A casi un año de la aprobación para su instalación en Manuel Antonio Ay, persiste la opacidad; el predio fue cedido en comodato por 15 años sin consultar al ejido, sobre una zona de cenotes y acuíferos
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO
A casi un año de que el Cabildo de Tulum aprobara la instalación de un nuevo basurero en la comunidad de Manuel Antonio Ay, la población sigue sin conocer los detalles del proyecto. El predio de 10 hectáreas, ubicado en tierras de carácter ejidal, fue otorgado en comodato por un ejidatario con usufructo privado, sin que el ejido, como órgano colectivo, haya sido consultado ni informado. La obra se ubicaría en una zona de cenotes y acuíferos subterráneos, lo que podría implicar un riesgo ambiental irreparable.
Mientras tanto, la comunidad vive en la incertidumbre, marcada por el silencio institucional, el temor a represalias y el caos en el sistema de recolección de residuos en uno de los municipios turísticos más importantes del país.
Contrato privado, tierras ejidales
En junio de 2024, en plena campaña por la reelección del alcalde Diego Castañón Trejo, el Cabildo de Tulum —encabezado en ese momento por el regidor interino David Manances Tah Balam— aprobó un contrato de comodato por 15 años con un particular para instalar un relleno sanitario en Manuel Antonio Ay. El predio fue ofrecido sin costo por Ramiro Susunaga García, quien cuenta con un contrato de usufructo por 30 años sobre esa porción del ejido.
Susunaga García es representante de la empresa Protección Ambiental, Contenedores y Más S.A. de C.V., vinculada a la firma Red Ambiental, con operaciones en varios municipios de Quintana Roo y nexos con el Partido Verde y su dirigente Jorge Emilio González Martínez.
A pesar de que las tierras conservan su carácter ejidal, no se realizó consulta ni se obtuvo el consentimiento de la asamblea comunal, en contravención del Convenio 169 de la OIT y otras disposiciones nacionales sobre derechos agrarios y de pueblos originarios.
Riesgos sobre el agua subterránea
El entonces regidor Carlos Adolfo Coral Basulto votó en contra del contrato y alertó sobre los riesgos ecológicos. “Ese terreno se encuentra sobre cenotes y el manto freático. Incluso con geomembranas, podría haber contaminación irreversible. Este acuerdo no soluciona de fondo el problema de la basura, solo es un ‘curita’ y está fuera de derecho”, denunció.
El Equipo de Investigación de El Despertador de Quintana Roo verificó que el predio se ubica a unos tres kilómetros del centro poblacional, sobre una brecha secundaria. Según testimonios, la comunidad teme que el relleno sanitario contamine sus fuentes de agua.
Ejido sin voz, comunidad sin información
José Adolfo Canché Canché, presidente del comisariado ejidal, confirmó que el proyecto no ha sido presentado ante la asamblea. “Lo hemos tocado como tema general, pero no nos han mostrado nada. El terreno es de un ejidatario con usufructo y el acuerdo es privado. Esperamos que, si lo van a hacer, cumpla con todas las normas ambientales”, declaró.
La situación ha generado tensión interna. En 2024, habitantes de Manuel Antonio Ay bloquearon la carretera para exigir explicaciones, pero tras algunas reuniones, la mayoría optó por guardar silencio por miedo a represalias.
El subdelegado de la comunidad, Josué Canché Bello, reconoció en su momento que existe inconformidad, aunque posteriormente se negó a proporcionar más información a El Despertador de Quintana Roo, lo que evidencia un claro temor.
Opacidad total y caos con la basura
Desde el cierre del antiguo tiradero de Pino Suárez –ubicado cerca del aeropuerto “Felipe Carrillo Puerto”-––, Tulum ha operado sin un sitio propio para la disposición final de residuos. Actualmente, sus desechos son enviados a Playa del Carmen gracias a un acuerdo con el gobierno de dicho municipio.
El presidente municipal Diego Castañón ha evitado hablar del tema, a pesar de las constantes denuncias ciudadanas al respecto.
Ante la falta de transparencia, El Despertador de Quintana Roo solicitó información vía la Plataforma Nacional de Transparencia (folio 231288000007625) para conocer cuánto gasta actualmente el municipio en recolección y disposición de residuos, en qué lugares se realiza y cuándo se proyecta contar con un relleno sanitario propio.
El caso de Manuel Antonio Ay evidencia una vez más cómo los intereses políticos y económicos se imponen sobre los derechos ambientales y agrarios en la llamada “joya del Caribe mexicano”.
Sin consulta previa, sin acceso a información pública y sin garantía de participación, el ejido ha quedado al margen de una decisión que podría transformar de manera irreversible su territorio.
Frente al silencio de las autoridades y la opacidad del proyecto, la comunidad sigue esperando claridad… aunque la construcción del basurero es un hecho, a pesar de que los trabajos han estado frenados por temas económicos.
El Despertadrón captó imágenes del predio en cuyo acceso, hay un cámper con personas de cuidan el lugar, aunque el día se acudió al sitio, no había nadie.
