El debilitamiento de la industria petrolera, la pérdida de empleos formales y la falta de inversión productiva colocan al estado frente a uno de los escenarios más complejos de las últimas décadas, sin señales claras de recuperación inmediata
HAROLD AMÁBILIS
La configuración económica del estado resulta indisociable de un vaivén histórico entre la abundancia súbita y el declive anunciado. Durante siglos, el territorio articuló su prosperidad alrededor de la extracción de materias primas demandadas con apremio por el mundo, una vocación que le confirió un lugar singular en el mapa comercial del Atlántico y, más tarde, en la geopolítica energética nacional. El siglo XXI sitúa a Campeche frente a una encrucijada que los indicadores describen con contundencia: la actividad económica se contrae, el empleo formal se erosiona y la administración pública navega una crisis de liquidez que ha tensado el debate sobre el rumbo a seguir. En esta edición de El Despertador realizaremos una revisión de los frentes que hoy tensionan la economía campechana y algunas rutas que se exploran para sortear la tormenta.
Auge y agotamiento de un modelo económico
La historia económica de Campeche puede leerse como una sucesión de ciclos en los que ciertos bienes, por su demanda en los mercados nacionales e internacionales, concentraron la capacidad de generar riqueza y ordenar la vida del puerto. El palo de tinte representó el primer gran motor de la villa de San Francisco de Campeche y la integró en las rutas mercantiles del Caribe español durante el virreinato, creando una élite que supo combinar el comercio marítimo con el control de los cargos públicos, así como una incipiente diversificación hacia la ganadería y la industria naviera. Desde el puerto de San Francisco de Campeche, los embarques de este recurso, apreciado en los talleres europeos por su capacidad para fijar colores intensos, conectaron a la Península de Yucatán con los mercados de ultramar, en un entramado que sobrevivía a las restricciones metropolitanas impuestas desde Sevilla y a la amenaza constante de la piratería. A diferencia de la aristocracia agraria que dominaba la capital de la provincia, Mérida, en este periodo la población de Campeche desarrolló una mentalidad orientada a la movilidad social y al intercambio con el exterior, una cultura económica pragmática que dejó huella en la identidad regional.
El siglo XIX trajo consigo la explotación del chicle, una resina extraída del árbol del chicozapote que encontró en la industria estadounidense un comprador insaciable. La recolección chiclera estructuró la economía de las selvas del sur y, aunque la derrama se distribuyó de manera asimétrica entre los grandes consorcios estadounidenses y los trabajadores de la región, representó durante décadas el sustento de numerosas comunidades que dependían de esta actividad para su supervivencia cotidiana. Con el siglo XX, la pesca del camarón configuraría un nuevo polo de prosperidad, atrayendo capitales nacionales e internacionales y propiciando la formación de cooperativas pesqueras que convirtieron la costa campechana en un referente indiscutible de la actividad nacional, un lugar donde el esfuerzo colectivo y la abundancia del recurso parecían garantizar un horizonte de bienestar duradero.
La era petrolera y el inicio del declive
La irrupción de Petróleos Mexicanos añadió una dimensión completamente distinta a la economía estatal, una transformación de tal magnitud que reconfiguró para siempre la fisonomía de ciudades como Carmen, así como las expectativas de prosperidad de toda la entidad. La explotación de los yacimientos marinos frente a las costas de Campeche convirtió a la región en el epicentro de las operaciones de la paraestatal e incentivó un desarrollo que favoreció el crecimiento poblacional, atrajo trabajadores especializados y permitió el florecimiento de cadenas hoteleras, restaurantes y servicios especializados de toda índole.
Los helicópteros y embarcaciones que surcaban el Golfo de México hacia las plataformas de extracción se convirtieron en parte del paisaje cotidiano en las costas del sur, mientras la Sonda de Campeche se consolidaba como la principal fuente del crudo que México exportaba al mundo. Los recursos fiscales derivados de esa actividad, cuantiosos y constantes, irrigaron las finanzas públicas estatales durante un periodo extenso, creando una sensación de bonanza que muchos asumieron como un estado permanente que, sin embargo, no se reflejó en infraestructura ni en mejoras sustanciales de calidad de vida. Cada uno de esos ciclos de prosperidad contenía, en su propia naturaleza extractiva, las semillas de su agotamiento, una ley histórica que Campeche ha experimentado en repetidas ocasiones.
