Jeshua Masté | Purple Hat Coders
MÉRIDA.- Si sientes que últimamente escuchas con demasiada frecuencia noticias de hackeos a instituciones del gobierno mexicano, no es tu imaginación. En lo que va de 2026 se han documentado filtraciones en el SAT, el IMSS, la Secretaría de Salud, el Bienestar, la Presidencia de la República, la UNAM, la Secretaría de la Marina y varias dependencias estatales, incluyendo aquí en Yucatán. No estamos hablando de incidentes aislados, estamos hablando de un patrón que tiene causas concretas y que no va a detenerse solo.
La primera razón es la más incómoda de admitir: los sistemas digitales del gobierno mexicano llevan años sin mantenimiento adecuado. Muchas dependencias operan con plataformas tecnológicas viejas que no han recibido actualizaciones de seguridad en meses o años. Cuando una herramienta tiene una falla conocida y nadie la repara, los ciberdelincuentes eventualmente la encuentran y la explotan. No porque sean genios, sino porque tienen tiempo, herramientas automatizadas y miles de sistemas que revisar, el que está desprotegido cae primero.
La segunda razón es que atacar se volvió más fácil. La inteligencia artificial les dió a los ciberdelincuentes capacidades que antes requerían años de experiencia técnica. Hoy existen herramientas que automatizan la búsqueda de vulnerabilidades en sitios web, generan mensajes de engaño personalizados y hasta ayudan a planear un ataque paso a paso. Esto no significa que cualquier persona pueda hackear a quien quiera, pero sí significa que la barrera de entrada bajó considerablemente. Los ataques impulsados por inteligencia artificial crecieron un 89 por ciento en 2025 respecto al año anterior, según el reporte global de CrowdStrike, empresa especializada en seguridad digital. Y México, con miles de sistemas gubernamentales desactualizados, es un objetivo especialmente atractivo.
La tercera razón es la que más me preocupa: las consecuencias siguen siendo mínimas. El ciclo se repite una y otra vez. Ocurre el ataque, el gobierno lo niega o lo minimiza, el tema se enfría en medios y redes, y nada cambia. No hay notificación a los ciudadanos afectados, no hay rendición de cuentas pública y no hay inversión urgente en solucionar el problema de fondo. Mientras ese ciclo continúe, los incentivos para atacar seguirán siendo mayores que los incentivos para defender.
Desde esta columna lo hemos documentado nota a nota durante meses: SEMUJERES, SSY, el IDEFEEY, la Secretaría de la Marina, el Bienestar, la Presidencia. Cada caso tiene sus particularidades, pero todos comparten el mismo fondo. México tiene millones de ciudadanos cuyos datos personales circulan hoy en foros de internet sin que nadie les haya avisado, sin que nadie haya pagado un costo real por ello y sin señales claras de que la situación vaya a mejorar pronto. Eso no es fatalismo. Es el diagnóstico que necesitamos aceptar para empezar a exigir algo diferente.