REDACCIÓN

CAMPECHE.- El Congreso local se convirtió el martes en el escenario de un intenso debate sobre el rumbo financiero del estado, con la comparecencia del secretario de Finanzas, Jezrael Larracilla Pérez, quien presentó el Paquete Económico 2026.

La comparecencia del secretario de Administración y Finanzas, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, ante el Congreso del Estado para analizar el Paquete Económico 2026, congregó a un amplio espectro de legisladores. En la primera ronda de preguntas participaron los diputados Maricela Flores Moo, Carlos Enrique Ucán Yam, Jorge Pérez Falconi, Verónica Margarita Roca Méndez, Gladys Sofía Rivera López, Pedro Armentía López, Paul Alfredo Arce Ontiveros, Pedro Hernández Macdonald, Jorge Salim Abraham Quijano, Jhosué Jesús Rodríguez Golib, Andrés Fernández del Valle Laisequilla y Abigail Gutiérrez Morales. En una segunda y última ronda intervinieron los legisladores José Antonio Jiménez Gutiérrez, Daher Antonio Puch Rivera, Tania González Pérez, Diana Luisa Aguilar Ruelas y Delma del Carmen Rabelo Cuevas. 

La propuesta, que incluye un presupuesto anual de 27 mil 151 millones de pesos, tiene como elemento central la solicitud de la gobernadora Layda Sansores San Román para contratar una deuda pública por mil millones de pesos, pagadera en un plazo de 20 años. La totalidad de este préstamo sería destinada al Programa Estatal de Infraestructura Carretera 2026-2027, un plan que busca intervenir 256 kilómetros de vías en 11 municipios, proyectando sus promoventes que logrará beneficios para 532 mil 928 habitantes.

El programa de infraestructura vial presentado detalla diez proyectos específicos con costos que oscilan entre los 4.3 millones y los 365.5 millones de pesos. La obra más costosa es la reconstrucción de la carretera Escárcega-Champotón, con un presupuesto de 365.5 millones. Le sigue la modernización de la Avenida Justo Sierra Méndez en Escárcega, con 226 millones, y el mantenimiento del camino Hecelchakán-Bolonchén de Rejón-Hopelchén, con 196.2 millones para 51 kilómetros. Este último monto, equivalente a aproximadamente 3.8 millones por kilómetro, fue objeto de cuestionamientos directos sobre su justificación técnica, dado el estado aparente de la vía. La distribución geográfica muestra una concentración en corredores logísticos (Champotón, Escárcega) y zonas agrícolas (Hopelchén, Candelaria, Calakmul), con un componente importante para mantenimiento general a cargo de SEDUMOP, por 361.9 millones.

De acuerdo con el desglose presentado, el rubro de Inversión Pública representa el 8.34% del gasto total para 2026, con 2 mil 264 millones de pesos. La deuda solicitada equivale al 44% de esa cantidad, evidenciando la concentración de recursos en un solo programa. Los sectores que absorberían la mayor parte del presupuesto son Educación, con 37.29% (10 mil 125 millones), y las Transferencias a Municipios, con 21.97%.

La oposición legislativa, encabezada por el diputado Pedro Armentía López, fundamentó su rechazo al endeudamiento en el historial reciente de las finanzas estatales. Presentó datos oficiales que muestran excedentes presupuestales de libre disposición por mil 700 millones de pesos en 2023 y dos mil 510 millones en 2024. De esta última cifra, 900 millones fueron transferidos al siguiente ejercicio por falta de aplicación. Además, al corte del 30 de septiembre de 2025, la recaudación estatal alcanzaba los 22 mil 910 millones, a solo tres mil millones de la meta anual. Este contexto generó la pregunta central de la oposición ¿por qué contratar nueva deuda cuando existen recursos no ejercidos que podrían destinarse a la infraestructura?

Como alternativa a la solicitud de crédito, el diputado Armentía López presentó una propuesta técnica alternativa basada en la reasignación de recursos y la aplicación de recortes al gasto corriente. Su plan incluye reducir el presupuesto de comunicación social de 130 a 88 millones de pesos (ahorro de 41 millones), aplicar un recorte del 20% al rubro de combustibles de la flota oficial (ahorro de 20 millones), y disminuir en un 15% el gasto en eventos oficiales y viáticos, liberando 23 millones. Asimismo, propuso canalizar el 15% de los recursos del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXI) que recibirá el estado –unos 81 millones– directamente al programa carretero. Según sus cálculos, estas medidas generarían una bolsa de aproximadamente 200 millones de pesos anuales que, sumados a los excedentes no ejercidos, permitirían financiar una parte sustancial del plan vial sin necesidad del préstamo total, reduciendo significativamente el monto del endeudamiento solicitado.

