Iniciativa de reforma al Código Civil de Quintana Roo propuesta por diputados de la 4T, bajo el argumento de proteger la “propia imagen”, introduce ambigüedades y restricciones que podrían utilizarse para inhibir la difusión periodística de hechos de interés público y limitar el escrutinio ciudadano sobre funcionarios
SALVADOR CANTO
CHETUMAL.- En medio de cuestionamientos por la escasa productividad legislativa en el Congreso de Quintana Roo, diputados de los partidos que integran el bloque de la llamada Cuarta Transformación —Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo— promueven una reforma al Código Civil estatal para sancionar la difusión de la “imagen pública” de una persona sin su consentimiento.
La iniciativa es impulsada por Hugo Alday Nieto (PT), Ricardo Velazco (Morena) y María José Osorio (Partido Verde), quienes plantean incorporar un nuevo capítulo denominado “Derecho a la Propia Imagen” con el argumento de proteger la dignidad, la privacidad y evitar el uso indebido de fotografías o videos, especialmente en redes sociales y plataformas digitales.
Sin embargo, el proyecto ha encendido alertas entre analistas y periodistas, quienes advierten que podría convertirse en una herramienta legal para limitar la difusión de imágenes que documenten actos indebidos de servidores públicos.
El artículo 551 Quáter de la propuesta establece que “constituirá acto ilícito la difusión o comercialización de la imagen de una persona sin su consentimiento expreso”, mientras que el artículo 551 Sexties señala que, si una publicación afecta la reputación de alguien, un juez podría ordenar retirar el contenido y obligar al pago de una reparación integral del daño.
Aunque el texto contempla excepciones para funcionarios públicos o hechos de interés público, la redacción introduce una condición relevante: la imagen debe haberse captado en un acto público o en un lugar abierto al público.
Ese detalle abre un amplio margen de interpretación que, en los hechos, podría impedir la difusión de material grabado en espacios privados, incluso cuando evidencie posibles actos de corrupción.
Un punto crítico es la ambigüedad del concepto “interés público”. La reforma no define con precisión qué situaciones encajan en esa categoría ni establece criterios objetivos. Esto dejaría la decisión en manos de jueces, lo que puede generar interpretaciones dispares y procesos largos y costosos. El solo riesgo de enfrentar litigios y posibles indemnizaciones elevadas puede incentivar la autocensura, especialmente en medios informativos locales con recursos limitados.
Ejemplos que marcaron la vida política
La preocupación no es menor si se considera que algunos de los escándalos más relevantes de la política mexicana se conocieron precisamente a través de videos o fotografías captados sin consentimiento de los involucrados.
Entre los casos más conocidos está el de René Bejarano, exdiputado local que en 2004 fue exhibido en video recibiendo fajos de dinero del empresario Carlos Ahumada, episodio que se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos de la época.
Más recientemente, en 2020 se difundieron videos en los que aparece Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David León Romero, material que detonó una fuerte controversia nacional.
Casos como estos han sido documentados precisamente mediante imágenes o grabaciones que posteriormente detonaron investigaciones, debates públicos y procesos legales.
Acusan copia de legislación usada contra periodistas
Críticos de la iniciativa señalan además que la propuesta presentada en Quintana Roo no es original, sino que retoma prácticamente el mismo modelo de la Ley del Derecho al Honor y la Imagen Propia vigente en la Ciudad de México.
Esa legislación ha sido utilizada en disputas legales relacionadas con el periodismo. Uno de los casos más conocidos es la demanda que Pío López Obrador promovió contra el periodista Carlos Loret de Mola, de más de 400 millones de pesos, tras la difusión de los videos en los que aparece recibiendo dinero.
En ese contexto, críticos señalan que la reforma impulsada en Quintana Roo podría replicar el mismo esquema jurídico para blindar actos privados de políticos frente a investigaciones periodísticas, especialmente cuando las imágenes se obtienen fuera de actos públicos.
Contexto político
La iniciativa también llega en un contexto político marcado por decisiones legislativas impulsadas por los mismos partidos que integran la coalición gobernante. Morena, el Partido Verde y el PT han sido señalados anteriormente por promover la desaparición o debilitamiento de diversos organismos autónomos y dependencias de transparencia, instituciones que durante años fueron construidas para garantizar contrapesos institucionales y el acceso a la información pública.
Para diversos analistas, ese antecedente alimenta la preocupación de que la nueva propuesta legislativa pueda interpretarse como otro paso hacia la reducción de los mecanismos de vigilancia pública sobre quienes ejercen el poder.
Es de destacar que, en la exposición de motivos, los legisladores sostienen que la reforma busca reconocer la imagen como un atributo de la personalidad, junto con el nombre o el estado civil, y establecer mecanismos para que las personas puedan decidir sobre la captación, reproducción o difusión de su imagen.
También argumentan que la iniciativa pretende prevenir abusos en redes sociales, fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes y promover el uso responsable de las plataformas digitales.
No obstante, especialistas advierten que, en la práctica, el alcance de la norma podría ir más allá del objetivo declarado y convertirse en una herramienta para retirar contenidos, exigir indemnizaciones o presionar a medios de comunicación que difundan material incómodo para figuras públicas.
El riesgo no es teórico: basta la amenaza de demandas costosas para desalentar investigaciones, inhibir publicaciones y fomentar autocensura. Si el Congreso pretende legislar en esta materia, lo que debe priorizar es garantizar salvaguardas claras, definiciones precisas y excepciones robustas para el ejercicio periodístico y el escrutinio ciudadano, porque una democracia se debilita cuando se prohíbe hablar y se intimida el derecho a informar.
