18 julio, 2026
CULIACÁN, SINALOA, 21OCTUBRE2024.- El gobernador Rubén Rocha Moya expresó su confianza en el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) y evitó emitir una opinión personal sobre la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La FGR informó que en una finca en Huertos del Pedregal, Culiacán, se encontraron indicios hemáticos que corresponden a Cuén Ojeda, confirmando su presencia en el lugar del secuestro y estableciendo que su homicidio ocurrió horas antes del video de una gasolinera que fue descalificado por la FGR. Rocha Moya subrayó que nadie está excluido de ser citado en esta investigación. FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM

MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores reservó por cinco años la información diplomática relacionada con las investigaciones sobre presuntos vínculos entre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el Cártel de Sinaloa, al considerar que su difusión afectaría las relaciones internacionales.

La dependencia respondió así a una solicitud de acceso a la información presentada por un ciudadano y argumentó que divulgar comunicaciones diplomáticas, notas verbales, fichas informativas y minutas de reuniones con autoridades estadounidenses podría vulnerar la conducción de la política exterior y la confidencialidad prevista en la Convención de Viena.

La resolución CTA-208/2026, aprobada por unanimidad el 23 de junio, respondió a una petición formulada el 27 de mayo que solicitaba también oficios, acuerdos de cooperación bilateral, solicitudes de extradición y registros de una reunión entre el gabinete de seguridad mexicano y autoridades estadounidenses.

La Subsecretaría para América del Norte sostuvo que entregar esos documentos revelaría “elementos sensibles de los mecanismos de comunicación y cooperación bilateral vigentes” y dañaría la confianza necesaria entre ambos gobiernos.

Por separado, la Dirección General de Asuntos Jurídicos informó que los expedientes de extradición permanecen clasificados como confidenciales conforme a la legislación vigente y a una resolución previa del comité de transparencia.

La Cancillería recordó que el Gobierno de México ha sostenido que cualquier acusación contra funcionarios mexicanos debe sustentarse con pruebas y reiteró que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República determinar las responsabilidades legales que procedan en este caso respectivo. (Agencias)

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