Basura, agua, desarrollo urbano, concesiones, seguridad, turismo y salud forman un mapa de presiones que recorre los once municipios del estado con distinta intensidad, pero con una misma constante: problemas acumulados durante años que los futuros gobiernos recibirán sin poder ignorarlos
Salvador Canto / Equipo de Investigación de El Despertador
Durante los últimos 30 años, los gobiernos municipales de Quintana Roo han enfrentado un crecimiento que no siempre han podido sostener con sus servicios, infraestructura y capacidad de respuesta. Lo que comenzó como rezagos se ha convertido en riesgos que hoy forman parte de la vida cotidiana.
En los 11 municipios convergen al menos siete presiones derivadas de una larga lista de problemas que ya no pueden entenderse como asuntos aislados: rellenos sanitarios, concesiones de servicios públicos, desarrollo urbano, suministro deficiente de agua, seguridad y paz social, crisis turística y salud.
Estos problemas cambian de territorio, intensidad y consecuencias, pero están presentes en todo Quintana Roo. Prueba de ello es que las deficiencias en servicios públicos, infraestructura y seguridad generan constantemente malestar ciudadano, que termina expresándose en bloqueos carreteros o manifestaciones cada vez más frecuentes para exigir a las autoridades que hagan su trabajo.
Este Atlas de Riesgo Social, documentado por el equipo de investigación de El Despertador, evidencia una crisis acumulada durante años, ante la cual quienes aspiran a gobernar no pueden argumentar que no sabían. Muchos de estos problemas condicionan hoy la vida de la población y la actividad económica de cada municipio.
Uno de los ejemplos más claros es la basura. Ninguno de los 11 municipios cuenta con infraestructura que garantice plenamente la disposición final de los residuos sólidos urbanos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003. En distintos puntos del estado persisten tiraderos a cielo abierto y basureros clandestinos, mientras la falta de sitios adecuados mantiene la presión sobre el suelo y el acuífero.
La basura es apenas una muestra de una problemática mayor. Los municipios enfrentan también presión sobre el agua, crecimiento urbano, infraestructura insuficiente, servicios concesionados, inseguridad y una actividad turística que incrementa la demanda de recursos y servicios.
El mapa, sin embargo, no es uniforme. Tulum concentra la mayor carga de riesgos; Cancún enfrenta el peso de los servicios concesionados y la inseguridad; Playa del Carmen, una expansión urbana y turística acelerada; Othón P. Blanco, rezagos de infraestructura y servicios; Puerto Morelos, una presión creciente sobre un territorio ambientalmente estratégico; Cozumel e Isla Mujeres, los límites de economías insulares dependientes del turismo; Bacalar y Lázaro Cárdenas, la tensión entre conservación y desarrollo; mientras Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos arrastran rezagos alejados de los grandes corredores de inversión.
Son 11 realidades municipales y problemas distintos, pero con una misma constante: dificultades que se acumularon durante años y que no pueden resolverse con la misma receta.
El Atlas no sólo muestra dónde están los riesgos. También plantea una responsabilidad para quienes aspiran a gobernar: reconocerlos, establecer prioridades y actuar antes de que los pendientes se conviertan en crisis.
Porque los gobiernos pasan, los proyectos cambian y los anuncios se suceden. Los problemas que no se resuelven permanecen o crecen.
¿Qué es el Atlas de Riesgo Social?
El Atlas de Riesgo Social de El Despertador es una radiografía periodística de los problemas que ejercen mayor presión sobre los 11 municipios de Quintana Roo. No es un documento oficial ni sustituye los atlas institucionales: es un ejercicio de investigación que cruza observación empírica y hechos documentados en torno a rezagos de infraestructura, decisiones gubernamentales y consecuencias que ya afectan a la población.
El problema resulta más grave en una entidad en donde todos sus municipios cuentan con territorio bajo alguna figura de protección ambiental, federal o estatal. Sian Ka’an, Yum Balam, Arrecifes de Cozumel, Arrecifes de Puerto Morelos, Laguna de Bacalar y Manglares de Nichupté son algunos ejemplos. Las declaratorias de protección, sin embargo, no han impedido que residuos, urbanización y presión inmobiliaria los alcancen pese a lo sensible que son.
Para desarrollar este Atlas de Riesgo Social, se identificaron siete factores de riesgo:
1. BASURA: Ningún municipio cuenta con un relleno sanitario que cumpla plenamente con la legislación ambiental. Tiraderos a cielo abierto, sitios saturados y basureros clandestinos son la constante. Tulum y Puerto Morelos, además, carecen de un sitio propio de disposición final.
