Aspirantes recorren municipios, reparten apoyos y son promocionados en redes sociales. mientras manos anónimas pintan bardas en todo el estado, sin que las instituciones electorales intervengan y sancionen con la contundencia que les exige la ley
SANTIAGO MOO
El calendario electoral de Campeche establece que la renovación de la Gubernatura, el Congreso y los 13 ayuntamientos comenzará formalmente en diciembre de 2026. Sin embargo, a casi un año y medio de esa fecha, la sucesión ya se disputa en las calles y en los tribunales. Las bardas amanecen pintadas con siluetas femeninas, los funcionarios recorren los municipios entregando apoyos y las redes sociales se saturan de publicaciones que construyen narrativas de poder. El Instituto Electoral del Estado de Campeche acumula 32 quejas por actos anticipados de campaña, cifra que aumenta conforme pasan las semanas, mientras el Tribunal Electoral local radica juicios y procedimientos especiales sancionadores que involucran a la gobernadora, a su secretaria de Gobierno y a una decena de servidores públicos. La contienda comenzó; la ley, todavía no.
2027: Campañas anticipadas
En Campeche la ley electoral local es clara. El proceso para renovar la Gubernatura, el Congreso estatal y los 13 ayuntamientos arrancará en diciembre de este año, cuando el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche celebre su sesión solemne. A partir de entonces y hasta marzo de 2027 se desarrollarán las precampañas, el registro de candidaturas y las campañas. La jornada electoral está programada para el domingo 6 de junio.
Esa es la ley; sin embargo, la realidad tomó otro rumbo.
A pocos meses del banderazo oficial, la sucesión campechana ya se desarrolla en dos terrenos. En el primero, el de las calles y las pantallas, las bardas han sido pintadas con siluetas femeninas y eslóganes vinculados con políticos. Funcionarios del gabinete estatal recorren municipios, entregan apoyos, participan en ferias y eventos públicos, y posan para fotografías en zonas afectadas. Las redes sociales se llenan de videos donde secretarios de Estado muestran actividades deportivas, convivencias con jóvenes y encuentros con ciudadanos. Las encuestas, muchas de metodología cuestionable, circulan semanalmente para posicionar nombres y construir una percepción de competitividad.
En el segundo terreno, el de los pasillos del IEEC y del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), los expedientes se acumulan. Desde principios de 2026, las denuncias por actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos comenzaron a multiplicarse. A principios de junio, el IEEC reportó 32 expedientes abiertos. Ninguno había concluido su instrucción. Todos permanecían en fase de sustanciación, un limbo jurídico que impide saber si derivarán en procedimientos especiales sancionadores o seguirán la vía ordinaria.
El desfase temporal resulta llamativo. El proceso electoral local aún no ha sido convocado formalmente, pero los señalamientos ya se acumulan. Mientras los partidos esperan la clasificación definitiva de los expedientes, el TEEC ya radicó juicios y procedimientos que involucran a la gobernadora Layda Sansores San Román, a la secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, y a por lo menos una decena de servidores públicos. El magistrado presidente del TEEC, Francisco Javier Ac Ordóñez, informó que, una vez concluida la revisión, los expedientes serán turnados al órgano jurisdiccional para su resolución. La pregunta sigue siendo la misma: ¿cuándo ocurrirá eso?
Dos acuerdos, once funcionarios y una advertencia
Durante el primer semestre de 2026, el IEEC y el Tribunal Electoral local comenzaron a recibir denuncias que reflejan la tensión entre la actividad gubernamental y los límites que la ley impone al proselitismo. Las acusaciones se concentraron en servidores públicos vinculados con el partido gobernante y fueron presentadas por Movimiento Ciudadano, a través de su representante, Gilbert Alexander Gamboa Balam.