El palo de tinte perdió su relevancia cuando los colorantes sintéticos comenzaron a producirse en los laboratorios europeos durante la segunda mitad del siglo XIX. El chicle entró en una fase de decadencia terminal cuando la industria estadounidense logró elaborar resinas sintéticas de menor costo, desplomando su demanda de manera vertiginosa y provocando el cierre de las compañías transnacionales en la entidad. La pesca del camarón vivió un auge extraordinario entre las décadas de 1950 y 1980, pero la combinación de la sobreexplotación de los bancos marinos y la crisis de precios en los mercados internacionales fue minando la rentabilidad de la actividad hasta fracturar a las cooperativas que habían surgido al amparo de la bonanza; la actividad no desapareció por completo, pero perdió la capacidad de dinamizar por sí sola la economía regional, y muchas familias que habían construido su patrimonio alrededor de la pesca se vieron obligadas a buscar alternativas en otros sectores o en otras regiones del país.
En el caso del petróleo, el declive comenzó a manifestarse de manera progresiva a inicios del siglo XXI, aunque las señales de alerta ya eran perceptibles para los observadores más atentos. La producción de crudo en la Sonda de Campeche inició una curva descendente que respondía tanto al agotamiento natural de los yacimientos como a la reorientación de las inversiones de Pemex hacia otras regiones del país, particularmente hacia Tabasco y los nuevos proyectos de extracción en tierra firme. La construcción de la refinería de Dos Bocas en el estado vecino y el impulso a la extracción petrolera en esa entidad reconfiguraron el mapa petrolero nacional de una manera que dejó a Campeche en un segundo plano.
Los datos oficiales de enero de 2026 resultan elocuentes: Campeche perdió su posición histórica como líder absoluto en la producción de hidrocarburos, tras registrar una caída del 33 % en 2025 en su participación dentro de la producción nacional total, cediendo el liderazgo a Tabasco, que actualmente encabeza la producción petrolera del país. Esta redistribución de la actividad ha tenido consecuencias directas e inmediatas sobre las finanzas públicas estatales, sobre el entramado empresarial que dependía de la proveeduría de la paraestatal y sobre la vida cotidiana de miles de familias que durante décadas habían cifrado su futuro en la industria petrolera.
La crisis actual: un panorama de múltiples frentes
La contracción de la actividad económica en Campeche ha adquirido una magnitud que los indicadores oficiales describen con una precisión estadística que deja escaso margen para interpretaciones complacientes. El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 29 de abril de 2026, reportó una caída anual de 10.6 por ciento en el cuarto trimestre de 2025, la mayor entre todas las entidades federativas del país. El desplome abarcó los tres grandes sectores productivos: las actividades primarias retrocedieron 3.6 por ciento, las secundarias se contrajeron 12.9 por ciento y las terciarias disminuyeron 3.0 por ciento. Al considerar el periodo acumulado de enero a diciembre de 2025, la actividad económica estatal registró un descenso de 13.6 por ciento, explicado por las bajas de 5.2 por ciento en el sector primario, 17.1 por ciento en el secundario y 0.6 por ciento en el terciario.
La capital destaca por la carencia de una base industrial sólida que pueda generar empleos bien remunerados y absorber la mano de obra desplazada de las actividades extractivas. Los pocos parques industriales existentes operan con baja ocupación, y las inversiones en manufactura han sido escasas en comparación con otras entidades de la región. Las empresas que alguna vez florecieron al amparo de la bonanza energética han reducido sus operaciones o han cerrado por completo. El tejido empresarial local se ha ido desintegrando, y los emprendedores que intentan abrir negocios enfrentan un mercado reducido, altos costos operativos y una burocracia que no facilita la actividad comercial. La falta de una política de fomento industrial ha perpetuado un círculo vicioso: sin inversión no hay empleo, sin empleo no hay consumo y sin consumo no hay incentivos para invertir.
