El alto costo del sistema penitenciario reabre el debate sobre si las personas privadas de la libertad pueden contribuir legalmente a su manutención sin vulnerar derechos humanos, en un modelo que destina millones de pesos a internos sin trabajo, sin capacitación y sin reinserción efectiva

SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR

Mientras millones de mexicanos salen cada día a trabajar para sostener a sus familias, pagar impuestos y sobrevivir a una economía cada vez más exigente, dentro de los centros penitenciarios del país miles de personas pasan años privadas de la libertad sin trabajar, sin capacitarse y sin aportar un solo peso al sistema que las mantiene. La paradoja es evidente: cárceles cada vez más costosas para el erario, reprobadas en derechos humanos y sin resultados reales en reinserción social.

Quintana Roo ilustra con claridad esta contradicción. En el estado, alimentar a cerca de cuatro mil 800 personas privadas de la libertad representa oficialmente un gasto de 120 pesos diarios por interno. En términos concretos, esto equivale a 576 mil pesos al día, más de 17 millones de pesos al mes y más de 207 millones de pesos al año destinados únicamente a la alimentación de la población penitenciaria.

No obstante, estimaciones extraoficiales elevan el costo real a entre 300 y 350 pesos diarios por interno, lo que dispararía el gasto anual a un rango de entre 525 y más de 613 millones de pesos. De confirmarse estas cifras, la alimentación penitenciaria se convertiría en uno de los rubros más caros y opacos del sistema carcelario estatal, sin que exista una evaluación clara sobre la eficiencia, calidad y destino real de esos recursos.

El problema no es solo cuánto cuesta sostener a los internos, sino qué obtiene la sociedad a cambio. Los resultados del sistema penitenciario en Quintana Roo evidencian que a pesar de los esfuerzos la reinserción social, principio rector del modelo, sigue siendo más un discurso que una realidad.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el estado obtuvo una calificación general de apenas 6.54 en una escala de 0 a 10, reprobando con 5.76 al penal de Cancún y “de panzazo” aprobaron el de Chetumal y Playa del Carmen con 6.86 y 7.00 respectivamente, pero en todos con observaciones negativas en rubros clave como alimentación, salud y reinserción social, precisamente aquellos que justifican la inversión pública.

En este contexto surge una pregunta incómoda: ¿es viable que las personas privadas de la libertad contribuyan parcial y legalmente al costo de su alimentación sin violar sus derechos humanos? 

Este reportaje de El Despertador no busca estigmatizar a los internos ni desconocer las obligaciones del Estado, sino abrir un debate serio sobre la sostenibilidad del modelo penitenciario actual y sobre la urgencia de que el trabajo penitenciario deje de ser un concepto retórico para convertirse en una verdadera herramienta de reinserción social.

El negocio de la alimentación penitenciaria

El problema de la alimentación en los centros penitenciarios va mucho más allá del monto del gasto público. Durante años, este rubro ha operado bajo un modelo de concesiones privadas que convirtió el suministro de alimentos en un negocio rentable, sin que ello se traduzca en mejores condiciones para las personas privadas de la libertad ni en beneficios tangibles para la sociedad.

En Quintana Roo, la información disponible identifica a La Cosmopolitana —empresa perteneciente a Corporativo Kosmos— como proveedora del servicio de alimentación en centros penitenciarios, incluidos los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Cancún y Chetumal. La compañía, especializada en comedores industriales y penitenciarios, ha concentrado contratos públicos en distintos estados del país, al tiempo que ha sido señalada en diversos reportes por la deficiente calidad de los alimentos suministrados a la población interna.

Las deficiencias no son nuevas ni aisladas. En enero de 2022, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) recibió denuncias relacionadas con la baja calidad de los alimentos entregados a personas privadas de la libertad. Sin embargo, pese a estos señalamientos formales, el esquema de concesiones se ha mantenido intacto: sin cambios estructurales, sin sanciones visibles y sin una revisión pública de los contratos.