El primer expediente fue el TEEC/AG/11/2026, recibido el 20 de febrero. Reproducía una denuncia contra once personas y Morena. La lista incluía a Erick Alejandro Reyes León, presidente ejecutivo del Comité Directivo Estatal de Morena Campeche; Mayda Verónica Espinosa Montaño, secretaria de Organización; Guillermo Manuel Novelo Oreza, director general del Instituto de la Juventud; Víctor Hernández Ponce, encargado de despacho del CECyTE Campeche; Adda Rubí Solís Peniche, secretaria de Turismo; Esteban Hinojosa Rebolledo, secretario de Bienestar; José Antonio Cardozo Rivero, delegado federal de Programas de Bienestar; Mariana de Atocha Monroy Barahona, servidora pública; Luis Emilio Ortiz de la Peña, director de Proeventos Campeche, y Walther Patrón Bacab, titular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado. El origen de la queja fue un evento partidista cuya difusión fue replicada en las cuentas oficiales de los servidores públicos señalados.
El 23 de abril, la Junta General Ejecutiva del IEEC resolvió ese primer bloque mediante el Acuerdo JGE/A037/2026. Ordenó a Novelo Oreza, Hernández Ponce, Hinojosa Rebolledo y Monroy Barahona eliminar las publicaciones señaladas en un plazo de 48 horas, y dispuso que los once denunciados se abstuvieran de realizar nuevos actos o publicaciones institucionales que pudieran vulnerar los principios de imparcialidad y equidad. Tres días antes, el 20 de abril, la misma Junta había emitido el Acuerdo JGE/A025/2026 contra Walther Patrón Bacab por actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada. La autoridad admitió la queja identificada con el número IEEC/Q/POS/013/2026, aunque reservó las medidas cautelares hasta practicar una inspección ocular de las ligas electrónicas y las imágenes aportadas.
El 15 de abril ingresó un nuevo asunto al Tribunal Electoral con el número TEEC/AG/40/2026, esta vez contra Elisa María Hernández Romero y Juan Luis Rodríguez Lizárraga, subdirector de Transparencia de la Secretaría de Inclusión. La respuesta de la secretaria de Gobierno llegó el 25 de mayo, cuando Addy Eugenia Bernés Aranda, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, promovió un juicio general para impugnar el Acuerdo JGE/029/2026 del IEEC. Mientras estos expedientes se acumulaban, el Tribunal arrastraba un asunto anterior: en agosto de 2024, el PRI promovió el expediente TEEC/PES/57/2024 contra la gobernadora Layda Sansores San Román y Elisa María Hernández Romero por presunta violación de los principios de neutralidad e imparcialidad. El caso fue radicado en la ponencia de la magistrada Brenda Noemy Domínguez Aké desde el 17 de agosto de 2024. Han transcurrido casi dos años sin una resolución de fondo.
El contraste entre la velocidad de los hechos denunciados y el ritmo de las resoluciones judiciales refleja una tensión que permanece sin resolverse rumbo a 2027.
Los golpes bajos de la campaña anticipada
Las redes sociales se han convertido en el terreno más fértil para el proselitismo fuera de plazo y, al mismo tiempo, en el más difícil de fiscalizar. En Facebook, X, Instagram y TikTok, los aspirantes documentan recorridos territoriales, reuniones con sectores sociales, entregas de apoyos y mensajes que imitan el lenguaje de campaña. Ninguno solicita abiertamente el voto, porque hacerlo constituiría una infracción electoral; sin embargo, construyen narrativas de cercanía y actividad permanente cuyo mensaje es claro: la contienda ya comenzó.
Elisa María Hernández Romero utiliza sus cuentas oficiales para difundir recorridos por los municipios mediante fotografías de encuentros ciudadanos, intervenciones en actos protocolarios y mensajes de agradecimiento. La palabra voto no aparece. La palabra candidatura tampoco. La oposición ha presentado quejas ante el IEEC argumentando que estas publicaciones constituyen actos anticipados de campaña, y esos expedientes ya obran en poder de la autoridad electoral. Sin embargo, las denuncias no han detenido las publicaciones. Mientras la resolución de fondo se pospone, la actividad política de la funcionaria continúa en plataformas digitales.