Desempleo, construcción y crisis petrolera
El mercado laboral refleja esas tensiones con crudeza. La variación anual de puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente a abril de 2026, situó a Campeche como la entidad con la mayor pérdida de empleo formal en todo el país, con una reducción de 4.3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. La población desocupada en el estado ascendió a 11 mil personas durante el segundo trimestre de 2025, con una tasa de desocupación de 2.6 por ciento, superior en 0.6 puntos porcentuales a la del mismo periodo de 2024. La población subocupada alcanzó las 53 mil personas, equivalentes al 12.4 por ciento de los ocupados, lo que indica que incluso quienes conservan un empleo enfrentan jornadas reducidas y menores ingresos, una situación de precariedad que se extiende por todas las áreas productivas.
En el sector petrolero, la crisis de pagos de Pemex a sus proveedores, documentada en una proposición presentada ante el Senado de la República en marzo de 2026, señala que el rubro de proveedores cerró en 434 mil 474 millones de pesos al cuarto trimestre de 2025, un monto que estrangula la liquidez de cientos de empresas que ofrecieron servicios a la paraestatal. La Auditoría Superior de la Federación documentó retrasos en los pagos que oscilaron entre 43 y 354 días después del plazo estipulado, mientras que diversos reportes periodísticos han identificado casos que se extendieron hasta 454 días, lapsos insostenibles para cualquier negocio.
Este rezago afecta con particular intensidad a las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente en Ciudad del Carmen, donde los efectos de esa crisis de pagos se han materializado en cierres de negocios emblemáticos que durante décadas formaron parte del paisaje urbano y en la pérdida de empleos que afecta a familias enteras.
En cuanto al sector de la construcción en Campeche, este experimentó una contracción particularmente intensa que ha dejado sin obra a miles de trabajadores. Los datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del INEGI, correspondientes a los últimos meses de 2025, ya mostraban una disminución anual del 58.2 por ciento en el valor de producción, una reducción del 23.7 por ciento en el personal ocupado y una caída del 20.6 por ciento en las remuneraciones medias reales, cifras que reflejaban un desplome generalizado de la actividad. Para inicios de 2026, el desplome se profundizó aún más: el estado registró una caída del 68.1 por ciento en el valor de la construcción —muy por encima del 45.9 por ciento reportado originalmente para enero—, una reducción del 30.3 por ciento en el gasto público en infraestructura y la pérdida de 2 mil empleos formales adicionales. Los trabajadores de este gremio, que emplea a aproximadamente 29 mil personas en la entidad, enfrentan hoy un panorama de escasez de obra que los obliga a migrar hacia Yucatán y Quintana Roo en busca de oportunidades, un éxodo silencioso que desarticula familias y comunidades enteras y coloca a Campeche en una situación crítica que trasciende la mera caída estadística.
Consumo, comercio y fuga económica
En el sector servicios, la situación es igualmente desalentadora. Una parte creciente de la población con poder adquisitivo prefiere efectuar sus compras, solicitar servicios y realizar actividades de esparcimiento en Mérida, capital del vecino estado de Yucatán, que se ha consolidado como un polo de atracción comercial y de servicios en la península. Los residentes de Campeche viajan regularmente a esta ciudad para adquirir bienes que no encuentran en el estado, acceder a servicios especializados de salud y educación o simplemente disfrutar de una oferta de entretenimiento con la que la capital campechana no puede competir. Esta fuga de consumo representa una sangría silenciosa para la economía estatal, pues los recursos que se gastan fuera de Campeche no contribuyen a la generación de empleos ni a la recaudación fiscal en territorio campechano.
Los comercios establecidos en la ciudad de Campeche enfrentan una competencia desigual, no con otros negocios de origen campechano, sino con todo un ecosistema comercial ubicado a dos horas de distancia por carretera. Las tiendas departamentales, los centros comerciales, los restaurantes y los consultorios médicos de alta especialidad en Mérida atraen a los consumidores campechanos que cuentan con los medios para trasladarse, mientras que la falta de políticas claras, la inseguridad y los precios excesivos desalientan la actividad económica a nivel local. La consecuencia es una economía que se vacía, una ciudad que pierde vitalidad comercial y una población que normaliza la idea de que para obtener bienes y servicios de calidad es necesario salir del estado.
