Con tarifas entre las más altas del país, Yucatán ocupa el último lugar nacional en calidad del servicio eléctrico, mientras la demanda crece a un ritmo acelerado y la infraestructura acumula décadas de abandono federal
EDUARDO MAY
Sin energía no hay desarrollo; sin el componente energético que mueva las fábricas, poco o nada se puede hacer. El desarrollo económico de la Península de Yucatán presenta un rezago importante por falta de energía eléctrica suficiente que permita avanzar hacia un crecimiento sostenido para las empresas y la población en su conjunto.
“En Yucatán la luz no se va, a veces viene”, ironizó un legislador en la tribuna del Congreso del Estado hace apenas unos meses, señalando de manera significativa el problema de los apagones, las sobrecargas de energía, las variaciones bruscas y las intermitencias en el servicio que ofrece el monopolio federal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Y es que Yucatán ocupa el último lugar nacional en satisfacción, apagones y estabilidad del voltaje, según el INEGI. Seis de cada 10 yucatecos reprueban el servicio de energía eléctrica que presta “la Comisión”. Solo el 52.2 por ciento de la población del estado lo califica favorablemente, el porcentaje más bajo del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, publicada por el INEGI en mayo de 2026.
En tanto, la media nacional de aceptación es de 74.5 por ciento. Yucatán se encuentra 22 puntos por debajo. Esto se refleja en que la entidad ocupe el último lugar en tres indicadores clave. La dependencia federal se ha olvidado de la competitividad y de la relación precio-servicio, pues nunca ha tenido competencia; el monopolio federal ha arrinconado al usuario bajo la consigna de la “soberanía energética nacional”.
La encuesta del INEGI no solo midió la satisfacción general, sino que evaluó también si el servicio es continuo y estable, además del tiempo de recuperación tras un corte de suministro. Así, en las tres categorías Yucatán ocupa el último sitio entre las entidades del país.
Solo el 77.9 por ciento de los yucatecos dijo no sufrir apagones frecuentes, mientras que el promedio nacional es de 92.7 por ciento. En otras palabras, uno de cada cinco hogares en el estado convive con cortes regulares de energía.
Sin explicación oficial en la mayoría de los casos, la empresa pública no responde sobre las causas de los cortes, intermitencias o apagones. El problema de las variaciones de voltaje es aún más severo. Solo el 70.0 por ciento evalúa el servicio como estable, el porcentaje más bajo del país, mientras que la media nacional es de 87.2 por ciento.
La población se queja de equipos eléctricos dañados y electrodomésticos quemados; además, existen riesgos para negocios y hogares como consecuencia directa de un voltaje irregular, sin que la paraestatal asuma responsabilidad por los daños ocasionados a particulares y empresas.
Pérdidas incalculables
Reportes ofrecidos por empresas locales indican que no existen datos consolidados en Yucatán sobre el impacto económico ocasionado por los cortes, variaciones o intermitencias del suministro eléctrico. Sin embargo, tan solo en marzo pasado se presentó un apagón en Mérida que dejó pérdidas estimadas en 400 millones de pesos, tras un corte de cinco horas en la zona de industrias no contaminantes al norte de la ciudad, donde operan maquiladoras y ensambladoras de equipos electrónicos.
El tercer indicador de la medición del INEGI corresponde al tiempo de recuperación del servicio doméstico, factor que más afecta y molesta a la población. Así, solo el 30.5 por ciento de los yucatecos considera que el suministro se restablece de manera inmediata cuando ocurre un corte. A nivel nacional, ese porcentaje es de 60.9 por ciento, el doble.
En este renglón, Tabasco es el único estado con un resultado peor, con 26.9 por ciento. El resto del país espera menos; Yucatán no. Cuando la luz regresa, tarda demasiado.
El problema de la falta de suministro eléctrico no es nuevo. Los primeros indicios aparecieron hace más de 12 años. Informes gubernamentales de distintas administraciones estatales dan cuenta de ello y de las posibles propuestas y soluciones que los sectores económicos han planteado de manera insistente ante esta problemática.
Con ello, el crecimiento urbano tanto de Yucatán como de Quintana Roo y Campeche ha provocado que el rezago aumente sin que el gobierno federal apueste por resolver el problema, sumando además tarifas elevadas y costos de producción superiores a los de otras regiones, lo que impacta la competitividad empresarial, pero sobre todo el bolsillo de los usuarios.
