Como punto de partida se debe hacer una diferencia entre la gestión judicial y la e- justicia. La gestión judicial es la materialización de una serie de acciones que dependen de una buena planeación y la e-justicia es el punto de contacto con el ciudadano, el usuario final, de los servicios que se ponen a disposición por parte de las autoridades. En 2014, a dos años de materializarse el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, participé en la 8ª Reunión Nacional de Órganos Implementadores en dos mesas, una de administración de salas judiciales y procesos de procuración de justicia que en un primer acercamiento se refiere a la gestión judicial aplicada al sistema penal acusatorio que se estaba consiguiendo en el Estado mexicano; la otra mesa era sobre sistemas informáticos integrales e interoperabilidad, en donde había compañeros del Poder Judicial Federal del área de tecnología y donde hablamos acerca de la interoperabilidad necesaria al interior de los diferentes operadores Sistema Penal Acusatorio.
Se habla sobre de la importancia de la interoperabilidad dentro del Estado de cada uno de los de los estados de la república, donde la comunicación entre las diferentes autoridades pudiera darse a través de este concepto de interoperabilidad, que consiste en que las fiscalías se comuniquen con los poderes judiciales, defensorías, secretarías de seguridad pública y todos los demás entes vinculados al proceso penal en el fuero común particularmente.
Crear el compromiso de la alta dirección
Para caminar en esa dirección sin duda teníamos que hablar de lo que era la gestión, es decir, no se puede hablar de e-justicia, de la implementación de tecnología para la prestación de servicios si no se cuenta con un diseño adecuado de la forma en que se debe atender, en que se debe gestionar la justicia, hacer la gestión judicial al interior de cada uno de los operadores. Para lograr una buena gestión basada en tecnología, hay un trabajo interno que se debe llevar a cabo, sin este trabajo interno estamos caminando en la dirección de adivinar necesidades, de improvisar y estas situaciones nos sacan momentáneamente de un problema, pero no resuelven el problema de fondo, tomando en cuenta que parte de la administración judicial del sistema penal en Quintana Roo cuenta con muchos problemas internos nos lleva a tener que comprometer a impartir primero que todo cursos que mejoren los ya de por si deplorables agendas de audiencias, las notificaciones y el acceso electrónico.
El macroproceso que estábamos por echar a andar, que tuvo una gestación de 8 años y que se llamaba Sistema de Justicia Penal Oral para el Estado Mexicano. En esos ocho años de gestación hubo un crecimiento de órganos internos como la experiencia que se fue generando en Chihuahua, Morelos y Oaxaca, que fueron quizás los primeros estados que tuvieron un sistema de corte acusatorio. Debo destacar que en la primera etapa en un proyecto de gestión judicial que nos lleve a pasos firmes hacia lograr la construcción de justicia es fundamental el compromiso de la alta dirección, se requiere un compromiso de la alta dirección que en un Poder Judicial está representado por magistrados, consejeros, jueces y por todo este nivel que debe de comprometerse con un proyecto de cambio tan trascendente como el que teníamos encima.
Algunos estados opinaban que iba a haber un retroceso, que se iba a dejar sin efecto o se iba a dar un nuevo plazo, algo que no ocurrió, de tal manera que el desperdiciar el tiempo en lugar de avanzar, de a crecer, a esperar un posible retroceso nos pudo haber llevado a no caminar en el ritmo que esta transformación requería, una transformación que sigue requiriendo el compromiso de la alta dirección.
Los principales ejes que se recomiendan para un cambio tan importante el del sistema penal que nos lleven a lograr realmente alcanzar esta transformación de manera adecuada, planeando, revisando la normatividad a aplicar no solamente la nueva norma que va a entrar en vigor, sino la adecuación de todas las normas secundarias orgánicas funcionales que impacten en la puesta en marcha de un cambio tan trascendente como lo fue el Sistema Penal. La reorganización, la nueva forma de gestión al interior de las oficinas donde ahora con un sistema como el acusatorio y oral el juez estará desarrollando su actividad en la audiencia y su mayor tiempo lo destinará a resolver las cuestiones que se plantean en estas audiencias de tal manera que no puede operar con una estructura similar a la que se operaba en un sistema como el anterior. Se necesitan las tecnologías de la información necesarias, cómo voy a registrar los actos, cómo voy a comunicarlos, qué dice mi normatividad, es decir, un sistema de gestión que contemple todos estos aspectos y los ponga en sintonía para poder avanzar a pasos agigantados. Por otro lado, capacitamos no solamente a los juzgadores, hubo una etapa en la que solamente se hablaba de capacitación a los jueces fiscales y defensores en aspectos que tenían que ver con el nuevo procedimiento penal.
Capacitación de los operadores jurisdiccionales
Sin duda, las universidades deben adecuar sus planes de estudio con las nuevas formas de gestión, he impartido Maestrías en el Sistema Penal Acusatorio de administración de salas de oralidad, además, debo destacar los esfuerzos que hacen los institutos de la Judicatura, tanto de los estados como de la federación. Para un funcionario que quiere ser notificador en un centro de justicia penal federal, la capacitación, que se lleva a cabo a través de un diplomado, tiene un componente muy importante porque el Código Nacional ahora prevé una gran cantidad de alternativas para utilizar los medios electrónicos para efectos de notificaciones, entonces un actuario del anterior sistema no puede integrarse a un centro de justicia penal federal sin capacitación. Debemos establecer una capacitación especializada en la gestión de un nuevo paradigma que se creó para atender la justicia mediante un nuevo modelo de gestión, a partir del Código Nacional, del Sistema de Justicia Penal Oral. La capacitación debe de abrirse en los planes de estudio de tal forma que los nuevos abogados sepan cómo van a ser recibidos en los órganos jurisdiccionales, cómo va a ser la gestión del trabajo, cómo van a presentar sus escritos a través de un tribunal electrónico o de un portal de servicios en línea.
El mayor volumen de actividad en materia procesal penal se da en los estados, un estado a veces tiene en un día lo que tienen la mitad del país, el número de audiencias, el número de asuntos por atendernos. La gestión que se desarrolla en los estados trae un impacto y los ajustes y el conocimiento y la documentación precisamente de estos ajustes no deben de perderse de vista porque o logran que un sistema avance en el sentido que se esperaba con la reforma o retroceda hacia donde se encontraba antes de la reforma, es decir, hacia el sistema tradicional y de ahí la importancia justo de la evaluación.
La gestión no se tomaba en cuenta, dónde voy a presentar mi petición de audiencia, quién la va a atender, cómo se va a asignar, qué juez la va a tomar. Al hablar de un Código Procesal Penal hay reglas para el órgano jurisdiccional, pero también hay otras reglas como la gestión del tiempo y la disposición. Por ejemplo, me piden una audiencia de orden de aprehensión y tengo 24 horas para agendarla, es lo que dice el Código Nacional. ¿Cómo se entera el juez si tiene cuatro o cinco audiencias, y está dentro de la Sala, que llegó una petición de este tipo y se debe atender dentro de las 24 horas? Es una estructura de gestión que debe estar conectada, debe de conocer y debe de entender cómo se opera y gestiona el Sistema Penal Acusatorio.
La capacitación debe desarrollarse por la rotación de personal que se genera porque las personas aspiran a ser jueces conforme se van generando espacios, a irse a despachos o a cambiarse a defensoría, fiscalía, y toda esta rotación de personal por depuración, este sistema deja entrever los recursos que no están alineados a las necesidades.
Dr. Carlos Alberto Grajales Betancourt.
Presidente de Legem Abogados Colegiados A.C.
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