La crisis se ha vuelto perceptible en el paisaje urbano y en la dinámica comercial que alguna vez dio vida a las calles y barrios de San Francisco de Campeche. La Federación del Pequeño Comercio estimó que más de 12 mil establecimientos operan con uno a cinco empleados y se encuentran en situación de riesgo debido a la inflación, el encarecimiento de insumos y la competencia de grandes cadenas comerciales que han ido ganando terreno. La mayoría de estos negocios, de carácter familiar, dependen del trabajo cotidiano de padres, madres e hijos que ven cómo la combinación de impuestos, tarifas de servicios y trámites administrativos va estrechando sus márgenes de supervivencia hasta volverlos casi inexistentes. La clausura de pequeños locales, antes ocupados por tiendas de abarrotes, misceláneas, talleres y fondas, se ha vuelto un fenómeno recurrente que extingue puntos de encuentro comunitario y reduce las fuentes de ingreso de decenas de familias. Las cortinas metálicas que permanecen abajo durante días y semanas enteras se han convertido en un símbolo de un tejido comercial que se desgarra sin que se vislumbre una estrategia de contención efectiva.
Finanzas públicas bajo estrés: ingresos, deuda y controversia
La administración de Layda Sansores San Román ha enfrentado un escenario de creciente presión financiera que la propia gobernadora describió públicamente como una crisis de liquidez sin precedentes. La situación, provocada por la vulnerabilidad de la economía campechana y por malas decisiones de política pública, ha llevado al gobierno a expresar su incapacidad para cubrir servicios públicos, al tiempo que ha reconocido la falta de solvencia para cumplir compromisos como los contraídos con la Comisión Federal de Electricidad. Aunque la mandataria atribuyó el problema a un recorte de 4 mil millones de pesos en participaciones federales y a la fórmula derivada de la Ley de Coordinación Fiscal, las causas son más profundas y se han acumulado durante años. En el ámbito municipal, los últimos años han estado marcados por profundas tensiones financieras, donde los ayuntamientos de Campeche, Hopelchén, Dzitbalché y Calkiní han denunciado recortes presupuestales que han comprometido su operatividad básica.
Esta crisis de liquidez contrasta de forma paradójica con la estructura del gasto delineada en el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026, que contempló un gasto total de 27 mil 151 millones de pesos, una cifra superior en más de mil millones a la ejercida el año previo. La distribución de esos recursos desató cuestionamientos en distintos ámbitos: el 47.8 por ciento del gasto programable se destinó al rubro de Inclusión, Bienestar y Justicia Social, mientras el eje de Desarrollo Económico con Visión al Futuro recibió apenas 546 millones de pesos, la proporción más reducida entre todas las categorías. Esta asignación marginal para la reactivación productiva se acompañó de una contradicción severa, pues, al tiempo que se declaraba la crisis de liquidez, el estado financió conciertos, ferias y eventos lúdicos cuyos costos, señalaron voces críticas, pudieron redirigirse hacia servicios básicos o sectores en agonía. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario experimentó un recorte de 7 millones de pesos en un contexto de agravamiento de la situación rural y abandono del campo.
La fractura entre el discurso y la asignación efectiva del gasto revela una desconexión que separa al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 de la realidad presupuestal. Aquel documento, presentado como el instrumento rector de la transformación económica, diagnosticaba con precisión la dependencia petrolera como una vulnerabilidad que debía atenderse mediante la diversificación productiva, el rescate del campo, el retorno de la mirada hacia el mar y el impulso turístico. Sin embargo, a cinco años de su publicación, la economía estatal ha acentuado su contracción y los sectores alternativos no han alcanzado la madurez necesaria para constituirse en motores de crecimiento. El turismo, señalado como pilar estratégico, registró en el primer cuatrimestre de 2026 la menor cifra de inversión del país, con apenas 3.13 millones de dólares, mientras la afluencia de visitantes cayó 14 por ciento. Los 16 proyectos de la Cartera de Inversión Turística, con una inversión conjunta de 56.7 millones de pesos, resultan insuficientes para modificar la trayectoria de una economía cuyo PIB sigue dependiendo de forma abrumadora de los hidrocarburos.