Otros legisladores de oposición, como la diputada Delma Rabelo Cuevas, cuestionaron abiertamente el momento elegido para esta solicitud de endeudamiento masivo. Señalaron la coincidencia de que el programa carretero más ambicioso del sexenio se presente y busque financiarse en el último año de gobierno, previo al proceso electoral. Rabelo preguntó por qué estas inversiones no se impulsaron durante los primeros cuatro años de la administración. Además, vinculó parte del deterioro vial, especialmente en el tramo Hopelchén, a los daños ocasionados por la construcción del Tren Maya, argumentando que la reparación debería ser una responsabilidad federal y no una carga financiera para el estado. Esta línea de cuestionamiento pone en entredicho la motivación técnica detrás de la deuda y la señala como una posible herramienta de influencia electoral.

El secretario Jezrael Larracilla Pérez defendió la decisión argumentando que las condiciones actuales del mercado, con tasas de interés mostrando una tendencia a la baja tras un periodo de alzas, representan el momento óptimo para contratar un crédito de largo plazo. Aseguró que esta decisión se basa en análisis técnicos y no considera el contexto político-electoral.

Respecto a los excedentes, su explicación se centró en la normativa de la Ley de Disciplina Financiera, que establece destinos específicos para una parte de esos recursos, limitando su uso para inversión directa en obra pública productiva. Sin embargo, no ofreció un desglose convincente sobre por qué los montos de libre disposición no podrían ser una alternativa viable al menos para una parte del financiamiento requerido.

Durante el interrogatorio, el diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros expuso una aparente contradicción entre el discurso oficial de crecimiento económico y las proyecciones de ingresos propios para 2026. Los cálculos de la Secretaría de Finanzas prevén un aumento de apenas el 3.5% en la recaudación del impuesto sobre nómina, equivalente a 53 millones de pesos adicionales. Los ingresos por servicios de hospedaje, vinculados al turismo, crecerían un exiguo 1%. Para el legislador, estas proyecciones planas desmienten la narrativa de un despegue económico y plantean una pregunta incómoda: si no se espera un dinamismo significativo en el empleo formal y el turismo, pilares de la economía local, ¿cuál es el sustento real para expandir el gasto mediante deuda? La respuesta del secretario se refugió en el crecimiento del sector primario, pero evitó abordar la debilidad proyectada en los demás sectores.

La diputada Tania González Pérez centró su intervención en evidenciar lo que calificó como una “contradicción” en las prioridades del gasto. Mientras se solicita un crédito millonario para carreteras, áreas fundamentales para el desarrollo enfrentan recortes; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario verá disminuido su presupuesto en siete millones de pesos, en un contexto de crisis para los productores de caña y maíz; así mismo, el presupuesto para fomento económico e industrial se mantiene estancado.

Por otro lado, la diputada Diana Aguilar alertó sobre un aumento del 250% en el Fondo Campeche, que alcanzaría los 488 millones de pesos. Aguilar expresó su sospecha de que estos recursos podrían destinarse a subsidiar el sistema de transporte Ko’ox, cuyo modelo de gratuidad ha demostrado problemas de sostenibilidad, desviando así un fondo creado para el desarrollo productivo hacia el rescate de un proyecto operativamente deficitario.

Otro punto de fricción fue el nivel de supervisión que el Congreso ejercería sobre el uso de los recursos del crédito. Mientras el secretario Larracilla se comprometió a entregar informes trimestrales, mostró resistencia ante la propuesta de que cada desembolso específico requiera una autorización previa por parte del Congreso, argumentando que esto retrasaría las obras.

Los diputados opositores insistieron en la necesidad de controles estrictos, incluyendo la exigencia de que el crédito se contrate a una tasa de interés fija y no en UDIs (Unidades de Inversión), para evitar que el costo final de la deuda se eleve por fluctuaciones económicas futuras. Esta tensión entre la eficiencia en la ejecución y la supervisión parlamentaria refleja la desconfianza subyacente sobre la capacidad de la administración para manejar un volumen tan elevado de recursos con transparencia.

La comparecencia del secretario de Finanzas dejó al descubierto una división profunda. Por un lado, una visión que apuesta al endeudamiento como el único vehículo para materializar una infraestructura vial considerada urgente; por otro, una postura crítica que considera el préstamo como innecesario, riesgoso y políticamente oportuno, proponiendo en su lugar una reformulación del gasto público basada en la austeridad y la reasignación de recursos existentes.

La decisión final del Congreso no solo aprobará o rechazará un conjunto de obras; será un veredicto sobre la confianza en la gestión financiera estatal, sobre la transparencia en el uso de recursos extraordinarios y sobre la prudencia de comprometer las finanzas de Campeche con una deuda que hipotecará su futuro por las próximas dos décadas. El voto será una medida clara de si prevalece la urgencia del discurso oficial o el principio de responsabilidad fiscal exigido por la oposición.