Procesos judiciales, sanciones, violencia, cierre de medios y un marco legal insuficiente delinean un escenario que compromete el ejercicio periodístico y limita el derecho ciudadano a la información
Santiago Moo
Campeche atraviesa uno de los momentos más complejos para el ejercicio del periodismo. Cuestionar al poder tiene un alto costo que pone en juego el patrimonio, la reputación y la tranquilidad personal. Aun así, la lucha por mantener vivo el oficio continúa. En esta edición de El Despertador analizaremos el estado actual de la profesión en la entidad para comprender las dimensiones de una crisis que amenaza con silenciar uno de los pilares de la democracia.
Campeche: ofensiva contra la prensa
En Campeche, la crítica al poder puede ser castigada con ruina económica, desprestigio y miedo. Detenciones arbitrarias, agresiones, censura judicial y el uso de leyes de género para silenciar a periodistas definen el clima actual del estado. México ocupa uno de los primeros lugares mundiales en violencia contra la prensa: más de 170 comunicadores han sido asesinados en lo que va del siglo. En el ámbito estatal, la administración de la gobernadora Layda Sansores San Román ha desplegado un embate institucional que combina el uso estratégico del derecho penal, demandas civiles millonarias y la utilización de mecanismos electorales para acosar, desprestigiar y arruinar a quienes ejercen el escrutinio público.
Este esquema ha encontrado en el aparato judicial local un aliado que emite resoluciones que desvirtúan el sentido original de las leyes y las convierten en instrumentos de censura. Los artículos 245 y 246 del Código Penal de Campeche, concebidos para sancionar actos de odio por condición social o género y castigar la incitación a la violencia, han sido utilizados para perseguir la crítica. Aunque el artículo 1 ordena aplicar dicho código con apego a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, y el artículo 6 consagra la presunción de inocencia, en los casos documentados estos principios han quedado relegados.
La ofensiva contra la prensa se ha desplegado en distintos frentes con un mismo propósito: desactivar el escrutinio público sobre el gobierno estatal. En el ámbito judicial, las denuncias penales por incitación al odio y los juicios civiles por daño moral han derivado en sanciones millonarias y restricciones al ejercicio periodístico. En materia electoral, la legislación sobre violencia política de género ha servido para sancionar a comunicadores por expresiones que antes formaban parte del debate público, obligándolos a disculparse e inscribiéndolos en un padrón nacional de agresores. La Fiscalía General del Estado ha exigido a los medios los nombres de sus reporteros y el organigrama de sus empresas bajo amenaza de multas, una práctica que vulnera el secreto profesional y la protección de las fuentes. En el plano mediático, un programa oficial del gobierno se ha convertido en plataforma de estigmatización y burla sistemática contra el gremio mediante la exhibición de conversaciones privadas y la caricaturización de periodistas para desacreditar su trabajo.
El resultado ha sido un escenario de miedo y autocensura que ha propiciado el cierre de medios impresos, el aislamiento de las fuentes y el deterioro de la reputación profesional de diversos comunicadores. La inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres, por ejemplo, ha funcionado como una auténtica muerte civil para los periodistas, pues suspende el requisito constitucional del modo honesto de vivir y los exhibe públicamente como agresores, una etiqueta que mina su credibilidad y los margina del debate público.
Detrás de estos casos existe un denominador común: la profunda asimetría de recursos entre un periodista que debe costear su propia defensa y un gobierno que dispone del erario y de todo su aparato jurídico para impulsar las denuncias hasta sus últimas consecuencias. Esta disparidad, denunciada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, convierte cualquier litigio en una batalla desigual donde el desgaste económico y emocional resulta tan eficaz como una amenaza directa para silenciar a un crítico. Las páginas siguientes exponen los casos que han convertido a Campeche en un referente de la persecución institucional contra la prensa. La pregunta de fondo es si los periodistas del estado podrán seguir ejerciendo su labor sin temor y si el resto del país está dispuesto a tolerar que el aparato judicial se convierta en un instrumento de control político.
