Cinco jornadas pusieron frente a frente los resultados que presume el Gobierno estatal, las cifras cuestionadas por los diputados y los problemas que esperan una solución
Harold Amábilis
El Quinto Informe de Gobierno llegó al Congreso del Estado después de cinco jornadas de comparecencias en las que los titulares de las dependencias estatales defendieron resultados, inversiones y proyectos ejecutados durante el último año. Las sesiones, de más de ocho horas por jornada, dejaron un balance con avances reportados por la administración, pero también cifras cuestionadas, pendientes abiertos y problemas que siguen presentes en la vida cotidiana de los campechanos.
En esta edición de El Despertador revisamos lo expuesto durante las comparecencias para poner en perspectiva las cifras, los proyectos y las respuestas ofrecidas por el Gobierno estatal, así como los asuntos que continúan sin una respuesta definitiva.
Finanzas y Gobierno | Deuda, recursos y pendientes
El primer día reunió a los titulares de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Administración, Finanzas y Planeación, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Consejería Jurídica. La jornada terminó con cifras sobre deuda, transporte, procedimientos y obras públicas, pero también con asuntos que todavía carecen de respuestas traducidas en fechas, recursos y acciones concretas.
La deuda directa estatal alcanzó mil 965 millones de pesos entre julio de 2025 y junio de 2026. Durante ese periodo, el servicio de la deuda sumó 246 millones, destinados principalmente al pago de intereses y, en menor proporción, a la reducción del capital.
El manejo presupuestal generó otro punto de discusión. Ante el señalamiento de un subejercicio por mil 400 millones de pesos, la Secretaría de Administración y Finanzas explicó que esa cifra no representa un reintegro automático a la Federación y precisó que durante 2025 únicamente fueron devueltos 12 millones. El resto, según lo expuesto, correspondió a recursos comprometidos al cierre del ejercicio o sujetos a reglas específicas. Quedó pendiente conocer cuánto de esos mil 400 millones estaba comprometido y cuánto permanecía realmente en riesgo de no ejercerse.
Respecto al transporte, la defensa del sistema Ko’ox se sustentó en estudios de oferta y demanda, encuestas de origen-destino y análisis de corredores. Las autoridades reportaron 25 rutas, 124 autobuses, cerca de 9.9 millones de ascensos, cobertura de 92 por ciento de la población y un tiempo promedio de espera de 6.21 minutos. Los legisladores contrastaron esas cifras con las dificultades generadas por la reducción de rutas, particularmente para adultos mayores y personas con discapacidad que ahora deben recorrer mayores distancias para llegar a determinados paraderos. La eliminación del cobro por transbordo representará además un impacto financiero estimado en 11.5 millones de pesos al cierre de 2026.
En Candelaria resaltó uno de los pendientes más graves para el sector rural: más de 35 localidades pertenecen jurídicamente a ampliaciones forestales de ejidos de Pomuch y Champotón. Esa situación ha limitado el acceso de las familias a servicios básicos y su regularización requeriría una expropiación estimada en 700 millones de pesos. Mientras concluye el trámite agrario, queda pendiente determinar cómo se garantizarán agua y electricidad a las comunidades afectadas.
En Atasta, la falta de infraestructura eléctrica también ocupó espacio. La ausencia de una subestación provocó en julio de 2025 un bloqueo carretero de nueve días. Inicialmente se contemplaba una aportación estatal cercana a 200 millones de pesos, pero tras las negociaciones la Comisión Federal de Electricidad asumiría el costo. Para agosto de 2026 estaba prevista una reunión entre autoridades federales, agrarias y estatales, a partir de la cual deberá definirse el calendario de ejecución.
En Carmen quedó pendiente la situación del transporte “Amor por Carmen”, cuya operación fue cuestionada ante la presunta falta de concesión. La Secretaría de Gobierno reconoció el señalamiento y sostuvo que mantiene el diálogo para encontrar una solución, aunque sin precisar cuándo deberá regularizarse el servicio.
