MÉXICO.- La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador busca fusionar los Órganos Internos de Control —una de las estructuras más importantes del combate a la corrupción— de una veintena de instancias de gobierno, entre ellas Segalmex, investigada por un desvío multimillonario durante este sexenio.
Estas estructuras administrativas que dependen de la Secretaría de la Función Pública, tendrán cambios que incluso representarán un debilitamiento estructural.
El 20 de octubre de 2023 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública mediante el cual desaparecerán los Órganos Internos de Control (OIC) de 21 dependencias, organismos desconcentrados y entidades paraestatales. En su lugar se crearán Órganos Internos de Control “Especializados”.
Antes, el 26 de abril de 2022, el presidente López Obrador presentó una iniciativa con reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que planteó, entre otros asuntos, el rediseño de los Órganos Internos de Control y centralizar en la Secretaría de Función Pública la política de contrataciones.
La reforma, aprobada por el Congreso en abril de 2023 por la mayoría encabezada por Morena, reconoció que el rediseño de los OIC incluiría una reducción de estructuras, la redistribución de funciones, “así como generar ahorros y cubrir con la estructura mínima indispensable las necesidades en la vigilancia, control y evaluación de la gestión pública y la aplicación del régimen de responsabilidades administrativas”.
Uno de los OIC que desaparecerán es el de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de la cual depende Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), integrada por Diconsa y Liconsa.
En su comparecencia del 5 de diciembre ante la Cámara de Diputados, el propio secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, anunció que los Órganos Internos de Control de Diconsa, Liconsa y Segalmex se fusionarán en uno sólo.
En esa comparecencia, el diputado federal del PRI Marco Antonio Mendoza Bustamante reprochó que las reformas lleven a la disolución o fusión de entidades cruciales para el país, y consideró que esta medida puede generar una supervisión “menos rigurosa”.
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, los OIC y las Unidades de Responsabilidades son las instancias administrativas encargadas de prevenir, detectar y sancionar los posibles actos de corrupción. (Con información de Latinus)