MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, al advertir que, sin evidencias contundentes, las imputaciones podrían tener un trasfondo político.
Desde Palacio Nacional, la mandataria afirmó que los documentos entregados por autoridades estadounidenses no cumplen con los estándares del sistema penal mexicano. “Cuando decimos pruebas es pruebas… tiene que haber pruebas contundentes conforme a la legislación mexicana”, sostuvo al mostrar materiales que, según dijo, consisten en hojas con anotaciones de supuestos sobornos.
“Este es el único documento que ponen como prueba… ‘Juanito, 30 mil pesos’. Es una hoja de papel”, expresó, al señalar inconsistencias en la evidencia presentada.
“Ayer, en efecto, hablé con el gobernador, después de que salieron estos comunicados, y le manifesté lo que manifiesto aquí. Si no hay nada, pues no hay nada que temer. Nada. Tiene que haber pruebas”, dijo.
Las acusaciones, formuladas por fiscales estadounidenses, incluyen a nueve funcionarios y han generado tensión diplomática en un momento clave de la relación bilateral. Sheinbaum subrayó que se trata de un hecho sin precedentes: “Esto no había ocurrido nunca… que el Departamento de Justicia pida la extradición de un gobernador en funciones”.
La presidenta reiteró que la Fiscalía General de la República será la instancia encargada de evaluar la información y determinar si existen elementos para proceder. “Si recibe pruebas contundentes… deberá proceder conforme a Derecho bajo nuestra jurisdicción”, afirmó.
Aunque aseguró que su gobierno no encubrirá a ningún funcionario, marcó límites frente a la actuación de Washington. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie… sin embargo, si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo es político”, declaró.
También cuestionó la forma en que se hicieron públicas las acusaciones, al señalar que los procesos de extradición suelen ser confidenciales. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó un “extrañamiento jurídico” por la difusión anticipada del caso.
La mandataria arremetió contra el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, cuyas declaraciones calificó de “desafortunadas” y advirtió que ningún diplomático puede asumir una actitud injerencista en asuntos internos del país. Aseguró que su Gobierno mantendrá una relación de colaboración con Estados Unidos, pero sin aceptar subordinación ni intromisiones. (Con información de López-Dóriga)