Más de 20,000 expedientes con nombres, domicilios y coordenadas geográficas relacionados con casos de homicidio, secuestro y violencia sexual habrían quedado expuestos en foros de ciberdelincuencia
REDACCIÓN
CANCÚN.- Una presunta filtración masiva de información sensible de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO) encendió alertas sobre la seguridad de miles de personas, luego de que el periodista especializado en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor denunciara que más de 20,000 expedientes habrían quedado expuestos tras un ataque informático.
A través de un mensaje difundido en la red social X, el comunicador afirmó que la información vulnerada incluye nombres, domicilios, teléfonos y otros datos personales de víctimas de delitos graves, así como de testigos relacionados con investigaciones de homicidio, violencia sexual, secuestro y presuntos abusos policiales.
Según la denuncia, el ataque habría sido perpetrado por un ciberdelincuente identificado como “Alz-157”, quien obtuvo acceso a bases de datos vinculadas con la Mesa de Homicidios de la Fiscalía General del Estado. Gómez Villaseñor sostuvo que los archivos comprometidos contienen incluso coordenadas geográficas y registros sin mecanismos de cifrado.
El especialista advirtió que la difusión de esa información en foros de ciberdelincuencia podría colocar en riesgo a personas que colaboraron con autoridades ministeriales. “Las células del crimen organizado podrían contar ahora con la inteligencia necesaria para ejecutar tácticas de doble extorsión y represalias”, señaló.
La denuncia también expone presuntas deficiencias en el resguardo documental. De acuerdo con los registros obtenidos, expedientes físicos habrían resultado afectados por las lluvias registradas en junio de 2024.
Entre los datos presuntamente comprometidos figurarían ubicaciones de refugios y casas de atención para mujeres, menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad. El periodista pidió la intervención inmediata de las autoridades estatales ante la posible circulación pública de la información filtrada.