El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, concebido como el órgano articulador entre la planeación y la ejecución del gasto, no ha logrado cerrar esta fisura. La promesa de un gobierno facilitador contrasta con la imagen de empresarios que acuden a oficinas centrales en la Ciudad de México en busca de respuestas que las instancias locales no han podido proporcionarles, mientras los pagos a proveedores petroleros acumulan múltiples retrasos que ha documentado la Auditoría Superior de la Federación.
El debate por la deuda y el futuro financiero
En medio de esta tensión, el gobierno estatal propuso la contratación de un crédito por mil millones de pesos para un programa de infraestructura carretera que intervendría 256 kilómetros distribuidos en 11 municipios, con un plazo de pago a 20 años que comprometería las finanzas de las próximas administraciones. La iniciativa desató un intenso debate en el Congreso. La oposición legislativa presentó datos oficiales que mostraban excedentes presupuestales de libre disposición por mil 700 millones de pesos en 2023 y 2 mil 510 millones en 2024, de los cuales 900 millones fueron transferidos al ejercicio siguiente por falta de aplicación. Al corte del 30 de septiembre de 2025, la recaudación estatal alcanzaba los 22 mil 910 millones de pesos, a solo 3 mil millones de la meta anual, lo que llevó a los legisladores opositores a señalar la incongruencia de contratar deuda a 20 años mientras se registraban subejercicios. Propusieron, en cambio, una reasignación basada en recortes al gasto corriente y en la canalización de parte del Fondo de Extracción de Hidrocarburos hacia el programa carretero.
El debate puso de manifiesto una división significativa entre las fuerzas políticas. El Centro de Estudios para las Finanzas Públicas del Congreso de la Unión estimó aportaciones federales por 24 mil 485 millones de pesos para Campeche en 2026, mientras el gobierno estatal proyectó recibir solamente 23 mil 28 millones, una diferencia de mil 457 millones que fue utilizada como argumento adicional para considerar innecesario el endeudamiento.
Finalmente, la propuesta encontró su freno en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que, tras un análisis técnico, determinó no aprobar la solicitud al concluir que el monto, el calendario de liquidación y las condiciones generales debían ser revisados. Una institución bancaria había declinado previamente recibir el primer bloque de documentos, lo que debilitó el argumento de solidez financiera. La vía para concretar la solicitud de crédito quedó cerrada, agudizando una crisis de liquidez sin una ruta clara de solución.
En el fondo de esta coyuntura subyace una de las contradicciones más persistentes de la política económica estatal: la dificultad de traducir diagnósticos acertados en asignaciones presupuestales congruentes. El plan reconocía la vulnerabilidad de depender del petróleo y la necesidad imperiosa de diversificar la economía, pero los recursos destinados a ese propósito han representado una fracción mínima del gasto total. Esta asimetría refleja un problema de gobernanza presupuestal que termina por neutralizar cualquier intención de cambio, pues, aunque existen estudios que identifican con claridad los riesgos estructurales, la arquitectura del gasto opera con inercias que reproducen el mismo esquema que se pretendía transformar, dejando a Campeche ante un horizonte donde las oportunidades de corrección se estrechan y la crisis económica se agudiza.
Mirando hacia adelante: incertidumbre y alternativas
La contracción económica que experimenta Campeche ha reabierto un debate que durante décadas ha permanecido irresuelto: la necesidad de diversificar una estructura productiva que, pese a los reiterados llamados a la transformación, continúa atada a los vaivenes de los ciclos extractivos.
Esa aspiración, presente en el discurso público desde hace tiempo, no ha logrado traducirse en una modificación efectiva del aparato económico estatal y hoy regresa con urgencia renovada ante la evidencia de que los motores tradicionales ya no generan el impulso que alguna vez sostuvieron. A esta fragilidad productiva se suma el deterioro de las finanzas públicas, dependientes en buena medida de las participaciones federales vinculadas al sector energético, cuya contracción ha limitado la capacidad del gobierno estatal para invertir en infraestructura y programas de fomento en el momento mismo en que resultan más necesarios.
