Se precisa implementar mecanismos de control que eviten modificaciones de leyes o de la Constitución sin que la ciudadanía sea informada. Todos los cambios legales deberían ser anunciados obligatoriamente en radio, televisión y redes sociales para impedir “sorpresas” legislativas, como la que recientemente se fraguó desde el Senado, incluyendo de último momento un artículo transitorio que haría retroactiva la reforma a la Ley de Amparo. La decisión de Claudia Sheinbaum de vetar esta disposición fue acertada, ya que, combinada con expropiaciones “fast track” con el argumento de la utilidad pública, podrían convertirse en instrumentos de despojo. Llama la atención que durante el sexenio de AMLO no se aplicaran estas precauciones.
Todo el transporte público —como TTE, ADO, Lipu, del Valle, camiones de gas, pipas, de carga, taxis, remolques, entre otros— tendría que ser sujeto a cumplir por ley con ciertas obligaciones de seguridad. Esto incluye la instalación de gobernador de velocidad, portar un extintor de fuego y acatar todas las normas de tránsito, así como las leyes de seguridad industrial y de protección civil. Estas medidas no solo protegen a los usuarios, sino que también reducen riesgos de accidentes y fortalecen la responsabilidad de las empresas y conductores. ¿Escuchas, Imoveqroo?
Las agendas de los gobernantes deberían ser públicas por ley. Esta medida fortalecería la transparencia y la congruencia entre lo que predican y lo que realmente hacen. Obligar a los funcionarios a mostrar sus actividades y compromisos permitiría a la ciudadanía evaluar si cumplen lo que prometen y evitaría sospechas sobre lo que se oculta bajo la excusa de “privacidad”. Ocultar la agenda no protege ni a gobernantes ni a ciudadanos.
Ante los nuevos tiempos, tan propensos a recurrir a procesos como la consulta popular, el referéndum y el plebiscito, los diputados deberían enfocarse en proponer ideas de cómo profesionalizar y garantizar la seriedad de estos mecanismos de participación ciudadana. Esto incluye crear un árbitro legal imparcial que supervise los resultados y regular a las empresas encuestadoras para asegurar que los sondeos sean confiables.
A casi dos años de que el Congreso de Quintana Roo aprobó un decreto para rescindir las concesiones otorgadas a la empresa Aguakan, esta sigue a cargo del agua potable y alcantarillado de cuatro municipios, a pesar de las evidencias de su mala gestión. Abundan las pruebas de su vocación extractiva y el mal servicio que presta, pero no se ha actuado. Es urgente que las autoridades revisen esta situación para proteger a la ciudadanía.
Es alarmante la incongruencia de algunas autoridades municipales, que niegan los problemas y actúan como si nada ocurriera. Este tipo de actitud no cambia la realidad; las crisis no desaparecen simplemente ignorándolas. La ciudadanía requiere respuestas claras y acciones concretas, no discursos vacíos.
Resulta contradictorio que el gobierno federal insista en que los estudiantes no presenten exámenes de admisión de aptitud académica, mientras propone eliminar el examen profesional, la tesis y el servicio social. Estas medidas generan incertidumbre sobre cómo se evaluará realmente a los egresados y quién les dará empleo en el futuro. Especialmente en las Universidades del Bienestar, es fundamental mantener criterios claros de formación y evaluación.
Tras más de cinco horas del apagón masivo que afectó la Península de Yucatán el pasado 26 de septiembre, no hubo autoridad alguna que se ocupara de las cuantiosas pérdidas generadas en los sectores turísticos, comercial y de transporte, aunado a las severas complicaciones en materia de comunicación, pues el “apagón digital” fue peor y nadie se hizo responsable.