Por el Abogado Luis Esquiel
Qué fácil es hablar de bienestar cuando uno nunca se ha tenido que preocupar por pagar una nómina, cubrir impuestos, enfrentar los gastos de operación o luchar diariamente para mantener abierto un negocio. Qué fácil es presumir una economía que supuestamente avanza cuando quienes verdaderamente producen, invierten y generan empleos están haciendo hasta lo imposible para sobrevivir.
La realidad económica de México no se mide en discursos presidenciales, conferencias mañaneras ni cifras acomodadas para justificar resultados. Se mide en el bolsillo de las familias, en los pequeños comercios que cierran, en los empresarios que ya no pueden contratar, en los trabajadores que pierden sus empleos y en los emprendedores que, lejos de crecer, cada día enfrentan más obstáculos.
En los últimos años, el gobierno ha hablado constantemente de bienestar, justicia social y transformación económica. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿dónde están los resultados que verdaderamente benefician a quienes trabajan, producen e invierten?
La deuda pública sigue creciendo y comprometiendo recursos que también pertenecen a las próximas generaciones. Endeudar al país no es gobernar con responsabilidad económica si no se explica con claridad para qué se utiliza ese dinero, qué beneficios concretos produce y quién responde por sus resultados.
Porque pedir prestado no significa generar riqueza. Gastar más no necesariamente significa invertir mejor. Y repartir recursos públicos tampoco sustituye la obligación de crear condiciones para el crecimiento económico, inversión productiva y empleos formales.
Lo verdaderamente preocupante es la falta de transparencia. Los mexicanos tenemos derecho a saber cuánto se debe, en qué se gasta, qué obras generan beneficios reales y cuáles terminan convirtiéndose en compromisos financieros que tendremos que pagar durante décadas. El dinero público no pertenece a ningún partido ni a ningún gobernante; pertenece a los ciudadanos.
Pero hay otra realidad que parece olvidarse desde las oficinas del poder: la de los empresarios, comerciantes, profesionistas y emprendedores que todos los días arriesgan su patrimonio.
Quienes tienen un negocio conocen perfectamente lo que significa pagar salarios, seguridad social, impuestos, rentas, electricidad, proveedores y obligaciones fiscales. Saben lo que cuesta conservar un empleo y mantener abiertas las puertas de una empresa, incluso cuando las ventas disminuyen y los costos aumentan.
Y no se trata de evadir impuestos ni de desconocer las obligaciones legales. Se trata de exigir condiciones justas, seguridad, certeza jurídica, simplificación administrativa y políticas públicas que permitan trabajar, invertir y crecer.
El empresario no es enemigo del pueblo. El comerciante no es un privilegiado por intentar prosperar. El emprendedor no es responsable de los problemas económicos del país. Por el contrario, quienes generan empleos y pagan impuestos son parte fundamental de cualquier economía que aspire a desarrollarse.
Sin embargo, parece que para algunos gobernantes es más sencillo exigir contribuciones que ofrecer condiciones para producir. Se multiplican los discursos sobre justicia social, pero no siempre se acompaña esa narrativa con seguridad, infraestructura eficiente, financiamiento accesible y certidumbre para quienes desean invertir.
México necesita empresas fuertes, no negocios asfixiados; necesita inversión nacional y extranjera, no incertidumbre; necesita instituciones confiables, reglas claras y autoridades que entiendan que la riqueza no se decreta: se construye trabajando.
Y en Quintana Roo esta realidad tiene un impacto particular. Nuestra economía depende considerablemente del turismo, de los servicios, del comercio y de miles de pequeñas y medianas empresas. Detrás de cada hotel, restaurante, transportadora, agencia, comercio o prestador de servicios hay familias que dependen de que la actividad económica funcione.
No podemos aspirar a un estado próspero si quienes generan empleos viven preocupados por la inseguridad, costos de operación, cargas fiscales e incertidumbre económica.
Gobernar no consiste en administrar discursos ni en presumir programas sociales. Gobernar significa crear oportunidades, cuidar el dinero público, administrar responsablemente la deuda y garantizar condiciones para que los ciudadanos puedan salir adelante mediante su trabajo.
La verdadera transformación económica debe comenzar por reconocer que sin inversión no hay crecimiento sostenible; sin empresas no hay suficientes empleos; sin transparencia no hay confianza y sin confianza no hay desarrollo.
México no necesita más discursos sobre bienestar mientras aumenta su endeudamiento y sus negocios luchan por sobrevivir. Necesita resultados, responsabilidad financiera y un gobierno que entienda que detrás de cada empresa hay sacrificios, patrimonio y familias.
Porque al final, la pregunta no es cuánto bienestar presume el gobierno, sino cuánto bienestar puede experimentar realmente el ciudadano.
Ya basta de confundir gasto con progreso, deuda con desarrollo y propaganda con resultados.