Esteban Hinojosa Rebolledo, secretario de Bienestar, ha llevado esta estrategia un paso más allá mediante videos donde baila en ferias del bienestar, juega futbol con jóvenes, abraza niños y entrega electrodomésticos en comunidades marginadas. Las publicaciones alcanzan altos niveles de interacción y son replicadas por páginas afines al gobierno estatal, ampliando su alcance. En febrero de 2026, el Tribunal Electoral del Estado emitió medidas cautelares ordenándole abstenerse de realizar publicaciones que vulneraran los principios de imparcialidad y equidad. El funcionario acató la orden en sus cuentas oficiales, pero sus apariciones públicas continuaron difundiéndose a través de cuentas no oficiales. La medida cautelar desactivó temporalmente un canal, pero dejó intactos los demás.
La campaña anticipada en redes encuentra además un aliado eficaz en las encuestas. Al menos ocho casas consultoras —Demoscopia Digital, GobernArte, RUBRUM, Arias Consultores, Statistical Research Corporation, Cripeso Servicios de Consultoría, Campaigns & Elections México y Gii360— publican mediciones periódicas sobre intención de voto para la gubernatura, muchas de ellas sin metodología transparente y, según sus críticos, financiadas por aspirantes interesados en fortalecer su posicionamiento. La encuesta y la publicación del recorrido se refuerzan mutuamente: el aspirante aparece en territorio y la medición lo coloca en los primeros lugares, presentando como una realidad política lo que la autoridad electoral todavía no ha determinado.
La guerra sucia en redes sociales
A las denuncias formales que ya tramitan el IEEC y el TEEC se suma una guerra digital que prolifera al amparo de la campaña anticipada. Cuentas anónimas, perfiles falsos y páginas de sátira política despliegan ataques contra los aspirantes que encabezan las preferencias, aprovechando la exposición que ellos mismos generan con actos proselitistas fuera de los plazos legales. Los contenidos incluyen acusaciones de corrupción sin pruebas, señalamientos de nepotismo y burlas sobre la apariencia física o la forma de hablar. Como los emisores son difíciles de identificar, la mayoría de estas publicaciones escapa a la acción de la autoridad electoral, cuya legislación fue concebida para medios tradicionales y carece de herramientas frente al anonimato digital.
La campaña anticipada y la guerra sucia se retroalimentan. Quienes promueven su imagen antes del periodo legal quedan expuestos a ataques que no pueden contrarrestar por las mismas vías institucionales que evadieron para posicionarse. Se crea así un circuito donde el proselitismo temprano alimenta la agresión sin responsable identificable. Los contendientes enfrentan un dilema: callar permite que la descalificación se consolide; responder le da mayor visibilidad y los arrastra a una espiral que desplaza el debate de fondo. La salida más frecuente consiste en atribuir los ataques al adversario sin aportar pruebas y utilizar esa denuncia para construir una narrativa de victimización.
La autoridad observa el fenómeno sin intervenir de oficio. El IEEC no ha emitido lineamientos para regular las publicaciones de los aspirantes en redes durante esta etapa. El TEEC, pese a los expedientes abiertos por campaña anticipada, no ha recibido denuncias por guerra sucia digital que hayan derivado en una resolución de fondo. El vacío normativo opera como un permiso tácito mientras no exista una solicitud expresa del voto.
Un episodio de junio de 2026 ilustra esta dinámica. Una cuenta anónima en X difundió memes que ridiculizaban a Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde de Carmen y coordinador estatal de la Cuarta Transformación, vinculándolo sin pruebas con el supuesto saqueo de las arcas municipales durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, una acusación que circula desde años atrás. Gutiérrez Lazarus guardó silencio. La cuenta fue suspendida temporalmente por infringir las normas de la plataforma, pero las capturas de pantalla ya se habían replicado. El IEEC no abrió expediente porque la denuncia debía ser presentada por el afectado.
