CANCÚN.- VAG Inmurecuperadora S.A. de C.V. es acusada públicamente de cometer fraude inmobiliario, luego de que ciudadanos afectados denuncian que la empresa cobró por la venta y regularización de inmuebles y terrenos que no tenía, utilizando contratos ratificados en notaría pública, y que, aun después de reconocer por escrito que el inmueble no existía, se ha negado a devolver el dinero, prolongando el incumplimiento de manera deliberada.
Los hechos se documentan en un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Intermediación, ratificado ante la Notaría Pública número 114 de Cancún, Quintana Roo, mediante el cual VAG se comprometía a entregar un inmueble en un plazo específico. Al no cumplir, la propia empresa firmó el 24 de julio de 2025 una solicitud formal de devolución del pago, aceptando no contar con la propiedad ofrecida. Han pasado más de cuatro meses y el reembolso no ha ocurrido, pese a que el plazo contractual venció.
De acuerdo con los denunciantes, los recursos fueron entregados directamente en la notaría a Clara Edith Arellanes Mukul, apoderada legal de la empresa, así como a Milton Arteaga Rivera y Mauricio Reyes, quienes intervinieron en la operación. Los afectados advierten que los perfiles y oficinas de VAG Inmurecuperadora en Cancún, Playa del Carmen y San Luis Potosí forman parte del mismo esquema de captación de clientes.
En reiteradas ocasiones hemos visitado las oficinas de Cancún, ubicadas en la Av. Quintana Roo, casi esquina con Av. Kabah, donde hemos sido atendidos por el gerente, el Sr. Adrián Ramos (de quien contamos con fotografías).
Durante dichas visitas, el Sr. Adrián Ramos realizó promesas de devolución, incluso solicitando números de cuenta bancaria para efectuarla, llegando a manifestar posteriormente que no le era posible realizar la devolución en el mes de agosto de 2025.
Asimismo, el día 7 de octubre, el supuesto dueño, de nombre Jorge Guerrero, se comprometió a liquidar la deuda; sin embargo, desde entonces no hemos vuelto a tener comunicación alguna con él.
Para los afectados, el uso de contratos, poderes notariales y documentación fiscal habría servido como fachada de legalidad para concretar los cobros, mientras que la inexistencia del inmueble y la retención del dinero evidencian un patrón de engaño que podría repetirse con más personas.
Ante la gravedad de los hechos, los denunciantes exigen la devolución inmediata de los recursos y hacen un llamado urgente a la ciudadanía para no contratar, no entregar anticipos y no firmar convenios con esta empresa sin comprobar la posesión real de los inmuebles, a fin de evitar ser víctimas de un presunto fraude inmobiliario.
