Con rezagos acumulados desde la educación básica, la propuesta de simplificar planes de estudio y eliminar mecanismos de ingreso y acreditación profundizaría la crisis de un sistema que requiere fortalecimiento institucional, no la relajación de filtros
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR
México atraviesa una crisis educativa que no admite maquillaje. Los rezagos históricos en comprensión lectora y matemáticas, las brechas ampliadas tras la pandemia y la desigualdad persistente entre regiones configuran un sistema debilitado desde la educación básica. En ese nivel, la discusión pública se centró en los nuevos libros de texto y en los señalamientos de adoctrinamiento de contenidos bajo el modelo educativo vigente. Para diversos sectores, primero se modificó el enfoque formativo en las aulas iniciales; ahora, el debate se desplaza hacia el siguiente peldaño: la educación media superior.
En ese contexto —no en uno de fortaleza académica— la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado una reforma profunda al Bachillerato Nacional. La propuesta contempla reducir el número de asignaturas por semestre, de nueve a cinco “aunque se me enojen los maestros”, bajo el argumento de que “son muchas”, eliminar gradualmente el examen de admisión, crear 150 mil nuevos espacios y unificar subsistemas en un solo modelo. La narrativa oficial habla de bienestar emocional, acceso universal y simplificación administrativa. Sin embargo, el sistema no parece enfrentar un exceso de exigencia, sino un déficit de aprendizaje acumulado.
A ello se suma otro elemento que inquieta a especialistas: la creciente desvalorización práctica de la cédula profesional como identificación oficial en diversos trámites, pese a que se trata de un documento expedido por la autoridad competente y vinculado al Registro Nacional de Profesionistas. Para críticos de la política educativa, restarle peso institucional a un documento que acredita formación y registro formal abre la puerta a irregularidades, suplantaciones o simulaciones en un país donde históricamente han existido mercados de documentos apócrifos.
El doctor Carlos Reynoso Castillo, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en Derecho Laboral, en entrevista con El Despertador, advierte que la competitividad del trabajador mexicano enfrenta rezagos estructurales. La productividad —sostiene— no puede desvincularse de la calidad educativa ni del rigor en la certificación profesional. Sin una base sólida de formación y mecanismos confiables de acreditación, cualquier intento por elevar el desempeño económico será insuficiente.
La falta de conexión entre educación y mundo laboral agrava el rezago. Una encuesta de Manpower/McKinsey revela que más del 60 % de los empleadores consideran que los egresados universitarios no están preparados para el mercado de trabajo. A ello se suma que uno de cada cinco jóvenes no estudia ni trabaja y millones de adultos carecen de acceso a programas de formación continua.
Por ello, reducir materias, flexibilizar filtros de ingreso y debilitar el peso simbólico y práctico de la acreditación profesional no son decisiones aisladas. En conjunto, plantean una pregunta incómoda pero necesaria: ¿se está elevando el estándar para revertir el rezago o ajustándolo a la baja para administrar cifras? Porque al final, lo que opera, juzga o salva vidas no es el título en sí, sino la competencia real que lo respalda.
Educación básica: rezago estructural y evaluación opaca
Antes de discutir la reducción de materias en bachillerato, las cifras obligan a mirar la base del sistema. Entre 80% y 90% de los estudiantes de tercero de secundaria presentan deficiencias en matemáticas y lenguaje. La extinta Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) ya advertía que ocho de cada diez alumnos arrastraban rezagos desde primaria. El diagnóstico es contundente: la mayoría no consolida aprendizajes fundamentales, por lo que cualquier reforma en media superior parte de cimientos frágiles.
En ese contexto, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) enfrenta cuestionamientos por la falta de claridad pedagógica y de evidencia sobre su impacto real en el aprendizaje. Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2022 ubicaron a México en el lugar 51 de 81 naciones y en la antepenúltima posición dentro de los 38 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), superado en América Latina por Chile y Uruguay.
Organizaciones como Mexicanos Primero sostienen que la NEM puede derivar en un enfoque de adoctrinamiento, mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte que el sistema sigue atrapado en esquemas memorísticos, burocracia e improvisación, a diferencia de países como Corea del Sur o Japón.