La ofensiva digital contra Gutiérrez Lazarus se ha sostenido con distintas líneas de ataque. Perfiles anónimos lo acusan de descuidar sus funciones como alcalde para recorrer municipios en actos señalados como precampaña ilegal, además de utilizar recursos del ayuntamiento para esos fines. Sin embargo, su caso ilustra una doble narrativa: sus detractores lo presentan como un alcalde que emplea recursos públicos para desacreditar a rivales y administraciones opositoras, mientras esas mismas acusaciones son utilizadas para desgastarlo políticamente. También ha circulado la versión de que envía personal del Ayuntamiento de Carmen a documentar fallas en municipios gobernados por la oposición para alimentar una narrativa de confrontación en redes sociales.
La alcaldesa de Campeche, Biby Karen Rabelo de la Torre, también ha sido blanco frecuente de campañas de desprestigio en redes sociales. Mientras compartía actividades de gobierno en sus plataformas, cuentas anónimas y medios locales vinculados al partido oficial difundían señalamientos sobre el abandono de servicios públicos en distintas comunidades. Las denuncias —trabajos inconclusos, fugas de agua, deficiencias en la recolección de basura y falta de limpieza de drenajes— fueron replicadas masivamente por perfiles sin identificación real para construir la narrativa de una administración ineficiente. En todos los casos se mezclaban reclamos vecinales legítimos con contenidos orientados a erosionar la imagen de la alcaldesa, sin que pudiera identificarse la autoría de la operación.
Los estudios de opinión también se publican sin supervisión efectiva. El IEEC sostiene que la ley solo le permite intervenir cuando las encuestas aparecen en los tres días previos a la jornada electoral, criterio que deja fuera de revisión los sondeos difundidos durante la etapa de campaña anticipada. Los aspirantes aprovechan ese vacío para legitimar su posicionamiento con cifras que nadie verifica.
El resultado es un ambiente donde el proselitismo anticipado opera como norma, la guerra sucia se alimenta de esa exposición temprana y las encuestas construyen percepciones sin control efectivo. La ciudadanía, expuesta a un flujo constante de descalificaciones, actos anticipados y datos sin supervisión, observa con escepticismo. Las instituciones electorales, mientras tramitan expedientes, no han logrado contener el ecosistema de ataques anónimos que prolifera al amparo de la misma conducta que investigan.
Los programas sociales como herramienta política
La oposición ha documentado eventos oficiales donde la entrega de apoyos gubernamentales coincide con bardas, espectaculares y publicaciones digitales de aspirantes a las candidaturas de 2027. Funcionarios recorren los municipios repartiendo electrodomésticos, despensas y computadoras con el sello institucional. El secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo, figura en el acuerdo de medidas cautelares JGE/A037/2026 y en la queja TEEC/AG/11/2026, acusado de convertir la distribución de apoyos sociales en actos de promoción personal financiados con recursos públicos para construir una imagen favorable con miras a la alcaldía de Campeche o a la gubernatura. El fenómeno alcanzó notoriedad cuando usuarios de redes sociales y medios locales lo apodaron “Sexycretario” tras la difusión de videos donde muestra rutinas de ejercicio y su musculatura, replicados por páginas afines al gobierno estatal con publicaciones de amplia interacción.
El episodio más delicado se registró en Champotón a finales de mayo de 2026, cuando ciudadanos presentaron quejas ante el IEEC por el presunto condicionamiento de programas federales. Los testimonios, recogidos por medios regionales, señalaban a integrantes de la familia del delegado de Bienestar, José Antonio Cardozo Rivero, acusados de obligar a habitantes de comunidades rurales a formar comités seccionales de Morena bajo la amenaza implícita de perder sus apoyos. El expediente IEEC/Q/POS/011/2026 permanece en manos de la Junta General Ejecutiva del instituto.
En contraste, el delegado del Instituto Nacional de la Economía Social en Campeche, Alejandro Mendoza Campuzano, sostuvo que los apoyos no se utilizan para condicionar el voto y afirmó que se actúa conforme a la ley. Los criterios del Tribunal Electoral y del instituto local establecen que los integrantes del gabinete deben abstenerse de convertir la entrega de apoyos en actos de posicionamiento político, aunque la línea entre información institucional y promoción personal sigue siendo difusa.