El caso Tribuna
El periodista Jorge Luis González Valdez y el diario Tribuna enfrentan en Campeche una presión legal sin precedentes. La estrategia, impulsada por el gobierno estatal, combina acusaciones penales, sanciones civiles millonarias y la designación de supervisores judiciales para revisar sus publicaciones. Organizaciones defensoras del derecho a informar han calificado el caso como un acto de censura contrario a los artículos 6 y 7 de la Constitución y al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El litigio se remonta a diciembre de 2022, cuando Walther David Patrón Bacab, coordinador de Comunicación Social del gobierno de Campeche, promovió un juicio civil por daño moral contra González Valdez y la Organización Editorial del Sureste, con número de expediente 352/21-2022/1C-1. Un año después, en diciembre de 2023, la gobernadora Layda Sansores presentó una denuncia penal por incitación al odio y violencia política de género, derivada de publicaciones en el portal digital de Tribuna que, según el Ministerio Público, atentaban contra su dignidad como mujer. La denuncia, radicada en la carpeta de investigación CI-2-2023-3680, fue impulsada por abogados de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, circunstancia que la defensa del periodista cuestionó como una utilización indebida de recursos públicos.
El 30 de mayo de 2025, la jueza Beltrán Valladares dictó sentencia en el juicio civil y condenó al periodista, de 71 años, y a la editorial al pago de dos millones de pesos por daño moral, además de ordenar el embargo de sus propiedades para garantizar el cumplimiento de la resolución. González Valdez, jubilado desde 2017, carecía de recursos para afrontar esa sanción. Los hechos se hicieron públicos el 10 de junio durante el programa Martes del Jaguar, donde Layda Sansores y el consejero jurídico Juan Pedro Alcudia informaron sobre la audiencia de solicitud de vinculación a proceso contra el periodista y Tribuna, además de señalar que incluso podía llegarse a la disolución de la empresa. La exposición pública del caso constituyó una evidente vulneración a la presunción de inocencia.
El 13 de junio, el Juzgado Cuarto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado, a cargo de la jueza Guadalupe Beatriz Martínez Taboada, vinculó a proceso a González Valdez, a Isidro de Jesús Yerbes Cruz y al diario Tribuna por el presunto delito de incitación al odio. Como medidas cautelares ordenó el cierre del portal durante dos años y prohibió al periodista ejercer su profesión por el mismo periodo. La Fiscalía General del Estado no logró acreditar que González Valdez siguiera siendo director del medio —se había jubilado en 2017—, pero aun así le atribuyó responsabilidad por las publicaciones. En la carpeta de investigación no obra oficio ni testimonio que acrediten ese cargo.
El 9 de julio, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito declaró fundado el recurso de queja 411/2025 y concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios al periodista y a la empresa, al considerar que las restricciones eran desproporcionadas y violaban derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho al trabajo. El recurso derivó del amparo indirecto 748/2025-III-A, promovido después de que el Juzgado Primero de Distrito en Campeche negara la suspensión provisional.
El 29 de agosto, la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May ratificó medidas que reforzaron el control sobre la labor periodística. González Valdez quedó sujeto a supervisión permanente por la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, mientras que Tribuna fue obligado a enviar al Tribunal Superior de Justicia, antes de su publicación, todas las notas que mencionaran a la gobernadora. Además, se prohibió al periodista referirse de manera estricta a la mandataria.
La gravedad del caso radica en que las medidas cautelares impuestas por el Poder Judicial local rebasaron cualquier criterio de proporcionalidad. El tribunal asumió de facto el papel de censor al decidir anticipadamente qué contenidos podían llegar a la sociedad. La orden de suspender las actividades del medio y prohibir al periodista ejercer su profesión durante dos años constituye un hecho inédito en el México contemporáneo.
La resolución del Tribunal Colegiado obligó temporalmente a las autoridades estatales a levantar las restricciones y permitir que el medio y el periodista retomaran sus actividades informativas mientras se resuelve el fondo del amparo. Sin embargo, el hecho de que un periodista jubilado de 71 años, sin funciones directivas en el medio, haya sido vinculado a proceso y condenado al pago de una suma millonaria evidencia una persecución judicial que, por sus características, parece responder más a criterios políticos que jurídicos.
La Barra Noticias
El caso de los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez Camal y Hubert Carrera Pali, del medio digital La Barra Noticias, ha abierto un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión en México. Los comunicadores fueron obligados a ofrecer una disculpa pública a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, tras ser sancionados por el Tribunal Electoral del Estado por violencia política de género.
