SALVADOR CANTO
CANCÚN.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, este martes 10 de diciembre, es preciso reconocer que México enfrenta desde hace años una serie de desafíos que se han extendido a cada entidad federativa, incluido Quintana Roo.
Entre los principales retos destacan el incremento de la violencia contra las mujeres, las desapariciones, la impunidad, los ataques a pueblos y comunidades indígenas y las afectaciones a las personas LGBT+. A esto se suma la escasa atención a problemas como la desigualdad, la pobreza, el cambio climático, la corrupción, la debilidad institucional, la erosión del compromiso con la democracia y el surgimiento del autoritarismo.
En este contexto, no hay nada qué celebrar en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Por el contrario, México atraviesa una crisis profunda que, lejos de ser atendida, parece invisible para las autoridades.
En el caso de Quintana Roo, la figura del ombudsman —u ombudsperson, utilizando un lenguaje con perspectiva de género— solía ser sinónimo de prestigio. Sus opiniones y posturas tenían un peso importante en la sociedad, y sus intervenciones lograban incomodar incluso a los servidores públicos más intolerantes. Sin embargo, esa época es cosa del pasado.
Actualmente, la defensa de los derechos humanos en México atraviesa una crisis severa. La falta de legitimidad en el nombramiento de titulares de organismos defensores de derechos humanos, muchas veces basada en intereses políticos, y su desempeño limitado e intrascendente han convertido a estas figuras en meros instrumentos del poder. Como resultado, la ciudadanía se encuentra en un estado de completa indefensión frente a la vulneración de sus derechos fundamentales.
Un ejemplo claro de esta situación es María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Su nombramiento, al amparo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo rodeado de sospechas, debido a dudas sobre si realmente obtuvo el número de votos necesarios en el Senado para ocupar el cargo. Durante su primer período fue señalada en múltiples ocasiones por organizaciones civiles de ser omisa en la defensa de los derechos humanos y de mostrarse más proclive al gobierno que a las víctimas.
En Quintana Roo, Omega Istar Ponce Palomeque, actual Ombudsperson, está próxima a cumplir un año en el cargo. Su designación también generó controversia, ya que fue percibida como resultado de vínculos políticos más que de su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Omega es hija de la exdiputada Flor María Palomeque Barrios y sobrina de Hernán Villatoro Barrios, quien fuera líder del Partido del Trabajo (PT) en la entidad durante muchos años.
El Sistema Nacional de Alerta de la CNDH, que registra denuncias en todo el país, refleja la falta de interés ciudadano hacia los mecanismos oficiales de defensa. En lo que va de diciembre, este sistema solo ha recibido 797 visitas, una cifra irrisoria en comparación con la población de más de 131 millones de personas que habitan en México.
Reflexiones finales
La situación demanda una revisión urgente de los mecanismos de defensa de los derechos humanos, como el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH, para identificar a las autoridades más denunciadas por violaciones. Asimismo, es necesario analizar los informes de las comisiones estatales de derechos humanos, como la de Quintana Roo, para evaluar su desempeño y promover una gestión más efectiva y transparente.
México enfrenta un reto monumental en la defensa de los derechos humanos, pero el primer paso debe ser reconocer y atender las fallas estructurales que perpetúan esta crisis. Sin un compromiso genuino por parte de las autoridades, el panorama difícilmente mejorará.
