CANCÚN.- Una ficha roja y una alerta migratoria fueron activadas contra Paul Rangel Merkley, director de Aguakan, concesionaria del suministro de agua potable en Cancún y la Riviera Maya. Sin embargo, logró suspender estas medidas de manera temporal tras tramitar un recurso de queja de amparo ante un Tribunal Colegiado de Circuito en Quintana Roo.  

La activación de estas medidas se relaciona con una denuncia penal interpuesta por el Gobierno de Quintana Roo ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2023. Se acusa a Aguakan de fraude procesal por supuestamente obtener, con métodos ilegales, una suspensión de amparo contra la revocación de su concesión aprobada por el Congreso local.  

El pasado 22 de diciembre, autoridades federales intentaron detener a Rangel Merkley en su oficina, pero no lograron ingresar al inmueble. Posteriormente, el director de Aguakan tramitó un amparo indirecto contra la orden de aprehensión, la ficha roja y la alerta migratoria, que podrían ejecutarse a través de la Interpol.  

El Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo otorgó una suspensión provisional parcial, dejando vigente la alerta migratoria. Tras apelar esta decisión, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito concedió una suspensión provisional total que protege a Rangel Merkley de ser detenido mientras se resuelve la suspensión definitiva.  

El próximo 29 de enero se llevará a cabo la audiencia incidental que definirá si el director de Aguakan mantiene la protección definitiva.  

La disputa legal tiene implicaciones significativas, ya que Aguakan atiende a más de 1.4 millones de habitantes en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres. La concesión, otorgada en 2014 durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, enfrentó señalamientos por irregularidades legales y en diciembre de 2023 el Congreso de Quintana Roo, con mayoría de Morena, aprobó la terminación anticipada de la concesión, originalmente vigente hasta 2053. Aguakan tramitó un amparo contra esta decisión, obteniendo una suspensión definitiva que mantiene en pausa el retiro de la concesión. El Gobierno estatal sostiene que Aguakan logró dicha medida cautelar de manera ilegal, lo que derivó en las acciones legales actuales. (Con información de Proceso)