2. AGUA: En Benito Juárez, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Puerto Morelos, el servicio está concesionado a Aguakan, que extrae el agua mediante pozos de captación del acuífero. En los otros municipios, el servicio corresponde principalmente a CAPA. En ambos casos persisten problemas de suministro, drenaje y saneamiento, mientras aumenta la presión sobre el acuífero.
3. DESARROLLO URBANO: La expansión inmobiliaria avanza mientras los instrumentos de planeación, como los PDU y programas de ordenamiento, se convierten en algunos municipios en espacios de negociación y presión entre autoridades, desarrolladores y especuladores de tierra.
4. CONCESIONES: La entrega de servicios públicos a particulares ha generado conflictos por tarifas, cobertura, calidad y supervisión. En municipios como Benito Juárez, la concesión de servicios esenciales se convirtió en un modelo que plantea una pregunta de fondo: ¿cuánto puede delegar un gobierno sin perder capacidad para garantizar servicios básicos?
5. SEGURIDAD: Ningún municipio escapa a robos, homicidios, extorsiones y presencia del crimen organizado. En el sur han sido señalados grupos como Los Rojos y el Cártel de Caborca, mientras organizaciones vinculadas con el Cártel de Sinaloa y el CJNG mantienen presencia en distintas regiones. El riesgo también se mide por la capacidad institucional para contenerlo.
6. TURISMO: La dependencia económica del sector convierte cualquier deterioro ambiental, urbano o de seguridad en un riesgo económico. El sargazo volvió a golpear a los municipios costeros durante 2025 y 2026, afectando playas, imagen, operación turística y capacidad de respuesta gubernamental.
7. SALUD: Aunque buena parte de la atención corresponde a los gobiernos estatal y federal, sus efectos terminan en los municipios: hospitales saturados, falta de especialistas, medicamentos y servicios insuficientes, además de riesgos derivados de contaminación, residuos, crecimiento urbano e inseguridad.
Frente a cada riesgo existen tres momentos que deberían formar parte de cualquier gobierno: diagnóstico, prioridad y acción. Primero, identificar el problema, dimensionarlo y reconocer sus consecuencias. Después, decidir qué no puede seguir esperando y destinar recursos y capacidad institucional para atenderlo. Finalmente, ejecutar las soluciones, supervisarlas y garantizar que sobrevivan al cambio de administración.
Porque el problema no es sólo conocer los riesgos. Es decidir cuáles se atienden primero y dejar de administrar como permanentes los problemas que llevan años sin resolverse.
Por eso, cada municipio tiene una combinación distinta de riesgos, pero ninguno queda fuera del mapa. Esa es la constante que revela esta radiografía: problemas que durante años fueron tratados por separado hoy se encuentran conectados.
Tulum: la factura del desarrollo sin orden
Tulum concentra los siete factores de riesgo identificados por este Atlas: 1. basura, 2. agua, 3. desarrollo urbano, 4. concesiones, 5. seguridad, 6. turismo y 7. salud. Es, además, uno de los territorios que mayor atención e inversión pública federal ha recibido en los últimos años. El Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, el Tren Maya y las obras de conectividad colocaron al municipio en el centro de la estrategia para detonar el turismo y la economía del sureste. Pero debajo de esa infraestructura de gran escala persiste una realidad menos visible: la capacidad municipal no ha crecido al mismo ritmo que la población, la actividad inmobiliaria y la demanda de servicios; la nula atención al sargazo durante mucho tiempo es un claro ejemplo.
El problema comienza con la basura, al carecer de infraestructura adecuada para la disposición final de residuos pues no tiene un basurero que cumpla las leyes ambientales, utilizan una sascabera cerca de Chemuyil; además el suministro de agua es irregular e insuficiente suministrado por la CAPA y el drenaje prácticamente inexistente en una ciudad que enfrenta una presión creciente sobre un sistema kárstico, donde el acuífero, los cenotes y los ríos subterráneos están estrechamente conectados, cualquier deficiencia en el manejo de residuos y aguas residuales representa también un riesgo ambiental y de salud pública.
