El proceso legal para el retiro de la concesión, empantanado por candados en el contrato y recursos de amparo de la empresa, que exige una multimillonaria indemnización para ceder; persiste posibilidad de que la releve una concesionaria ligada al “Niño Verde”; plantas de tratamiento, sin mantenimiento, con tanques secos y rebosantes de basura y vegetación
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO
La concesión de Aguakan, empresa encargada de proveer el servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad (Playa del Carmen), se ha convertido en uno de los temas más controversiales en la agenda pública del estado –e incluso a nivel nacional– en los últimos años, sin que hasta el momento se haya concretado el retiro de la concesión, a pesar de las promesas reiteradas en ese sentido.
Lo anterior se debe a que el contrato incluye múltiples “candados legales”, restricciones que, al ser eliminadas, implicarían un costo millonario para el erario en concepto de indemnización exigida por la empresa. Además, el estado carece de la capacidad tanto física, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), como financiera para asumir la prestación de estos servicios públicos esenciales.
En este contexto, ha surgido la posibilidad de que, en caso de lograrse el retiro legal de la concesión a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (DHC-Aguakan), esta pueda ser entregada a una nueva empresa. Se mencionan tres posibles candidatos: “Acciona”, “Aguas de Barcelona” y “Veolia”, la primera de ellas, una empresa española vinculada a Jorge Emilio González, conocido como “El Niño Verde”. No obstante, la decisión final dependería en gran medida de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de una mesa de especialistas, según han señalado autoridades de Quintana Roo.
Esto ocurre a pesar de que, recientemente, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre el tema en una de sus conferencias matutinas, durante la cual enfatizó que no se puede hacer negocio con el agua y respaldó las demandas del gobierno de Quintana Roo contra Aguakan. En este sentido, la mandataria exhortó a la empresa a entregar la concesión.
En el centro del debate se encuentra un mandato claro de la ciudadanía de Quintana Roo, que en la consulta popular de 2022 votó a favor de retirar la concesión a Aguakan, argumentando incumplimientos en la calidad del servicio, cobros excesivos y afectaciones a la salud pública al suministrar de agua clorada en lugar de potable. A esto se suman el colapso recurrente del drenaje sanitario, con alcantarillas desbordadas de aguas fétidas en distintos puntos de la ciudad, y las deficiencias en la operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), en una región con un crecimiento poblacional acelerado y una alta demanda de recursos hídricos.
Retiro de la concesión: alto costo político y económico
El costo económico del retiro de la concesión, incluidas las indemnizaciones, es una de las principales preocupaciones del gobierno estatal y de los municipios afectados. La operación del servicio de agua potable y el tratamiento de aguas residuales es un proceso complejo que requiere inversiones millonarias, además de una gestión constante para garantizar la calidad del servicio, algo que Aguakan no ha realizado adecuadamente, a pesar de que presume lo contrario.
Se estima que asumir la administración del servicio implicaría una inversión considerable para rehabilitar la infraestructura obsoleta y construir nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales. Esto representaría una carga importante para las finanzas públicas estatales y municipales, en un contexto de recursos limitados y presupuestos comprometidos con otros servicios esenciales como educación, seguridad y salud.
Además, la complejidad administrativa de gestionar un servicio de esta magnitud podría generar desafíos operativos para el gobierno estatal y los municipios. El proceso de planificación, ejecución y supervisión requeriría una administración eficiente y la contratación de personal capacitado, lo que podría traducirse en tiempos de transición prolongados y posibles interrupciones en el servicio.
Ante este panorama, surge la posibilidad de que la concesión sea entregada a otra empresa, decisión que, según las autoridades de Quintana Roo, recaería principalmente en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y en una mesa de especialistas.
La controversia en torno a esta concesión involucra la calidad de un servicio esencial para miles de habitantes, la salud pública y las finanzas estatales y de los principales municipios de la zona norte de la entidad.
Agua suministrada por Aguakan incumple normas mexicanas
A pesar de sus declaraciones, la empresa Aguakan incumple la Norma Oficial Mexicana NOM-127, que establece los límites permisibles de calidad para el agua destinada al uso y consumo humano.
No existe garantía ni certificación de que el agua que suministra, a precios excesivos, a los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos sea potable, sino que, en realidad, solo es clorada, lo que implica el riesgo de contener metales pesados y bacterias perjudiciales para la salud.
Por esta razón, la población evita consumir el agua directamente del grifo y se ve obligada a comprar agua en garrafón, lo que ha generado fuertes críticas por parte de los ciudadanos, quienes denuncian el incumplimiento de las normas sanitarias y el riesgo que ello representa para la salud pública.