Los resultados de la ENCIG 2025 no representan una sorpresa para quienes viven en la región: son la confirmación estadística de una queja cotidiana. Las cifras de la misma encuesta muestran que los tres indicadores de calidad eléctrica cayeron respecto a 2023 en todo el país, lo que refleja un deterioro generalizado. En Yucatán, ese deterioro es el más profundo.
La electrificación en Yucatán
En los albores del siglo XX, múltiples productos y servicios fueron entendidos como símbolos de la llegada del progreso a América Latina. Uno de ellos fue la energía eléctrica. Siendo Yucatán una de las regiones más cercanas culturalmente a Europa y, al mismo tiempo, una de las más alejadas del poder central, la élite empresarial impulsó una economía industrial primaria.
El auge económico del henequén durante las dos últimas décadas del siglo XIX permitió dar una nueva dimensión a Mérida, manteniendo la influencia del ideal europeo, según describe la investigadora Alma Durán-Merk en su estudio “Imaginando el progreso: la empresa eléctrica Siemens & Halske en Mérida, Yucatán, México”.
“En realidad, la electricidad estuvo disponible desde 1882 en ciertas calles de la capital yucateca… Por su ubicación geográfica, la Península estaba incomunicada por tierra con el centro; dadas sus limitadas riquezas naturales, no sería sino hasta 1880, cuando inició el boom del henequén, que el área cobraría importancia a nivel nacional e internacional”, suscribe.
“Los imaginarios sociales cultivados por las élites meridanas posicionaron a la tecnología, la arquitectura, el arte y la literatura europeas como modelos a seguir, minimizando las diferencias culturales que separaban al viejo mundo de la realidad yucateca”.
Durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz y la administración estatal del empresario Olegario Molina Solís —entre 1902 y 1908— se logró establecer el cableado eléctrico en el centro de la ciudad, dando paso a la iluminación de la Plaza Grande y de las primeras calles de Mérida, explica el documento.
“El primer sistema de alumbrado público de Mérida empezó a operar en 1789; consistía apenas en cuatro unidades ubicadas en la Plaza Grande. Hasta mediados del siglo XIX puede hablarse de una relativa similitud de condiciones para sus habitantes, ya que tanto la iluminación de las viviendas como la de algunas calles principales se realizaba con velas y lámparas de aceite de higuerilla o de cebo”, apunta la investigación.
“Fue hacia la década de 1860 cuando en algunas partes del centro de Mérida se instalaron los primeros faroles de petróleo, llamados popularmente ‘de aceite de carbón’. Algunos yucatecos con mayores recursos comenzaron a utilizar quinqués de vidrio importados, mientras que otros continuaron usando lámparas de barro o de hojalata”, agrega la publicación.
“Mientras tanto, en el Yucatán rural predominaban las velas y el aceite de higuerilla, ambos generalmente de producción local. La fuerza para movilizar equipos de producción era generada por personas o mediante tracción animal”, especifica.
Ya desde entonces, los medios de comunicación comenzaron a publicar artículos que reflejaban una importante inconformidad con el servicio eléctrico, debido a que el cableado solo alcanzaba algunas zonas de la ciudad y la economía dependía por completo de la exportación del henequén, actividad que requería maquinaria eficiente para procesar la fibra. Era necesario electrificar bodegas y oficinas en Mérida, así como haciendas y el recién inaugurado puerto de Progreso.
Así fue como estos frentes argumentativos —progreso económico, avances urbanos y bienestar doméstico— crearon el binomio “electricidad-modernidad”. Hacia 1880, el gobierno local ofreció incentivos para empresarios que introdujeran energía eléctrica. El primer beneficiado con concesiones, exenciones fiscales y contratos fue Leopoldo Albertos, quien importó un motor accionado por vapor en 1883.
Este equipo fue instalado en los patios del Palacio Municipal y apenas generaba suficiente energía para abastecer seis lámparas que iluminaban durante tres horas la Plaza Mayor, y únicamente en noches sin luna. El servicio, como puede entenderse, era muy limitado.
De esta manera, el gobierno otorgó nuevas concesiones y dos empresarios invirtieron en equipos adicionales: Miguel Espinosa Rendón, quien contrató a la empresa estadounidense Thompson Houston International Electric Company para realizar las instalaciones básicas del servicio. La planta fue inaugurada en 1892 y quedó bajo la administración de Espinosa Rendón y sus hijos Miguel y Manuel Espinosa Espinosa.