A finales de febrero de 2026, Hinojosa Rebolledo generó una nueva polémica al presumir inversiones federales por 1,400 millones de pesos para obras de agua potable, atribuyéndose rubros ajenos a sus facultades como titular de Bienestar estatal. La controversia se intensificó tras las lluvias que afectaron localidades como Alfredo V. Bonfil a principios de junio, cuando usuarios de redes sociales le reprocharon que hubiera recursos para promoción política, pero no para servicios básicos. También se viralizaron publicaciones que lo mostraban posando con palas y botas en zonas inundadas cuando el nivel del agua ya había descendido.
El uso de padrones también ha sido una constante en las denuncias. La oposición ha acusado ante el IEEC que personal de la Secretaría de Bienestar utiliza censos oficiales para presionar políticamente a habitantes de colonias vulnerables, preguntando por sus preferencias partidistas y vinculando los apoyos con el respaldo al partido gobernante. Si los programas sociales, diseñados para combatir la pobreza, se convierten en instrumentos de captación electoral, la frontera entre política social y proselitismo se desdibuja.
La calle no espera
Los muros de Campeche se convirtieron en un campo de batalla mientras los expedientes administrativos seguían su propio ritmo. Bardas, lonas, espectaculares y pintas aparecieron en distintos municipios sin que existiera convocatoria electoral. El paisaje urbano comenzó a mostrar nombres, siluetas y mensajes que apuntaban hacia la sucesión de 2027.
La imagen de Elisa María Hernández Romero, secretaria de Gobierno, quedó estampada en bardas de la capital, Hecelchakán, Tenabo, Dzitbalché y Calkiní junto al identificador #EsLiz. La secuencia era reconocible: antes apareció #EsLayda para impulsar a la actual gobernadora; después #EsPablo, en apoyo a Pablo Gutiérrez Lazarus. La estrategia consistía en ocupar el espacio público con mensajes de posicionamiento sin mencionar partidos ni candidaturas.
Durante los primeros meses de 2026, fotografías de esas intervenciones circularon en redes sociales. “Pasé por cuatro calles diferentes y está su figura pintada con aerosol”, publicó un usuario. Otras cuentas señalaron que las siluetas podían verse incluso en carreteras como la de Escárcega. La funcionaria argumentó que sus recorridos respondían a obligaciones del cargo y no a actos de precampaña.
En Carmen, los soportes fueron lonas y bardas con el rostro y el nombre de Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde con licencia y actual coordinador estatal de la Cuarta Transformación. Los mensajes incluían frases como “Amor por Carmen” y “Amor por Campeche”, denunciadas por la oposición como actos anticipados de campaña. En abril de 2026, el Instituto Electoral del Estado de Campeche dictó medidas cautelares que ordenaban al funcionario abstenerse de publicar contenidos que vulneraran los principios de imparcialidad y equidad. Las bardas permanecieron intactas.
Los espectaculares históricamente han sido un instrumento utilizado. En las elecciones del 2023 la carretera que conecta San Francisco de Campeche con Carmen se instalaron estructuras con imágenes de funcionarios estatales y referencias a programas sociales. Ninguna de esas piezas contenía la palabra “voto” ni solicitaba apoyo explícito, pero su permanencia durante meses, antes del inicio formal del proceso electoral, generó cuestionamientos. El IEEC no emitió una postura oficial al respecto, y dicha situación se puede repetir en el marco de estas elecciones.
La propaganda anticipada alcanzó también a la oposición. En el municipio de Campeche se registraron lonas y mantas con nombres de políticos vinculados a otros partidos durante ferias y eventos protocolarios, hechos cuestionados por ciudadanos en redes sociales.