El conflicto comenzó en octubre de 2023, cuando los periodistas transmitieron un programa de análisis político en YouTube y Facebook. Durante la emisión realizaron comentarios sobre la gobernadora, entre ellos la expresión “complejo de teibolera”, acompañada de movimientos que simulaban un baile. La mandataria presentó una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, al considerar que las expresiones constituían violencia política por razón de género en su modalidad digital y mediática.
El Instituto Electoral admitió la denuncia y la turnó al Tribunal Electoral del Estado, que resolvió el expediente TEEC/PES/1/2024. El órgano determinó que las expresiones no estaban protegidas por la libertad de expresión, al contener estereotipos de género que descontextualizaban la actividad pública de la gobernadora, la cosificaban y la reducían a un objeto sexual.
Los periodistas impugnaron la resolución mediante el juicio ciudadano SX-JDC-558/2024 ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Argumentaron que el tribunal local carecía de competencia y que sus expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Sostuvieron además que la gobernadora, como titular del Poder Ejecutivo, no se encontraba en una situación de vulnerabilidad, que ella misma ejercía su libertad de expresión mediante el programa Martes del Jaguar y que el término “teibolera” no debía considerarse denigrante, pues sus comentarios partían de hechos públicos verificables.
Por unanimidad, la Sala Regional Xalapa confirmó la sentencia. Las magistradas y magistrados concluyeron que las expresiones no constituían una crítica legítima al desempeño de la gobernadora, sino que buscaban desacreditarla mediante referencias de carácter sexual ajenas al debate político. El tribunal sostuvo que la libertad de expresión no ampara la violencia política por razón de género y que este tipo de conductas puede presentarse incluso fuera de los procesos electorales.
Agotados los recursos legales, el 9 de agosto de 2025 los periodistas difundieron en las plataformas de La Barra Noticias el video con la disculpa pública ordenada por el tribunal. El caso ha sido seguido con preocupación por organizaciones defensoras de la libre circulación de ideas, que advierten sobre el riesgo de que mecanismos creados para proteger a las mujeres en la política puedan utilizarse para restringir el debate público y la crítica periodística.
La Fiscalía contra Telemar
El 15 de octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Campeche envió un requerimiento formal a Producciones Telemar, S.A. de C.V., mediante el cual exigió información detallada sobre su personal periodístico y su estructura corporativa. El oficio 040/2025, firmado por la agente del Ministerio Público Yesenia Guadalupe Tek Ek, otorgó cinco días hábiles para entregar los nombres de los reporteros que redactaron 59 notas relacionadas con la gobernadora Layda Sansores San Román y su administración.
La solicitud también requirió los nombres de los editores responsables de las publicaciones, la identidad del director general de la empresa desde 2024 y el organigrama corporativo completo. El documento advertía posibles sanciones económicas y acciones legales en caso de incumplimiento, lo que generó preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa. El requerimiento derivó de una carpeta de investigación por el presunto delito de calumnia iniciada a partir de una denuncia de la mandataria estatal. Entre las publicaciones solicitadas figuraban las relacionadas con el caso Tribuna y Jorge Luis González Valdez, así como otras notas críticas sobre la administración estatal.
En lugar de atender el requerimiento de forma reservada, Telemar decidió hacerlo público mediante un comunicado en sus plataformas digitales. La empresa calificó la actuación de la Fiscalía como un intento de control y censura sobre un medio local.
“La acción de la FGECAM refuerza la percepción de que los órganos del Gobierno buscan limitar la libertad de expresión y acallar la cobertura periodística que cuestiona la gestión pública en la entidad…”
La Fiscalía sustentó su petición en disposiciones de la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que facultan al Ministerio Público para requerir información durante una investigación. No obstante, Telemar advirtió que aplicar estas facultades en asuntos relacionados con la profesión periodística podría constituir un exceso de autoridad y un precedente preocupante para la libertad de prensa.
El caso se sumó a otras acciones legales y administrativas emprendidas por el gobierno estatal contra medios críticos. Diversas organizaciones señalaron que utilizar el delito de calumnia para requerir información sobre periodistas vulnera el secreto profesional y la protección constitucional de las fuentes, principios esenciales para el ejercicio independiente del periodismo.
