Más allá de fronteras geográficas, la identidad compartida entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán debe ser la base para construir acuerdos políticos y sociales que promuevan la integración regional

SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR

En la Península de Yucatán, la identidad compartida pesa más que cualquier límite jurisdiccional. La historia, la cultura y la vida diaria recuerdan que antes de dividirse en tres estados, la región fue un solo territorio: Yucatán. Ni la creación de Campeche en el siglo XIX ni el nacimiento de Quintana Roo a inicios del XX lograron fracturar lo que sus habitantes conservan en el corazón: una raíz común.

Ese sentido de pertenencia es visible en los sabores de la cocina tradicional, en el acento que distingue al habla peninsular, en las celebraciones mayas y en la manera en que se organiza la vida familiar. El hecho de ser yucateco, campechano o quintanarroense no resta identidad, la multiplica. Es lo que académicos y líderes sociales han descrito como el ADN peninsular, un vínculo invisible que une a los pobladores de tres entidades más allá de los límites dibujados en los mapas por intereses políticos.

Sin embargo, esa unidad cultural contrasta con un conflicto territorial que lleva décadas sin resolverse. Desde mediados de los noventa, Campeche, Quintana Roo y Yucatán mantienen litigios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para definir con precisión sus límites. La disputa, centrada en comunidades rurales y en el llamado Punto de Unión Territorial (PUT), no solo es una cuestión de geografía: implica decidir quién cobra impuestos, quién garantiza la seguridad pública, quién administra los servicios de salud y educación, e incluso quién pavimenta las calles de las más de 35 comunidades involucradas dentro de esos añejos litigios.

Mientras los gobiernos estatales mantienen sus equipos jurídicos activos, las comunidades que viven en esas franjas fronterizas padecen la incertidumbre. Familias con doble credencialización, estudiantes que cruzan cada día a escuelas de otro estado y pacientes que buscan atención en hospitales fuera de su “jurisdicción” son ejemplos cotidianos de un problema que, pese a su impacto social, sigue sin solución.

El caso hoy descansa en los escritorios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos González, tras la redistribución de asuntos en la renovada integración del máximo tribunal del país. Pero la expectativa de un fallo judicial convive con una posibilidad más cercana: la política. Con el gobierno federal y los tres estados en manos de Morena, el escenario abre la puerta a un acuerdo negociado que podría, incluso, llevar a replantear una idea más ambiciosa: la de una ciudadanía peninsular, sustentada en la fraternidad y la unidad regional más allá de las divisiones estatales.

La visita reciente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a las tres entidades evidenció este contraste. En su encuentro con los habitantes de estos estados, encontró una Península más unida que nunca. Su presencia fue interpretada no solo como un gesto político, sino como un recordatorio de que el verdadero reto no está en las líneas que dividen, sino en la capacidad de articular soluciones conjuntas.

La historia ha demostrado que los mapas cambian con el tiempo, pero lo que permanece es la cultura, la lengua y la memoria colectiva. La Península de Yucatán, con su fuerza de identidad compartida, parece más dispuesta a reafirmar lo que la une que a prolongar un litigio que, por décadas, ha carecido de voluntad política para resolverse.

La integración peninsular, más allá de las divisiones políticas

La historia de la Península de Yucatán ha estado marcada por procesos de fragmentación territorial que contrastan con una identidad cultural compartida. Durante el virreinato, la región formaba parte de la Gobernación de Tabasco, Campeche y Mérida. Más tarde, en 1825, se constituyó como el Estado de Yucatán, que abarcaba lo que hoy son Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En 1840, el territorio se dividía en cinco distritos —Mérida, Campeche, Valladolid y las villas de Tekax y Campeche—, pero las decisiones centralistas del presidente Antonio López de Santa Anna —el mismo que entregó parte del territorio nacional a Estados Unidos— inició la división de la Península, acentuando un sentimiento de pérdida que generó que Campeche se separara en 1857 y consolidarse como estado en 1863.

La segunda gran escisión llegó en 1902, cuando Porfirio Díaz creó el Territorio Federal de Quintana Roo con la porción oriental de la península. Décadas después, en 1974, el presidente Luis Echeverría lo convirtió en estado libre y soberano.

Pese a esta evolución política, persisten disputas territoriales. El llamado Punto PUT (Punto de Unión Territorial), donde confluyen Yucatán, Campeche y Quintana Roo, sigue sin definición oficial y actualmente es motivo de litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Más allá de los límites estatales y los conflictos jurídicos, la integración peninsular se mantiene como una aspiración histórica y una necesidad para fortalecer la región desde su raíz común.