Estudios recientes realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud y laboratorios especializados han detectado la presencia de contaminantes en niveles superiores a los límites permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas, lo que representa un serio riesgo sanitario.
Asimismo, en las aguas residuales analizadas se encontraron altos niveles de E. coli y coliformes fecales, lo que afecta gravemente al medio ambiente.
El equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo solicitó una entrevista con el titular de la Secretaría Estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado, para abordar el tema. Sin embargo, el funcionario argumentó que, debido al litigio en curso entre el gobierno del estado y la empresa, no podía emitir declaraciones al respecto.
“Hay un litigio y por lo tanto tengo que ser muy respetuoso para dar una declaración de esa naturaleza; sí me reservaría por esa parte legal que existe, pues nos han pedido los abogados que seamos muy cuidadosos en eso; y si no hubiese el litigio, con todo gusto yo opinaría”, justificó.
Quintana Roo con el agua más cara del país
Desde 1993, cuando Aguakan obtuvo la concesión en Cancún, el costo del agua ha incrementado de manera desmedida, convirtiendo a Quintana Roo en la entidad con las tarifas más altas de todo México, según el Instituto de Administración Pública de Quintana Roo (Iapqroo). A pesar de que existe un marco legal que debería garantizar el acceso a este servicio a tarifas justas, la realidad es que quienes tienen el poder de frenar estos abusos —el Congreso del Estado, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y los propios ayuntamientos— han optado por guardar un silencio cómplice, permitiendo que Aguakan continúe operando como un monopolio rapaz.
Congreso del Estado decide el costo por el agua
Contrario a lo que muchos ciudadanos creen, no es Aguakan quien determina unilateralmente los costos por metro cúbico de agua en los municipios donde opera, sino el Congreso del Estado de Quintana Roo. Bajo la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, el Congreso es quien establece cuánto debe pagar cada usuario, pero lo hace sin considerar el impacto social ni económico que representa para las familias quintanarroenses.
Los diputados, que supuestamente fueron elegidos para defender los intereses del pueblo, han mantenido en la sombra este dato clave: ellos son quienes aprueban o rechazan los incrementos en las tarifas de agua, pero cada año validan aumentos que van más allá de cualquier razonabilidad, asegurando así la rentabilidad desmedida de Aguakan a costa del sufrimiento de los usuarios.
En otras palabras, el Congreso del Estado no solo ha permitido que Aguakan se mantenga como monopolio, sino que es directamente responsable del costo excesivo del agua. Mientras tanto, los diputados siguen evitando transparentar los criterios con los que deciden aumentar las tarifas, escondiéndose detrás de discursos políticos vacíos, sin asumir que son ellos mismos quienes permiten que se perpetúe este abuso.
Los Ayuntamientos: figuras decorativas que no protegen a los ciudadanos
En teoría, los gobiernos municipales deberían velar por el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, en los cuatro municipios donde opera Aguakan, los alcaldes, síndicos y regidores han decidido guardar silencio, ignorando las múltiples denuncias ciudadanas sobre cobros excesivos, cortes indebidos del suministro e incluso el bloqueo del acceso a la red de drenaje sanitario.
Los ayuntamientos no sólo son omisos, sino que, en muchos casos, han demostrado ser parte de la estructura de protección a Aguakan. Mientras los ciudadanos claman por una defensa digna, los regidores —figuras elegidas para defender los derechos ciudadanos— prefieren tomarse fotografías en eventos oficiales, subir publicaciones a redes sociales presumiendo su “trabajo”, pero evadiendo cualquier confrontación que pudiera afectar a la empresa concesionaria.
En casos documentados, Aguakan ha llegado al extremo de bloquear el acceso al drenaje sanitario a cientos de familias bajo el argumento de “falta de pago”, lo cual constituye una grave violación a la salud pública. A pesar de ello, ni un solo ayuntamiento ha interpuesto acciones legales contundentes para frenar estos abusos.
Profeco: el organismo que se dobla ante Aguakan
En un mundo ideal, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sería el escudo protector de los ciudadanos frente a empresas abusivas como Aguakan. Sin embargo, en Quintana Roo, esta dependencia ha optado por un papel completamente opuesto: proteger a la concesionaria.
Cada vez que los ciudadanos intentan interponer denuncias ante Profeco por cobros indebidos, cortes arbitrarios de suministro o incluso amenazas de embargo, la dependencia emite resoluciones tibias, ambiguas o simplemente declara “improcedentes” los casos. Lo que debería ser una oficina dedicada a proteger los derechos de los consumidores, se ha convertido en un brazo protector más de Aguakan.
