Además de que el Juzgado Primero de Distrito con residencia en Chetumal todavía no tiene titular asignado, el juicio de amparo emprendido por las organizaciones defensoras del medio ambiente contra la construcción de la casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Bacalar se ha visto obstaculizado por la imposibilidad de realizar diligencias periciales que ordenó el juez anterior.
Eso se debe a que el Juzgado no encontró especialistas ambientales disponibles en las instituciones de educación superior asentadas en la capital del Estado y ahora tiene que recurrir a buscarlas en otras entidades del país.
El 10 julio del presente año, de manera oficiosa el Juzgado ordenó el desahogo de pruebas periciales en materia de impacto ambiental, riesgo ambiental e ingeniería ambiental y se solicitó al Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH), la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uaqroo) y el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), todos con sede en Chetumal, para que, en auxilio del órgano jurisdiccional, designaran un perito en dichas materias que fungiría, de forma gratuita, como experto oficial por parte del Juzgado.
Sin embargo, tras casi dos meses de realizar la solicitud, el resultado final del requerimiento no fue positivo, pues las tres instituciones respondieron que no cuentan con especialistas ambientales disponibles para apoyar al Juzgado.
Primero, el 29 de julio se dio cuenta de la respuesta del director del ITCH, el cual refirió “que no encontró persona alguna que pueda fungir como perito en Materia de Impacto Ambiental y Riesgo Ambiental”.
Luego, apenas el 1º de septiembre, contestó la Uaqroo, mediante su directora general de Asuntos Jurídicos, diciendo que “los profesores de las materias de impacto ambiental y riesgo ambiental e ingeniería ambiental están realizando estudios doctorales fuera de la universidad, por lo que no es posible que puedan brindar auxilio a este órgano jurisdiccional”.
En reacción, argumentando la obligación de agotar todas las instituciones locales que pudiesen brindarle auxilio a fin de desahogar las pruebas periciales, en esa misma fecha ordenó remitir el requerimiento al Ecosur, emplazándole a contestar en tres días hábiles, con apercibimiento de multa en caso de no contestar.
La institución contestó en el plazo, y para el 5 de septiembre el Juzgado dio cuenta de la respuesta del coordinador de la Unidad Chetumal, el cual le informó “que resulta materialmente imposible que los especialistas en las materias de impacto ambiental, riesgo ambiental e ingeniería ambiental coadyuven con este órgano jurisdiccional, toda vez que no están disponibles para esos fines y no cuentan con certificación como peritos en esas materias”.
Debido a esta falta de especialistas ambientales en Chetumal, el Juzgado Primero de Distrito, que se encuentra bajo la responsabilidad de una secretaria en funciones de juez, pidió apoyo al Órgano de Administración Judicial de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, para que le proporcione los datos específicos de un perito en materia de impacto ambiental, riesgo ambiental e ingeniería ambiental de la entidad federativa más cercana a Chetumal, que pueda fungir con el cargo de perito oficial por parte del Juzgado.
No obstante la prolongación del juicio, en este momento la misma opera en contra de Defensa, debido a que se encuentra firme la suspensión definitiva que concedió el Juzgado a las organizaciones Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Santo (DMAS) y Proyecto Justicia Común (Projuc) el 5 de junio, que mantiene detenida la obra.
La suspensión quedó firme luego de que, el 29 de julio, el Juzgado declaró infundado un recurso de revocación que presentó Defensa, con base en los resultados de una inspección judicial que se efectuó a la obra el 15 de julio.
Para el caso de las periciales en materia de impacto ambiental, riesgo ambiental e ingeniería ambiental, el Juzgado propuso un cuestionario, mismo que quedó ampliado con los puntos propuestos por Defensa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa).
Sin embargo, tendrá que esperar a encontrar algún especialista disponible para actuar como perito, a fin de poder desahogar la diligencia.
