El cambio legal de sexo se ha vuelto más accesible y ahora puede realizarse directamente ante el Registro Civil en varias entidades del país, incluido Quintana Roo; sin embargo, plantea dudas sobre su posible uso para obtener beneficios políticos, económicos o judiciales; el reto es evitar engaños y abusos sin limitar el reconocimiento de la identidad
Salvador Canto / Equipo de Investigación de El Despertador
Cambiar legalmente de sexo, es decir, de hombre a mujer o de mujer a hombre, ya es posible en México mediante un trámite ante el Registro Civil. Lo que antes requería largos procesos judiciales, hoy puede resolverse por la vía administrativa en varias entidades del país. Este derecho permite contar con documentos oficiales acordes con la nueva identidad asumida, pero también ha generado controversias, pues algunos casos documentados muestran cómo esta modificación ha sido utilizada para obtener beneficios en disputas judiciales e incluso acceder a candidaturas políticas bajo las reglas de representación reservadas para mujeres.
Las implicaciones, sin embargo, van más allá de la participación política. También surgen cuestionamientos sobre el posible interés en acceder a programas sociales y pensiones con requisitos diferenciados por sexo y edad, así como sobre eventuales intentos de obtener condiciones más favorables para las mujeres en disputas por la custodia de los hijos o evadir obligaciones alimentarias. Estas situaciones obligan a examinar hasta dónde llegan los efectos de las modificaciones registrales y qué mecanismos existen para impedir que se vulneren los derechos de terceros.
En Quintana Roo y otras entidades del país han surgido controversias que ponen de manifiesto las dificultades de las instituciones para distinguir entre el ejercicio legítimo de este derecho y su posible utilización con fines ajenos al mero reconocimiento de la identidad. A ello se suma la necesidad de garantizar que cambiar el nombre y el sexo en los documentos oficiales no signifique borrar antecedentes, deudas, responsabilidades familiares ni obligaciones legales previamente adquiridas.
En cuanto a las Fuerzas Armadas Mexicanas —Ejército, Fuerza Aérea y Marina—, no existe una prohibición legal expresa que impida a una persona formar parte de estas instituciones por su orientación sexual o identidad de género.
El tema también abarca las disposiciones internas de las instituciones religiosas y los derechos de niñas, niños y adolescentes para solicitar modificaciones en sus registros oficiales. La legislación contempla, además, la posibilidad de que una persona que modificó legalmente su identidad de género vuelva a realizar el trámite para recuperar los datos correspondientes a su sexo biológico original, mediante un procedimiento conocido como transición legal o rectificación inversa.
Sin embargo, existe una laguna normativa: no se establece con claridad cuántas veces puede realizarse este cambio ni si existe un límite para modificar nuevamente los datos registrales.
El desafío para las autoridades y los legisladores es garantizar el derecho a la identidad y, al mismo tiempo, establecer mecanismos que permitan prevenir y sancionar posibles simulaciones, ventajas indebidas o afectaciones a terceros. Reconocer legalmente a una persona conforme a su identidad no significa que puedan desaparecer sus responsabilidades ni que las instituciones deban quedar sin herramientas para garantizar la certeza jurídica.
Quintana Roo: del reconocimiento legal a la controversia política
El cambio legal de sexo en Quintana Roo comenzó a abrirse paso mediante procesos judiciales que podían prolongarse durante meses e incluso años. Uno de los primeros casos fue el de Mauricio Gallardo Vega, en Chetumal, quien en 2019 logró modificar sus documentos oficiales a su nueva identidad como hombre, después de casi dos años de gestiones y de recurrir a un amparo.

