Washington investiga al mandatario de Sonora, Alfonso Durazo y al de Tamaulipas, Américo Villarreal, por presuntos vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con Los Angeles Times; ambos rechazan la información; “¿cuál es el interés?”: Sheinbaum
MÉXICO.- Una investigación publicada por Los Angeles Times y Puente News Collaborative colocó a los gobernadores morenistas Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, en el centro de una nueva controversia binacional, al señalar que ambos son investigados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado y que sus visas habrían sido revocadas.
El reportaje sostiene que Washington amplió el alcance de sus pesquisas más allá de los líderes de los cárteles y comenzó a centrar parte de su atención en funcionarios públicos y autoridades electas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas. Según fuentes citadas por el diario, Durazo y Villarreal habrían perdido sus visas estadounidenses en medio de investigaciones penales.
La publicación añade que ambos podrían ingresar a Estados Unidos mediante una autorización especial conocida como Significant Public Benefit Parole, un mecanismo temporal reservado para casos específicos. De acuerdo con las versiones citadas, Durazo viajaría regularmente para recibir atención médica especializada, mientras que la investigación sobre Villarreal estaría relacionada con presunto contrabando de combustible, conocido como huachicol.
Las acusaciones fueron rechazadas por los dos gobiernos estatales. Durazo afirmó que mantiene vigente su visa y negó cualquier vínculo con organizaciones criminales. “No muerdan todos los anzuelos”, declaró. Previamente calificó la publicación como “una nota más, sin fuentes, como muchas otras que circulan sin sustento”.
En Tamaulipas, el director de Comunicación Social, Gerardo Algarín, negó “de manera categórica y contundente” las versiones difundidas y aseguró que “no hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado”.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a los gobernadores aclarar la situación, pero cuestionó la difusión pública de los señalamientos. “¿Qué intención con quitar la visa y, además, hacerlo público? ¿Cuál es el interés?”, expresó durante su conferencia matutina. También sostuvo que las acusaciones contra servidores públicos deben sustentarse en pruebas verificables y no únicamente en filtraciones o fuentes anónimas.
El periodista Steve Fisher, coautor del reportaje, defendió la investigación y aseguró que sus fuentes son “verídicas”. No obstante, hasta la tarde de este miércoles no existía una confirmación pública del gobierno estadounidense sobre cargos formales o procesos judiciales abiertos contra los dos mandatarios. (Redacción / Agencias)
