HAROLD AMÁBILIS
CHAMPOTÓN.- A 36 años de su fundación, el pueblo de Carlos Salinas de Gortari guarda entre sus calles una historia que pocos conocen. Una historia que comenzó con un sueño de progreso, que vivió una noche de fuego y despojo, y culminó con la gesta de un hombre que, con una bolsa de documentos y un caballo, cruzó un páramo desolado por el paso de un huracán para detener una injusticia cometida desde el poder.
Waldemar Camorlinga Ruiz llegó a Campeche huyendo de la violencia. Originario de Arteaga, Michoacán, había vivido en Estados Unidos y regresó a México buscando un lugar tranquilo para criar a sus cinco hijos. Lo encontró en el valle de Candelaria, atraído por la abundancia de agua y la vegetación. En 1986, se instaló con su familia en una parcela entre los ríos Chumpan y Candelaria, comenzando una nueva vida.
Ese año un decreto gubernamental cambió el destino de la región, puesto que las autoridades comenzaron a decomisar tierras donde se habían encontrado plantíos ilícitos, buscando destinarlas a la satisfacción de las necesidades agrarias. Un grupo de familias, muchas provenientes de distintos estados de la República, vio en esa disposición una oportunidad. Así nació el poblado de “Juan de la Cabada”, también conocido en sus primeros documentos como “Abelardo Carrillo Zavala”.
Los campesinos contaban con un respaldo legal. El 21 de noviembre de 1986, ante la Notaría Pública número 3 de Ciudad del Carmen, el propietario Luis Guzmán Gómez donó 50 hectáreas al Comité Particular Ejecutivo del nuevo asentamiento. El acta notarial, firmada por el notario Alonso Herrera Trueba, dejaba constancia de que el terreno estaba destinado a la fundación del pueblo.
Valdemar pronto se convirtió en líder de la comunidad. Impulsó la creación de escuelas, gestionó servicios básicos y trazó las calles del nuevo asentamiento. Para 1988, más de 300 familias habitaban el lugar. Había una primaria, un preescolar y la promesa de un futuro estable. Pero la paz no duró.
Los dueños de ranchos aledaños comenzaron a ver con recelo su expansión. Waldemar recuerda que la tensión creció hasta convertirse en una guerra de desprestigio, donde los ganaderos los acusaban de invasores y una amenaza para sus propiedades.
El conflicto escaló hasta un punto de quiebre. En septiembre de 1988, un magistrado de la Suprema Corte, vecino de la familia Camorlinga en Michoacán, visitó el poblado para revisar la situación legal. Constató que los documentos de los pobladores estaban en regla, había trámites cumplidos ante la Reforma Agraria y la escritura notarial que acreditaba la propiedad de las 50 hectáreas.
Al intentar salir del pueblo, el magistrado fue bloqueado en la carretera. Un portero le informó que, por instrucciones del gobernador, nadie podía entrar ni salir. Luego de que amenazó con llamar al Ejército para que abrieran el paso, finalmente le permitieron salir.
Días después, el huracán Gilberto azotó la región. El agua inundó las humildes casas de palma y madera. Y en medio de la adversidad climática, llegó la peor de las tormentas, recuerda Waldemar con voz entrecortada. Una noche de septiembre, un grupo armado ingresó a Juan de la Cabada. Las casas fueron incendiadas y las familias desalojadas a la fuerza, golpeadas, subidas a camiones y abandonadas lejos de sus hogares. Más de 250 personas, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, quedaron en la miseria, regadas a lo largo de la carretera Escárcega-Villahermosa.
El líder comunitario logró escapar en medio del huracán. Cabalgó siete kilómetros con una bolsa que contenía todo el expediente legal de la comunidad. Esa noche, desde una comunidad vecina, dio aviso al magistrado que los había apoyado.
Con la asesoría de su paisano, Waldemar llevó la denuncia a Villahermosa y emprendió una lucha contra la injusticia; una universidad local les prestó una camioneta; encontraron eco en una emisora radiofónica. Poco después, el caso llegó a oídos de una activista de derechos humanos, Gloria Noriega, una de las fundadoras de los Derechos Humanos en Ciudad del Carmen; con su guía y con el apoyo de la hija del poeta Juan de la Cabada, su situación tuvo eco a nivel nacional.
Silvia Ponce, representante de la Liga Mexicana Pro-Defensa de los Derechos Humanos, acudió a Campeche para investigar los hechos. La organización, vinculada a la ONU, tomó la decisión de presentar el caso en la convención mundial que se celebraría en España esa misma semana.
La noticia de la quema de un poblado en Campeche, con mujeres y niños entre los afectados, se convirtió en un escándalo en todo México. Las fotografías que el propio hijo de Waldemar tomó aquella noche, montado a caballo entre las llamas, sirvieron como prueba irrefutable de los hechos de violencia y despojo. En un foro internacional de derechos humanos, Waldemar contó su historia ante delegaciones de Argentina, Chile, Guatemala y otros países.
Mientras tanto, desde el gobierno se negaban las acusaciones. El procurador Minet Ortiz afirmó que no hubo violación de derechos humanos y que únicamente se cumplieron órdenes dictadas por jueces por delitos de daños en propiedad ajena y despojo de bienes.
El gobernador Carrillo Zavala, por su parte, denunció una campaña de desprestigio en su contra. Afirmó que no se había atropellado a nadie y que estaba dispuesto a defender a Campeche contra banderas políticas que buscaban confundir al pueblo.
Sin embargo, ante los hechos irrefutables, la presión internacional se volvió insostenible. Las audiencias judiciales se sucedían, pero los acusados no acudían. Finalmente, en marzo de 1990, el gobernador en turno aceptó negociar. Waldemar, asesorado por el presidente del Colegio de Abogados de Campeche, Wilber Balam, exigió más que una compensación económica: un nuevo pueblo, con servicios básicos, con escuelas, con casas dignas.
Para borrar los malos recuerdos y dar carpetazo al conflicto, las autoridades propusieron bautizar la nueva comunidad con el nombre del recién electo presidente de la República. A Waldemar y los suyos no les importaba el nombre. Les importaba la tierra, la justicia y un lugar donde vivir en paz. Así nació Carlos Salinas de Gortari.
El gobierno estatal prestó maquinaria para desmontar el terreno. Se delimitaron 3 mil 400 hectáreas. Con láminas de asbesto provenientes de bodegas de ayuda por el huracán y moldes prestados por colonias menonitas de Hopelchén, se construyeron siete casas por día. El Fondo Nacional de Vivienda Rural supervisó la construcción de viviendas de material, con un costo de 4 mil pesos cada una.
El 21 de marzo de 1990, el pueblo fue inaugurado. Las familias que habían resistido el exilio, las golpizas y el despojo llegaron en camiones prestados. Detrás de ellas quedaban las cenizas de Juan de la Cabada. Delante, un asentamiento trazado con calles definidas, con espacios reservados para la clínica, la escuela y la iglesia.
Hoy, a 36 años de distancia, Waldemar Camorlinga Ruiz prefiere no recordar los momentos más duros. Pero cada 21 de marzo, cuando la comunidad celebra su aniversario, sabe que aquella hoguera que devoró un pueblo terminó forjando otro, levantado por manos que no aceptaron ser borradas del mapa.
Lo que comenzó como una huida de la violencia se convirtió en una lucha por la dignidad. Y esa lucha, anclada en documentos rescatados entre el lodo y las llamas, encontró su desenlace en una parcela de Campeche donde hoy cientos de familias honran la memoria de aquellos que se negaron a permitir que la injusticia tuviera la última palabra.