Aguakan se burla de las leyes
Más allá de ser una simple empresa de suministro de agua, Aguakan ha creado un modelo de presión social mediante el control del acceso al agua potable y al drenaje sanitario. La concesionaria ha implementado una práctica perversa: limitar o suspender el acceso al servicio a aquellos usuarios que no pueden pagar, generando así un problema de salud pública incalculable.
En zonas populares de Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, Aguakan ha bloqueado el acceso al drenaje sanitario bajo el argumento de “falta de pago”, lo cual es ilegal y atenta contra la salud de las familias. Además, realiza cortes masivos del suministro de agua potable sin previo aviso, colocando a miles de personas en una situación de vulnerabilidad extrema.
A esto se suma la práctica fraudulenta de Aguakan de instalar medidores inexactos o de “recalibrar” los existentes, haciendo que el consumo registrado sea desproporcionado con respecto a la cantidad de agua realmente utilizada. Sin embargo, ni CAPA, ni el Congreso del Estado, ni mucho menos Profeco han hecho algo al respecto.
Plantas de tratamiento, en el abandono
El equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo realizó un recorrido por diversas PTAR, tanto en el área urbana como en la zona hotelera de Cancún. Las imágenes captadas por el “Despertadrón” evidencian –pese a los constantes anuncios de Aguakan sobre supuestas inversiones millonarias– un problema crítico derivado de la falta de mantenimiento adecuado en los estanques de aguas negras, muchos de ellos fuera de operación o llenos de basura y vegetación, incluidas palmeras.
La negligencia en el mantenimiento de esta infraestructura obsoleta ha comenzado a generar un daño ambiental significativo, lo que añade una dimensión aún más compleja a la problemática, ya que el mal manejo de las aguas residuales afecta tanto la salud de la población como el ecosistema local.
“Este gobierno no se vende, estamos preparados para lo que venga”: Mara
En entrevista con el Equipo de Investigación de El Despertador de Quintana Roo, la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, enfatizó que el objetivo no es transferir la concesión a otra empresa privada, sino garantizar un mejor servicio para la ciudadanía.
“Este gobierno no se vende y estamos para defender la voz del pueblo, que se escuche lo que dice y quiere la gente porque para nadie es un secreto la falta de abastecimiento, fugas, la aplicación de tandeos, la contaminación de agua y los altos cobros; esto es lo que se escucha en el territorio, por lo tanto, solo estamos escuchando la voz del pueblo que exige y merece un mejor servicio”, afirmó.
Añadió que su administración trabaja en coordinación con expertos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para garantizar un servicio eficiente, en caso de que se concrete el retiro de la concesión.
Mara Lezama también se refirió a la postura de Aguakan, que ha manifestado su disposición a terminar la concesión siempre y cuando se le indemnice conforme a derecho. Al respecto, la gobernadora señaló que “lo que se va a buscar es que sea un precio justo porque, finalmente, es el dinero del pueblo, de modo que estamos trabajando en un análisis jurídico con equipo de abogados, técnicos, financieros y en materia de recursos humanos, dado que no se busca afectar a nadie; lo que buscamos es tomar la mejor decisión para Quintana Roo y que se tenga el mejor servicio, pero todo por la vía legal y transparente”.
“Existen las condiciones para retirar la concesión”: Ana Paty Peralta
La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, comentó que su administración apoya la estrategia del gobierno del estado en el litigio contra Aguakan y agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
“Como bien dice nuestra gobernadora, hay cero tolerancia y vamos con todo en contra de esos abusos de una concesión que no ha funcionado en nuestro municipio”, afirmó.
Sostuvo que, por parte del gobierno municipal, “estamos llevando a cabo todo el seguimiento y toda la estrategia legal, pero insistimos, no vamos a permitir que sigan los abusos y todo tiene que ser por la vía legal y hoy se están dando acciones que nunca antes se habían implementado”.
Aunque Aguakan presume haber invertido 8,865 millones de pesos en infraestructura y destinar el 10 % de sus ingresos brutos como contraprestación anual al estado, esto no se refleja en mejoras significativas. Si bien ha construido nuevas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), como la Norponiente II, esto no ha sido por compromiso con la ciudadanía, sino para cumplir acuerdos económicos con nuevos desarrollos habitacionales, los cuales requieren del servicio de agua como condición para vender viviendas y generar nuevos contratos de suministro para Aguakan.