En combate a la corrupción, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno reportó 830 procedimientos administrativos iniciados, de los cuales 112 habían concluido y 44 derivaron en sanciones. Entre las conductas detectadas destacaron las omisiones en declaraciones patrimoniales, particularmente dentro del sector educativo. El volumen de expedientes abiertos mantiene pendiente conocer la capacidad de la dependencia para resolverlos sin que se acumulen.
La jornada incluyó también la transición hacia el Instituto de Transparencia para el Pueblo de Campeche, que inició funciones el 16 de junio de 2026 luego de las reformas federales. Con este proceso, informó la dependencia, se reanudaron los términos para atender los recursos de revisión pendientes de la extinta COTAIPEC.
Respecto a la economía, la Secretaría de Administración y Finanzas reportó un decrecimiento de tres por ciento del Producto Interno Bruto durante la actual administración y señaló entre los factores la dependencia petrolera y la conclusión del Tren Maya. El desafío planteado es fortalecer actividades capaces de sostener la economía una vez terminada la etapa de grandes obras.
El primer día dejó así un balance marcado por cifras financieras y problemas concretos que siguen presentes en calles, comunidades y municipios.
Obras y Medio Ambiente | Proyectos y pendientes
La segunda jornada dejó un balance de obras, proyectos ambientales e infraestructura, pero también pendientes ligados a la vida cotidiana: problemas en el transporte, un acueducto que todavía espera electrificación, patrimonio deteriorado y afectaciones a la apicultura.
Comparecieron los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (SEDUMOP) y de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (SEMABICCE), quienes respondieron cuestionamientos sobre movilidad, infraestructura, agua, patrimonio, energía y conservación ambiental.
Uno de los anuncios relacionados con el suministro eléctrico fue la permanencia de Campeche en la Tarifa 1F, con el subsidio de verano. También se reportó un avance de 72 por ciento en la construcción de la subestación eléctrica de Atasta, cuya conclusión está prevista para diciembre.
En infraestructura se reportaron trabajos de pavimentación, instalación de paneles solares para bombeo de agua y construcción de domos escolares, mientras la inversión carretera y en caminos fue situada en 570 millones de pesos.
El transporte público concentró parte de la discusión. Los cuestionamientos señalaron la falta de paraderos adecuados y problemas de accesibilidad para adultos mayores y personas con discapacidad. La SEDUMOP explicó que su responsabilidad se limita a la infraestructura física, mientras rutas, validadores, tarjetas, cobros y sanciones corresponden a la Agencia de Transporte del Estado y a la empresa concesionaria. La dependencia informó que está en licitación un proyecto para construir 149 nuevos paraderos.
En cuanto al agua, el acueducto de Hobomó todavía no opera de manera regular porque permanece pendiente la electrificación necesaria para activar el bombeo. Las autoridades señalaron que la infraestructura ha sido probada con plantas de emergencia, pero el funcionamiento permanente depende de los trabajos eléctricos. La fecha planteada para el bombeo regular hacia las redes urbanas es marzo de 2027.
La electrificación resulta indispensable para que una infraestructura construida con 459 millones de pesos cumpla plenamente su función, mientras queda pendiente conocer cómo se atenderán las necesidades de suministro durante el periodo de espera.
Los proyectos ejecutivos también generaron cuestionamientos. La SEDUMOP informó una inversión superior a 17.5 millones de pesos para los proyectos del Centro Cultural Escénico del Foro Ah Kim Pech y Utopías. Los diputados cuestionaron la prioridad de destinar recursos a estudios y diseños mientras persisten necesidades de agua, infraestructura eléctrica, caminos y servicios en comunidades rurales, escuelas y hospitales. La dependencia argumentó que carece de capacidad técnica interna para obras de gran magnitud y que este tipo de proyectos requiere estudios de costo-beneficio. Utopías reportó un avance físico superior al 70 por ciento.