Cultura, historia y gastronomía peninsular nos unen

Por encima de las líneas que dividen a Yucatán, Campeche y Quintana Roo en los mapas, la verdadera unión de la Península se refleja en los elementos culturales, históricos y sociales que comparten sus habitantes.

La integración no depende únicamente de la resolución de conflictos limítrofes, estancados por la falta de voluntad política, sino del reconocimiento y fortalecimiento de los lazos comunes que ya existen entre las tres entidades.

Un ejemplo de cooperación exitosa es la denominación de origen del chile habanero, que originalmente Yucatán buscó de manera individual, pero que terminó convirtiéndose en un distintivo peninsular en 2010 gracias al acuerdo con Campeche y Quintana Roo. Un esfuerzo similar está en trámite con la miel peninsular, otro producto que forma parte de la identidad compartida.

Además se encuentra la gastronomía, que va desde la cochinita pibil, el queso relleno, el lechón al horno, el relleno negro, los salbutes, los panuchos entre otros platillos emblemáticos que van de la mano con la música y las tradiciones que también son un puente de unión. A ello se le pueden sumar expresiones como la jarana, el folclor, la vestimenta tradicional —pues, por ejemplo, a pesar de la creación en el siglo pasado de un nuevo traje típico en Quintana Roo conocido como “de la Chetumaleña”, nunca logró desbancar al hipil— y hasta los apellidos comunes evidencian raíces compartidas, profundamente unidas al legado del pueblo maya.

Por ello, en la vida cotidiana, ese ADN peninsular se manifiesta con fuerza —campechanos y quintanarroenses, yucatecos también a fin de cuentas—, recordando que lo que une a la región no son los límites políticos, sino una historia y una cultura que trascienden fronteras.

Conflicto limítrofe: una deuda histórica pendiente

La disputa territorial entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo ha atravesado diversas administraciones sin que hasta ahora se haya logrado una solución definitiva. Más que un litigio jurídico, este conflicto pone de manifiesto la necesidad de una integración peninsular que priorice la cooperación y el desarrollo de las comunidades afectadas.

Un caso emblemático ocurrió durante la gestión de Roberto Borge Angulo (2011-2016) en Quintana Roo, cuando el abogado Raúl Labastida Mendoza, entonces consejero jurídico del estado, perdió la Controversia Constitucional 21/2014 en contra de Campeche. La demanda no prosperó debido a que no se respondió a tiempo el requerimiento judicial, siguiendo instrucciones del gobernador, quien argumentó que “ya se había gastado demasiado dinero” del erario en el litigio. La autoridad judicial determinó que el acuerdo había “causado estado”, convirtiéndose en definitivo e inalterable.

La disputa se remonta aún más atrás. En 1996, durante el gobierno de Jorge Salomón Azar García en Campeche, se decretó la creación del municipio de Calakmul, incluyendo zonas que Quintana Roo consideraba propias. En respuesta, el gobernador quintanarroense Mario Ernesto Villanueva Madrid promovió una controversia constitucional. Paralelamente, la sociedad civil creó el Comité Cívico Pro-Defensa de los Límites de Quintana Roo, mientras el Congreso local conformó una comisión legislativa para atender el tema.

La franja en disputa abarca más de 10 mil kilómetros cuadrados, equivalente al 20% del territorio de Quintana Roo, e impacta a más de 30 comunidades con alrededor de 12 mil habitantes. Según el investigador Alonso Velázquez, en su libro Conflicto de límites territoriales en la Península de Yucatán, la solución no es jurídica, sino política, mediante una Asociación Intermunicipal que involucre los tres niveles de gobierno y promueva la cooperación entre municipios para atender necesidades básicas y garantizar el desarrollo regional.

El conflicto no solo tiene implicaciones legales, sino también sociales y culturales. Los habitantes de la franja reclaman acceso a infraestructura, servicios y empleo, mientras los municipios enfrentan limitaciones debido a la ambigüedad jurisdiccional. Además, los tres estados han utilizado esta disputa para reforzar discursos de identidad y sentido de pertenencia, reflejados incluso en la representación simbólica del territorio.

