Los proyectos inmobiliarios Maiim y Adamar buscan otra vez autorización de MIA ante Semarnat, pese a antecedentes de violación a las leyes ambientales y contar con una orden de demolición vigente; “burla institucional”: DMAS
SALVADOR CANTO
A pesar de haber iniciado obras sin autorización ambiental y de contar con una orden judicial de demolición en al menos uno de los casos, los desarrollos inmobiliarios Maiim y Adamar, ubicados en la franja costera de Tulum, han solicitado por segunda ocasión a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la autorización de su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), según lo publicado en la Gaceta Ecológica del 24 de julio.
El colectivo Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) denunció que esta solicitud representa una burla institucional, al evidenciar la impunidad con la que operan algunos desarrolladores, que violan sistemáticamente la legislación ambiental y urbanística, confiando en la falta de aplicación de la ley.
De acuerdo con la Gaceta de Semarnat, el proyecto Maiim, promovido por Promotora de Incentivos México S.A. de C.V., contempla 38 departamentos distribuidos en tres edificios dentro de una superficie de 3,144.28 m², colindante con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en la región de Tankah IV. La obra, que ya se encuentra prácticamente concluida, fue iniciada en 2022 con licencias municipales irregulares y sin contar con MIA, cuya primera solicitud fue rechazada.
En tanto, el desarrollo Adamar, de la empresa Desarrollos Tulum Dieciséis SAPI de C.V., comprende un edificio de siete niveles con 16 departamentos y amenidades, también dentro de Tankah IV, en un terreno de apenas 750 m². Este proyecto inició en 2023 bajo condiciones similares.
Ambos casos han sido señalados por el regidor Eugenio Barbachano, quien en sesión de Cabildo denunció que en el municipio de Tulum existen edificaciones ilegales que son “monumentos a la corrupción”. Aunque no mencionó nombres, aludió a construcciones en Bahía Solimán que avanzaron a pesar de contar con sellos de clausura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y que obtuvieron permisos municipales al margen de la normativa.
Barbachano alertó también sobre el crecimiento urbano desordenado que obliga a extender servicios e infraestructura a zonas no aptas, muchas de ellas de alta sensibilidad ecológica y con presencia de especies protegidas, como tortugas marinas.
La denuncia ha sido documentada ampliamente por El Despertador de Quintana Roo, que el pasado 12 de julio retomó las declaraciones del regidor. Previamente, en el reportaje especial “Impunidad ambiental: normalizada” que se puede leer aquí: https://eldespertador.com.mx/impunidad-ambiental-normalizada/, se revelaron múltiples irregularidades en la región, incluyendo la promoción y comercialización de desarrollos ilegales a pesar de contar con sentencias judiciales y órdenes de demolición sin ejecutarse.
Organizaciones como DMAS han advertido que la reiterada permisividad de autoridades locales y federales está generando un precedente alarmante, donde la legalidad ambiental parece ser opcional y donde los intereses económicos prevalecen sobre la protección de los ecosistemas.