A ello se suma un factor crítico: en noviembre de 2025, la Secretaría de Educación Pública eliminó los sitios del extinto INEE y de Mejoredu, que concentraban más de dos décadas de datos técnicos. Sin bases públicas, la medición independiente se diluye. Sin datos no hay escrutinio. Sin escrutinio, no hay rendición de cuentas.
Calendario escolar: menos de medio año en las aulas
El ciclo escolar 2025–2026 de educación básica y al que le quedan actualmente alrededor de cinco meses, ha sido criticado por la escasa cantidad de días efectivos de clase frente a los 365 que tiene el año. Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) fija oficialmente 185 días de actividades (50.6% del año), en la práctica la cifra se reduce a un promedio de 168 jornadas reales, apenas 46% del calendario anual. Tras descontar ocho sesiones de Consejo Técnico Escolar, ocho días festivos oficiales, periodos vacacionales —invierno, Semana Santa y verano—, además de puentes, megapuentes y suspensiones administrativas, la pérdida equivale a casi un mes de aprendizaje.
A ello se suman contingencias climáticas como lluvias, ciclones o sismos que en estados como Quintana Roo, Oaxaca o Guerrero paralizan clases por días o semanas. Incluso factores extraordinarios, como la cercanía del cierre del ciclo el 15 de julio con eventos masivos como el Mundial de Futbol a partir del 11 de junio, anticipan una baja en el ritmo académico.
En contraste, países como Japón alcanzan hasta 240 días de clases al año —42% más que México— con recesos más breves y mayor continuidad pedagógica. China mantiene alrededor de 190 días efectivos sin megapuentes ni suspensiones adicionales. La comparación es inevitable: mientras México enfrenta rezagos en lectura y matemáticas, más de la mitad del año no se dedica a la formación escolar. El debate ya no es solo cuántos días marca el calendario, sino cuántos se aprovechan realmente para aprender.
El adoctrinamiento gestado desde los libros de texto
El señalamiento de adoctrinamiento en la educación básica se centra directamente en el rediseño de los libros de texto gratuitos impulsado desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) con una evidente carga ideológica, errores pedagógicos y la reducción de contenidos en matemáticas y lectoescritura. Diversos especialistas y organizaciones civiles sostienen que el sesgo filosófico no fue accidental ni marginal, sino que se gestó desde la concepción misma de los contenidos bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, incorporando una narrativa política definida en materiales destinados a millones de estudiantes.
El proceso fue encabezado por Marx Arriaga Navarro, entonces director general de Materiales Educativos recientemente destituido y literalmente expulsado de las oficinas de la SEP en medio de una intensa polémica porque en todo momento mantuvo un discurso confrontativo frente a sectores académicos y científicos que cuestionaron los libros, desestimando observaciones técnicas y minimizando preocupaciones sobre rigor metodológico.
Su salida, interpretada por distintos sectores como resultado de tensiones internas y desacuerdos por ajustes solicitados a los contenidos, no cierra el debate. Para sus críticos, el núcleo del problema permanece intacto: si el rediseño de los libros convirtió a la educación básica en un instrumento de orientación ideológica en lugar de un espacio de formación plural, técnica y académicamente sólida, pues se dejaron a un lado contenidos de matemáticas y ciencias, y se priorizaron enfoques narrativos con una marcada carga política. La ausencia de procesos transparentes de revisión independiente y la exclusión de especialistas en áreas clave alimentaron la percepción de que el cambio no respondió únicamente a criterios pedagógicos, sino a una intención de reorientación ideológica del sistema educativo desde la educación básica.
Para la Unión Nacional de Padres de Familia, el problema rebasa la figura de Arriaga: consideran que su gestión simbolizó una política educativa que privilegia la formación de una conciencia social alineada con el proyecto gubernamental, antes que el fortalecimiento de competencias académicas medibles.
“¡De Panzazo!”: la pregunta que sigue sin respuesta
En febrero del 2012, el documental ¡De Panzazo!, dirigido por Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola y promovido por Mexicanos Primero, expuso con contundencia las fallas estructurales del sistema educativo mexicano: bajo desempeño académico, opacidad sindical, falta de evaluación docente y una cultura institucional que normalizaba la mediocridad. Sin embargo, uno de los momentos más reveladores del documental no fue una cifra de rezago, sino una pregunta básica: ¿cuántos maestros hay en México?