Gobernadores involucrados en el conflicto limítrofe desde 1996

Campeche:

– Jorge Salomón Azar García (1991-1997)

– José Antonio González Curi (1997-2003)

– Jorge Carlos Hurtado Valdez (2003-2009)

– Fernando Eutimio Ortega Bernés (2009-2015)

– Alejandro Moreno Cárdenas (2015-2019)

– Carlos Miguel Aysa González (2019-2021)

– Layda Sansores San Román (2021-2027)

Yucatán:

– Víctor Cervera Pacheco (1995-2001)

– Patricio Patrón Laviada (2001-2007)

– Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012)

– Rolando Zapata Bello (2012-2018)

– Mauricio Vila Dosal (2018-2024)

– Joaquín Díaz Mena (2024-2030)

Quintana Roo:

– Mario Villanueva Madrid (1993-1999)

– Joaquín Hendricks Díaz (1999-2005)

– Félix Arturo González Canto (2005-2011)

– Roberto Borge Angulo (2011-2016)

– Carlos Manuel Joaquín González (2016-2022)

– Mara Lezama Espinosa (2022-2027)

Diputado Filiberto Martínez Méndez, ejemplo de ineficiencia legislativa

Hace más de un año, el diputado Filiberto Martínez Méndez asumió la presidencia de la Comisión Especial del Congreso encargada de dar seguimiento al conflicto limítrofe que enfrenta Quintana Roo con Campeche y Yucatán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desde entonces, su respuesta ha sido únicamente el silencio.

Ni palabras, ni gestos, ni información clara han llegado a las comunidades afectadas. La omisión del legislador deja a Quintana Roo en una situación vulnerable frente a un litigio que arrastra décadas y que amenaza no solo los límites territoriales, sino también la posibilidad de fortalecer la integración peninsular basada en intereses y cultura compartidos.

El Despertador intentó obtener una postura del diputado, quien se limitó a señalar que revisaría la información y daría una respuesta posteriormente, la cual nunca llegó, ni siquiera a través de sus redes sociales. A más de un año de asumir el cargo, su ausencia de acción sobre un tema crucial para la entidad ha generado preocupación entre autoridades locales y ciudadanos.

Lo preocupante no es solo el silencio, sino la pasividad con la que el diputado enfrenta un conflicto central para la entidad. Su actitud refleja ineficiencia, ignorancia o total indiferencia, y evidencia que los intereses de Quintana Roo dependen más de su voluntad personal que del cumplimiento de sus obligaciones. Frente a los altos salarios que percibe como legislador, su inacción resulta doblemente reprochable.

Ante ello, los integrantes del Comité Cívico Pro-Defensa de los Límites del Estado de Quintana Roo, encabezados por Héctor Pérez Rodríguez, solicitaron audiencia formal con Martínez Méndez desde hace más de seis meses, sin recibir respuesta.

El único acercamiento tangible del diputado fue un recorrido por el Punto Put, donde confluyen los límites de los tres estados, un gesto insuficiente y meramente simbólico, pues se trata de una visita anual recomendada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha visita ni siquiera fue mencionada por Martínez Méndez en sus redes sociales, donde apenas figura una publicación relacionada con la primera reunión de la comisión legislativa de Defensa de los Límites de Quintana Roo, durante la cual presentó un “plan anual de trabajo” del que ya no se supo nada más.

La falta de información mantiene a las comunidades limítrofes en incertidumbre y evidencia que la defensa de Quintana Roo no puede depender de funcionarios que no muestran compromiso real con la población. El conflicto limítrofe no solo pone en riesgo los recursos y la soberanía estatal, sino también la posibilidad de avanzar hacia una verdadera integración peninsular que beneficie a Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Campeche impulsa coordinación regional y bienestar ciudadano

Campeche apuesta por la cooperación con Yucatán y Quintana Roo para fortalecer la integración peninsular y garantizar el bienestar de sus habitantes. Juan Pedro Alcudia, consejero jurídico del Gobierno de Campeche, explicó a El Despertador que la prioridad de su entidad es trabajar de manera coordinada con los estados vecinos en temas que impactan directamente a la población.

Alcudia destacó que los tres gobiernos mantienen comunicación constante y comparten una visión similar sobre desarrollo y bienestar ciudadano. Señaló que la coordinación busca ir más allá de los límites administrativos, enfocándose en acciones efectivas en áreas como agua, seguridad, justicia y servicios públicos.

“Lo más importante es la gente que vive en estas localidades. Para invertir recursos públicos también se requiere certidumbre”, señaló el consejero jurídico. Asimismo, indicó que Campeche se encuentra abierto a facilitar reuniones entre legisladores y funcionarios de los tres estados para aclarar dudas y generar acuerdos que beneficien directamente a la ciudadanía.