El mayor conflicto, sin embargo, está en el desarrollo urbano. La anulación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de 2024 por la administración de Diego Castañón, después de permanecer frenado durante un año, dejó a Tulum sin uno de sus principales instrumentos para ordenar la expansión. Al mismo tiempo, el retraso en la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) mantiene pendiente una herramienta indispensable para determinar qué puede construirse, dónde y bajo qué condiciones. La controversia llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emplazó al gobierno municipal para presentarlo.
Mientras la planeación se entrampa, la presión inmobiliaria avanza. La costa y zonas como Akumal se han convertido en escenarios de disputa entre inversión y conservación. El caso de Adamar Solimán es una muestra contundente: un juez ordenó la demolición del proyecto por la afectación de más de 700 metros cuadrados de duna costera y dispuso la restauración del ecosistema. Ya no se trata sólo de advertencias sobre un crecimiento desordenado, sino de consecuencias jurídicas y ambientales concretas.
Las concesiones también forman parte del mapa. El otorgamiento de permisos para la operación de carritos de golf como transporte público abrió cuestionamientos sobre la movilidad y el aprovechamiento de un servicio que, en una ciudad sometida a una creciente presión turística y urbana, debería responder a una planeación integral.
El turismo, principal motor económico, enfrenta además el impacto del sargazo, que afecta las playas, incrementa los costos de limpieza y disposición y deteriora la imagen del destino. La presión turística se suma a una infraestructura que intenta alcanzar a una actividad que no deja de crecer.
La seguridad completa el cuadro. Los homicidios y otros delitos de alto impacto han aumentado la presión sobre las instituciones, en un municipio donde el crecimiento poblacional y turístico exige una capacidad de respuesta cada vez mayor.
Así convergen los siete riesgos que son piezas de una misma crisis en un destino como Tulum que creció como potencia turística mucho más rápido de lo que desarrolló la capacidad para gobernar ese crecimiento. El problema ya no es cuánto puede crecer, sino cuánto más puede hacerlo sin que la factura ambiental, urbana y social termine pagándola su población.
Benito Juárez: 56 años de desgaste y concesiones
Al igual que Tulum, Benito Juárez concentra los siete factores de riesgo identificados por este Atlas. En Cancún, el problema no es la ausencia de crecimiento, sino una ciudad que durante décadas aumentó su población, infraestructura turística y expansión urbana sin que los servicios públicos avanzaran al mismo ritmo. A 56 años de su fundación, la ciudad comienza a exhibir el costo de ese crecimiento acumulado.
La basura es uno de los principales focos. El sitio de disposición final enfrenta presión de capacidad y problemas de manejo, mientras sus celdas se encuentran próximas a pozos de captación de agua. La combinación entre residuos y agua adquiere especial gravedad en un territorio kárstico. A ello se suma el servicio concesionado a Aguakan, que extrae el agua mediante pozos de captación y enfrenta años de reclamos por tarifas, cortes y deficiencias, incluido el drenaje.
Las concesiones constituyen uno de los rasgos distintivos de Cancún. Además del agua y saneamiento, el municipio ha entregado a particulares servicios como la recolección y disposición de residuos, transporte, paraderos y alumbrado público. El modelo plantea una discusión que rebasa a cualquier administración: qué servicios puede delegar el gobierno municipal sin terminar perdiendo capacidad para garantizar su calidad y supervisar a quienes los operan.
En materia de desarrollo urbano, el PDU acumula rezagos y la expansión hacia el arco norte y el polígono sur continúa presionando la infraestructura. Los asentamientos irregulares también se han convertido en un problema social y político, al crecer al margen de la planeación y convertirse, en algunos casos, en espacios de disputa y capital electoral.
La seguridad es otro frente crítico. Homicidios, robos y otros delitos forman parte de la cotidianidad de una ciudad donde la presión demográfica y turística exige una capacidad institucional cada vez mayor. Los hospitales rebasados y las carencias de atención colocan a la salud dentro del mismo mapa.
El séptimo factor es el turismo, motor económico de Cancún y, al mismo tiempo, una actividad que multiplica la demanda de agua, movilidad, energía, residuos, seguridad y servicios.
Cancún no enfrenta una sola crisis: enfrenta los siete riesgos al mismo tiempo.
Playa del Carmen: el progreso que dejó la infraestructura atrás
Playa del Carmen concentra también los siete factores de riesgo del Atlas. El municipio —que desde marzo de 2025 lleva oficialmente el nombre de Playa del Carmen, después de que el Congreso estatal aprobó el cambio de Solidaridad— enfrenta las consecuencias de un crecimiento turístico e inmobiliario que convirtió a la ciudad en uno de los principales motores económicos del estado.
