Fijan para el 6 de febrero audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso contra Paul Rangel Merkley; accionistas mayoritarios evitaron ser aprehendidos en la CDMX; se les acusa de fraude procesal para impedir el retiro de las concesiones de la empresa
CANCÚN.- El Centro de Justicia Penal de Quintana Roo programó para el próximo 6 de febrero la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso contra Paul Andrew Rangel Merkley, director de Aguakan, acusado por el Gobierno de Quintana Roo de presunta participación en el delito de fraude procesal, lo que podría derivar en prisión preventiva.
El caso está relacionado con la obtención de una suspensión, la cual impidió el retiro de las concesiones otorgadas a la firma para encargarse del suministro de agua potable en cuatro municipios de la entidad.
Dicha concesión, que había sido prorrogada hasta el año 2053 por el Congreso de Quintana Roo, fue revocada por una legislatura posterior en diciembre de 2023. Según las acusaciones interpuestas por el Gobierno estatal ante la Fiscalía General de la República (FGR), se presume que Rangel Merkley y otros accionistas presentaron documentación falsa al tramitar un juicio de amparo indirecto para lograr la suspensión.
En cumplimiento de medidas cautelares, luego de obtener un amparo que impidió su aprehensión el 22 de diciembre pasado, así como la emisión de una ficha roja de Interpol y una alerta migratoria, Paul Rangel se presentó regularmente a firmar ante el Juzgado Segundo de Distrito de Cancún, fijándose la fecha de la audiencia, donde se decidirá si el caso es judicializado y si procede la prisión preventiva justificada.
Accionistas también están en la mira
Paralelamente, trascendió que directivos del Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) –compañía accionista mayoritaria de Aguakan–, encabezados por el presidente del Consejo, Jorge Ballesteros Franco, evitaron ser aprehendidos el pasado 2 de enero, al negar el acceso a las oficinas del corporativo, ubicadas en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Guardia Nacional y de la Policía Federal Ministerial.
A este hecho lo sucedió un juicio de garantías tramitado por el presidente del Consejo de GMD, Jorge Ballesteros Franco, junto con el director general adjunto, Diego Xavier Avilés y una tercera persona, quienes son las cabezas del corporativo que posee el 51% de las acciones de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, que opera bajo la marca comercial Aguakan. (Los títulos restantes pertenecen a GBM Infraestructura).
Los empresarios tramitaron el amparo 37238299, radicado en el Juzgado Octavo de Distrito de Cancún desde el 6 de enero, en contra de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), en el cual pidieron no ser detenidos en caso de ser requeridos para comparecer ante una autoridad judicial, ni se cumplimenten las solicitudes de emisión de una ficha roja de búsqueda de Interpol, ni una alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración.
La resolución a favor de los solicitantes fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado con el número 37268318, el 13 de enero pasado.
Concesión en disputa
Aguakan atiende a más de 1.4 millones de habitantes en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres. La ampliación de la concesión, otorgada en 2014 durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, fue abrogada en diciembre de 2023 por unanimidad de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, al considerar que la empresa no cumplió con sus compromisos, como entregar agua de calidad, además de numerosas quejas por cobros excesivos.
Sin embargo, Aguakan tramitó un amparo contra esta decisión, obteniendo una suspensión definitiva que mantiene en pausa el retiro de la concesión. El gobierno estatal sostiene que Aguakan logró dicha medida cautelar mediante engaños, al ocultar al juez documentos importantes con los antecedentes del caso, en los cuales se evidenciaban incumplimientos de obligaciones de infraestructura, falta de dictámenes de impacto ambiental, calificaciones reprobatorias respecto al cumplimiento de la concesión y deficiencia en la cobertura de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, así como diversos procedimientos administrativos por daños ambientales. (Redacción / con información de El Heraldo de México / Luces del Siglo)
