WASHINGTON.- La DEA permitió, durante investigaciones en Nuevo México entre 2023 y 2025, que traficantes movilizaran cargamentos de fentanilo sin ser detenidos, según testimonios de dos exagentes citados por Associated Press. El caso provocó exigencias del Congreso y del fiscal general para conocer quién autorizó la estrategia y sus consecuencias.
La práctica, denominada “fentanyl walking”, consistía en vigilar operaciones para reunir pruebas antes de intervenir. En un operativo realizado en Albuquerque, en junio de 2023, agentes observaron la venta de 74,000 pastillas en un parque de casas móviles y no realizaron el decomiso. Días antes, la misma organización había entregado fentanilo oculto en una llanta de repuesto.
David Howell, exagente de la DEA, describió aquella actuación: “Lo único que hicimos fue quedarnos de brazos cruzados y observar”. Otro exsupervisor, quien pidió anonimato, afirmó que durante una investigación de 2025 se permitió la distribución de “millones” de píldoras en varios estados.
El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, solicitó expedientes, comunicaciones y registros relacionados con la política. “Una política que les ordene no interceptar grandes envíos es inaceptable”, sostuvo.
El fiscal de Nuevo México, Raúl Torrez, exige información y presentó una demanda federal para obligar al Departamento de Justicia y a la DEA a entregar documentos. “El fentanilo está devastando a familias en todo Nuevo México y merecemos saber la verdad”, declaró.
La DEA rechaza las acusaciones. Su portavoz, Amanda Wozniak, afirmó que las decisiones fueron “legales”, “razonables” y “coherentes con las directrices”, y calificó de falsas las versiones sobre una entrega deliberada de droga.
Durante ese periodo, Nuevo México registró un aumento de 21% en muertes por sobredosis, mientras las cifras nacionales disminuyeron 14%. (Con información de El País)