Durante la investigación, el equipo buscó obtener el dato oficial tanto de la Secretaría de Educación Pública como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En entrevistas con Elba Esther Gordillo, entonces dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y con Alonso Lujambio, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en ese momento (falleció en septiembre del mismo 2012), quedó en evidencia la falta de una cifra clara, precisa y verificable. La incapacidad de las autoridades para informar cuántos docentes había realmente frente a grupo exhibió un problema profundo de desorden administrativo y ausencia de control institucional.
Catorce años después, la pregunta mantiene vigencia. Al 2026, las autoridades educativas no han transparentado de manera clara y pública un padrón consolidado que permita conocer con exactitud el número, ubicación y situación laboral de los docentes del país.
El documental —disponible en la cuenta de YouTube de Carlos Loret de Mola, en el link https://www.youtube.com/watch?v=i4BbdUds90s&t=1s— continúa siendo un símbolo, no solo del estancamiento estructural del sistema educativo mexicano, sino del retroceso serio que se agudizó durante la pandemia por COVID-19.
Cifras que respaldan la crisis: México ante el mundo
Los datos internacionales no solo corroboran lo que expertos y académicos advierten: también contextualizan la dimensión del problema educativo en México.
Según el más reciente Informe PISA (Programme for International Student Assessment) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica consistentemente por debajo del promedio internacional en áreas fundamentales como matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Los estudiantes mexicanos obtuvieron puntajes promedio claramente por debajo de la media OCDE en estas tres áreas, con resultados que contrastan con los países más competitivos del mundo.
En matemáticas, por ejemplo, solo el 34% de los alumnos alcanzó al menos el nivel mínimo de competencia (Nivel 2), frente al promedio de 69% en los países OCDE. En lectura, apenas el 53% superó ese umbral, comparado con 74% en el conjunto de naciones evaluadas. Estos resultados ubican a México entre los países con los peores desempeños dentro de la OCDE —tercer lugar de menor rendimiento en matemáticas y lectura, y último en ciencias— y representan una caída continua de décadas, con niveles similares a los de principios de siglo.
Las cifras son también contundentes sobre la falta de estudiantes de alto rendimiento. Menos del 1% de los alumnos mexicanos alcanzó los niveles más altos en matemáticas, lectura o ciencias, muy por debajo del promedio OCDE de entre 7% y 9%. En comparación con naciones asiáticas líderes como Japón, Corea o Singapur —donde una parte considerable de los estudiantes alcanza niveles avanzados— la brecha resulta abismal y plantea serias dudas sobre la competitividad futura del capital humano mexicano.
Además, el desempeño nacional cayó respecto a ciclos anteriores: en matemáticas se observó una disminución de más de una decena de puntos comparado con pruebas previas, tendencia similar en comprensión lectora y ciencias. Este retroceso evidencia que los problemas educativos no son coyunturales ni aislados a un nivel escolar, sino que forman parte de un patrón persistente que atraviesa toda la trayectoria educativa de los estudiantes.
Productividad y educación: el eslabón débil de la competitividad laboral
En el análisis de la crisis educativa y su impacto en el desarrollo económico, la competitividad del trabajador mexicano ocupa un lugar clave. En entrevista con El Despertador, el doctor Carlos Reynoso Castillo, especialista en Derecho Laboral, advierte que México enfrenta un rezago estructural en productividad que limita su desempeño tanto a nivel nacional como internacional.
Aunque el concepto de competitividad puede interpretarse de distintas formas, diversos estudios coinciden en que el país tiene amplios márgenes de mejora. La legislación laboral apenas toca el tema y no existe un andamiaje jurídico sólido que incentive de manera sistemática la productividad vinculada a mejores salarios. Algunos sindicatos han intentado incorporar este enfoque, pero los resultados han sido limitados.
La educación aparece como un factor determinante, aunque no único. Si bien ha habido avances en cobertura y escolaridad promedio, sostiene que aún persisten rezagos importantes, especialmente en zonas del sureste, donde el analfabetismo y la baja formación básica siguen presentes. A ello se suma el desafío de comunidades cuya lengua materna no es el español, lo que exige políticas educativas interculturales eficaces.