En el terreno ambiental, la SEMABICCE presentó acciones relacionadas con el Corredor Biológico Balam Beh, considerado el primero de su tipo en México, con una superficie cercana a 5 mil kilómetros cuadrados de selva y fauna entre la Laguna de Términos y Calakmul. El reto será contar con indicadores que permitan medir su impacto real en la conservación del territorio.
La situación de las abejas ocupó otro tramo de la comparecencia. En Los Chenes persiste la preocupación por la mortandad de abejas y su posible relación con agroquímicos. La SEMABICCE informó sobre capacitaciones y la instalación de un Comité de Atención a la Mortandad de Abejas. La dependencia puntualizó que la regulación de agroquímicos corresponde a la Federación, mientras el Estado concentra sus acciones en capacitación y coordinación. También explicó que especialistas y apicultores han planteado evitar la expresión “mortandad masiva” por su posible efecto en la imagen comercial de la miel campechana.
El patrimonio histórico apareció como otro frente pendiente. Las autoridades recordaron que los propietarios tienen la obligación de conservar sus inmuebles, pero las intervenciones en zonas protegidas deben cumplir disposiciones patrimoniales y contar con las autorizaciones correspondientes.
Durante una primera etapa de trabajos en la calle 59 se ejercieron 2.1 millones de pesos para intervenir 38 fachadas. También se expuso que la Autoridad del Patrimonio Cultural cuenta con una persona en restauración de bienes muebles, tres en bienes inmuebles y tres en obras públicas patrimoniales.
A ello se suma una partida de 427 mil pesos para “estudios técnicos”, frente al deterioro que persiste en fachadas y monumentos de los barrios tradicionales.
La jornada dejó una fotografía amplia de Obras Públicas y Medio Ambiente: proyectos con porcentajes de avance, inversiones en infraestructura y programas de conservación, pero también asuntos cuya solución depende de fechas futuras, coordinación institucional o decisiones que rebasan las facultades estatales.
Seguridad y Justicia | Operación y rezago
La tercera jornada llevó al Congreso la revisión de la seguridad pública, la procuración de justicia y la protección civil. Comparecieron Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana; Jackson Villacís Rosado, fiscal general del Estado, y Ánuar Dáger Granja, secretario de Protección Civil.
La tasa de homicidios dolosos pasó de niveles de entre 4.0 y 5.8 casos por cada 100 mil habitantes entre 2006 y 2020 a registros superiores a 10 durante los últimos años, mientras el uso de armas de fuego en homicidios y lesiones aumentó más de 140 por ciento. La Secretaría atribuyó parte de esta presión al desplazamiento de grupos delictivos desde estados vecinos y destacó los operativos coordinados con Guardia Nacional, Ejército y Marina.
La operación policial enfrenta además restricciones materiales. La Secretaría informó que dispone de 40 por ciento del presupuesto destinado a combustible, mientras el 60 por ciento restante depende de un donativo de Pemex todavía pendiente. El gasto mensual requerido es de 7 millones 445 mil pesos y, aunque la dependencia aseguró que ninguna patrulla ha dejado de circular, reconoció ajustes en los recorridos para reducir el consumo.
La Fiscalía enfrentó otro de los puntos sensibles: el crecimiento de los expedientes pendientes. Entre 2024 y 2025, las denuncias, querellas y notificaciones aumentaron 24 por ciento, mientras las carpetas de investigación iniciadas pasaron de 12 mil 257 a 4 mil 459. Los expedientes en trámite sin determinación ministerial aumentaron de 7 mil 563 a 25 mil 377. Villacís atribuyó parte de la variación a un cambio metodológico nacional, aunque reconoció que la institución cuenta con apenas 236 profesionales y enfrenta dificultades para retener personal debido a salarios poco competitivos.