El requerimiento ocurrió apenas dos meses después de que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito suspendiera las medidas de censura contra Tribuna, lo que, para organizaciones y observadores, reforzó la percepción de un patrón de hostigamiento institucional hacia la prensa. Telemar, filial de la Organización Editorial del Sureste —empresa que también administraba Tribuna—, había dejado de transmitir por cable más de dos años antes y operaba únicamente como plataforma digital, circunstancia que no impidió el requerimiento. La gobernadora no se pronunció públicamente sobre el caso durante la emisión del Martes del Jaguar del 14 de octubre.
Martes del Jaguar: la tribuna del poder
Desde el inicio de su administración, la gobernadora Layda Sansores San Román puso en marcha una política de comunicación que rebasa la rendición de cuentas. El programa Martes del Jaguar, transmitido semanalmente por internet con recursos públicos, se ha convertido en un espacio para descalificar, exhibir y ridiculizar a periodistas y medios de comunicación críticos de su gobierno.
Una de sus secciones más controvertidas es “Ratinus”, una parodia del noticiero Latinus que ha servido para burlarse de comunicadores locales y nacionales. En ella se proyectaron fotomontajes que colocaban los rostros de periodistas sobre cuerpos de roedores o personajes animados, una narrativa visual que asociaba a los comunicadores críticos con una plaga o con la delincuencia.
Diversos defensores de la libre expresión de ideas han advertido que el problema no radica en el uso de la sátira, sino en la asimetría entre quien la ejerce y quienes la reciben: no se trata de ciudadanos cuestionando al poder, sino del propio poder utilizando recursos públicos para desacreditar a particulares cuya función consiste precisamente en vigilar la gestión gubernamental. Según estas organizaciones, ello favoreció la deshumanización del periodista y alentó actos de hostigamiento tanto en redes sociales como fuera de ellas.
El programa alcanzó notoriedad nacional tras difundir audios y conversaciones privadas de actores políticos y periodistas. En mayo de 2022, Sansores presentó una grabación atribuida al entonces dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en la que afirmaba: “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”. Lejos de convertirse en un espacio para condenar esa expresión, la emisión derivó en burlas hacia periodistas locales, al sostener que administraciones anteriores los mantenían económicamente subordinados.
Cuando diversos periodistas y políticos obtuvieron amparos que ordenaban a la gobernadora abstenerse de mencionarlos o exhibirlos, la dinámica del programa cambió, pero no cesó. En Ratinus, Sansores ironizaba sobre las resoluciones judiciales, hacía gestos de silencio o simulaba tener las manos atadas mientras pronunciaba frases como: “Ay, ya ven que no puedo decir su nombre porque el juez se enoja”, para enseguida aludir a las personas mediante apodos o referencias indirectas fácilmente identificables por la audiencia.
Organizaciones como Artículo 19, el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras han documentado que Martes del Jaguar contribuyó a crear un ambiente hostil para la prensa en Campeche. El discurso que presenta a los medios como enemigos, la difusión de conversaciones privadas y la caricaturización constante de periodistas han coincidido con fenómenos como el cierre de medios impresos, la autocensura y el aislamiento de las fuentes de información, situaciones también documentadas por medios nacionales.
La gobernadora ha sostenido que el programa busca revelar presuntas redes de complicidad en Campeche y a escala nacional. Sin embargo, la manera en que se presenta esa información ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, al considerar que deslegitima el escrutinio periodístico al instalar la idea de que toda crítica responde a intereses económicos o políticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó retirar de las plataformas oficiales contenidos presuntamente obtenidos de forma ilícita. Aun así, la utilización del programa para estigmatizar a periodistas no ha cesado y el gremio continúa exigiendo condiciones que permitan ejercer la labor informativa sin presiones ni censura, conforme a las garantías previstas en el artículo 6 constitucional.
El padrón de violencia política de género
El gobierno estatal ha utilizado el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres para sancionar a periodistas críticos, un mecanismo que organizaciones defensoras de la libertad de expresión consideran una distorsión del marco legal creado para proteger los derechos políticos de las mujeres.
Dentro del esquema de presión institucional contra la prensa en Campeche, una de las herramientas más utilizadas ha sido el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, administrado por el Instituto Nacional Electoral, así como su equivalente estatal, a cargo del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Concebido originalmente para proteger a las mujeres en la vida pública, este instrumento ha sido utilizado para sancionar, inhibir y desacreditar a periodistas que ejercen la crítica política.
