Inosente Alcudia Sánchez
En una colaboración anterior planteé una provocación: dije que la discusión pública no debería enfocarse en la militarización. Ampliaré la idea. Concentrar el debate en las supuestas amenazas que sobre la vida institucional representa la participación de la milicia en tareas tradicionalmente efectuadas por civiles, es mantenernos en el terreno más conveniente para el gobierno. Tan es así que, en estos días, el principal incitador a debatir sobre los militares es el secretario de Gobernación. Empero, dejaré aquí algunos apuntes para abordar el tema.
Por una parte, está la voluntad política que ha decidido recurrir a las capacidades castrenses para sacar adelante obras y programas públicos complejos que, a juicio del presidente, son mejor ejecutados por el personal militar. Estas acciones no necesariamente encajan en el perfil de militarización de la cosa pública: la participación de los militares es meramente coyuntural y se extenderá el tiempo que dure la construcción de las obras o la vigencia de los programas. Así, aunque la gestión militar se proteja con el manto de la seguridad nacional para incumplir obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, sus resultados serán evaluados bajo la perspectiva de los criterios básicos que por ley debe cumplir todo gasto público federal. En el caso del aeropuerto de Santa Lucía, por ejemplo, aunque de por sí la obra se efectuó sobre propiedades militares, lo cierto es que el ejército entregó esta infraestructura en los tiempos y términos acordados con el presidente. Lo de la conectividad terrestre y la rentabilidad del aeropuerto son temas que no pasan por la construcción estrictamente aeroportuaria: el ejército cumplió. A pesar de amparos judiciales y múltiples dificultades técnicas, se entiende que las fuerzas armadas entregaron en tiempo y forma el encargo presidencial.
El presidente apuesta a que la capacidad constructiva del ejército se repita en el caso de la edificación de cuarteles para la Guardia Nacional, de sucursales del Banco del Bienestar, de algunos tramos del Tren Maya y del aeropuerto de Tulúm. Y es muy probable que los militares entreguen las buenas cuentas que espera su comandante supremo. Acusar, en estas acciones, una indebida militarización de algunas funciones públicas, puede parecer un exceso. Aventuro, entonces, que la militarización ha sido un falso debate, alentado desde las más altas esferas del poder para distraer a la sociedad de los grandes y verdaderos problemas que enfrenta la nación.
Y es que, si revisamos la historia de nuestras fuerzas armadas, hallaremos que se trata de un cuerpo que encontró en la profesionalización, la disciplina y la lealtad institucional la ruta para erigirse en un bastión, quizás el más importante, de defensa de nuestro régimen democrático y republicano. A diferencia de los ejércitos militantes de muchos países de Centro y Sudamérica, los marinos y soldados de México han sido celosos y respetuosos observadores de la vida política nacional y, más allá de filias y fobias partidistas, invariablemente han obedecido el mandato civil de sus diferentes comandantes supremos, los civiles e impredecibles presidentes de la República. Nuestros militares han estado al margen de la ideologización que permea de manera inevitable la actuación de los gobiernos civiles. Por ello, han servido igual en el sexenio de Luis Echeverría que en el de Felipe Calderón, en el de Miguel Alemán que en el de López Obrador.
Algo que debemos valorar cuando nos golpea la imagen de la “bota militar” es que, desde noviembre de 1937, cuando el presidente Lázaro Cárdenas decretó la creación de la Secretaría de la Defensa Nacional (en sustitución de la Secretaría de Guerra y Marina), inicia la institucionalización de un ramo de la administración pública federal al que hoy el presidente intenta sacar mayor provecho. En efecto, a diferencia de lo sucedido en los demás sectores del gobierno federal donde, por ejemplo, la implementación del Servicio Civil de Carrera ha sido un desastre, la milicia se convirtió en un espacio de movilidad social para sus miembros, que premia y reconoce el esfuerzo personal y la formación académica de sus recursos humanos, que contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias de sus integrantes, que alienta el sentido de pertenencia y el orgullo de ser parte del aparato público, del Estado mexicano, mejor valorado por el pueblo de México. No sabemos desde cuándo los militares, soldados y navales, son conscientes del prestigio social que poseen; pero, sin duda, durante las últimas décadas han actuado en consecuencia, cuidando preservar la buena imagen que los mexicanos tenemos de ellos.
Como es natural en toda organización, seguramente hay actos de deshonestidad y abusos en el ejercicio de las funciones y de los recursos públicos asignados a las secretarías de Marina y de la Defensa. No es una legión de ángeles quienes integran esas dependencias. Empero, lo que es indudable, es que la disciplina y la estructura jerarquizada, aderezada con un consolidado sistema de premios y castigos, hacen del ramo militar el que menos oportunidades ofrece para practicas generalizadas de corrupción, a pesar de su legendaria falta de transparencia y de rendición de cuentas. Sin proponérselo, al exhibir el trabajo militar afuera de los cuarteles, quizás el presidente ha abierto una ruta para incrementar los controles, la supervisión y la evaluación sobre las prácticas administrativas al interior de las dependencias militares.
En los últimos días he escuchado encendidos discursos de políticos que, seguramente sin desearlo, resultan ofensivos para el historial de nuestras fuerzas armadas. Hemos militarizado el discurso y las páginas de los periódicos. Estamos distraídos en el color de los uniformes y no advertimos que la amenaza no es verde olivo.
