Diversos colectivos y legisladores han intensificado sus esfuerzos por proteger a las abejas, esenciales para la biodiversidad y la economía local. El Colectivo Maya de Los Chenes, la Alianza Maya por las Abejas Kaabnaloón y el Centro de Derechos Humanos Utsik Kuxtal pidieron a las autoridades acatar los amparos federales que prohíben el uso de agrotóxicos y las fumigaciones aéreas, y que promueven la restauración de áreas afectadas por la deforestación. Esta medida se respalda por la jueza federal Mónica Vianey Perera Gutiérrez, quien subraya el papel ecológico y cultural de las abejas y ordena protegerlas como sujetos de derechos.
Según Jaime González, del Colegio de la Frontera Sur, se ha documentado la muerte de al menos 6,000 colmenas en 2023 y 2024, resultando en pérdidas superiores a 13 millones de pesos y afectando el medio ambiente. El uso de plaguicidas como fipronil y neonicotinoides ha devastado comunidades como Ich EK y Suc Tuc en Campeche y Tizimín, Yucatán. Además, la contaminación de mantos freáticos es otro impacto preocupante.
En Ciudad de México, la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados también abordó la crisis, exigiendo a la Secretaría de Agricultura frenar el exterminio de abejas en Hopelchén. El diputado Emilio Lara Calderón destacó la importancia de la apicultura, una actividad fundamental para la economía y la agricultura. Los legisladores subrayaron que la polinización realizada por las abejas es clave para la producción de alimentos y la generación de ingresos, señalando la urgencia de regular el uso de pesticidas que afectan tanto a las abejas como a la salud de los habitantes de la región.