Los servicios iniciales apenas alcanzaban para alimentar cuatro calles de la ciudad con algunos focos eléctricos de arco voltaico. Mérida quedó completamente iluminada hasta 1978, cuando ya se había consolidado el dominio de la CFE. En cuanto a otras poblaciones, Valladolid, Tizimín, Progreso y Tekax fueron electrificadas durante la década de 1940; otras localidades menores tuvieron que esperar casi diez años más para acceder al servicio eléctrico.
Crecimiento de la demanda energética
Factores ambientales, como el cambio climático y los registros de temperaturas superiores al promedio en los últimos años; el crecimiento urbano y la expansión industrial en Yucatán; el desarrollo turístico de Quintana Roo y la demanda de servicios en Campeche derivada del crecimiento poblacional están presionando una infraestructura eléctrica que se encuentra desfazada respecto al desarrollo de la región.
Y es que la Península de Yucatán vive una paradoja energética: a pesar de ser una de las regiones con mayor dinamismo económico y poblacional, la red eléctrica controlada por la CFE presenta un rezago estructural de casi 15 años. Esta situación está frenando el desarrollo de distintos sectores económicos que demandan más energía, un suministro seguro y continuo, además de tarifas competitivas respecto a otras zonas del país.
Esta situación ha derivado en apagones masivos y pérdidas económicas considerables en toda la Península de Yucatán, afectando a cientos de empresas en los tres estados, lo que exige medidas inmediatas. La crisis energética de Yucatán, Campeche y Quintana Roo no es un problema del futuro; es una realidad del presente cuya responsabilidad recae en el gobierno federal.
De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2024–2038, la Península de Yucatán encabeza el crecimiento del consumo energético en el país, con un aumento anual de 10.2 por ciento.
Este crecimiento obedece a múltiples factores: la migración derivada de la violencia e inseguridad en entidades del centro y del Istmo; las oportunidades laborales en Yucatán y Quintana Roo; el incremento de la actividad turística, comercial y de servicios en los tres estados; la diversificación industrial en Yucatán y Campeche; así como la expansión de zonas habitacionales y desarrollos inmobiliarios asociados al crecimiento poblacional.
A ello se suma el incremento de temperaturas durante los meses críticos de calor, la mayor demanda de equipos de refrigeración tanto domiciliarios como empresariales y nuevas inversiones en centros logísticos, plantas industriales y parques tecnológicos.
Esta situación no ha sido acompañada por una planeación y modernización proporcional de la infraestructura eléctrica, generando un rezago que se hace evidente en los momentos críticos del periodo marzo-septiembre en la región peninsular.
Actualmente, Yucatán, Campeche y Quintana Roo consumen alrededor de 2 mil 416 MW, pero solo cuentan con una capacidad instalada cercana a mil 818 MW, según datos de la CFE al cierre de 2024. Para cubrir la demanda restante, la energía debe trasladarse desde otras regiones del país mediante una sola línea de transmisión de 400 kV, generando un importante cuello de botella.
Los registros de la CFE advierten que durante mayo y junio de 2024 y 2025 la situación llegó a un punto crítico. Las temperaturas superaron los 45 °C, provocando un pico de consumo energético con consecuencias evidentes: apagones continuos y cortes programados, sobrecarga de transformadores y múltiples fallas en la infraestructura.
Los registros detallan que se acumularon cerca de 50 interrupciones eléctricas en Mérida durante mayo de 2025, según reportes ciudadanos y medios locales. Los impactos económicos y sociales fueron severos; la saturación energética no solo afectó a miles de hogares en los tres estados, sino que generó pérdidas importantes para empresas que no fueron cuantificadas adecuadamente.
El problema afectó a micro y pequeñas empresas, equipos médicos de hospitales públicos y privados, maquinaria industrial del sector comercial y electrodomésticos que sufrieron daños importantes.
Según se estima, cada interrupción en el suministro representa un golpe a la productividad, la salud, la seguridad y el bienestar de la población.
Es importante destacar que hasta la década de 2010 la CFE vendía energía eléctrica a Belice gracias al excedente de producción disponible; para 2024 el suministro al vecino país se mantuvo, aun cuando la región peninsular enfrentaba restricciones.
Las tarifas más caras del país
La Península de Yucatán paga desde hace más de tres lustros algunas de las tarifas eléctricas más altas del país. Las condiciones de sobrecosto para la región, muchas veces subsidiadas en el centro del país, responden a criterios aplicados por la Secretaría de Hacienda, que determina estas tarifas anualmente.
