallones de vehículos— figuran la destitución de la licenciada Gabriela Hernández y del ingeniero Tomás García, a quienes acusan de violar el Artículo 133, fracciones IV y V, de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe a los empleadores intervenir en la vida sindical de los trabajadores o ejercer represalias por motivos gremiales.
Los manifestantes expusieron públicamente tres demandas centrales: la reinstalación inmediata de los trabajadores despedidos y el pago de salarios caídos; la destitución de los funcionarios señalados por actos represivos contra la organización sindical, y el respeto absoluto a la libertad sindical y a la titularidad del contrato colectivo que ostenta la CROC.
Por su parte, Mario Machuca Sánchez, dirigente estatal de la CROC, reiteró su respaldo total a los trabajadores afectados y advirtió que mantendrán la presión pública hasta obtener una respuesta formal y satisfactoria por parte de Aguakan.
“No es solo un conflicto laboral; es una lucha por la dignidad y los derechos de la clase trabajadora”, concluyó Machuca.
