CULIACÁN.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le cerró la puerta a una empresa privada para extraer oro y el Cártel de Sinaloa echó a andar el proyecto por su cuenta sin necesidad de permiso alguno y lleva ya dos años explotando la zona minera de San Ignacio, en Sinaloa.
El cártel se adueñó del proyecto privado al que el Gobierno federal le negó los permisos.
El 10 de agosto de 2022, la Semarnat notificó su negativa a Angeles Mine Corp, con sede en Mazatlán y propiedad del empresario Rubén Abraham Reyes Flores, para explotar minerales en la localidad de El Patole.
Argumentó la falta de consultas a comunidades y la existencia de cuatro escritos distintos que rechazaban este tipo de minería, cuya característica principal es la excavación para cribar tierra o arena en búsqueda de metales preciosos.
Pero a finales de ese año, el Cártel de Sinaloa comenzó sus actividades en los 2.5 kilómetros de minería aluvial en la zona de playa, donde hay al menos 100 pozos de entre uno a cuatro metros de profundidad para cribar arena con filtros, y en el proceso deja caer químicos y agua que extrae del mar con mangueras y motores.
Pese a la presencia de surfistas (en su mayoría turistas) y la anidación de tres especies de tortugas marinas, las actividades son toleradas y vistas a cielo abierto o con imágenes satelitales.
Mineros organizados han denunciado que esta actividad ocurre con presiones y amenazas a pobladores y a quienes ejercen la actividad de manera legal, pese a que han presentado denuncias ante autoridades federales que no los han atendido.