Según la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Yucatán (Canacintra), la falta de planeación, sistematización, mantenimiento y equipamiento en el Sistema Interconectado Peninsular (SIP) presenta un rezago importante. Esto obliga a mantener altos costos de distribución y suministro de energía eléctrica en la Península de Yucatán, convirtiéndola en una de las regiones más caras del país.
De acuerdo con registros de la CFE, la producción de energía para la región tiene un costo de 107 dólares por megavatio, equivalentes a aproximadamente 2 mil 75 pesos al tipo de cambio actual.
Desde hace 19 años, el sector empresarial yucateco ha demandado a las autoridades estatales y federales un equilibrio en las tarifas nacionales, debido a que los sobrecostos aplicados a las tarifas domiciliarias e industriales repercuten en la productividad, los costos operativos y la eficiencia de las empresas.
La propia cámara empresarial ha señalado que el precio de la energía en Mérida y ciudades como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal es uno de los más altos del país, solo por debajo de Los Cabos, Baja California Sur, de acuerdo con un estudio elaborado por la empresa Energía Renovable de la Península.
En este sentido, el sector empresarial yucateco presentó desde 2016 una serie de propuestas orientadas a buscar la independencia energética regional y las autoridades estatales plantearon el desarrollo de 29 proyectos internacionales con tecnología fotovoltaica y aerogeneradores.
La iniciativa, que permaneció vigente hasta 2019, planteaba inversiones privadas por cerca de 2 mil 300 millones de dólares en 29 propuestas energéticas que permitirían la autosuficiencia del estado y la posibilidad de distribuir energía hacia Quintana Roo y Belice.
Desde hace dos décadas, el sector empresarial yucateco ha solicitado a las autoridades estatales y federales un equilibrio tarifario, debido a que los sobrecostos en las tarifas domiciliarias e industriales repercuten en la productividad, el precio final para el consumidor y la eficiencia empresarial.
Sin embargo, la negativa federal a aprobar proyectos ecológicos derivó en la construcción de dos plantas de generación eléctrica: Mérida IV y Valladolid III, que debieron entrar en operación en 2024 y 2025, respectivamente, pero acumularon retrasos cercanos a dos años.
Aunado al rezago energético de la región peninsular, el crecimiento poblacional de Mérida, Cancún, Playa del Carmen, Tulum y al menos ocho municipios yucatecos —Progreso, Motul, Valladolid, Tizimín, Ticul, Tekax, Umán y Kanasín— está provocando sobrecargas por sobredemanda durante las horas pico.
Estas fallas constantes y apagones prolongados afectan al sector industrial, comercial y de servicios, además de miles de viviendas.
Cabe recordar que el límite de alto consumo se define para cada localidad según la tarifa en la que se encuentre clasificada. En el caso de Yucatán, el registro corresponde a las categorías 1B, 1C y 1D, con consumos de entre 850 y 2 mil kilowatts-hora al mes, estableciendo que a mayor consumo mayor es la tarifa aplicada por el monopolio gubernamental.
Un informe emitido por la Subsecretaría de Energía del gobierno yucateco durante la pasada administración estatal detalló que actualmente Yucatán recibe entre 60 y 70 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de una capacidad total de distribución de 250 millones, es decir, apenas el 28 por ciento, por lo que el uso de combustóleo o diésel incrementa el costo del kilowatt-hora, además de representar una alternativa menos amigable con el medio ambiente.
Según el informe, el Sistema Interconectado Peninsular está compuesto por generación local que representa 2 mil 347 megawatts de capacidad instalada; sin embargo, el rezago actual obedece a la falta de energía suficiente para abastecer toda la cadena productiva y a la fuerte demanda provocada por la temporada de calor.
El documento también advierte que, aunque la CFE dispone de 2 mil 347 KW/H instalados en sitio, las condiciones de algunas plantas —por antigüedad, falta de mantenimiento y limitaciones de combustible— reducen la capacidad efectiva a 948 KW/H. Por ello, para cubrir la demanda deben utilizarse las líneas de transmisión provenientes de Chiapas y Tabasco, las cuales acumulan una década sin mantenimiento.