“Todo tiene que ser por la vía legal”: empresarios
Respecto al polémico tema de Aguakan y la posibilidad de un retiro anticipado de la concesión, empresarios coinciden en que el proceso debe llevarse a cabo conforme a la ley.
Carlos Constandse Madrazo, directivo del Grupo Xcaret, declaró: “Nosotros apoyamos que se haga lo correcto. En lo personal, no tengo ningún elemento que me permita hacer un juicio; desde luego, si la gobernadora está tomando una decisión en el tema contra Aguakan es por alguna razón, pero insisto, para mí lo correcto es que se siga el proceso legal y que se cumpla con el resultado del mismo”.
Por su parte, Javier Olvera Silveira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que el conflicto con Aguakan no es reciente, sino que se ha desarrollado durante años. “Hoy ha tomado una mayor dimensión, y por supuesto es incuestionable el derecho al agua de la ciudadanía”, expresó.
Destacó que Aguakan enfrenta una situación difícil y que, aunque la empresa ya ha emitido su postura, es fundamental que exista un acercamiento con el gobierno estatal para alcanzar un acuerdo que permita mejorar el servicio en beneficio de la población y del sector empresarial de Quintana Roo. “Por ello, nuestra postura como CCE es respaldar el camino legal y el cauce correcto del proceso”, concluyó.
Una disputa acrecentada desde 2014
El conflicto con Aguakan se remonta al 5 de diciembre de 2014, cuando la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) renovaron de manera anticipada la concesión de la empresa, que supuestamente pagó 1,055 millones de pesos para extender su contrato hasta 2053, incluyendo la incorporación del municipio de Solidaridad al servicio.
La concesión original fue otorgada el 20 de octubre de 1993 para otorgar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres por un periodo de 30 años, con vencimiento en 2023, durante el gobierno de Mario Villanueva Madrid. Sin embargo, en 2014, la CAPA, los cabildos municipales y el Congreso de Quintana Roo aprobaron la ampliación del contrato por otros 30 años, lo que generó una fuerte polémica por la manera en que se llevó a cabo la extensión.
Durante una entrevista realizada en septiembre de 2020 por El Despertador de Quintana Roo, al referirse al otorgamiento de la concesión a Aguakan, el exgobernador Mario Villanueva justificó que “así como no teníamos dinero para pagar la expropiación de mil 700 hectáreas en Isla Mujeres y Bonfil para meter servicios, no podíamos hacer las obras de agua, drenaje y las plantas de tratamiento, pues además no había capacidad de endeudamiento, por todo lo que necesitaba Cancún; por ello es que recurrimos a concesionar estos servicios, porque se requería abrir pozos para el agua, la tubería de conducción de la zona de pozos hasta Cancún, la tubería de distribución a los domicilios, donde se rompía el pavimento habría que arreglar, y poner la planta de tratamiento”.
Admitió que “Aguakan se convirtió en el ‘ogro’ en Cancún y tiene razón la gente en quejarse, pero yo no me siento culpable por una razón: en la concesión quedó muy amarrado que todo el control de las tarifas sería a través del gobierno del Estado con la CAPA como los municipios. Entonces, ¿qué ha pasado ahí?, pues con todo respeto, las diferentes autoridades municipales no han metido en cintura a Aguakan. Yo lo hice después de la concesión, porque no querían hacer la planta de tratamiento de agua y nos peleamos, se ampararon en contra de nosotros y se armó un pleito jurídico muy fuerte (…) y se los gané en marzo de 1999 (…) y ahí en el salón de Cabildos del Ayuntamiento de Benito Juárez se firmó con la empresa por 25 millones de dólares para poner la planta de tratamiento. O sea, ¿qué ha pasado?, ¿quién tiene el control de la empresa concesionaria?, son dos personas morales, el Gobierno del Estado a través de la CAPA y los municipios (…) y si la empresa hace sus ‘mañosidades’, lo único que hay que hacer es jalarle las riendas”.
Extrañamente, durante el “gobierno del cambio” de Carlos Joaquín González (2016-2022), cuando Gerardo Mora Vallejo estuvo al frente de la CAPA, no se emprendieron acciones contra Aguakan, a pesar de las constantes denuncias ciudadanas y críticas hacia la empresa.
En diciembre de 2023, ya con la actual administración estatal en funciones, la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó la anulación del Decreto 250, con el que la XIV Legislatura había autorizado la ampliación de la concesión hasta 2053 e incluido al municipio de Solidaridad.
El argumento central de la anulación fue que los funcionarios involucrados en la renovación del contrato carecían de facultades legales para ello. No obstante, Aguakan promovió un amparo a inicios de 2024, lo que ha prolongado el litigio.