La expansión ha disparado la demanda de agua, drenaje y recolección de basura, mientras la infraestructura intenta alcanzar a una población y una actividad turística que no dejan de crecer. La basura representa uno de los riesgos más visibles. El municipio cuenta con un relleno sanitario que recibe entre 850 y 900 toneladas diarias de residuos, concesionado a Promotora Ambiental y ubicado a unos 800 metros de asentamientos humanos y cerca de sitios turísticos como el cenote Temazcal Nido del Amor. Ambientalistas locales han advertido sobre el riesgo de filtraciones que podrían alcanzar el manto acuífero y los ríos subterráneos, una preocupación especialmente relevante en un territorio donde el subsuelo mantiene una conexión directa con los ecosistemas costeros.
El servicio de agua y saneamiento está concesionado a Aguakan, lo que coloca simultáneamente a agua y concesiones dentro del mapa de riesgo. La propia empresa reporta obras de infraestructura hidráulica y sanitaria en Playa del Carmen durante 2026, una muestra de que la demanda sigue creciendo.
El desarrollo urbano constituye otro de los principales frentes. La expansión inmobiliaria presiona un territorio ambientalmente frágil y obliga a ampliar calles, redes hidráulicas, drenaje, energía y movilidad. Los instrumentos de planeación terminan enfrentando una realidad donde el mercado inmobiliario avanza con mayor velocidad que la infraestructura.
Las concesiones también generan conflictos. El sistema de parquímetros se ha convertido en un foco recurrente de inconformidad por el uso y aprovechamiento del espacio público, mientras otros servicios permanecen bajo esquemas de participación privada.
El turismo, principal motor económico, enfrenta además la presión del sargazo, que afecta playas, imagen del destino y finanzas públicas. Esa dependencia hace que cualquier deterioro ambiental o urbano tenga consecuencias económicas.
La seguridad añade otra presión: homicidios, extorsiones y delitos que afectan a residentes, comercios y visitantes. A la par, el crecimiento poblacional mantiene bajo presión los servicios de salud, cuya capacidad debe responder a una ciudad que ya dejó atrás las dimensiones para las que originalmente fue diseñada.
Playa del Carmen creció como destino antes de terminar de construir la infraestructura necesaria para sostener la ciudad que el turismo creó.
Othón P. Blanco: la deuda política con el sur de Quintana Roo
Con 51 años como municipio, Othón P. Blanco concentra cuatro de los siete factores de riesgo del Atlas: basura, agua, seguridad y salud. Su radiografía es distinta a la de los grandes corredores turísticos del norte: aquí el riesgo no proviene de una expansión inmobiliaria desbordada, sino de rezagos acumulados durante décadas que siguen afectando servicios básicos, infraestructura y capacidad institucional.
La basura representa uno de los principales problemas. El sitio de disposición final de Chetumal recibe alrededor de 400 toneladas diarias y su vida útil ya concluyó, mientras el municipio busca un nuevo terreno para sustituirlo. Al mismo tiempo, persisten basureros clandestinos en la periferia de la capital.
El agua aparece vinculada directamente al deterioro del drenaje. Las redes sanitarias obsoletas registran fugas y desbordamientos de aguas negras, mientras la acumulación de residuos en calles, alcantarillas y pozos de absorción agrava las inundaciones durante las lluvias. El propio municipio mantiene obras para atender añejas demandas de drenaje pluvial.
La presión ambiental adquiere mayor dimensión por la riqueza natural del territorio. El Estero de Chac, las lagunas Milagros y Bacalar y otros cuerpos de agua son vulnerables a la contaminación y al crecimiento urbano sin infraestructura suficiente.
La seguridad constituye otro frente. La frontera con Belice representa un punto estratégico para el tráfico de drogas, armas y mercancías ilícitas, mientras distintos reportes y señalamientos han documentado la presencia de organizaciones criminales en el sur.
El cuarto factor es la salud. En las comunidades rurales persisten dificultades para acceder a atención médica, medicamentos, especialistas y ambulancias, en un municipio extenso y con población dispersa.
Othón P. Blanco no tiene el mismo perfil de riesgo que Cancún o Playa del Carmen. Su problema es otro: demasiados años de rezago en servicios esenciales y una capacidad institucional que sigue intentando reparar lo que durante décadas no se resolvió.