El turismo figura con frecuencia en los planes de desarrollo como una posible ruta alternativa, particularmente para municipios como Carmen, donde la promoción de atractivos como Isla Aguada, Sabancuy y la península de Atasta ha comenzado a captar visitantes regionales. El estado puso en marcha 16 proyectos incluidos en su Cartera de Inversión Turística, con una inversión total de 56.7 millones de pesos destinados a obras en ocho municipios, acciones enfocadas en ecoturismo, infraestructura y mejora de servicios. Los municipios de Candelaria y Calkiní concentran la mitad de estas iniciativas, que abarcan la rehabilitación de manantiales, la construcción de muelles turísticos, la modernización de accesos a zonas de interés y el desarrollo de centros ecoturísticos en áreas naturales protegidas.
La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, informó que durante el primer cuatrimestre de 2026 la cartera nacional sumó 773 proyectos en las 32 entidades del país, con una inversión superior a 42 mil 452 millones de dólares; sin embargo, Campeche reportó la menor cifra de inversión turística nacional, con apenas 3.13 millones de dólares, frente a los 8 mil 300 millones de Quintana Roo o los mil 363 millones de Yucatán. La propia dependencia estatal reconoció una caída del 14 por ciento en la afluencia de visitantes, un dato que contrasta con las expectativas depositadas en este sector como motor de la recuperación.
El sector primario, sustento histórico de las comunidades rurales e indígenas, tampoco ha logrado erigirse en contrapeso ante el debilitamiento económico general. La disminución de 3.6 por ciento en las actividades agropecuarias y pesqueras durante el cuarto trimestre de 2025 revela un sector afectado por la baja productividad de los suelos, la deficiencia en infraestructura de comercialización y la ausencia de políticas de fomento que permitan a los productores locales competir en condiciones equitativas. Las comunidades que durante siglos han vivido del campo y del mar enfrentan un panorama de abandono que agrava la coyuntura, sin que se vislumbren programas de reactivación orientados a atender las causas estructurales de su rezago.
Empresas, pobreza y el desafío del relevo económico
La comunidad empresarial ha manifestado su disposición a colaborar en la búsqueda de salidas, pero insiste en la urgencia de contar con certidumbre. Las pequeñas y medianas empresas reclaman que las políticas de fomento económico se traduzcan en incentivos reales para la permanencia de los negocios locales, en contraste con la apertura de franquicias foráneas mientras los comercios que durante décadas dieron identidad a los barrios y ciudades apagan sus luces en silencio. Campeche arrastra un peso estadístico difícil de eludir: alrededor del 35.1 por ciento de su población enfrenta pobreza laboral, de modo que más de un tercio de sus habitantes no logra cubrir sus necesidades básicas pese a contar con un empleo. La tasa de mortalidad empresarial alcanza el 39.7 por ciento, una de las más elevadas del país, lo que indica que cuatro de cada diez negocios que abren sus puertas están condenados a cerrarlas en un plazo relativamente corto.
La encrucijada que enfrenta Campeche no es, en esencia, distinta de las que ha atravesado en sus sucesivas transformaciones. La entidad supo levantarse de los derrumbes que acompañaron el ocaso del palo de tinte, del chicle y del camarón, encontrando siempre un nuevo recurso que los mercados globales demandaban y que permitía reiniciar el ciclo de prosperidad. La diferencia fundamental del momento actual radica en la ausencia de un sustituto evidente, un nuevo motor de magnitud comparable que reactive las finanzas públicas y vigorice el tejido empresarial con la intensidad de los ciclos anteriores. Esta falta de relevo obliga a replantear los términos del acuerdo entre los actores políticos, empresariales y sociales, y a imaginar un modelo de desarrollo asentado sobre bases más diversificadas y resilientes.
El desafío consiste en construir, sobre los vestigios de la bonanza extractiva, los cimientos de una economía capaz de ofrecer oportunidades a quienes hoy observan con desesperanza el cierre de negocios, la pérdida de empleos y la migración hacia otros estados en busca de un futuro que su tierra ya no les garantiza. La historia de Campeche demuestra que su gente ha sabido renacer de sus cenizas económicas en repetidas ocasiones, y de la voluntad con que se afronte este nuevo trance depende que ese renacimiento, otra vez, sea posible.