José Juan Cervera
Si el conocimiento histórico puede imbuir un sentido de conciencia colectiva, acaso sea útil recordar los episodios más agudos en que las autoridades estadunidenses de varias épocas han demostrado su hostilidad hacia la nación mexicana. Sus apetitos rapaces los llevaron a apropiarse de grandes extensiones de territorio e invadieron el país durante el siglo XIX con el pretexto de perseguir indios fugitivos y volvieron a hacerlo en 1914 tras anclar buques de guerra en Guaymas, Tampico y Veracruz, puerto en que mataron a cientos de connacionales. En 1917 se registró la expedición punitiva del general Pershing en busca de Francisco Villa después del ataque del Centauro del Norte a la población de Columbus. Durante las dos centurias pasadas, Joel R. Poinsett y Henry Lane Wilson fueron sus agentes diplomáticos más activos en intervenir en asuntos que, sin ser de su competencia, alcanzaron incluso dimensiones trágicas, como fue el asesinato de Francisco y Madero y de José María Pino Suarez, lo que llevó a Victoriano Huerta a usurpar la presidencia. Abundan los ejemplos de este trato abusivo y violento.
La muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia el pasado 19 de abril en Chihuahua, al regresar de un presunto operativo antidrogas, puso en evidencia un acuerdo de facto con el poder ejecutivo de ese estado que pasó por encima de la legislación federal, en vista de que no fue notificado a las instancias de más alto rango. Su pertenencia a la CIA se supo hasta que The Washington Post la dio a conocer; bien se sabe que dicha agencia extranjera se ha distinguido por atentar en contra de la estabilidad de los países que no son del agrado de la potencia extranjera y así han promovido la caída de gobiernos legítimos en América Latina a lo largo de varias décadas.
El suceso tuvo como consecuencia inmediata la renuncia del fiscal general de Justicia de Chihuahua, César Jáugueri Moreno, a manera de recurso formal para atajar el asunto; sin embargo, el fondo es mucho más delicado porque involucra a las leyes fundamentales del país que las autoridades de esa entidad pasan por alto, como si no tuvieran que sujetarse a ellas. La gobernadora María Eugenia Campos reaccionó con desmesura tras ser llamada a declarar ante la Procuraduría General de la República en vista de los hechos señalados, al grado que sus expresiones al respecto mostraron el propósito de atribuir a una obligación que le atañe como servidora pública visos de acto persecutorio. Así quisieron hacerlo creer también los dirigentes del partido político en el que milita la mandataria estatal, en tanto que, el 27 de mayo, simpatizantes suyos convocados por una agrupación que se hace llamar Ciudadanos Unidos por el Rescate de México se manifestaron en la sede de la PGR en Chihuahua pronunciándose en favor de la intervención estadunidense porque, a su parecer, no representa una amenaza a la integridad del país juzgándola más bien una ayuda para combatir el narcotráfico, en medio de frases elogiosas hacia Trump.
La gobernadora se escuda en frases hechas para hacerse pasar como perseguida política y para ello se apoya en las palabras de un escritor chihuahuense del siglo pasado, proclamándose poseedora de “un supremo e invencible anhelo de libertad”. A principios de abril, junto con otros mandatarios estatales emanados de su partido, se reunió en Aguascalientes con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de extrema derecha, quien fiel a su ideario proclive al dominio neocolonial participó en una misa en honor de Hernán Cortés recién llegada a México. Con estas y sus demás credenciales ya se puede suponer de qué madera están hechas las convicciones políticas de la señora Campos.
La persecución de narcotraficantes es un pretexto manido para promover la injerencia extranjera en México, sobre todo porque se afirma con insistencia que aquí no se hace lo necesario para hacer frente a este flagelo. Pero las conexiones de los traficantes de estupefacientes en Estados Unidos parecen permanecer intactas, y desde ese punto de vista, la demanda de consumidores exige un flujo constante, y cabe preguntarse con quiénes están ligados los proveedores de droga en ese país, en donde además la venta de armas se realiza sin restricciones, y una gran cantidad de ellas llega a México y queda en manos de organizaciones criminales.
Si Trump está tan preocupado en abatir la venta de esas sustancias, cabe examinar el motivo por el que concedió indulto, en noviembre de 2025, al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien había sido extraditado a la potencia del norte durante la presidencia de Joseph Biden, y tras el juicio que correspondía fue condenado a 45 años de cárcel por la introducción ilícita de drogas en ese país. Algunas claves para elucidar ese perdón intempestivo fueron reveladas por medios españoles y hondureños poniendo en descubierto un acuerdo con Israel y Honduras para establecer una base militar en el país centroamericano y establecer una red de complicidades con el propósito de influir en la vida interna de las naciones que no se someten servilmente a los deseos del pontífice de gloriosos desatinos, o lo que es lo mismo, del rey de las deportaciones arbitrarias y de los aranceles estratosféricos, portador de todas las virtudes teologales y de los resentimientos más profundos.
Por eso resultan oportunas las gestiones legislativas para reformar la Constitución con miras a incluir como causal de nulidad de elección a cargos públicos la injerencia externa. Son demasiadas las intromisiones de gran calado que guarda la memoria nacional como para descuidar este punto sensible de suma importancia. Las ansias incontenibles de quienes claman por tutela extranjera representan un motivo suficiente para precaverse, en alguna medida, de maniobras ocultas entre urgencias de oportunismo político.