Bacalar: el paraíso que el gobierno está dejando morir
Bacalar concentra cinco de los siete factores de riesgo identificados por este Atlas: basura, agua, desarrollo urbano, turismo y salud. El municipio construyó buena parte de su crecimiento alrededor de la Laguna de los Siete Colores, pero esa misma riqueza natural se ha convertido en el punto más vulnerable frente a la expansión turística, habitacional y urbana. El riesgo no está solo en lo que ocurre dentro de la laguna, sino en todo lo que sucede alrededor de ella.
La basura es uno de los problemas más visibles. Desde hace años opera un sitio de disposición a cielo abierto, en abierta violación de la NOM-083-SEMARNAT-2003, mientras el crecimiento de visitantes y viviendas incrementa la generación de residuos. El problema adquiere otra dimensión por el agua: la contaminación por aguas residuales, escurrimientos y la presión sobre el acuífero amenazan un sistema natural cuya recuperación podría resultar mucho más difícil que su deterioro.
El desarrollo urbano avanza sobre un territorio particularmente sensible. El cambio de uso de suelo, la expansión agrícola y habitacional y la presión sobre zonas ambientales estratégicas obligan a preguntarse si la infraestructura y la planeación están creciendo al mismo ritmo que el municipio.
El factor turístico es evidente: Bacalar depende cada vez más de la actividad que genera la laguna, pero esa misma actividad aumenta la presión sobre agua, residuos, movilidad y servicios. El riesgo es que el destino termine deteriorando aquello que sostiene su economía.
La salud aparece como consecuencia de esa presión ambiental y de las limitaciones de infraestructura sanitaria y de atención médica.
A ello se suman el cambio de uso de suelo, la expansión agrícola y la presión sobre zonas ambientalmente sensibles, además del patrimonio arqueológico de Ichkabal. El gobierno presume desarrollo turístico, pero sigue administrando los problemas en lugar de resolverlos. Bacalar corre el riesgo de convertirse en víctima de su propio éxito: un paraíso que genera riqueza mientras se deteriora por falta de planeación, vigilancia y decisiones de fondo.
Bacalar cumplió 15 años como municipio libre en febrero de 2026. Quince años después, el reto ya no es convertir la laguna en un destino turístico: es evitar que el turismo termine comprometiendo el patrimonio que lo hizo atractivo.
Cozumel: una isla bajo presión
Cozumel concentra seis de los siete factores de riesgo del Atlas: basura, agua, desarrollo urbano, seguridad, turismo y salud. Su condición insular convierte cualquier deficiencia en un problema mayor: la isla tiene límites físicos que no pueden ampliarse al mismo ritmo que la población, los servicios y los miles de visitantes que llegan cada año.
La basura representa uno de los principales focos ambientales, mientras las deficiencias en el manejo de residuos y aguas residuales incrementan la presión sobre el agua y los ecosistemas marinos. Durante las lluvias intensas, la capacidad de las plantas de tratamiento también ha sido puesta a prueba.
El desarrollo urbano enfrenta una condición distinta a la de los municipios continentales: Cozumel no puede expandirse indefinidamente. Cada nueva construcción significa mayor demanda de agua, energía, drenaje, movilidad y disposición de residuos dentro de un territorio limitado.
El turismo multiplica esa presión. La economía depende de los cruceros y visitantes, pero esa misma actividad exige infraestructura suficiente para atender grandes volúmenes de personas. La llegada constante de cruceros también representa un reto sanitario y de vigilancia epidemiológica.
La seguridad constituye otro frente en un destino cuya economía depende de mantener una percepción de tranquilidad. Cualquier deterioro tiene consecuencias tanto para residentes como para visitantes.
La salud completa el mapa. La condición insular limita la disponibilidad de servicios especializados y convierte cualquier deficiencia sanitaria en una dificultad adicional por la necesidad de trasladar pacientes.
Cozumel no puede resolver sus problemas simplemente expandiéndose. En una isla, cuando la infraestructura se queda pequeña, no hay territorio infinito al cual trasladar el costo.
Isla Mujeres: los riesgos propios de la falta de atención
Isla Mujeres concentra los siete factores de riesgo del Atlas. La presión se extiende más allá de la isla: el crecimiento de Costa Mujeres y Playa Mujeres convirtió a la zona continental en una nueva frontera inmobiliaria y turística, mientras el municipio intenta actualizar sus instrumentos de planeación.
