REDACCIÓN
CAMPECHE.- La reinstauración del fuero constitucional para los diputados locales, una figura jurídica que garantiza inmunidad procesal, generó un rechazo frontal y público de siete alcaldes pertenecientes al mismo partido en el poder. Esta decisión legislativa, tomada en un contexto de aguda confrontación política entre los poderes del Estado, desencadenó una crisis abierta que pone en evidencia una profunda división al interior de Morena en Campeche, donde sus bases municipales repudian un privilegio que su bancada estatal acaba de aprobar para sí misma.
El pronunciamiento de los presidentes municipales de Carmen, Tenabo, Champotón, Escárcega, Seybaplaya, Calakmul y Candelaria confronta directamente a los diputados morenistas que votaron a favor. Los ediles demandan transparencia sobre el proceso, efectuado en una sesión reservada, y rechazan lo que califican como un blindaje político que socava la igualdad ante la ley y fomenta la impunidad. Al alinear su postura con los discursos nacionales de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, quienes han abogado por eliminar las inmunidades, los alcaldes exponen la flagrante contradicción entre el proyecto nacional del partido y la práctica de sus representantes locales, quienes priorizaron su protección personal ante la presión política.
Un privilegio como respuesta a la tensión institucional
La medida legislativa se gestó en un clima de extrema hostilidad; su aprobación se aceleró después de que el Palacio Legislativo fuera rodeado por fuerzas de seguridad estatales, episodio que, aunque fue desmentido oficialmente, generó rumores de órdenes de aprehensión contra diputados disidentes. Este ambiente represivo tiene un antecedente en la reciente detención del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, en enero, bajo acusaciones de narcotráfico. Su defensa sostiene que las pruebas fueron fabricadas, una narrativa que los legisladores han adoptado para justificar la necesidad del blindaje legal.
La respuesta de la bancada morenista no fue apelar al fortalecimiento institucional o a garantías procesales universales, sino recurrir a un mecanismo de excepción eliminado en 2016. Esta acción demuestra que, ante el conflicto con el Ejecutivo estatal, los diputados optaron por un resguardo legal que contradice los principios de rendición de cuentas que su partido pregona, privilegiando la seguridad personal sobre la coherencia ideológica y activando uno de los instrumentos más simbólicos de la vieja cultura política
La batalla por la narrativa pública
En el espacio de la opinión pública y las redes sociales, dos relatos contrapuestos pugnan por definir la interpretación del conflicto. Por un lado, la corriente de opinión reflejada en ciertos medios, ciudadanos y algunos simpatizantes de los legisladores, advierte sobre un “riesgo inminente del uso de la fuerza” contra los diputados. Esta versión se apoya en notas periodísticas y denuncias que describen un ambiente de hostilidad y amenaza constante, evocando incluso operativos policiales recientes alrededor del Congreso como señal de peligro.
Del mismo modo, medios y voces afines al gobierno estatal han construido un discurso que presenta a los legisladores como “traidores al proyecto transformador”, descalificando los motivos de los diputados, tachando su argumento de persecución política como una “victimización infundada”. Desde esta óptica, se señala que “nadie les está haciendo nada” y se sugiere que el verdadero objetivo del blindaje es evadir procesos judiciales que varios congresistas enfrentarían.
Consecuencias y un desenlace incierto
La crisis ahora tiene foco en la posibilidad de un veto por parte de la gobernadora Layda Sansores. Su decisión definirá si se consolida este retroceso institucional o si, por el contrario, se abre una nueva fase de negociación y conflicto. Cualquier escenario deja al descubierto la precariedad del proyecto político morenista en Campeche, donde las disputas internas se resuelven con herramientas del antiguo régimen.
Más allá del desenlace legal, el daño político ya está hecho. La restauración del fuero, lejos de resolver la tensión, la institucionalizó mediante un privilegio. El mensaje para la ciudadanía es que, ante la adversidad, la clase política en turno recurre a mecanismos de autoprotección que contradicen sus promesas de renovación democrática. Este caso se erige como un ejemplo emblemático de cómo los conflictos internos pueden derivar en la adopción de prácticas que el propio movimiento se comprometió a erradicar.