El caso de Karina Aurora Díaz Hernández, excandidata a la presidencia municipal de Palizada asesinada el 17 de noviembre de 2025, llevó la discusión a un expediente concreto. Una persona permanece detenida con prisión preventiva oficiosa y la investigación complementaria fue ampliada hasta el 14 de octubre de 2026. En Calakmul, los cuatro asesinatos registrados en mayo mantienen abiertas tres investigaciones.
La Fiscalía también presentó Naat’s, aplicación desarrollada por jóvenes ingenieros de la institución que permite realizar predenuncias y obtener constancias de no antecedentes penales en línea. Durante sus primeras dos semanas emitió más de mil 150 constancias, aunque el rezago de las investigaciones requiere una respuesta vinculada con personal y capacidad ministerial.
La comparecencia incluyó además la clausura preventiva del proyecto habitacional Los Tamarindos, investigaciones por basureros clandestinos, el operativo policial del 8 de marzo y protocolos para mujeres embarazadas sujetas a proceso.
El balance muestra una seguridad con capacidad para responder en el terreno operativo, pero con dificultades para sostener el trabajo que comienza después de una detención. El reto permanece en las oficinas ministeriales, en las carpetas que esperan una determinación y en la necesidad de contar con personal suficiente para que las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias.
Economía, Turismo y Campo | Cifras que preocupan
El cuarto día dejó una pregunta central: ¿qué tanto de lo reportado por el Gobierno se refleja realmente en el campo, el turismo, el empleo y las empresas? Roxana Lizbeth Rivera Peña, secretaria de Desarrollo Agropecuario; Adda del Rubí Solís Peniche, secretaria de Turismo, y Jorge Luis Lavalle Maury, secretario de Desarrollo Económico, enfrentaron cuestionamientos sobre cifras que no siempre coinciden, programas pendientes y sectores que todavía esperan resultados.
Turismo concentró buena parte de la discusión. Solís Peniche informó que se destinaron 17.9 millones de pesos a campañas de promoción y posicionamiento, además del impulso a rutas como Sol y Playa, Maya Colonial y Camino Real. Desde el Congreso, esas acciones fueron confrontadas con cifras del INEGI y de la Cuenta Pública que reportan una caída cercana a 121 millones de pesos en la derrama turística entre 2024 y 2025, además de diferencias en los registros de visitantes.
La comparecencia tuvo un momento de tensión cuando la diputada Mónica Fernández Montúfar cuestionó a Solís Peniche sobre su desempeño. La funcionaria reconoció que no tenía experiencia previa en el sector turístico y rompió en llanto durante su intervención. Frente a las críticas, sostuvo que compensa esa falta de experiencia con dedicación al trabajo, bajo la premisa de que “el turismo no duerme”.
En Calakmul, hoteleros han señalado dificultades frente a la oferta relacionada con el Tren Maya, mientras la Secretaría expuso acciones de promoción y turismo comunitario. También quedaron sin respuesta definitiva asuntos como la reapertura de la zona arqueológica de Jaina, la recuperación del acceso a las Grutas de Xtacumbilxunaán y el desglose del gasto destinado a la estrategia de posicionamiento turístico.
En empleo, la Secretaría de Desarrollo Económico presentó 16 proyectos empresariales e inversiones estratégicas con una expectativa superior a 20 mil empleos directos e indirectos, mientras desde el Congreso se citó información del IMSS que registra la pérdida de 10 mil 681 plazas formales entre julio de 2025 y julio de 2026. A ello se sumó el señalamiento de que la informalidad alcanza al 60 por ciento de la población trabajadora.
En Ciudad del Carmen, la discusión se concentró en los proveedores de Pemex. Aunque se reportaron avances en pagos a proveedores directos, permanecen adeudos de ejercicios anteriores que afectan a más de 100 pequeñas y medianas empresas relacionadas con más de 400 familias. El problema también alcanza a proveedores indirectos, dependientes de grandes compañías contratistas.