La basura arrastra una historia particularmente delicada. Durante años operó un basurero a cielo abierto con vista al mar y, aun después de su clausura, permanecen riesgos asociados con lixiviados y contaminación. El problema se relaciona directamente con el agua y con ecosistemas como la laguna Chacmuchuch.
El suministro de agua y drenaje concesionado a Aguakan mantiene reclamos por calidad y servicio. La presión aumenta conforme crecen los desarrollos turísticos y habitacionales.
El desarrollo urbano constituye otro de los principales riesgos. El PDU 2026 continúa en revisión mientras la zona continental experimenta una expansión acelerada. La ampliación federal de la carretera hacia Isla Blanca, señalada por carecer de Manifestación de Impacto Ambiental, agrega otra preocupación ambiental.
Las concesiones, la seguridad, el turismo y la salud completan el escenario de presión. La proliferación de carritos de golf ha llevado al colapso de las vialidades en la zona centro, en una isla donde el espacio es limitado. En seguridad, los problemas más urgentes se concentran en la zona continental, particularmente en Costa y Playa Mujeres y Rancho Viejo, donde son más constantes los hechos de alto impacto vinculados con la venta de droga y el cobro de derecho de piso. El turismo, principal motor económico, incrementa además la demanda de agua, recolección, movilidad y seguridad. En salud, la condición insular obliga con frecuencia a la Secretaría de Marina a trasladar a Cancún a personas enfermas o lesionadas que requieren atención médica. El reto es que el crecimiento turístico no avance más rápido que la capacidad municipal para sostener los servicios y responder a las emergencias.
Isla Mujeres ya no enfrenta únicamente los límites de una isla: enfrenta los límites de una planeación que intenta alcanzar un crecimiento que avanzó demasiado rápido.
Puerto Morelos: crecimiento sin infraestructura y con alto costo ambiental
Puerto Morelos concentra también los siete factores de riesgo identificados por este Atlas. A diez años de convertirse en el undécimo municipio de Quintana Roo, su crecimiento inmobiliario y turístico ha avanzado sobre un territorio ambientalmente estratégico sin que la infraestructura y la capacidad institucional hayan crecido al mismo ritmo.
La basura constituye uno de sus problemas estructurales: Puerto Morelos no cuenta con relleno sanitario propio y debe enviar sus residuos a Cancún. El agua enfrenta presión adicional por la expansión sobre la Ruta de los Cenotes y un acuífero kárstico particularmente vulnerable.
Los servicios de agua y alcantarillado concesionados a Aguakan agregan otro componente al mapa. Las deficiencias y reclamos por el servicio convierten las concesiones en un factor que trasciende la discusión administrativa.
El desarrollo urbano es quizá el riesgo más delicado. Aunque el PDU fue actualizado después de litigios y observaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, persisten proyectos que ponen a prueba la capacidad de las autoridades para hacer cumplir las disposiciones ambientales. La expansión inmobiliaria sobre la Ruta de los Cenotes mantiene la presión sobre ecosistemas y recursos hídricos.
El turismo depende directamente del arrecife y de la calidad ambiental. La mala calidad del agua, el exceso de nutrientes y el manejo del sargazo han generado afectaciones que incluso alcanzaron la fauna marina.
La salud aparece frente a la falta de infraestructura médica: el municipio no cuenta con un hospital público de segundo nivel y tampoco dispone de universidades, obligando a sus habitantes a trasladarse a Cancún o Playa del Carmen.
La seguridad, finalmente, completa un municipio sometido a una presión urbana y turística creciente.
Puerto Morelos cumple diez años como municipio, pero todavía enfrenta una pregunta elemental: cómo crecer sin hipotecar el territorio que sostiene su economía.
Lázaro Cárdenas: el municipio del abandono institucional
Lázaro Cárdenas concentra cinco de los siete factores de riesgo del Atlas: basura, desarrollo urbano, seguridad, turismo y salud. Es una radiografía diferente a la de Cancún o Tulum: aquí el problema central no es el exceso de inversión, sino la distancia entre el potencial turístico y ambiental del territorio y la capacidad institucional para atender a sus comunidades.
La basura tiene uno de sus principales focos en Kantunilkín, donde el sitio municipal de disposición final se encuentra obsoleto y saturado. El manejo deficiente de lixiviados representa un riesgo adicional en un territorio de suelo kárstico y agua subterránea vulnerable.
El desarrollo urbano está marcado por la presión sobre Yum Balam y, particularmente, sobre Holbox. La especulación de tierras y el crecimiento inmobiliario han rebasado en distintos momentos la capacidad para ordenar el territorio. Las controversias en torno al PDU han encendido las alertas de organizaciones ambientalistas.