Este patrón se repite con distintos operadores a lo largo del tiempo. En años anteriores, otros prestadores del servicio penitenciario mantuvieron contratos durante largos periodos pese a críticas reiteradas por alimentos deficientes y condiciones indignas. La constante ha sido la misma: recursos públicos millonarios, supervisión limitada y una rendición de cuentas prácticamente inexistente.

El resultado es un sistema costoso y opaco que prioriza intereses privados por encima del interés público y del objetivo central del sistema penitenciario: la reinserción social. La alimentación, lejos de ser un derecho garantizado con estándares de calidad, se ha convertido en un negocio blindado a la fiscalización ciudadana.

Frente a este escenario, la propuesta de que las personas privadas de la libertad contribuyan parcial o totalmente al costo de su alimentación mediante esquemas de trabajo remunerado al interior de los centros penitenciarios comienza a perfilarse como una alternativa viable. No solo permitiría reducir la carga al erario, sino también eliminar intermediarios, transparentar el uso de recursos y romper con un modelo de concesiones que, hasta ahora, ha demostrado ser ineficiente y socialmente insostenible.

Este patrón no es aislado. En años previos, otros operadores del servicio penitenciario, como ocurrió durante la gestión vinculada a la periodista Isabel Arvide Limón, excónsul de México en Estambul, mantuvieron contratos durante largos periodos pese a críticas reiteradas por alimentos deficientes. La constante ha sido la misma: recursos públicos millonarios, supervisión limitada y ausencia de rendición de cuentas. El resultado es un sistema costoso y opaco que prioriza intereses privados sobre el interés público. Frente a este escenario, la propuesta de que los internos paguen por sus alimentos, mediante esquemas de trabajo remunerado al interior de los centros penitenciarios, se presenta como una alternativa viable para reducir el gasto, eliminar intermediarios y romper con un modelo que, hasta ahora, ha demostrado ser fallido.

El vacío legal que frena la corresponsabilidad 

El debate sobre si las personas privadas de la libertad pueden contribuir al costo de su alimentación no parte de cero ni se mueve fuera de la ley. De acuerdo con miembros del Colegio de Abogados Postulantes de Cancún, la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) establece de forma expresa que el Estado es responsable de garantizar derechos básicos, entre ellos la alimentación, la salud y condiciones dignas de internamiento, obligación que además deriva de tratados internacionales suscritos por México.

Los especialistas explican que instrumentos como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos impiden que el costo de la subsistencia sea trasladado a las personas privadas de la libertad, aun cuando exista trabajo penitenciario, ya que se trata de derechos irrenunciables.

No obstante, la propia LNEP reconoce el trabajo penitenciario como un eje central de la reinserción social. Los artículos 91 al 98 permiten que el trabajo sea voluntario, remunerado y regulado, con acceso a capacitación y seguridad social. Los ingresos obtenidos pueden destinarse a la reparación del daño, apoyo familiar o ahorro personal.

Ahí se encuentra el principal vacío legal. La ley no prohíbe que los internos contribuyan económicamente, pero tampoco establece mecanismos claros para que dicha contribución se vincule a la manutención sin que el Estado incumpla su obligación constitucional.

En la práctica, advierten los abogados, el trabajo penitenciario es limitado o inexistente, lo que impide cualquier esquema real de corresponsabilidad y mantiene a los internos en inactividad forzada.

Cualquier modificación, subrayan, requeriría reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, competencia del Congreso de la Unión, así como ajustes a leyes estatales y lineamientos administrativos. Mientras eso no ocurra, el sistema penitenciario seguirá operando en una zona gris que no resuelve el problema de fondo: un modelo costoso, ineficiente y alejado del objetivo de reinserción social.

El costo oculto: extorsión, miedo y gasto familiar

Además del presupuesto público destinado al sistema penitenciario, existe un costo paralelo que permanece fuera de toda rendición de cuentas: el que asumen las familias de las personas privadas de la libertad. En la práctica, madres, esposas, padres y hermanos terminan cubriendo carencias estructurales del sistema, bajo esquemas marcados por el miedo y la extorsión.