El panorama cambió en 2021, cuando el procedimiento dejó de depender exclusivamente de una resolución judicial. El 31 de marzo de ese año, Alanna Cordero Santillán se convirtió en la primera mujer trans de Cozumel en obtener el reconocimiento oficial de su nombre y sexo mediante la rectificación de su acta de nacimiento. Ese mismo año, en Cancún, se realizaron seis rectificaciones administrativas, entre ellas la de Saúl Carrera Orozco.
El caso de Alana también llegó al ámbito político. En 2022 fue registrada en la lista de candidaturas de representación proporcional de Morena para una diputación local, en sustitución de Luis Gamero Barranco, con el argumento de cumplir con la cuota de representación de la diversidad sexual. Su incorporación generó cuestionamientos sobre la aplicación de las acciones afirmativas y los criterios utilizados para acreditar las candidaturas destinadas a grupos históricamente discriminados.
Años después, el tema volvió a generar atención en Quintana Roo con el caso de Miguel Figueroa Pérez, quien el pasado 17 de octubre anunció su registro como aspirante ciudadano externo a la coordinación municipal de Morena en Isla Mujeres, bajo el género femenino y como representante de la diversidad sexual.
Para respaldar su inscripción, Figueroa Pérez hizo públicos documentos que acreditan la modificación de sus datos personales: un acta de nacimiento rectificada, su CURP y una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que aparece reconocido legalmente como mujer, además del formato de registro al proceso interno de Morena.


El aspirante explicó que su decisión de cambiar legalmente de hombre a mujer está relacionada con una disputa judicial que, según su versión, comenzó como un conflicto civil y terminó con la pérdida de su casa, un vehículo y dinero, además de la separación de sus hijos. Aseguró que fue encarcelado en dos ocasiones y que no encontró respuesta de las instituciones ante lo que considera una injusticia.
“Yo fui muy castigado por el único delito de haber nacido hombre”, expresó al explicar que el cambio de identidad también representó, desde su perspectiva, una forma de “poner el suelo parejo” frente a las condiciones legales que enfrentaba.
Su caso vuelve a colocar el tema del cambio legal de sexo en el centro de una discusión sobre sus alcances cuando coincide con procesos judiciales y aspiraciones políticas. Sin embargo, sus declaraciones no permiten concluir, por sí solas, que haya recurrido a este procedimiento para obtener una ventaja indebida.




El Despertador del Sureste solicitó una entrevista para conocer más detalles de su situación, pero el propio interesado declinó atenderla y señaló que ofrecería posteriormente una conferencia de prensa, cuya cobertura se realizará cuando sea convocada.
Programas sociales: una posible motivación para el cambio legal de sexo
El acceso a beneficios económicos dirigidos exclusivamente a mujeres puede convertirse en uno de los factores que motiven a algunas personas a realizar el trámite de cambio legal de sexo, sobre todo porque en la mayoría de las entidades del país este procedimiento se lleva a cabo por la vía administrativa ante el Registro Civil, sin necesidad de iniciar un juicio.


Una referencia sobre el interés que despierta el tema se encuentra en las búsquedas de Google. Al introducir la frase “cambio de género para”, el buscador muestra sugerencias como “jubilarse antes” y “evitar denuncias”. Aunque estas asociaciones no representan estadísticas oficiales ni demuestran que exista un uso generalizado del procedimiento con esos fines, sí reflejan algunas de las inquietudes que circulan alrededor de sus posibles consecuencias legales, económicas y administrativas.

Uno de los beneficios que puede generar interés es la Pensión Mujeres Bienestar, que en 2026 entrega tres mil 100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años. El Despertador del Sureste platicó con una persona de sexo masculino interesada en realizar el trámite para modificar sus documentos y obtener el reconocimiento legal como mujer, con el propósito de buscar el acceso a este apoyo.
El caso plantea interrogantes sobre los criterios que deben aplicar las autoridades para determinar el acceso a los programas sociales cuando existen modificaciones legales en los datos de identidad de una persona.
Cambio legal de sexo: controversias en elecciones y obligaciones familiares
En distintos estados del país se han presentado controversias relacionadas con personas que modificaron su identidad registral y posteriormente participaron en procesos electorales o se vieron involucradas en conflictos por el cumplimiento de obligaciones familiares. Estos casos han generado cuestionamientos sobre la aplicación de las acciones afirmativas y los efectos jurídicos de las modificaciones en los documentos oficiales.

Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió en Oaxaca durante el proceso electoral de 2018. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana detectó irregularidades en el registro de candidaturas de personas inscritas como mujeres trans para cumplir con las disposiciones de paridad. Inicialmente canceló 17 candidaturas. Posteriormente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó cancelar 15 y confirmó dos registros, al considerar que en estos últimos sí existían elementos para acreditar que las personas habían manifestado su identidad femenina desde el inicio.
En Tlaxcala, durante las elecciones de 2021, el partido Fuerza por México registró a 18 aspirantes que inicialmente habían sido identificados como hombres y posteriormente se presentaron como mujeres para cumplir con las reglas de paridad. La decisión fue impugnada y el tribunal electoral local revocó los registros y ordenó corregir las listas de candidaturas.
Otro caso, ajeno al ámbito político, se presentó en Durango, donde Gloria Valentina Méndez Arámbula acusó a su expareja, Cristian Jafet Montenegro Chairez —actualmente registrado como Cristian Janet Montenegro Chairez—, de haber modificado sus documentos oficiales para evitar el pago de pensión alimenticia y obtener una ventaja por su condición adquirida como mujer, en el litigio familiar que mantienen.

El señalamiento fue difundido por La Jornada en enero de 2026. Montenegro Chairez rechazó esa versión y sostuvo que había realizado el cambio de identidad aproximadamente cinco años antes de que comenzara la disputa. Negó que su decisión tuviera como propósito evadir sus responsabilidades y afirmó contar con una constancia de no adeudo por pensión alimenticia.
La controversia volvió a cobrar relevancia en octubre de 2026, cuando la abogada Olga Lidia Mejía afirmó tener conocimiento de alrededor de 35 casos con posibles irregularidades relacionadas con cambios de identidad de género y anunció que impulsaría una iniciativa ante el Congreso de Durango para revisar estas situaciones.
Los antecedentes muestran que las controversias deben analizarse de acuerdo con las circunstancias y las pruebas de cada caso. Ni las acusaciones particulares ni las irregularidades detectadas en determinados procesos permiten generalizar sobre quienes ejercen su derecho a modificar legalmente su identidad.
Carlos Grajales: lagunas legales y riesgos jurídicos
Más allá del reconocimiento legal de la identidad de género, hay una pregunta que, a juicio del doctor en Derecho y abogado postulante Carlos Grajales Betancourt, los legisladores no han atendido suficientemente: ¿qué mecanismos garantizan que una persona siga siendo plenamente identificable ante la ley después de modificar su nombre y género en los documentos oficiales?
Durante su participación en el programa ADN Legal de El Despertador del Sureste, el abogado advirtió que la falta de previsión sobre las consecuencias jurídicas de estos procedimientos puede abrir espacios de incertidumbre en distintos ámbitos, particularmente cuando hay créditos, hipotecas, contratos, obligaciones familiares o procesos judiciales pendientes.

Uno de los escenarios que planteó fue el financiero: ¿qué ocurre si una persona contrata un crédito bancario por varios millones de pesos bajo el género masculino y posteriormente modifica su nombre y sexo? ¿Cómo puede la institución asegurarse de que quien aparece ahora con otros datos en los registros oficiales es la misma persona que contrajo la deuda? Para Grajales, estas situaciones obligan a revisar los procedimientos de identificación y los mecanismos para vincular los antecedentes entre las distintas instituciones.
El planteamiento también alcanza a los créditos hipotecarios. Durante la conversación, el especialista expuso el caso de una persona que comparte una obligación financiera con su cónyuge y posteriormente modifica legalmente su identidad y sexo. Su preocupación se centra en cómo garantizar la continuidad de los derechos de propiedad, las garantías y las responsabilidades contractuales, sin que una modificación documental genere confusión o afecte a terceros.