En el ámbito empresarial, la capacitación existe, pero con frecuencia se percibe como gasto y no como inversión estratégica. Sin una base educativa sólida, formación continua y mecanismos legales que vinculen productividad con mejores ingresos, la competitividad laboral seguirá siendo una meta pendiente en México.
El bachillerato como punto de quiebre profesional
El nivel medio superior no es un tramo intermedio sin consecuencias. Es la etapa donde se define la vocación profesional, se consolidan habilidades lógico-matemáticas, científicas y humanísticas, y se determina si un joven podrá competir por un espacio universitario o insertarse en el mercado laboral.
Reducir materias sin un rediseño técnico profundo implica modificar la estructura formativa del país. Matemáticas fortalecen el razonamiento abstracto; filosofía desarrolla juicio crítico; ciencias consolidan análisis riguroso; lenguaje fortalece comprensión y argumentación. La reducción de exposición a estas herramientas no genera efectos inmediatos visibles, pero sí consecuencias acumulativas que pueden reflejarse en menor competitividad en una década.
Eliminar el examen de admisión también modifica la lógica meritocrática del sistema, que selecciona a los estudiantes según su desempeño. El argumento de ampliar cobertura es socialmente legítimo; la pregunta es si expansión sin exigencia equivale a una inclusión real o más bien a una masificación con estándares reducidos.
Exigir más no es castigar; es preparar. La discusión estructural es si el Estado está elevando el estándar para revertir el rezago o reduciéndolo para facilitar indicadores de acceso a la educación y permanencia.
Porque tras pasar al siguiente nivel, al final de la formación profesional, el título no opera, no litiga, no diagnostica y no calcula. Lo hace la competencia real.
Y esa —como coinciden especialistas— no se decreta. Se construye con rigor, evaluación, ética profesional y estándares sólidos.
Justicia sin filtros: cuando la falta de preparación llega al estrado
Si la reducción de estándares académicos preocupa en las aulas, el debate adquiere una dimensión aún más delicada cuando se traslada al Poder Judicial. La preparación técnica, la experiencia acumulada y la carrera judicial no son formalismos burocráticos; son garantías mínimas de que quienes imparten justicia comprenden la complejidad de las leyes que aplican y las consecuencias de sus decisiones.
El senador Javier Corral, de Morena, ha advertido recientemente que la Reforma Judicial debe revisarse antes de 2027, ante casos de alerta que ya comienzan a aparecer en entidades federativas. Según ha señalado, preocupa el “desconocimiento brutal” evidenciado en algunos nombramientos locales, así como la ausencia de criterios claros en la selección de quienes fueron candidatos a jueces. Corral insiste en que deben privilegiarse la carrera judicial, la experiencia comprobada y los exámenes técnicos, especialmente en los estados donde —afirma— gobernadores y gobernadoras influyeron de manera discrecional en designaciones.
El riesgo no es abstracto. En materia jurídica, errores de técnica procesal o desconocimiento de principios básicos pueden provocar que un caso se caiga por fallas formales. Cuando un expediente se desmorona por un error evitable, no es un trámite el que fracasa: es la justicia la que se diluye.
La pregunta entonces deja de ser académica y se vuelve ciudadana: ¿en manos de quién estamos? Así como nadie desearía ser intervenido quirúrgicamente en una clínica sin certificación o por un médico sin título, tampoco resulta menor que quien juzga, absuelve o condena cuente con formación sólida y acreditación verificable. El título y la cédula profesional no garantizan excelencia, pero sí establecen un umbral mínimo de preparación y responsabilidad institucional.
Si los filtros se debilitan, si los estándares se flexibilizan y si la experiencia deja de ser requisito central, el impacto no se limita a estadísticas educativas: repercute directamente en la impartición de justicia y, con ello, en la confianza pública y el Estado de derecho.
Rigor profesional y debilitamiento de filtros
A la discusión sobre reducción de materias y eliminación de exámenes se suma un tema delicado: la desvalorización práctica de la cédula profesional como identificación oficial en diversos trámites.
La cédula implica un registro formal ante la autoridad educativa y la asignación de una clave única en el Registro Nacional de Profesionistas. Sin embargo, en la práctica no poseía el mismo peso que una credencial del INE o un pasaporte. De hecho, desde el 18 de febrero de 2026, la cédula profesional, tanto en su versión física como electrónica, dejó de ser válida como identificación oficial en México. La medida fue publicada por la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero y establece que este documento ya no podrá utilizarse para realizar trámites administrativos donde se requiera identificación oficial.