En los centros penitenciarios de Quintana Roo, como en gran parte del país, el acceso a derechos básicos está condicionado por pagos ilegales. No se trata solo de “cuotas” informales, sino de extorsiones directas que, de acuerdo con testimonios y documentación de organismos de derechos humanos, se pagan a custodios o a internos que ejercen control bajo esquemas de autogobierno como ha sido denunciado en múltiples ocasiones por El Despertador, incluso con testimonios de afectados que han llegado a nuestras instalaciones. 

Estos cobros se imponen para permitir el ingreso de alimentos, artículos de higiene, medicamentos o ropa, e incluso para evitar represalias, agresiones o golpizas contra los propios internos o sus familiares durante las visitas.

El gasto invisible se agrava en un contexto de alta precariedad económica. Muchas familias pierden su principal fuente de ingresos tras la detención de un integrante y, aun así, deben cubrir traslados, depósitos semanales, llamadas telefónicas y paquetes de alimentos. La prisión, en los hechos, se extiende hasta los hogares.

Organismos de derechos humanos han advertido que quienes no pueden pagar estas extorsiones quedan en mayor vulnerabilidad: reciben peor alimentación, atención médica deficiente y quedan expuestos a violencia sistemática. La desigualdad económica se convierte así en un factor de supervivencia dentro de la cárcel.

El modelo resulta perverso. Mientras el Estado paga contratos millonarios por la alimentación penitenciaria, las familias siguen llevando comida ante raciones insuficientes o de mala calidad. En este escenario, plantear que las personas privadas de la libertad paguen por sus alimentos, sin erradicar primero la corrupción, el autogobierno y la extorsión, implicaría trasladar aún más el costo de un sistema fallido a quienes ya pagan bajo amenaza.

Ahorro presupuestal vs. derechos humanos 

Aunque no prosperó en el Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa impulsada por la diputada del PAN, América Rangel, detonó un debate nacional sobre quién debe asumir el costo de la manutención de las personas privadas de la libertad. Bajo la consigna “si no trabajas, no comes”, la propuesta planteaba obligar a los internos a laborar y destinar al menos el 10 por ciento de su ingreso al pago de su alimentación, con el argumento de reducir el gasto público y fomentar la corresponsabilidad.

Presentada en febrero de 2025, la iniciativa no avanzó, pero abrió una discusión de fondo sobre el modelo penitenciario, el uso de recursos públicos y los límites entre productividad y derechos humanos. El planteamiento fue duramente criticado por su falta de claridad en los tipos de trabajo, mecanismos de implementación y garantías para evitar abusos.

En contraste, en Quintana Roo la sola posibilidad de un esquema similar fue rechazada de manera tajante. El diputado de Morena, Ricardo Velasco Rodríguez, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la XVIII Legislatura, se pronunció en contra de cualquier modelo que traslade a los internos —o a sus familias— la responsabilidad de cubrir su alimentación.

El legislador recordó que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece como obligación del Estado garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como el acceso al agua potable. Aun frente al alto costo de la manutención penitenciaria, sostuvo que se trata de un asunto de salud pública y no de comodidad.

Velasco advirtió que obligar a los internos a cubrir sus gastos agravaría la precariedad de muchas familias, por lo que dijo estar “absolutamente en contra” de la propuesta. Así, el debate queda marcado por dos visiones opuestas: una enfocada en el ahorro presupuestal y otra que defiende el marco legal vigente, sin explorar alternativas ante la presión financiera del sistema penitenciario.

El contraste es evidente si se considera que en Quintana Roo se destinaron más de 68 millones de pesos para becas universitarias, una cifra menor al costo de alimentar a la población penitenciaria.

Diagnóstico: penales reprobados y derechos básicos en riesgo

De acuerdo con el más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que es del 2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revela que los centros penitenciarios de Quintana Roo operan con deficiencias estructurales que ponen en entredicho cualquier intento de trasladar a las personas privadas de la libertad el costo de su manutención, particularmente el de la alimentación. Si bien de manera general se obtuvo una calificación aprobatoria de 6.54, de los tres penales evaluados, el de Cancún fue reprobado con 5.76 puntos, mientras que Chetumal y Playa del Carmen obtuvieron calificaciones de 6.86 y 7.00, respectivamente.