El abogado aclaró que el problema no debe reducirse a un cambio de nombre: lo que está en juego es la trazabilidad jurídica de una persona. Una rectificación en los registros no extingue una deuda, cancela una hipoteca ni libera a nadie de sus obligaciones; sin embargo, las autoridades y las instituciones deben contar con mecanismos que permitan relacionar los datos anteriores con los actuales y dar continuidad a los procedimientos.
Grajales también llevó la discusión al terreno penal y planteó otro escenario: el de una persona investigada o buscada por las autoridades que modifica su nombre y género. ¿Cómo se garantiza que los expedientes, las órdenes judiciales y los antecedentes sigan vinculados con sus nuevos datos de identidad? Su preocupación es que la falta de coordinación entre los registros pueda generar confusiones y dificultar el seguimiento de los procedimientos.
La modificación de los documentos oficiales, por sí misma, no elimina antecedentes penales, órdenes de aprehensión ni responsabilidades judiciales. No obstante, el abogado considera indispensable que los sistemas institucionales contemplen expresamente la continuidad de la identidad jurídica, a fin de impedir que esos cambios se conviertan en un obstáculo para la procuración y administración de justicia.
Como conclusión, Grajales Betancourt cuestionó que las reformas legales se aprueben sin estudiar a fondo sus posibles efectos. Sostuvo que los legisladores deben apoyarse en especialistas, analizar los escenarios podrían presentarse y establecer disposiciones que brinden certeza tanto a quienes ejercen su derecho a la identidad como a las personas e instituciones involucradas en relaciones jurídicas previas.
Quintana Roo: requisitos para el cambio legal de identidad de género
En Quintana Roo, el cambio legal de identidad de género dejó de depender exclusivamente de una resolución judicial a partir de la reforma aprobada por el Congreso del estado el 17 de noviembre de 2020 y publicada en el Periódico Oficial el día 30 de ese mismo mes. Con esta modificación se abrió la posibilidad de rectificar el acta de nacimiento mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil.




El trámite está dirigido a personas mayores de 18 años y debe realizarse de manera presencial. Entre los requisitos se encuentran presentar una solicitud por escrito, copia certificada del acta de nacimiento primigenia, identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio.
De acuerdo con la información oficial del Gobierno estatal, una vez presentada la documentación, el Registro Civil dispone de un plazo de 15 días hábiles para responder a la solicitud.
La legislación establece que la modificación de los datos registrales no extingue los derechos ni las obligaciones adquiridos con anterioridad. También dispone que el acta primigenia quede bajo reserva y que únicamente pueda expedirse una copia por orden judicial o ministerial.
Cambio de género: avances desiguales en el país
El reconocimiento legal de la identidad de género avanza a diferentes ritmos en México. Mientras algunas entidades ya cuentan con procedimientos administrativos para modificar los documentos oficiales, en otras las reformas siguen pendientes o apenas comienzan a concretarse.
En Chiapas, el Congreso aprobó el Decreto 270, publicado el 1 de julio de 2026, mediante el cual se reformó el Código Civil para incorporar el reconocimiento de la identidad de género y establecer el procedimiento correspondiente ante el Registro Civil.

En Querétaro, el Congreso aprobó el 30 de abril de 2026 una reforma para reconocer la identidad de género mediante un trámite administrativo. Sin embargo, al 17 de octubre de ese año, todavía estaba pendiente su publicación en el Periódico Oficial.
En Tabasco, la iniciativa presentada en febrero de 2025 para incorporar este procedimiento al Código Civil continuaba sin concretarse.
Estos casos reflejan que el reconocimiento legal de la identidad de género todavía no tiene una aplicación homogénea en todo el país. Las diferencias entre las legislaciones y los procedimientos mantienen pendientes desafíos en materia de coordinación y certeza jurídica.
Instituciones y religión: distintas posturas ante el cambio de género
El cambio legal de género también tiene implicaciones en instituciones que mantienen disposiciones propias sobre la identidad de las personas. Un ejemplo es la Secretaría de la Defensa Nacional, que cuenta con un procedimiento para corregir los datos de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

Entre los requisitos publicados por la dependencia se establece que el acta de nacimiento debe incluir una anotación marginal de una sentencia judicial que respalde la modificación. También se solicitan identificación oficial, CURP y una petición de corrección que se proporciona en la oficina de reclutamiento. Esta disposición contrasta con el procedimiento administrativo vigente en Quintana Roo, donde el cambio legal de género puede realizarse ante el Registro Civil sin necesidad de iniciar un juicio.
En el ámbito religioso, la Iglesia católica mantiene una postura doctrinal distinta. En el documento Dignitas infinita, publicado en abril de 2024, el Vaticano sostiene que el sexo biológico forma parte de la condición corporal de la persona y considera que las intervenciones de cambio de sexo, como regla general, pueden poner en riesgo su dignidad. También señala que toda persona debe ser respetada y que deben evitarse la discriminación injusta, las agresiones y la violencia.