El turismo es precisamente el motor de esa presión. Holbox se convirtió en uno de los destinos más buscados del Caribe Mexicano, pero el crecimiento turístico demanda agua, drenaje, energía, manejo de residuos y servicios que no siempre están disponibles al mismo ritmo.
La seguridad agrega otra capa de vulnerabilidad, mientras las carencias en atención médica y servicios especializados colocan a la salud dentro del mapa, con un Hospital Integral de Kantunilkín con capacidad e infraestructura muy limitadas.
En las comunidades rurales, el abandono institucional se hace todavía más evidente. Los bloqueos carreteros protagonizados por habitantes inconformes se han convertido en una forma de presión cuando las vías institucionales no producen respuestas.
En Lázaro Cárdenas, el riesgo no es sólo ambiental: es el resultado de comunidades que durante años han aprendido que para ser escuchadas tienen que cerrar una carretera.
Felipe Carrillo Puerto: abandono en el corazón maya
Felipe Carrillo Puerto concentra cinco de los siete factores de riesgo del Atlas: basura, agua, desarrollo urbano, seguridad y salud. El municipio representa una de las caras menos visibles de Quintana Roo: un territorio extenso, con comunidades dispersas y riqueza ambiental, pero alejado de los grandes corredores turísticos y de inversión que concentran buena parte de la atención gubernamental.
La basura constituye uno de sus problemas más graves. El sitio municipal de disposición final incumple disposiciones ambientales y ha sido escenario de incendios recurrentes documentados por El Despertador. Las clausuras impuestas por la autoridad ambiental han contenido temporalmente el problema, pero no han generado una solución definitiva.
El riesgo alcanza también al agua y al territorio protegido. La Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an está sometida a presiones crecientes, mientras proyectos como Puerta al Mar han generado cuestionamientos por su impacto sobre un entorno ambientalmente sensible.
El desarrollo urbano enfrenta el reto de atender a un municipio amplio y con comunidades alejadas de la cabecera, donde la infraestructura y los servicios básicos no avanzan al mismo ritmo.
La seguridad se ha convertido en otra preocupación, con reportes de inseguridad y denuncias de cobro de derecho de piso en distintas zonas.
La salud completa una radiografía marcada por carencias de infraestructura y dificultades para acceder oportunamente a servicios especializados.
Felipe Carrillo Puerto fue constituido como municipio en 1974 y se asentó sobre la histórica Santa Cruz Maya.
Más de cinco décadas después, el rezago sigue siendo una de sus principales características: instituciones que llegan tarde, servicios insuficientes y problemas que sólo reciben atención cuando ya se convirtieron en crisis.
JMM: el rezago lejos de los grandes corredores turísticos
José María Morelos concentra cuatro de los siete factores de riesgo del Atlas: basura, agua, seguridad y salud. Es el municipio que mejor representa el Quintana Roo que permanece fuera de los grandes corredores turísticos: el de las necesidades básicas que siguen sin resolverse y donde la distancia de las inversiones también se traduce en distancia de los servicios.
La basura es uno de sus problemas más evidentes. El municipio carece de relleno sanitario y proliferan basureros clandestinos donde la propia población suele prender fuego a los residuos como una práctica cotidiana para deshacerse de ellos. El riesgo ambiental y sanitario se multiplica en un territorio donde el manejo adecuado de los residuos sigue siendo una asignatura pendiente.
El agua enfrenta otro rezago. Las redes de distribución, con más de 45 años de antigüedad, registran fugas y cortes recurrentes, mientras las comunidades rurales tienen mayores dificultades para acceder de manera regular a servicios básicos.
La actividad agropecuaria también enfrenta caminos saca-cosechas deteriorados, sequías, falta de tecnificación y apoyos insuficientes. En zonas como Chichankanab, la presión ambiental se suma a los problemas de manejo de residuos y protección de los cuerpos de agua.
La seguridad constituye un reto adicional para un municipio disperso, con más de 60 comunidades y una capacidad institucional que debe cubrir grandes distancias.
La salud completa el mapa: atención médica insuficiente, falta de especialistas, medicamentos y ambulancias obligan a habitantes de las comunidades a enfrentar traslados para acceder a servicios que deberían estar disponibles con mayor cercanía.