La cárcel de Cancún concentra los señalamientos más graves: servicios de salud insuficientes, deficiente alimentación y separación entre hombres y mujeres, escasez de programas laborales y de reinserción social, así como mecanismos limitados para denunciar violaciones a derechos humanos. El hacinamiento es crítico: alberga a casi el triple de su capacidad instalada, una situación reconocida por las propias autoridades estatales.

En Chetumal, aunque no hubo reprobación, la CNDH advirtió riesgos de autogobierno, falta de personal de custodia, carencias de insumos médicos y debilidad en los programas de prevención de la violencia. Playa del Carmen, con la calificación más alta, tampoco está exento de problemas: presenta sobrepoblación, deficiencias en salud y alimentación, y una separación inadecuada entre internos sentenciados y procesados.

Este diagnóstico resulta clave en el debate sobre hacer que los reos paguen por su comida. Antes de plantear esquemas de corresponsabilidad, la CNDH evidencia que el Estado aún no garantiza de manera plena derechos básicos como salud, alimentación digna, seguridad y condiciones mínimas de internamiento, obligaciones que siguen siendo irrenunciables conforme a la ley y a los estándares de derechos humanos.

Reinserción: avances anunciados y carencias estructurales

El sistema penitenciario de Quintana Roo arrastra una falla central: la reinserción social. Pese a los programas y acciones que las autoridades exhiben como avances, la falta de un modelo integral y verificable impide que estos esfuerzos se traduzcan en resultados sostenidos.

El discurso oficial destaca la incorporación de estudios universitarios dentro de los centros penitenciarios, programas de capacitación laboral, talleres productivos, actividades deportivas y culturales, así como 14 programas de reinserción social con una duración de tres meses y un alcance estimado de mil 800 personas privadas de la libertad. Estas acciones son presentadas como un cambio de paradigma, orientado a la formación académica y al desarrollo personal.

Sin embargo, en la práctica, estos programas operan de forma fragmentada, temporal y con alcances limitados. No existe un sistema de trabajo penitenciario estructurado que garantice empleo estable, ingresos suficientes ni continuidad laboral. A esta debilidad se suma una carencia crítica: la atención en salud mental. En los centros penitenciarios del estado, el acceso a servicios psicológicos y psiquiátricos es insuficiente para la magnitud de la población interna, lo que limita la capacidad real de los internos para participar de manera efectiva en procesos educativos, laborales o de capacitación.

Esta ausencia impacta directamente en la reinserción social, pues sin atención a trastornos emocionales, adicciones o afectaciones derivadas del encierro, los programas pierden efectividad. Las deficiencias estructurales también se reflejan en los diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que mantienen calificaciones bajas en rubros vinculados a reinserción y condiciones de internamiento.

Así, el problema no es la falta de iniciativas, sino la incapacidad de articular trabajo, educación, salud mental y acompañamiento en una política pública coherente, medible y sostenible.

Entre el discurso legal y la realidad penitenciaria

En Quintana Roo, la posibilidad de que las personas privadas de la libertad contribuyan al pago de sus alimentos no forma parte, al menos de manera explícita, de la agenda gubernamental. La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, reconoce que la sobrepoblación penitenciaria es un problema real y preocupante, pero sostiene que antes de discutir cualquier esquema de corresponsabilidad económica es necesario mejorar las condiciones de los penales y garantizar una reinserción social efectiva.

Sin embargo, su postura contrasta con el limitado conocimiento público que ha mostrado sobre la dimensión real del sistema penitenciario estatal: ha dicho no saber cuántos internos hay ni cuál es el gasto en alimentación, datos clave para evaluar cualquier política pública en la materia.

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el titular Julio César Gómez Torres se centra en el cumplimiento estricto del marco legal, recordando que la Ley Nacional de Ejecución Penal obliga al Estado a garantizar condiciones básicas de vida a quienes se encuentran bajo custodia. “No se trata de pagarle a los delincuentes, sino de cumplir con una responsabilidad legal y de derechos humanos”, afirma.