Sin embargo, esta postura no implica cerrar las puertas de la Iglesia a las personas que han realizado una transición. En noviembre de 2023, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe aclaró que una persona transexual, incluso si ha recibido tratamiento hormonal o se ha sometido a una cirugía de reasignación, puede recibir el bautismo bajo determinadas condiciones. También señaló que puede ser padrino o madrina en ciertos casos, sujetos a criterios de prudencia pastoral.
Así, mientras las instituciones civiles y militares establecen requisitos para actualizar documentos, la Iglesia católica aborda el tema desde sus principios doctrinales y pastorales. Se trata de ámbitos distintos, pero sus disposiciones y criterios muestran que el cambio de género genera debates que van más allá del Registro Civil.

Ante los vacíos legales y los posibles abusos, es necesario que las autoridades fortalezcan los mecanismos de control y coordinación institucional. El objetivo no es limitar el derecho a cambiar legalmente de nombre y sexo, sino impedir que este procedimiento sea utilizado para evadir responsabilidades, obtener beneficios indebidos o manipular procesos políticos. Estas son diez propuestas para prevenir simulaciones y sancionar el engaño cuando se compruebe.
1.- Registro confidencial de identidad: Crear una base de datos interinstitucional que permita vincular los datos anteriores y actuales de quienes rectifiquen su sexo, sin vulnerar su privacidad.
2.- Sancionar el engaño: Establecer sanciones para quienes recurran a documentos falsos o declaraciones fraudulentas para obtener beneficios económicos, políticos o judiciales.
3.- No evadir obligaciones: Garantizar que los cambios en los registros oficiales no permitan eludir el pago de deudas, hipotecas y pensiones alimenticias, ni el cumplimiento de contratos y otras responsabilidades legales.
4.- Blindar las acciones afirmativas: Establecer controles electorales para impedir candidaturas simuladas y sancionar a quienes manipulen los mecanismos de representación por género.
5.- Supervisar los programas sociales: Definir criterios claros para evitar que las modificaciones legales sean utilizadas indebidamente para obtener apoyos económicos.
6.- Coordinar a las instituciones de justicia: Garantizar que los cambios de nombre y género no desvinculen a una persona de investigaciones, expedientes u órdenes judiciales.
7.- Investigar posibles irregularidades: Facultar a las autoridades competentes para revisar casos en los que existan indicios de fraude, mediante procedimientos legales y con base en pruebas.
8.- Responsabilizar a los partidos políticos: Establecer sanciones para las organizaciones que promuevan o permitan simulaciones con el propósito de obtener espacios de representación.
9.- Revisar y armonizar las leyes: Crear una comisión de especialistas que identifique vacíos legales y proponga reformas en materia civil, penal, electoral y administrativa.
10.- Transparentar las estadísticas: Publicar informes periódicos con datos anonimizados sobre rectificaciones, controversias e irregularidades acreditadas, a fin de dimensionar el problema.
*****
Es necesario fortalecer las instituciones para garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género y, al mismo tiempo, cerrar espacios a posibles abusos relacionados con los cambios de nombre y sexo. Para ello se requieren reglas claras, coordinación entre los registros civiles y las autoridades judiciales, electorales y financieras, así como mecanismos que aseguren la continuidad de las obligaciones y los antecedentes jurídicos de cada persona, con las debidas garantías de protección de sus datos personales.
También es indispensable revisar los requisitos de acceso a los programas sociales y los criterios de aplicación de las acciones afirmativas, a fin de prevenir simulaciones, investigar posibles irregularidades cuando existan indicios y sancionar las conductas fraudulentas que se acrediten. El propósito debe ser doble: proteger un derecho fundamental y garantizar que su ejercicio no se convierta en un instrumento para vulnerar los derechos de otras personas.