De la vanguardia al rezago
Datos de la Enciclopedia Yucatanense detallan que, en 1882, Mérida se convirtió en una de las primeras ciudades del país con luz eléctrica gracias al auge henequenero, que impulsó su modernización y al empuje de empresarios que lograron traer la primera unidad generadora de energía a vapor. Para 1892, Mérida ya contaba con un cableado eléctrico que abarcaba varias manzanas del Centro Histórico y se extendía hasta la zona norte de la ciudad, en el barrio de Santa Ana.
En 1899 fue creada la Compañía Yucateca de Luz y Fuerza Eléctrica, S.A., siendo Rafael Peón Losa presidente de la empresa y Manuel Peón Cetina su gerente, convirtiéndose en la primera compañía eléctrica del país.
Según detalla la propia Enciclopedia, “el centro de la ciudad de Mérida contaba entonces con 150 focos de luz eléctrica de arco voltaico y el resto de la ciudad se hallaba iluminado durante la noche por 560 faroles de petróleo”.
Para 1901 la empresa incorporó nuevo equipo adquirido a Siemens Halske A.G., de Berlín, Alemania, e inaugurado el 31 de agosto de ese año, después de una costosa instalación subterránea de cables. El servicio no solo estaba destinado al alumbrado público, sino que también abastecía de energía a casas particulares, comercios, oficinas y talleres.
A partir de entonces, Mérida y sus colonias disfrutaron del servicio eléctrico, impulsado además por la aparición de los primeros radios y radiodifusoras, situación que convirtió en símbolo de estatus para muchos meridanos contar con energía eléctrica y un aparato de radio para escuchar música y programas tanto en español como en inglés gracias a las frecuencias de onda corta.
El 14 de agosto de 1937 el gobierno federal creó la Comisión Federal de Electricidad, cuyo objetivo sería organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basado en principios técnicos y económicos, sin fines de lucro y orientado a obtener el mayor rendimiento posible en beneficio del interés general. La ley fue promulgada en Mérida el 14 de agosto de 1937 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de ese mismo año.
El 27 de septiembre de 1960 el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica con el propósito de aumentar el nivel de electrificación, ya que en ese momento solo el 44 por ciento de la población nacional contaba con energía eléctrica.
Si bien el servicio eléctrico nacional ha crecido, las plantas generadoras de fabricación estadounidense y alemana han sido las predominantes en el país, utilizando inicialmente vapor, después carbón y actualmente combustibles fósiles. Aunque la CFE construyó la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz, en 1976, su participación dentro del sistema nacional ha sido limitada.
Gas natural para la producción de energía
A raíz de la contaminación generada por las plantas que operan con combustóleo, el gobierno federal y la paraestatal definieron como alternativa el uso de gas natural importado desde Texas, esquema que comenzó a operar hace dos décadas principalmente en las plantas del centro del país, donde se completó la red de distribución mediante ductos.
Sin embargo, la región peninsular volvió a quedar relegada, por lo que, a petición de la iniciativa privada yucateca, se desarrolló un primer ducto desde Tuxpan hacia Mérida, denominado “Cuxtal I”, que distribuye alrededor de 250 millones de pies cúbicos para la región, destinándose aproximadamente el 90 por ciento para la CFE y el restante 10 por ciento para empresas locales.
La postergación de la diversificación energética en la zona peninsular iniciada en 2017, así como la construcción de las plantas Mérida IV y Valladolid III, obligaron a incrementar el volumen de gas natural bombeado desde Texas, distribuido en Tuxpan y enviado hacia Yucatán. Se espera que para 2028 concluya la red de distribución, lo que permitiría reducir costos para la paraestatal y destinar una parte del millón 500 mil metros cúbicos programados para los próximos años al sector productivo regional.
Según la empresa Engy, concesionaria del ducto Mayakan, que distribuirá gas natural hacia la Península para la CFE y el sector industrial, la adopción de este combustible ofrece ventajas técnicas, ambientales y económicas que impactan directamente la operación de las plantas y la estabilidad del sistema eléctrico.
El uso de gas natural representa un menor impacto ambiental, ya que produce menos emisiones contaminantes que combustibles como el carbón o el combustóleo, reduciendo emisiones de dióxido de carbono y partículas, además de favorecer el cumplimiento de estándares ambientales.
A ello se suma una mayor eficiencia operativa y reducción de costos, debido a que su alto rendimiento térmico permite obtener más energía útil por unidad de combustible, disminuyendo costos operativos, reduciendo el desgaste de equipos y optimizando el mantenimiento de las instalaciones.