Especialistas en derecho electoral advirtieron que estas prácticas podrían encuadrarse en el artículo 4, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, que define como actos anticipados de campaña las expresiones realizadas fuera de la etapa legal que contengan llamados al voto o solicitudes de apoyo. El artículo 244 exige a las autoridades electorales regirse por los principios de imparcialidad y equidad. El título quinto de la misma ley establece que la realización de actos anticipados de campaña constituye una infracción grave.
A pesar de la reiteración de estas prácticas, el IEEC no las consideró violaciones determinantes en el fondo de los expedientes. En abril de 2026, la Junta General Ejecutiva emitió medidas cautelares contra varios funcionarios y les ordenó abstenerse de realizar actos o publicaciones que vulneraran los principios de imparcialidad y equidad. Las medidas no incluyeron el retiro de bardas y lonas ya instaladas. El argumento fue que su competencia alcanza publicaciones en redes sociales y canales institucionales, pero no propaganda colocada en propiedad privada o vía pública sin identificación del responsable.
Una barda con la leyenda #EsLiz o #EsPablo carece de firma partidista y de contrato publicitario fiscalizado. Al no existir un responsable identificable, el IEEC sostuvo que ordenar su eliminación podría vulnerar derechos de terceros.
Los ayuntamientos tampoco actuaron. Los reglamentos de imagen urbana de Campeche, Carmen, Hecelchakán, Tenabo, Dzitbalché y Calkiní prohíben la colocación de propaganda política fuera de los plazos autorizados. Ninguna presidencia municipal inició procedimientos para retirar las pintas y lonas denunciadas. Para muchos ciudadanos, esa inacción terminó interpretándose como una forma de tolerancia política, particularmente en los municipios gobernados por Morena y sus aliados.
Destapes anticipados: la designación es campaña
La controversia en el espacio público incluye anuncios formales que, sin mencionar una candidatura, cumplen la función de posicionar a una figura como heredera del poder. El 23 de abril de 2026, la gobernadora Layda Sansores San Román oficializó la designación de Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde de Carmen, como Coordinador Estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación. El término, utilizado por Morena para identificar a quienes operan la estructura territorial del partido, fue interpretado por la oposición como un mecanismo para aprovechar vacíos legales y adelantar campañas.
La designación se realizó en un acto público con presencia de funcionarios del gabinete estatal, alcaldes y diputados, en horario laboral. El mensaje era claro: Gutiérrez Lazarus contaba con el respaldo de la gobernadora y de la estructura partidista para encabezar la sucesión. Al ser cuestionada, la mandataria afirmó que lo importante era que ya tenían candidatos y que ya no había campañas internas para ganar porcentajes cuando estaban perdiendo la victoria. La declaración fue interpretada como un reconocimiento implícito de que la disputa interna ya había concluido.
La oposición reaccionó de inmediato. El diputado y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Paúl Arce Ontiveros, calificó el nombramiento como un acto prematuro y fuera de tiempo, al considerar que reflejaba tensiones internas en Morena. El coordinador de la bancada del PRI, Miguel Ángel Pool Alpuche, lo definió como un acto anticipado de campaña y cuestionó la participación de funcionarios públicos en horario laboral. Ninguno presentó una queja formal ante el IEEC, pero sus declaraciones reflejaron la percepción de que Morena ya cuenta con un candidato de facto, pese a que las precampañas iniciarán hasta 2027.
En el oficialismo, no todos los aspirantes recibieron la designación con entusiasmo. Elisa María Hernández Romero, secretaria de Gobierno, era considerada una de las figuras más cercanas a la gobernadora para la sucesión. Sin embargo, las encuestas internas y la presión de grupos políticos ligados al sector empresarial de Carmen inclinaron la balanza hacia Gutiérrez Lazarus. Hernández Romero optó por aceptar la decisión y fue proyectada hacia una candidatura a diputación federal, posición que le permite mantenerse en la primera línea política.
Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora, también forma parte de este tablero. En junio de 2026, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo lo designó Coordinador Estatal de Afiliación en Campeche, cargo que le otorga control sobre la estructura de militantes. Aunque no fue presentado como aspirante a la gubernatura, el nombramiento fue interpretado como un movimiento para fortalecer la base territorial del oficialismo. Su nombre comenzó a mencionarse como posible candidato a una diputación plurinominal o a otro cargo de elección popular en 2027.
El panorama es distinto en la oposición. Hay nombres, pero no destapes. En Movimiento Ciudadano, la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, aparece en las encuestas como la figura más visible, pero su partido no ha realizado actos formales para posicionarla como aspirante a la gubernatura. Tampoco ha nombrado coordinadores ni desplegado una estrategia pública similar. En el PRI, el nombre con mayor presencia es el de Christian Castro Bello, quien ha mantenido actividad constante en la vida política estatal, aunque sin recibir un respaldo formal que lo proyecte como precandidato.
La estrategia de los partidos
Morena y sus aliados mantienen una operación política permanente. A través de figuras como “coordinadores territoriales” o “defensores de la transformación”, el oficialismo conserva presencia en calles y medios locales. Gutiérrez Lazarus, con alta exposición pública bajo el discurso de la continuidad, se mueve en el límite de lo permitido por la legislación electoral. La diferencia con la oposición es evidente: mientras Morena avanza en su posicionamiento, sus adversarios optan por la cautela.
Movimiento Ciudadano desempeña en Campeche un papel distinto al que tiene en otras entidades. Mientras PAN y PRI representan la oposición tradicional en el ámbito nacional, en el estado MC disputa espacios directamente a Morena mediante liderazgos vinculados a Eliseo Fernández Montúfar y a las alcaldías que controla. Esa fuerza opositora ha optado por operar con discreción en territorio y redes sociales, evitando movimientos que puedan ser aprovechados política o jurídicamente por el oficialismo.
El PRI enfrenta una situación más compleja. Tras perder espacios en procesos recientes, atraviesa una etapa de reorganización interna orientada a recomponer divisiones y conservar su base militante. Actualmente no cuenta con una figura capaz de unificar al partido y competir en igualdad de condiciones con Morena o con Movimiento Ciudadano. Un destape prematuro podría acelerar el desgaste de cualquier aspirante. Por ello, la estrategia consiste en esperar y evaluar escenarios más adelante.
Morena opera a la ofensiva, respaldado por la estructura gubernamental y territorial, e impulsa la narrativa de que la contienda ya está encaminada. Movimiento Ciudadano y el PRI actúan a la defensiva. Para la oposición, adelantarse implica riesgos legales y políticos que prefiere evitar, aunque el costo sea proyectar una imagen de ausencia de liderazgos.
La cuenta regresiva
La campaña anticipada en Campeche se ha convertido en una práctica recurrente mucho antes de que la ley permita el inicio formal de la contienda. Bardas, espectaculares, recorridos territoriales, publicaciones en redes sociales, encuestas de escasa transparencia y nombramientos partidistas disfrazados de tareas organizativas han configurado un escenario en el que diversos actores buscan posicionarse mientras las autoridades electorales continúan procesando denuncias sin resoluciones definitivas.
En ese contexto, el Instituto Electoral del Estado de Campeche acumula quejas y el Tribunal Electoral mantiene abiertos diversos procedimientos, mientras la ciudadanía observa cómo la disputa por el poder avanza a un ritmo mayor que el de las instituciones encargadas de garantizar la equidad de la competencia.
El desafío para las autoridades electorales ya no consiste únicamente en investigar los hechos denunciados, sino en ofrecer certezas sobre la capacidad del sistema para preservar condiciones equitativas antes de que inicie formalmente el proceso electoral. La credibilidad institucional depende de que las reglas no solo existan, sino que también se apliquen de manera oportuna y visible.
Lo que ocurra en los próximos meses será determinante para medir la eficacia de los mecanismos de control electoral en Campeche. Si las resoluciones llegan tarde o resultan insuficientes, persistirá la percepción de que las ventajas construidas durante esta etapa permanecerán intactas cuando arranque la contienda formal. Más allá de quiénes sean los candidatos, el debate de fondo gira en torno a la capacidad de las instituciones para garantizar que la competencia comience realmente cuando la ley establece que debe comenzar.