La colaboración entre las consejerías jurídicas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán ha sido constante, con buena voluntad y disposición para avanzar hacia soluciones que trasciendan diferencias administrativas y fortalezcan la integración regional. “Nada va a servir si ‘yo gano’ o ‘tú ganas’, y la gente sigue en las mismas condiciones. El punto principal es el bienestar de los ciudadanos”, concluyó Alcudia. (Con información de Héctor Cobá)

Yucatán coincide en construir un ADN Peninsular compartido

Yucatán refuerza su compromiso con la integración peninsular, promoviendo la coordinación con Campeche y Quintana Roo como base para impulsar proyectos conjuntos que beneficien a los habitantes de la región. Más allá de los límites territoriales, los tres estados deben de busca consolidar un ADN Peninsular, que priorice el desarrollo económico, social y cultural compartido.

Autoridades yucatecas destacaron la importancia de mantener canales de diálogo permanentes con sus homólogos de Campeche y Quintana Roo, con el objetivo de fortalecer la cooperación política y administrativa entre los tres estados. Gaspar Alemañy Ortiz, consejero jurídico del Gobierno de Yucatán, subrayó que “el gobierno estatal apuesta por acuerdos que trasciendan diferencias y consoliden una visión común para la península”.

En ese marco, los gobiernos de la región han sostenido reuniones y mesas de trabajo para identificar áreas estratégicas de colaboración, desde infraestructura y turismo hasta educación y desarrollo cultural. El enfoque se centra en promover políticas conjuntas que potencien el bienestar ciudadano y el crecimiento regional, fortaleciendo así los lazos históricos y culturales que unen a Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Con esta estrategia, Yucatán busca que la Península de Yucatán funcione como un bloque integrado, capaz de enfrentar desafíos comunes y aprovechar oportunidades conjuntas, dejando en segundo plano disputas y diferencias históricas. La coordinación intergubernamental se perfila como la base para construir un futuro más sólido y próspero para toda la región. (Con información de Eduardo May)

Propuestas periodísticas para impulsar la integración peninsular

La historia compartida, el mestizaje y las tradiciones comunes demuestran que los pueblos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán poseen un ADN peninsular que trasciende fronteras. Ese mismo vínculo cultural podría ser la base de una solución política y social, que vaya más allá de los mapas, a décadas de indefinición fronteriza.

1.- Impulsar el diálogo intergubernamental

Promover mesas de trabajo entre los gobiernos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo para definir prioridades comunes y avanzar en acuerdos políticos y sociales.

2.- Fomentar la consulta ciudadana

Organizar procesos de consulta pública en las comunidades afectadas, permitiendo que los habitantes expresen sus preferencias sobre la organización administrativa y política.

3.- Desarrollar proyectos intermunicipales

Coordinar inversiones en infraestructura, servicios públicos y seguridad que beneficien a poblaciones limítrofes sin esperar una resolución judicial definitiva.

4.- Crear un marco de asociación regional

Establecer un esquema de cooperación que reconozca la identidad compartida de la Península, facilitando proyectos conjuntos en turismo, medio ambiente, desarrollo económico y cultura.

5.- Impulsar la identidad cultural compartida

Producir y difundir contenidos periodísticos sobre historia, tradiciones y mestizaje peninsular, reforzando la conciencia de un ADN común más allá de los límites geográficos.

6.- Garantizar derechos básicos de la población

Priorizar el acceso a agua, salud, educación y seguridad de las comunidades comprendidas en la franja en litigio, mediante programas coordinados que no dependan únicamente de la definición jurídica del conflicto.

7.- Difusión de buenas prácticas y casos exitosos

Documentar experiencias de colaboración entre municipios o estados que hayan logrado avances significativos en servicios o proyectos regionales.

8.- Monitoreo ciudadano de acuerdos

Promover la participación de organizaciones civiles y medios de comunicación para dar seguimiento a los compromisos intergubernamentales, garantizando transparencia y rendición de cuentas.

9.- Promover espacios de encuentro cultural

Organizar festivales, exposiciones y eventos que involucren a comunidades de los tres estados, reforzando vínculos sociales y culturales compartidos.

10.- Visibilizar la integración como prioridad política

Realizar reportajes y análisis sobre cómo la unidad peninsular puede convertirse en un motor de desarrollo económico y social, trasladando la narrativa del conflicto hacia soluciones constructivas.