Llevan justicia a comunidades vulnerables en Campeche
Harold Amábilis
Autoridades judiciales, electorales y de defensa pública se congregaron en la capital campechana para conmemorar el décimo aniversario de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y poner en marcha la segunda edición del Programa de Atención Itinerante por una Justicia Cercana, estrategia orientada a brindar servicios gratuitos de defensa legal a poblaciones que históricamente han enfrentado obstáculos para proteger sus derechos político-electorales.
La Defensoría fue creada en 2016 con el propósito de atender a personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual y sectores afectados por condiciones de pobreza o marginación. Durante esta década ha proporcionado acompañamiento jurídico especializado y gratuito desde el primer contacto hasta la resolución de los expedientes. Cuando un asunto excede el ámbito electoral, su personal canaliza a los solicitantes hacia las instancias competentes para evitar que la falta de orientación limite el ejercicio de sus derechos. En ese periodo se han atendido cerca de 6,000 casos, reflejo de un esfuerzo institucional dirigido a restituir derechos y eliminar barreras de acceso a la justicia.
La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilasocho, encabezó la ceremonia y destacó la trayectoria de la Defensoría desde su creación. Señaló que hacer coincidir el aniversario con el inicio del programa itinerante envía un mensaje claro sobre la vocación de servicio de la institución. Indicó que la presencia de defensoras y defensores públicos en el sureste mexicano responde a una política permanente, debido a que los derechos se ejercen en contextos marcados por limitaciones geográficas, económicas, lingüísticas y culturales que requieren una atención cercana al territorio.
Valle Aguilasocho afirmó que la Defensoría se ha consolidado como un puente entre la ciudadanía en situación de vulnerabilidad y las instancias jurisdiccionales, permitiendo que las personas presenten sus reclamos sin que la distancia, el idioma o la falta de recursos representen obstáculos insuperables. Añadió que el número de expedientes abiertos en diez años evidencia una demanda real de servicios, aunque el objetivo principal ha sido siempre la reparación de agravios y la eliminación de barreras para acceder a la justicia electoral.
Servicio público incluyente
Indira Isabel García Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, participó en el acto con una reflexión sobre el papel de la disciplina judicial en la construcción de un servicio público incluyente. Expresó que la función del Tribunal de Disciplina no se limita a imponer sanciones, sino que busca fortalecer la ética, el profesionalismo y la sensibilidad social de quienes imparten justicia. Consideró indispensable que jueces, magistradas y defensoras conozcan la diversidad cultural y lingüística del país, mantengan abiertas las puertas de las instituciones y desarrollen la capacidad de escuchar a la ciudadanía. También destacó ante los jóvenes asistentes que las expresiones de identidad colectiva propias de Campeche constituyen una riqueza que la justicia electoral debe reconocer y proteger.
El presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Francisco Javier Ac Ordóñez, fungió como anfitrión del encuentro y destacó que la Defensoría Pública Electoral cumple una década de trabajo orientado a garantizar que ninguna persona quede excluida de la protección de sus derechos políticos. Señaló que una democracia se fortalece cuando la ciudadanía cuenta con posibilidades reales de ser escuchada y participar en condiciones de equidad. Citó el lema del tribunal local, “todas las voces cuentan”, para resumir las demandas de mujeres que buscan representación paritaria, de pueblos indígenas y afromexicanos que exigen respeto a su identidad y autonomía, así como de juventudes e integrantes de la diversidad sexual que buscan respuestas justas y sensibles por parte de las instituciones electorales.
Julio Alberto Salgado Cano, titular de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Servicio Civil de Carrera del Instituto Federal de Defensoría Pública, se sumó al reconocimiento por el décimo aniversario de la Defensoría Pública Electoral. Describió la defensa pública como una labor basada en la empatía y el acompañamiento a los sectores históricamente relegados. Indicó que el programa itinerante permite acercar los servicios a quienes viven lejos de las sedes judiciales y refleja el modelo de institución que se busca ofrecer a la ciudadanía.
Persisten desafíos
La jornada incluyó dos mesas de análisis en las que especialistas en derecho electoral, defensores públicos y representantes de organizaciones civiles revisaron casos que han sentado precedentes en la protección de derechos políticos durante la primera década de la Defensoría. Los asistentes recibieron orientación personalizada y conocieron los mecanismos para hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes. La transmisión en vivo por plataformas digitales y redes sociales institucionales, con interpretación simultánea en Lengua de Señas Mexicana, permitió que personas de otras entidades siguieran las actividades y conocieran los servicios disponibles.
A diez años de su creación, las autoridades participantes coincidieron en que la Defensoría Pública Electoral se ha consolidado como un instrumento de acceso a la justicia, aunque reconocieron que persisten desafíos en regiones donde la cobertura territorial sigue siendo limitada. El programa itinerante, que inició su segunda edición en Campeche, busca ampliar esa cobertura, fortalecer la capacitación del personal en materia de diversidad cultural y lingüística y mantener abiertos los canales de diálogo con las comunidades. Autoridades tradicionales de la región participaron en el acto y ocuparon un lugar destacado en el presídium en reconocimiento a su representación de los pueblos originarios.
Al concluir la jornada, Claudia Valle Aguilasocho reiteró que el programa itinerante continuará recorriendo otras entidades durante los próximos meses con el objetivo de que ninguna persona deje de defender sus derechos por falta de representación, desconocimiento de las vías institucionales o residencia en localidades alejadas de los tribunales electorales.
