A partir del 1 de septiembre de 2025, la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), electa por voto popular, deberá resolver asuntos de gran impacto político, social y económico. Entre los casos destacan amparos promovidos por el empresario Ricardo Salinas Pliego y su empresa Elektra, así como recursos contra las reformas aprobadas en el llamado “viernes negro” y la ley de amnistía que otorga facultades directas al presidente para concederla.
Los amparos de Salinas Pliego se refieren a presuntos adeudos fiscales que suman miles de millones de pesos y a la impugnación de artículos de la Ley de Instituciones de Crédito y de Mercado de Valores relacionados con la inteligencia financiera. Grupo Elektra enfrenta créditos fiscales por más de 34 mil millones de pesos, asuntos que también serán analizados por la Corte.
Respecto a las reformas del “viernes negro” —20 cambios legales aprobados aceleradamente en abril de 2023 sin la presencia de la oposición—, la Corte deberá decidir sobre acciones de inconstitucionalidad relacionadas con leyes en materia de comunicación, transporte, ferrocarriles y seguridad social.
Además, el máximo tribunal revisará la legalidad de la reforma a la Ley de Amnistía publicada en 2020 y modificada en 2024 para permitir al Ejecutivo federal conceder amnistía directa. La oposición presentó una acción de inconstitucionalidad que denuncia que esta reforma vulnera la separación de poderes y los derechos de las víctimas.
Estos temas llegan en un contexto político complejo, con una Corte reducida a nueve ministros y nuevas reglas que limitan el alcance de los amparos. La resolución de estos casos marcará la ruta jurídica y política de México en los próximos años. (Con información de Animal Político)