En México, el gas natural se ha consolidado como la principal fuente para la generación eléctrica, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía. Su participación en la matriz energética nacional ha crecido de manera constante, desplazando gradualmente al combustóleo y al carbón, según datos de la propia CFE.
Este crecimiento está vinculado al desarrollo de infraestructura de transporte y almacenamiento, así como al acceso mediante ductos. La expansión de centrales eléctricas que operan con este combustible ha permitido cubrir la demanda nacional con mayor eficiencia y confiabilidad, mientras se integran progresivamente fuentes renovables al sistema eléctrico.
Según la propia Sener, el uso de gas natural frente a combustibles fósiles puede reducir hasta en 17 por ciento el gasto operativo en la producción energética, además de disminuir costos de transporte, distribución y suministro para la paraestatal y mantener la expectativa de una eventual reducción tarifaria para Yucatán, algo que, 19 años después, continúa sin concretarse.
A manera de conclusiones
La crisis energética en la Península de Yucatán se ha convertido en un laberinto entre la insuficiencia y el costo del progreso regional.
La Península de Yucatán enfrenta una paradoja estructural: mientras su dinamismo económico, turístico e industrial crece a ritmos acelerados, su infraestructura energética opera al límite. El problema no es reciente, sino resultado de décadas de centralización, falta de inversión y aislamiento geográfico respecto a los principales centros generadores del país.
Históricamente, la región ha dependido del flujo eléctrico proveniente de las centrales hidroeléctricas de Chiapas. Sin embargo, el traslado de esa energía recorre cientos de kilómetros mediante líneas saturadas y vulnerables. Este cuello de botella provoca que la electricidad disponible resulte insuficiente para cubrir los picos de demanda, colocando a la Península en una situación permanente de fragilidad.
La consecuencia más visible de esta vulnerabilidad son los continuos apagones. En Mérida, Cancún, Chetumal y Campeche las interrupciones del servicio han dejado de ser eventos aislados para convertirse en un fenómeno recurrente que paraliza actividades comerciales, desalienta inversiones y deteriora la calidad de vida de la población en una región donde el aire acondicionado se ha vuelto una necesidad básica.
Para mitigar la escasez, la CFE ha recurrido a la generación local mediante plantas termoeléctricas obsoletas que operan con combustóleo y diésel, combustibles costosos y altamente contaminantes. El uso de estos insumos genera sobrecostos que terminan repercutiendo en consumidores y empresas.
En consecuencia, la región enfrenta algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país, condición que reduce la competitividad empresarial y presiona la economía de los hogares peninsulares.
El desempeño de la CFE en la Península está marcado por rezagos en tres frentes críticos: equipamiento, personal y operatividad. La infraestructura de distribución local —transformadores, subestaciones y cableado urbano— no ha recibido la modernización ni el mantenimiento requeridos. Los transformadores fallan de manera recurrente ante las sobrecargas generadas por las olas de calor.
A esta situación se suma la reducción de personal. Las cuadrillas técnicas resultan insuficientes y la falta de trabajadores capacitados y herramientas retrasa la atención de reportes durante horas o incluso días, prolongando el restablecimiento del servicio.
Otro elemento es la gestión administrativa, percibida como burocrática y distante frente a las condiciones climáticas de la región. Los procesos de facturación registran anomalías y los mecanismos de atención ciudadana suelen resultar insuficientes durante contingencias masivas.
Entre los factores más relevantes aparece el crecimiento acelerado de la demanda energética en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El detonante de la crisis actual es la brecha entre una oferta estancada y una demanda que ha crecido de forma exponencial. En Quintana Roo y el corredor turístico del Caribe mexicano, la hotelería, los desarrollos inmobiliarios y comerciales son motores económicos, pero también grandes consumidores de energía.
Por su parte, Yucatán enfrenta un auge inmobiliario residencial sin precedentes y la consolidación de Mérida como centro industrial y logístico, mientras Campeche experimenta expansión industrial vinculada a la actividad petrolera y crecimiento urbano en Ciudad del Carmen y la capital.
Este crecimiento demográfico y económico exige un volumen energético que las redes actuales no pueden soportar. Proyectos como el Tren Maya y nuevos parques industriales añaden presión adicional al sistema.
Mientras la infraestructura no se modernice al mismo ritmo que el desarrollo regional, la Península de Yucatán continuará operando bajo una condición de vulnerabilidad energética que representa un freno silencioso, pero real, para el futuro de la región.