José María Morelos no tiene la presión inmobiliaria de Tulum ni la turística de Cancún. Su riesgo es otro: seguir siendo el municipio al que el desarrollo de Quintana Roo parece llegar siempre después.
El riesgo también es para quienes quieren gobernar
El Atlas de Riesgo Social no termina en el diagnóstico. Apenas comienza ahí. Porque detrás de cada basurero a cielo abierto, cada acuífero bajo presión, cada comunidad abandonada, cada servicio deficiente y cada zona sometida a una expansión urbana sin suficiente planeación existe una tarea pendiente para quienes pretenden gobernar cada municipio.
Cada uno enfrenta problemas distintos, pero comparten una misma advertencia: gobernarlos ya no puede reducirse a administrar el crecimiento, inaugurar obras o reaccionar cuando las crisis estallan. El reto será anticiparse.
Los futuros aspirantes a las presidencias municipales tendrán frente a sí territorios donde el deterioro ambiental, la inseguridad, los servicios públicos, el agua, la basura, la movilidad y el crecimiento urbano dejaron de ser asuntos aislados. Son riesgos que se conectan y que, de no atenderse, pueden comprometer la calidad de vida y el futuro económico de sus comunidades.
El desafío no será menor para quienes aspiren a dirigir los destinos de Quintana Roo. El desarrollo turístico ha generado riqueza, pero también una presión creciente sobre el territorio, los recursos naturales y la infraestructura.
Ya no podrán decir que no sabían. El verdadero reto será demostrar que sí saben qué hacer.
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Apuntes de El Despertador
El Atlas de Riesgo Social no tendría sentido si sólo sirviera para describir los problemas. La pregunta que sigue al diagnóstico es qué hacer con ellos. A partir de las siete presiones identificadas —residuos, agua, desarrollo urbano, concesiones, seguridad, turismo y salud—, los futuros gobiernos municipales podrían convertir los riesgos acumulados en una agenda de prioridades, con metas, presupuesto y responsables.
1. ¿Por dónde debe comenzar un gobierno municipal?
Por identificar sus cinco riesgos más urgentes y convertirlos en prioridades con presupuesto, responsables y fechas de cumplimiento.
2. ¿Cómo resolver el problema de la basura?
Asignar presupuestos suficientes para dar una solución definitiva a los tiraderos improvisados a cielo abierto, construir infraestructura que cumpla la NOM-083-SEMARNAT-2003 y establecer una política regional de residuos.
3. ¿Cómo proteger el agua y el acuífero?
Asignar presupuestos suficientes y funcionales para su protección, ampliar el drenaje y saneamiento, y aumentar las sanciones contra quienes descarguen contaminantes en el suelo, el subsuelo y los cuerpos de agua.
4. ¿Qué hacer con las concesiones de servicios públicos?
Supervisarlas con indicadores públicos de calidad y cumplimiento, aplicar sanciones cuando incumplan y revisar o cancelar los contratos cuando sea legalmente procedente.
5. ¿Cómo ordenar el crecimiento urbano?
Actualizar los PDU y ordenamientos ecológicos y evitar autorizar desarrollos que rebasen la capacidad de agua, drenaje, movilidad, energía y servicios.
6. ¿Cómo enfrentar la inseguridad?
Fortalecer la prevención, la policía de proximidad y la coordinación con el Estado y la Federación, con atención prioritaria en las zonas de mayor incidencia.
7. ¿Cómo evitar que el turismo destruya los recursos que lo sostienen?
En la disyuntiva entre seguir creciendo y consolidar primero lo que se tiene, es preciso priorizar la recuperación de la infraestructura y los servicios públicos, atender el deterioro urbano y proteger los recursos naturales antes de autorizar nuevos desarrollos turísticos e inmobiliarios.
8. ¿Qué pueden hacer los municipios frente al rezago en salud?
Fortalecer la atención en los hospitales y clínicas que ya existen, asegurar que cuenten con los recursos necesarios y sancionar las prácticas de corrupción que han normalizado el deterioro de los servicios de salud.
9. ¿Cómo evitar que los ciudadanos tengan que bloquear carreteras para ser escuchados?
Crear mecanismos permanentes de atención, seguimiento y respuesta a las demandas ciudadanas antes de que los conflictos escalen.
10. ¿Cómo garantizar que las soluciones no terminen con cada administración?
Convertir las soluciones en políticas de largo plazo, con presupuesto, indicadores, responsables y mecanismos ciudadanos de evaluación y seguimiento.