Santiago Moo
CAMPECHE.- La revisión de la Cuenta Pública 2024 dejó al descubierto un manejo de los recursos públicos marcado por irregularidades que alcanzaron áreas estratégicas de la administración estatal. El dictamen de la Auditoría Superior del Estado (ASE) documentó contrataciones observadas, pagos sin evidencia suficiente, incumplimientos contables y procedimientos administrativos que dieron origen a 36 Pliegos de Observaciones, 45 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 68 recomendaciones, un balance que refleja deficiencias repetidas en la aplicación del presupuesto.
Las auditorías, 35 en total, concentraron sus principales señalamientos en los servicios personales, las adquisiciones de bienes y la contabilidad gubernamental, rubros que manejan una parte importante del gasto público y que, de acuerdo con el informe, presentaron incumplimientos a la normatividad vigente.
Uno de los expedientes con observaciones relevantes corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (SEDUMOP). La ASE detectó el fraccionamiento de contratos para el arrendamiento de maquinaria utilizada en trabajos de dragado del río Palizada, práctica que evitó realizar el procedimiento de contratación que correspondía. En esa misma dependencia también quedó registrada una factura utilizada para la compra de un autobús destinado a la Secretaría de Gobierno que no se encontraba vigente ante el Servicio de Administración Tributaria, además del pago de servicios para el desarrollo de aplicaciones sin evidencia documental que acreditara su recepción.
Las observaciones también alcanzaron al Hospital “Dr. Manuel Campos”, institución que excedió en 15 millones de pesos el presupuesto autorizado para servicios personales mediante pagos de conceptos que no figuraban en los tabuladores aprobados. La Fundación Pablo García y el Instituto del Deporte de Campeche (INDECAM) aparecieron igualmente en el informe por erogaciones destinadas a becas extraordinarias, material deportivo y servicios profesionales sin documentación suficiente para comprobar la aplicación de esos recursos.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM) fue señalado por contratar un seguro de vida cercano a los 20 millones de pesos sin licitación pública y mediante un proveedor que no formaba parte del padrón oficial. En el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM) la Auditoría encontró otro caso que evidenció fallas en la planeación del gasto, al documentar el pago por el desarrollo de una aplicación informática para un almacén que no existía físicamente.
La revisión financiera también identificó irregularidades en el registro contable de diversas dependencias, que contabilizaron operaciones al momento del pago y no cuando se generó el gasto, procedimiento distinto al establecido por la legislación. El informe incorporó además observaciones por omisiones en el registro de depreciaciones, presentación extemporánea de obligaciones fiscales, así como el pago de recargos y actualizaciones cubiertos con recursos públicos.
En el balance financiero del ejercicio 2024, la Auditoría reportó ingresos por 28 mil 284 millones de pesos, cifra inferior en 5.5 por ciento respecto de 2023. El informe también señala que 85.5 por ciento de los ingresos provinieron de recursos federales, mientras la autonomía financiera del estado se ubicó en 44.6 por ciento, indicadores que describen el contexto económico en el que fueron detectadas las observaciones.
A pesar de los señalamientos documentados por la Auditoría Superior, el Congreso aprobó el dictamen de la Cuenta Pública 2024, con lo que dio curso legal al informe del Ejecutivo estatal. La decisión legislativa, sin embargo, no representa un absoluto de responsabilidades, pues las dependencias observadas deberán desahogar los procedimientos administrativos correspondientes, mientras la Auditoría Superior continúa con las indagatorias para determinar, en su caso, sanciones y reparaciones. El voto de los diputados cierra una etapa del proceso fiscalizador, pero mantiene vigentes las acciones orientadas a esclarecer el destino final de las irregularidades detectadas.