Diez preguntas que la autoridad electoral debería responder
• Si la ley prohíbe los actos anticipados de campaña, ¿por qué el IEEC ha admitido 32 quejas, pero no ha resuelto ninguna de fondo?
Admitir una queja es el primer paso. Resolverla es el único que importa. Una queja admitida y no resuelta equivale a un permiso silencioso para seguir violando la ley.
• ¿En qué fecha concreta se emitirán las primeras resoluciones de fondo sobre los expedientes de campaña anticipada presentados en 2026?
La autoridad electoral conoce cuándo ingresaron las denuncias, pero no ha precisado cuándo serán resueltas. Ese vacío es la zona gris donde prospera el proselitismo ilegal.
• ¿Por qué las medidas cautelares ordenan a funcionarios abstenerse de realizar nuevas publicaciones, pero no exigen eliminar aquellas que ya constituyen presunta promoción personalizada?
El contenido que permanece en redes continúa generando posicionamiento político. La efectividad de la medida queda limitada si los mensajes siguen disponibles.
• ¿Cómo justifica el IEEC que un servidor público señalado por campaña anticipada pueda continuar en su cargo y realizar giras territoriales mientras el expediente se sustancia?
La presunción de inocencia es un derecho fundamental, pero la equidad electoral también es un principio que la autoridad debe proteger durante el desarrollo de las investigaciones.
• ¿Qué diferencia sustancial encuentra el TEEC entre un recorrido institucional documentado en redes sociales y una precampaña anticipada, cuando el funcionario aparece en ambos casos entregando apoyos y rodeado de beneficiarios?
La ley distingue entre gestión y proselitismo. Las fotografías, en cambio, no hacen esa distinción. El problema no es jurídico: es probatorio. Y la autoridad ha sido laxa al respecto.
• ¿Por qué el expediente TEEC/PES/57/2024, promovido contra la gobernadora y la secretaria de Gobierno, sigue sin resolución casi dos años después?
Una resolución que llega después de la contienda para la cual se denunciaron los actos no restaura la equidad. Es apenas una anotación en el expediente histórico, no un correctivo para el proceso real.
• ¿Qué mecanismo concreto tiene el IEEC para diferenciar entre un programa social legítimo y un acto anticipado de campaña, cuando el funcionario que entrega apoyos aparece posteriormente en bardas o propaganda con su nombre e imagen?
La coordinación entre la entrega de apoyos y la propaganda personal no es casualidad. Es estrategia. La autoridad electoral ha actuado como si fuera una coincidencia recurrente.
• Si el IEEC carece de competencia para retirar bardas y lonas en propiedad privada, ¿por qué no ha exhortado a los ayuntamientos a aplicar sus reglamentos de imagen urbana, que prohíben este tipo de propaganda fuera de los plazos autorizados?
La autoridad electoral carece de facultades directas para retirar la propaganda, pero puede señalar al municipio omiso y no lo ha hecho. Es también una forma de tolerancia.
• ¿Por qué el IEEC no ha emitido lineamientos específicos para regular las publicaciones de aspirantes en redes sociales, cuando buena parte de las quejas por actos anticipados provienen de Facebook, X, Instagram y TikTok?
La ley electoral local menciona los medios impresos, la radio, la televisión y los espectaculares; no a las historias de Instagram y los reels de TikTok. Ese vacío normativo no es un accidente legislativo: es una invitación a la simulación.
• ¿Cuántos funcionarios públicos han sido sancionados de manera firme y definitiva por actos anticipados de campaña en Campeche durante los últimos dos años?
La respuesta probable es ninguno. Esa cifra, si se confirma, habla de una autoridad electoral que acumula expedientes pero no construye jurisprudencia. Sin sanciones, la ley es apenas una sugerencia.