Aunque jurídicamente correcto, este planteamiento deja fuera del análisis la posibilidad de revisar y adaptar las leyes a nuevas realidades sociales y presupuestales, sobre todo en un sistema penitenciario presionado por la sobrepoblación y los crecientes costos de operación. Gómez Torres reconoce la percepción social negativa sobre la inversión en los centros penitenciarios, pero insiste en que solo adquiere sentido si se orienta a la reinserción y a reducir la reincidencia, destacando avances en infraestructura, gobernabilidad y programas educativos.

No obstante, la distancia entre discurso institucional, desconocimiento de datos clave y la falta de apertura a un debate legislativo más amplio mantiene vigente la discusión sobre modelos alternativos que reduzcan la carga al erario y fomenten una corresponsabilidad real dentro del sistema penitenciario.

Corresponsabilidad penitenciaria: propuestas de El Despertador para un modelo de alimentación sostenible y con enfoque de derechos

No se trata de inventar el agua tibia. Bajo la responsabilidad de un medio que no solo denuncia y exhibe las fallas del sistema penitenciario, sino que también propone rutas viables de solución, El Despertador plantea que el debate sobre la alimentación de las personas privadas de la libertad debe ir acompañado de alternativas concretas, legales y humanas.

El planteamiento de que los internos contribuyan al costo de su alimentación no puede abordarse de manera aislada ni punitiva. Requiere una revisión integral de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de las disposiciones legales complementarias, con el objetivo de garantizar que el Estado no renuncie a su obligación constitucional y que cualquier esquema de corresponsabilidad respete los derechos humanos.

Entre las propuestas que hoy se discuten destacan las siguientes:

• Trabajo penitenciario con corresponsabilidad.

Fortalecer los esquemas de trabajo dentro de los centros penitenciarios permitiría que los internos aporten, de manera voluntaria, un porcentaje de sus ingresos para cubrir parte de su manutención. La medida busca reducir la carga presupuestal y fomentar habilidades laborales para la reinserción social, sin sustituir la obligación del Estado de garantizar una alimentación suficiente, digna y nutritiva.

• Garantizar al menos un alimento diario.

Una propuesta polémica plantea que el Estado asegure, como mínimo, una comida diaria, mientras que, bajo reglas claras y supervisadas, las familias puedan complementar el resto de la alimentación. Aunque genera controversia, el planteamiento abre el debate sobre la sostenibilidad financiera del modelo actual sin vulnerar derechos fundamentales.

• Padrinazgo alimentario.

Este esquema contempla que personas externas cubran una comida diaria para un interno, con la posibilidad de que, al recuperar su libertad, éste retribuya el apoyo mediante trabajo o servicio social. Inspirado en modelos de apoyo comunitario, requeriría controles sanitarios estrictos y una regulación sólida para evitar abusos o intermediarios irregulares.

• Aprovechamiento de excedentes alimentarios.

La propuesta busca recolectar alimentos excedentes de hoteles, restaurantes y otros sectores productivos que actualmente se desperdician, para destinarlos a centros penitenciarios y poblaciones vulnerables. El modelo permitiría reducir el desperdicio y fortalecer la seguridad alimentaria, siempre bajo supervisión sanitaria y logística institucional.

• “Avatar laboral”.

Se plantea permitir que un familiar o persona cercana pueda trabajar legalmente en nombre del interno para cubrir gastos de alimentación o manutención. Este esquema estaría limitado a personas sin sentencia firme o detenidas por delitos no graves, y sujeto a regulación y supervisión estricta.

• Pago de manutención fijado en la sentencia.

Incluir en la condena una cantidad específica destinada a cubrir la alimentación durante el periodo de reclusión, similar a una multa económica, permitiría complementar los recursos disponibles. Esta medida no exime al Estado de su responsabilidad básica, pero fomenta la corresponsabilidad dentro de un marco legal claro.

El Estado no puede trasladar su obligación de alimentar a las personas privadas de la libertad. Sin embargo, sí puede impulsar mecanismos voluntarios, regulados y jurídicamente sólidos que promuevan la corresponsabilidad, el apoyo familiar y la reinserción social, equilibrando la sostenibilidad presupuestal con el respeto irrestricto a los derechos humanos.