8 noviembre, 2026

Crimen organizado asedia municipios rumbo a 2027

MÉXICO.- El crimen organizado mantiene bajo presión a los gobiernos municipales y amenaza las elecciones de 2027. La estrategia de los grupos criminales no se limita a atacar candidatos: incluye intervenir en la selección de aspirantes, financiar campañas, imponer funcionarios y controlar áreas clave de los ayuntamientos. Las amenazas, extorsiones, secuestros y asesinatos forman parte de ese asedio, que busca conservar el dominio territorial más allá de las jornadas electorales.

El próximo año se renovarán 17 gubernaturas, 2 mil 230 ayuntamientos y mil 98 diputaciones locales. También estarán en juego 17 mil 170 regidurías, sindicaturas y concejalías, una dimensión que explica por qué los municipios se han convertido en el principal objetivo de las presiones criminales. El asesinato de Arturo Marín Acevedo, aspirante de Morena en Cuajinicuilapa, Guerrero, el 17 de octubre, es una de las señales de esa amenaza.

En dos décadas han sido asesinados 128 alcaldes. La Asociación Nacional de Alcaldes contabilizó 47 homicidios durante el gobierno de Felipe Calderón y 42 en el de Enrique Peña Nieto. Data Cívica documentó 23 alcaldes en funciones y tres electos asesinados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En la administración de Claudia Sheinbaum, el recuento asciende a 13.

La violencia también alcanza a quienes buscan cargos públicos. En 2018, la Secretaría de Gobernación reportó 34 aspirantes asesinados, mientras el INE registró 132 actos violentos durante el proceso. En 2021, el organismo documentó 30 homicidios de aspirantes, precandidatos y candidatos; 28 competían por una regiduría o presidencia municipal. En los nueve meses del proceso de 2024 fueron asesinadas 36 personas: 25 buscaban alcaldías, cinco regidurías y dos sindicaturas.

En 2021, la entonces secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, describió la operación de un “partido de la delincuencia organizada” que busca “imponer, cooptar, amedrentar o eliminar candidaturas”. Mónica Meltis, directora de Data Cívica, advierte que la presión no termina con las campañas: “Hay un ejercicio de la violencia que no solo se mueve durante las campañas, sino que busca ejercer un control permanente de esos territorios”.

Integralia incluyó la intervención criminal, la violencia política y el financiamiento ilegal entre los riesgos para 2027. Ocho estados del corredor del Pacífico elegirán gobernador. Aunque se creó una Comisión de Integridad del INE para que el gabinete de seguridad evalúe antecedentes de candidatos, especialistas consideran insuficiente esa medida frente a la capacidad de los grupos criminales para intervenir en los municipios. (Con información de El País)

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