Según organizaciones defensoras de la libertad de expresión, el aparato gubernamental, encabezado por la gobernadora, secretarias de Estado y diputadas del partido oficial, mantiene un monitoreo permanente de programas de opinión, columnas políticas y transmisiones en vivo de medios independientes. Cuando un periodista cuestiona el desempeño de funcionarias, la respuesta suele traducirse en una queja mediante el Procedimiento Especial Sancionador ante el Instituto Electoral del Estado, bajo el argumento de que las expresiones constituyen violencia política por razón de género.
Para obtener la inscripción de los comunicadores en el padrón, los representantes jurídicos del gobierno sostienen que cuestionamientos al desempeño e incluso a la gesticulación o vestimenta de funcionarias constituyen ataques basados en su condición de mujeres y no críticas a su actuación pública. Con esa interpretación, los tribunales locales han ordenado disculpas públicas e incorporado a periodistas al registro de personas sancionadas.
El efecto inhibitorio de esta figura radica en sus consecuencias legales y reputacionales. La inscripción puede suspender temporal o definitivamente el requisito constitucional del modo honesto de vivir, lo que en determinados casos impide aspirar a cargos de elección popular o integrar órganos públicos. Para un periodista, aparecer en un registro oficial de personas sancionadas implica además un grave daño a su credibilidad profesional. Según organizaciones civiles, esa condición ha sido utilizada para exhibir a comunicadores en Martes del Jaguar como agresores de mujeres, invirtiendo la narrativa pública.
Ante procesos judiciales costosos, disculpas públicas obligatorias y la posibilidad de permanecer durante años en el registro, numerosos reporteros han optado por moderar sus críticas hacia funcionarias estatales para evitar nuevos procedimientos.
Diversas organizaciones también han denunciado la desigualdad de recursos entre las partes. Mientras periodistas independientes o medios locales deben asumir los costos de su defensa y el desgaste del litigio, las funcionarias cuentan con equipos jurídicos financiados con recursos públicos. A juicio de estos organismos, ello ha convertido un instrumento de protección de derechos humanos en un mecanismo de presión contra la crítica periodística, estableciendo un precedente preocupante para la libertad de expresión en México.
Violencia contra periodistas
Reporteros han denunciado agresiones físicas, detenciones arbitrarias y bloqueos informativos por parte de elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, un patrón documentado por organizaciones defensoras del derecho a expresarse.
Entre 2022 y 2024, las agresiones físicas y las detenciones arbitrarias atribuidas a elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana se convirtieron en uno de los principales riesgos para reporteros de nota roja y comunicadores digitales en municipios como Campeche, Carmen y Champotón. A diferencia del acoso judicial o de la estigmatización pública, esta modalidad de violencia ocurre directamente en las calles, donde agentes policiacos han utilizado la fuerza para impedir la documentación y transmisión de hechos de interés público.
Los informes y alertas de la Red de Periodistas de Campeche y de Artículo 19 señalan un patrón recurrente. Con frecuencia, los policías alegan una supuesta violación al cordón de seguridad para retirar a reporteros, incluso cuando éstos permanecen fuera del perímetro establecido. También se documentan bloqueos físicos frente a cámaras, el despojo de teléfonos celulares y equipo fotográfico durante transmisiones en vivo y, en algunos casos, el sometimiento de periodistas bajo acusaciones ambiguas como alteración del orden público o insultos a la autoridad.
El 14 de junio de 2026, el periodista Carlos Tun documentaba un hecho de tránsito sobre la avenida López Mateos cuando fue interceptado por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Aunque se identificó como reportero y comenzó a retroceder, fue empujado, sometido en el suelo y esposado. La transmisión en vivo se interrumpió durante el forcejeo y posteriormente circularon imágenes en las que aparecía con lesiones y rastros de sangre. Tun denunció haber permanecido varias horas detenido hasta cubrir una multa de mil 200 pesos y presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado por abuso de autoridad, lesiones y detención arbitraria.
El 4 de junio de 2022, en el Centro Histórico de Campeche, los periodistas Ronny Aguilar y Rodrigo Bastos cubrían un operativo de alcoholemia cuando fueron empujados por elementos policiacos que intentaban impedir su labor informativa con el argumento de que no estaban acreditados como prensa. Artículo 19 recordó entonces que servidores públicos están sujetos al escrutinio ciudadano y que no existe obligación legal de portar identificación especial para documentar operativos policiales. La secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, defendió la actuación de los agentes al sostener que uno de los periodistas había mostrado una conducta violenta, postura que la organización consideró riesgosa al normalizar ese tipo de actuaciones.
