Las 42 estaciones migratorias que administra el INM funcionan en los hechos como cárceles que castigan la migración como si fuera un delito; organizaciones advirtieron riesgos desde hace 10 años; FGR va contra migrante por tragedia en Ciudad Juárez
CIUDAD JUÁREZ.- Las 42 estaciones migratorias (30 fijas y 12 provisionales) que administra el Instituto Nacional de Migración (INM) en el país para, en teoría, brindar alojamiento temporal a extranjeros con permanencia irregular en el país, en los hechos funcionan más como cárceles que castigan la migración, como han señalado instancias oficiales y organizaciones de la sociedad civil.
La estación de Ciudad Juárez, donde un incendio ha cobrado la vida hasta ahora de 39 personas, entró en operaciones en 1995 con una capacidad para 60 migrantes, de acuerdo con un informe especial de 2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La permanencia de al menos 83 personas extranjeras (68 hombres y 15 mujeres) al momento del incendio que ocurrió la noche del 27 de marzo exhibe las condiciones de sobrepoblación de un sitio que, a pesar del aumento del flujo migratorio, en 28 años nunca aumentó su tamaño para alojamiento.
Si las autoridades fueron omisas al ingresar a más migrantes de los permitidos, lo han sido también por mantener estas “instalaciones totalitarias” como desde el 2013 se documentó por el Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Sonja Wolf, coordinadora de la investigación de Insyde, acusó que desde hace 10 años ese organismo señaló la falta de protocolos de protección civil, el riesgo que implicaba para los migrantes que se cerraran con candado los dormitorios y la existencia de áreas de aislamiento como medidas que no respetaban los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.
“Los migrantes están no solamente encerrados en los centros, sino también en áreas cerradas con llave, cuando los entrevistamos esa fue justamente una de las preocupaciones porque decían que en el caso de emergencias no había salidas. El Instituto no ha tomado en serio las investigaciones que a lo largo de los años se han presentado, la problemática es conocida”, dijo.
Funcionarios del INM ordenaron no abrir celda, acusan
El abogado Jorge Vázquez Campbell, representante de familiares de las víctimas del incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, aseguró que autoridades dieron la orden para que no permitieran la salida de los afectados.
La defensa de los deudos acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para presentar el recurso por el siniestro, por el cual acusan de inacción a funcionarios INM.
El representante de los familiares afirmó que el titular del INM en Chihuahua, Salvador González Guerrero, emitió una orden “por llamada telefónica para que las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo”.
Menciona el abogado que sus clientes le indicaron que un migrante “pidió que le diera un cigarro y un encendedor y empezaron a hacer su protesta”. De acuerdo con testimonios, eran cinco personas las que protestaban y que habían sido detenidas ese mismo día.
“Los oficiales se burlaron de ellos, se irritaron y dos de ellos (migrantes) le prendieron el fuego a un colchón”, detalló Vázquez Campbell.
En ese momento los agentes migratorios avisaron de los hechos a González Guerrero “y el señor dijo que no se hiciera nada y que por ningún concepto les dejaran salir”.
Conceden 6 órdenes de aprehensión; 5 detenidos
Cinco personas fueron detenidas ya por su presunta responsabilidad en la muerte de 39 migrantes durante el incendio en la estación de Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, informó el jueves la fiscal especializada en Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.
En conferencia de prensa para dar a conocer el avance de las investigaciones, informó que se concedieron seis órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio doloso y lesiones contra tres funcionarios del INM, dos empleados de seguridad privada y contra la persona que inició el incendio.
Queda una orden pendiente por ejecutar que la fiscal no informó de quién trataba.
Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Pública, Rosa Icela Rodríguez detalló que de los 39 fallecidos seis eran hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos. (Con información de SinEmbargo y El Universal)