La actividad portuaria abrió otro frente. APICAM fue señalada por sus ingresos, el destino de sus recursos y el hallazgo de 8 millones de pesos en efectivo en el domicilio de un familiar de su director, respecto del cual durante la comparecencia se expusieron versiones distintas sobre su procedencia. Al mismo tiempo, se informó de 208 millones de pesos destinados a obras de modernización en los puertos de Isla del Carmen, Seybaplaya y Lerma.
En el campo, las diferencias aparecieron incluso dentro del informe oficial: el documento señala la rehabilitación de 314.3 kilómetros de caminos sacacosechas, mientras una tabla registra 150 kilómetros. También se reportaron más de 8 mil solicitudes pendientes de pozos, jagüeyes y caminos.
Los problemas productivos aparecieron en situaciones concretas. En Candelaria, el centro de acopio lechero enfrenta fallas eléctricas, un tanque de enfriamiento averiado y falta de un sistema propio de agua potable, pese a recibir alrededor de 118 mil litros de leche al mes. En Suc Tuc y Ukum se reportaron 18 apiarios afectados, 278 colmenas intoxicadas y 54 colonias muertas, mientras continúan los análisis para determinar las causas.
Bienestar, Salud y Educación | Programas bajo revisión
La última jornada enfrentó una versión del bienestar estatal hecha de presupuestos, programas y metas cumplidas con otra marcada por escuelas sin agua, medicamentos que llegan tarde, comunidades sin especialistas, jóvenes que dejaron de aparecer en los padrones de atención y proyectos cuya utilidad genera preguntas.
El secretario de Salud, Orlando Jesús Alvarado Rivadeneyra, reportó que los 36 menores atendidos en oncología pediátrica tienen garantizados sus tratamientos y explicó que se recurrió a un fondo emergente de 1.5 millones de pesos ante faltantes de medicamentos. También reconoció retrasos en fármacos para el manejo del dolor, entre ellos buprenorfina y tapentadol, derivados de los procesos de compra consolidada.
En Calakmul, en José María Morelos y Pavón permanece el desperfecto de una ambulancia, mientras Xpujil enfrenta falta de especialistas en ginecología y anestesiología. La explicación fue la dificultad para conseguir médicos dispuestos a radicar en la región, por lo que se planteó recurrir temporalmente a otra unidad y gestionar alternativas con el IMSS-Bienestar.
En Educación, el secretario Candelario Jesús Pacheco Pacheco informó una inversión de 438 millones de pesos para 646 planteles, además de 150 nuevas plazas docentes y acciones de rehabilitación. Sin embargo, 81 escuelas todavía carecen de agua potable, 73 de ellas ubicadas en Calakmul, principalmente en comunidades rurales sin cobertura de la red municipal.
La dependencia también explicó la reducción de grupos en preescolar y primaria por la disminución de la matrícula asociada con la baja natalidad, mientras reconoció rezagos entre personas adultas que aún no saben leer y escribir. En materia de seguridad escolar, informó sobre protocolos activados ante amenazas y agresiones difundidas en redes sociales.
Desde Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo defendió los resultados de los programas sociales con base en los indicadores oficiales de pobreza, cuya medición se realiza cada dos años. Ante el cuestionamiento sobre cuántas familias habían dejado esa condición como resultado directo de los apoyos, no presentó una cifra específica y se remitió a los registros disponibles, que reportan una reducción cercana al 3 por ciento en pobreza extrema y de casi 8 por ciento en pobreza.
En vivienda, Hinojosa informó que Los Tamarindos, con 303 viviendas en el municipio de Campeche, retomó trabajos después de una suspensión de tres meses y que la entrega está prevista entre diciembre y enero. Más de 9 mil familias se registraron en la capital para acceder a una vivienda, frente a una meta estatal de hasta 30 mil acciones habitacionales.