Para finales del mismo año, la Consejería Jurídica Estatal presentó denuncias penales contra Paul Andrew Rangel Merkley y Diego José Ramos González de Castilla, acusándolos de lavado de dinero mediante operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como resultado de estas denuncias, se giraron órdenes de aprehensión contra ambos directivos. Sin embargo, dichas órdenes no han podido ejecutarse debido a que los acusados recurrieron a la protección de la justicia federal.
Abogado del caso Odebrecht defiende a directivos de Aguakan
Una revisión del Equipo de Investigación de El Despertador de Quintana Roo a los expedientes públicos en la lista de estrados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reveló la existencia de diversas demandas de amparo promovidas por Paul Andrew Rangel Merkley, director general de Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., y Diego José Ramos González de Castilla, presidente del Consejo de Administración y director general de la Casa de Bolsa de Grupo Bursátil Mexicano (GBM), con la que Aguakan cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Según la consultora Kroll, la empresa está valuada en 17 mil millones de pesos, producto de los cobros excesivos a los usuarios de Quintana Roo.
Algunas de estas demandas son contra leyes y reglamentos del Congreso y del gobierno de Quintana Roo, mientras que otras impugnan la negativa de audiencias con senadores y diputados. También existen acusaciones de prácticas ilícitas para ampliar la concesión del servicio de agua potable en 2014.
Un hecho llamativo es que, en varios de estos casos, el abogado defensor es José Joaquín Zapata Altamirano, quien ha sido asesor jurídico de Willi Arthur Gerhard Henze, propietario de la empresa Zecapan S.A., señalada por Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, como una de las compañías que recibieron seis millones de dólares presuntamente solicitados por Emilio Lozoya para la campaña presidencial del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
Entre los expedientes hallados destacan los amparos 101/2025, promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo por Rangel Merkley para evitar la ejecución de una orden de aprehensión en su contra, y el 26/2020, presentado ante el Juzgado Cuarto de Distrito.
¿Por qué nadie hace nada?
La gran incógnita es: ¿Por qué durante muchos años –hasta ahora que existe un proceso legal entablado por el Gobierno de Quintana Roo–, ni el Congreso, ni los ayuntamientos, ni Profeco frenaron los abusos de Aguakan? La respuesta es tan obvia como alarmante: existe una red de intereses políticos y económicos que protege a la concesionaria. Los diputados no quieren confrontar a la empresa porque podrían afectar sus propios intereses políticos o económicos. Los alcaldes prefieren alinearse al poder económico en lugar de defender a los ciudadanos, al igual que los regidores y Profeco, simplemente, ha decidido rendirse ante la presión empresarial.
Mientras todo esto ocurre, a la espera de que el proceso legal tenga una resolución que finalmente le quite de las manos la prestación del servicio, Aguakan sigue cobrando tarifas exorbitantes, bloqueando el acceso a la red sanitaria y manteniendo a miles de familias sin agua potable en uno de los estados más turísticos del país. Lo más preocupante es que no existe una instancia que realmente defienda a los ciudadanos, dejándolos a merced de una empresa que utiliza un derecho humano como instrumento de presión social.
* La concesión de Aguakan para operar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento originalmente vencía en 2023. Sin embargo, en 2014 se modificó para extenderse hasta 2053 e incluir al municipio de Solidaridad. Como parte de este proceso, la empresa pagó 1,055 millones de pesos y obtuvo la autorización de la XIV Legislatura, así como de los ayuntamientos involucrados, encabezados por Paul Carrillo en Benito Juárez (incluyendo Puerto Morelos, que aún dependía de Cancún), Agapito Magaña Sánchez en Isla Mujeres y José Mauricio Góngora Escalante en Solidaridad.
*La justificación para esta modificación fue que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) presentó ante el Congreso local la necesidad de extender la concesión, argumentando que la dependencia no tenía la capacidad para atender la creciente demanda de agua en los municipios en expansión, especialmente en Cancún y Playa del Carmen.
*Aguakan se comprometió a realizar inversiones millonarias en los municipios concesionados con el objetivo de garantizar a largo plazo el suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento, dado que el estado no contaba con los recursos ni la infraestructura necesaria para atender esas necesidades, a pesar de que en términos jurídicos los activos e infraestructura son propiedad de CAPA.
*En México hay pocas empresas con la capacidad operativa para brindar un servicio acorde con las necesidades de estos cuatro municipios de Quintana Roo, especialmente debido al crecimiento poblacional acelerado en la zona, que alcanza aproximadamente el 30 % anual.