Comité Internacional activa mecanismo excepcional para llevar de manera urgente el caso del país ante la Asamblea General de la organización en busca de valorar medidas concretas; Gobierno Federal rechaza el posicionamiento y lo califica de “tendencioso”
MÉXICO.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU decidió activar un mecanismo excepcional para llevar la situación de México, con carácter urgente, ante la Asamblea General, al considerar que existen indicios fundados de desapariciones forzadas practicadas de forma generalizada o sistemática, lo que podría configurar crímenes de lesa humanidad.
La medida se sustenta en el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia, un recurso reservado para escenarios de especial gravedad. El organismo precisó que la decisión no implica la atribución de responsabilidades penales individuales, sino la búsqueda de atención internacional y la apertura de vías de cooperación para enfrentar una crisis que, según sus evaluaciones, persiste desde hace más de una década.
El Comité advirtió que las desapariciones en México responden a patrones que afectan de manera amplia a la población civil. Señaló que, aunque muchas están relacionadas con la violencia del crimen organizado, existen denuncias con elementos que apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos o, al menos, a su autorización, apoyo o aquiescencia.
Como parte del diagnóstico, el organismo destacó el hallazgo continuo de fosas clandestinas en el país, con más de 6,200 cuerpos y decenas de miles de restos humanos, muchos de ellos sin identificar. Añadió que la magnitud del problema mantiene rebasadas a las instituciones encargadas de la búsqueda, identificación forense e investigación, lo que evidencia la necesidad de reformas estructurales.
En este contexto, solicitó al secretario general de la ONU remitir el caso a la Asamblea General junto con informes, observaciones y documentación aportada por organizaciones civiles, con el fin de que ese órgano valore medidas concretas. Entre ellas, se plantean esquemas de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer las labores de búsqueda, así como para investigar posibles vínculos entre autoridades y redes criminales.
Asimismo, propuso avanzar en mecanismos que garanticen el derecho a la verdad, la protección y la atención integral a las familias de personas desaparecidas, además de respaldar a colectivos y defensores que participan en estas tareas.
El Gobierno de México rechazó el posicionamiento y lo calificó de “tendencioso”, al argumentar que no refleja la situación actual del país. Sostuvo que el informe se basa en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 y que el mecanismo activado está diseñado para contextos donde las desapariciones son cometidas de forma generalizada por el Estado, lo cual, afirmó, no corresponde al caso mexicano.
Las autoridades federales defendieron que no existe una política estatal orientada a la desaparición forzada y enumeraron reformas recientes, como la creación de una alerta nacional de búsqueda, la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte y la mejora en los sistemas de registro e identificación. No obstante, reiteraron su disposición a mantener la cooperación internacional, siempre que parta de diagnósticos actualizados. (Redacción / con información de agencias / Aristegui Noticias)