El 7 de febrero de 2023, el periodista Luis Armando Mendoza Leciano sufrió un atentado cuando personas no identificadas intentaron incendiar su vivienda mientras él y su familia se encontraban en el interior. Las mascotas alertaron a tiempo a los ocupantes, quienes lograron sofocar el fuego antes de que se propagara. El comunicador relató que un vehículo abandonó el lugar a gran velocidad mientras ocurrían los hechos.
El 9 de abril de 2025, Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, fue detenido por elementos de la Policía Estatal en un operativo que derivó en una agresión física. Familiares y medios locales denunciaron que el periodista, de 71 años y con antecedentes de enfermedad cardíaca, fue sometido con uso excesivo de la fuerza, golpeado y trasladado posteriormente al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”. El gobierno justificó la detención por el presunto incumplimiento de una orden de restricción promovida por la gobernadora y la titular de Seguridad Pública. Organismos internacionales y representantes del gremio periodístico calificaron el hecho como un acto de represalia contra la línea editorial crítica de Tribuna.
Sin ley, el periodismo bajo amenaza
En Campeche, la desaparición de cinco periódicos durante la presente administración difícilmente puede atribuirse únicamente a la dinámica del mercado editorial. Tribuna, Crónica, El Sur, Expreso y Novedades dejaron de publicar sus ediciones impresas en un contexto donde el poder estatal ha combinado demandas millonarias, retiro sistemático de publicidad oficial, censura judicial y agresiones físicas contra quienes ejercen el escrutinio público. El resultado es un panorama informativo cada vez más reducido y una ciudadanía que recibe una versión cada vez más limitada de los asuntos públicos.
Esa política ha encontrado terreno fértil en un vacío normativo que el estado aún no ha corregido. Campeche carece de una ley especializada para la protección de periodistas, como ya existe en entidades como Quintana Roo y Veracruz. Además, el Código Penal estatal no considera los ataques contra comunicadores como una circunstancia agravante, por lo que agresiones, amenazas o actos de censura se procesan bajo tipos penales ordinarios, sin reconocer la trascendencia de una agresión contra la libertad de prensa. Los mecanismos federales también han mostrado limitaciones. Las medidas emitidas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no han logrado contener la persecución en el ámbito local, mientras diversos amparos concedidos por tribunales federales han sido desatendidos o eludidos por autoridades estatales.
El 16 de junio de 2026, el Congreso del Estado recibió una iniciativa para crear la Ley de Protección Integral al Ejercicio Periodístico, que plantea crear una unidad de resguardo adscrita a la Comisión de Derechos Humanos del Estado; impedir que la publicidad oficial se condicione a la línea editorial de los medios; tipificar las agresiones contra periodistas como delitos graves y establecer un seguro de vida para quienes cubran zonas de alto riesgo. Durante su presentación, el legislador promovente describió la paradoja de un estado donde los reporteros firman sus notas con temor y los directores editoriales calculan el costo de cada publicación como si evaluaran un riesgo permanente.
La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. Portales digitales afines al gobierno difundieron en redes sociales pasquines anónimos para desacreditar a los impulsores de la iniciativa, a quienes calificaron de “payasos”. Al mismo tiempo, desde el Poder Legislativo, sectores cercanos al partido gobernante justificaron las acciones emprendidas contra periodistas al sostener que sus publicaciones no constituían periodismo crítico, sino “ofensas y denostaciones” dirigidas contra la administración estatal. Con ello se invierte la lógica del conflicto: el periodista sometido a presiones institucionales es presentado como agresor, mientras el gobierno adopta el papel de víctima de una prensa supuestamente malintencionada.
Quienes respaldan la iniciativa recuerdan que los artículos 6 y 7 de la Constitución garantizan la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a difundir opiniones y hechos por cualquier medio, principios que, sostienen, han sido vulnerados de forma reiterada en la entidad. El debate legislativo representa una oportunidad para construir un marco jurídico que proteja de manera efectiva la actividad informativa, porque sin voluntad de diálogo para discutir la propuesta y convertirla en ley, el oficio de informar en Campeche seguirá librándose en un territorio adverso.