CHETUMAL.- Durante el primer periodo del segundo año de la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, la mayor parte de los decretos aprobados tuvo su origen en iniciativas presentadas por los ayuntamientos y el Poder Ejecutivo estatal, de acuerdo con un análisis difundido por el Observatorio Legislativo de Quintana Roo.

El informe detalla que, de un total de 55 decretos aprobados en ese lapso, 39 derivaron de propuestas impulsadas por instancias municipales y el Ejecutivo, lo que representa el 71 por ciento del total. En contraste, 15 decretos, equivalentes al 25%, fueron promovidos directamente por diputadas y diputados locales, mientras que dos más, el 4%, tuvieron su origen en iniciativas del Congreso de la Unión.

Según el análisis, el periodo evaluado comprendió 34 sesiones legislativas, en las que se presentaron 85 iniciativas. No obstante, el Observatorio precisó que no todas las propuestas se tradujeron en decretos, ya que la presentación de iniciativas y la aprobación de decretos corresponden a etapas distintas del proceso parlamentario.

En cuanto al contenido de los decretos aprobados, la materia fiscal concentró la mayor proporción, con 32 disposiciones, lo que equivale al 58% del total. El resto se distribuyó entre reformas a leyes estatales, disposiciones en materia cultural, creación de nuevas leyes, reformas constitucionales y nombramientos.

Entre las nuevas leyes aprobadas durante este periodo destacan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo y la Ley para prevenir, investigar y sancionar los delitos de extorsión, ambas presentadas por el Poder Ejecutivo.

El desglose por origen señala que 22 decretos fueron promovidos por ayuntamientos, 17 por el Ejecutivo estatal, 15 por legisladores locales y dos por instancias federales, lo que, de acuerdo con el Observatorio Legislativo, refleja una dinámica con fuerte participación de los gobiernos municipales y estatal en la agenda normativa.

El organismo subrayó que este tipo de ejercicios permite identificar el origen de las decisiones legislativas que impactan en la vida pública del estado y ofrece elementos para el seguimiento ciudadano del trabajo del Congreso local. (Con información de Agencia SIM)