MORELIA.- En comunidades rurales del Bajío y en ciudades de Michoacán y Guanajuato, personas deportadas de Estados Unidos intentan reconstruir su vida en territorios donde el crimen organizado impone reglas sobre el comercio, la movilidad y la seguridad cotidiana.
Muchos retornados llegan tras décadas fuera del país, sin redes familiares sólidas ni conocimiento reciente del entorno, lo que los coloca en una posición de alta vulnerabilidad frente a grupos delictivos.
De acuerdo con un reportaje de la BBC, los deportados que regresan a estas regiones enfrentan escenarios donde su llegada es rápidamente detectada por vigilantes conocidos como “halcones”, quienes informan a organizaciones criminales sobre personas nuevas en terminales de autobuses y caminos rurales, facilitando su identificación como posibles blancos de extorsión.
Muchos retornados que intentan iniciar actividades económicas, como el comercio de alimentos, el transporte o pequeños negocios, se encuentran con restricciones impuestas por grupos criminales que controlan territorios específicos. En algunos puntos, se les advierte que no pueden mover mercancías fuera de ciertas zonas sin autorización.
El caso de Óscar Ariel Mojica, quien regresó a su rancho natal en Michoacán tras casi tres décadas en Estados Unidos, muestra cómo la reintegración puede ser compleja. Aunque planea abrir un negocio con su experiencia en ferretería y restaurantes, prefiere aclimatarse primero, consciente de que los cárteles imponen reglas sobre quién puede comerciar y qué actividades son permitidas.
Sergio Segovia, deportado varias veces, experimentó una frustración similar en Irapuato, Guanajuato. Intentó establecer un negocio de compra y venta de fresas, pero fue advertido de que su mercancía no podía cruzar ciertas zonas bajo control criminal. Su experiencia ilustra cómo las organizaciones criminales limitan incluso las iniciativas económicas más simples, convirtiendo a los retornados en objetivos de extorsión.
Otros retornados relatan que abrir un comercio o trabajar en transporte implica el pago de “derecho de piso”, bajo amenaza de pérdida de mercancía o agresiones. En algunos casos, la negativa a pagar ha derivado en amenazas directas o desapariciones.
Especialistas en seguridad señalan que cárteles como el Jalisco Nueva Generación y el Santa Rosa de Lima han ampliado sus actividades hacia la extorsión, el control de cadenas productivas y el robo de mercancías, además del tráfico de drogas, lo que incrementa la presión sobre la población local.
Organizaciones civiles han creado redes de apoyo para deportados, ofreciendo asistencia básica y acompañamiento laboral. Sin embargo, la reintegración sigue siendo limitada en zonas donde la violencia y el control territorial restringen las oportunidades de reconstrucción de vida para quienes regresan. (Con información de BBC.com)