En Inclusión, Ana Alicia Mex Soberanis informó sobre capacitaciones a operadores de Ko’ox para atender a personas con discapacidad motriz y anunció una campaña monolingüe dirigida a comunidades originarias. También precisó que la operación del transporte corresponde al ARTEC, una distribución de responsabilidades que mantiene pendiente la coordinación para atender las barreras que enfrentan algunos usuarios.
El Instituto de la Juventud aportó uno de los episodios más cuestionados. Su director, Guillermo “Memo” Novelo, no acudió a la comparecencia y fue representado por su secretario técnico. Días después explicó que no asistió porque se sentía mal y sostuvo que la legislación permite responder por escrito los cuestionamientos del Congreso.
La ausencia coincidió con dudas sobre los resultados del instituto. Los registros presentados muestran que la atención pasó de 25 mil jóvenes en 2022 a 5 mil en 2025, mientras la Tarjeta Jaguar descendió de mil 889 beneficiarios a ninguno y los espacios Voluntad Joven quedaron en cuatro municipios. La dependencia atribuyó los cambios a nuevos mecanismos de control y a una reorientación de los programas.
En Cultura, la directora del Instituto de Cultura explicó que de los 42.5 millones de pesos previstos para servicios oficiales, una parte se destina a festivales, agrupaciones artísticas y actividades culturales. La escultura Jaguar Monumental, con un costo de 1.6 millones de pesos, fue cuestionada por el gasto, mientras la funcionaria señaló que su instalación temporal contó con autorización de las instancias correspondientes.
También explicó que los proyectores utilizados en el antiguo videomapping quedaron obsoletos y que el espacio fue adaptado para nuevos contenidos digitales, aunque durante la sesión no se precisó el destino de algunas piezas retiradas.
En salud mental, hasta la semana epidemiológica 30 se habían registrado 54 suicidios y Campeche contaba con 2.5 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, frente a una referencia internacional de 11. La Secretaría planteó crear un Centro Estatal de Salud Mental y Adicciones y reconoció que, de los 34 centros de rehabilitación registrados, únicamente uno cumple con el porcentaje requerido para acreditación.
En deporte, el INDECAM reportó 16.7 millones de pesos para infraestructura, incluidos trabajos en la techumbre de la alberca olímpica y la climatización del gimnasio Manuel Prego Galera. Al mismo tiempo, destinó alrededor de seis millones de pesos a la transmisión pública de 40 partidos del Mundial de 2026, decisión cuestionada frente a las necesidades de becas y estímulos para atletas de alto rendimiento.
Lo que queda después de las comparecencias
Las cinco jornadas dejaron un ejercicio de rendición de cuentas atravesado por una tensión difícil de ignorar. El Gobierno presentó avances, inversiones y resultados; el Congreso puso bajo revisión sus cifras, alcances y asuntos pendientes. De ese intercambio queda una conclusión menos cómoda que cualquier balance de obras o presupuestos: presentar resultados no equivale, por sí mismo, a demostrar su impacto.
El valor de las comparecencias estará en lo que ocurra después. Las cifras cuestionadas tendrán que aclararse, los compromisos comprobarse y las respuestas pendientes traducirse en acciones verificables. De poco serviría que el ejercicio terminara convertido en una colección de intervenciones, documentos y promesas si las dudas planteadas durante cinco días vuelven a aparecer intactas en el siguiente informe.
El Quinto Informe deja una administración con argumentos para defender su gestión, pero también con asuntos que requieren seguimiento. La última comparecencia, correspondiente al Sexto Informe y también la última de esta administración, tendrá una diferencia sustancial: ya no habrá otro ejercicio posterior para trasladar indefinidamente las explicaciones. Será entonces cuando pueda medirse con mayor claridad qué quedó resuelto, qué quedó pendiente y cuánto de lo anunciado terminó convirtiéndose en resultados.
La pregunta final no será cuántas cifras se presentaron, cuántos proyectos se anunciaron o cuántas explicaciones se ofrecieron, sino cuánto de todo ello logró modificar la realidad que las propias comparecencias pusieron bajo la lupa.