La preocupación no es simbólica. En un país donde históricamente han existido mercados de documentos apócrifos —como ocurre en la conocida Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México, conocida jocosamente como “la Universidad de Santo Domingo”, pues allí puede uno “titularse” de cualquier profesión en unas cuantas horas— restar fuerza institucional a la acreditación profesional puede abrir espacios a irregularidades.
Al respecto, el especialista Carlos Reynoso Castillo ha advertido incluso riesgos en el ámbito jurídico: mencionó haber recibido una tesis basada en legislación argentina, sin adaptación al marco mexicano. También señaló la existencia de ofertas para elaborar tesis por encargo y casos de litigantes que presentan argumentos desactualizados ante tribunales.
Si los filtros académicos se reducen, los exámenes profesionales se flexibilizan y la acreditación pierde peso institucional, el sistema puede volverse más vulnerable a simulaciones.
Educación y poder: el uso político del sistema
Durante décadas, el sistema educativo mexicano fue criticado por su cercanía con el poder político, especialmente en los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, cuando la estructura corporativa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) influyó en decisiones administrativas y laborales. La asignación de plazas y el control interno del magisterio alimentaron la percepción de que la educación funcionaba también como instrumento de negociación política.
Dentro de ese esquema, el propio sindicato amplió su influencia al impulsar la creación de Nueva Alianza, partido político que le permitió participar directamente en procesos electorales y fortalecer su capacidad de presión. Este vínculo entre estructura sindical y representación partidista profundizó el debate sobre los límites entre defensa laboral y poder político.
En años recientes, bajo la narrativa de la “Cuarta Transformación” encabezada por Andrés Manuel López Obrador, la discusión cambió de enfoque: ahora se cuestiona la posible flexibilización de estándares académicos en nombre de la inclusión con la Nueva Escuela Mexicana.
Son momentos distintos, pero la preocupación es la misma: cuando la educación se subordina a intereses políticos, se debilita su función central de formar pensamiento crítico y ciudadanía autónoma.
Impacto económico y mercado laboral internacional
Los rezagos educativos no se quedan en el aula; se traducen en productividad, salarios y posicionamiento internacional. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se mantiene entre los países con menor productividad laboral por hora trabajada dentro del organismo. Mientras economías como Alemania, Japón o Corea del Sur han vinculado inversión educativa con desarrollo tecnológico e industrial, México enfrenta una estructura productiva con alto componente de mano de obra de baja calificación.
El vínculo es directo: menor dominio en matemáticas y comprensión lectora limita la capacidad de adaptación a industrias de alto valor agregado, automatización y economía digital. En un mercado global donde la inteligencia artificial, la robótica y la innovación científica determinan el crecimiento, la formación técnica y el pensamiento crítico son activos estratégicos.
Según datos del Banco Mundial, los países con mayor capital humano presentan mejores indicadores de crecimiento sostenido y mayores niveles de ingreso per cápita. México, en contraste, mantiene una brecha considerable frente a economías que apostaron por elevar estándares educativos en lugar de flexibilizarlos. El problema no es solo de cobertura, sino de calidad.
Historia, narrativa y formación crítica
La polémica sobre los contenidos educativos no se limita a áreas como matemáticas o ciencias; también alcanza la manera en que se enseña la historia en la educación básica. Diversos especialistas han cuestionado la forma en que se abordan episodios como la defensa del Castillo de Chapultepec y la figura de los llamados Niños Héroes. Durante décadas, sostienen, se ha privilegiado una narrativa romántica y épica que exalta el sacrificio patriótico, pero que omite o minimiza el contexto político y militar más amplio, como la pérdida territorial tras la guerra con Estados Unidos y las decisiones del entonces presidente Antonio López de Santa Anna.
El debate de fondo no radica en eliminar símbolos nacionales ni en negar la existencia de héroes, sino en replantear cómo se presentan estos acontecimientos. ¿Debe la escuela reproducir versiones simplificadas que fortalecen una identidad nacional acrítica, o asumir el reto de formar estudiantes capaces de analizar causas, consecuencias y responsabilidades históricas?
Una educación orientada al pensamiento crítico no debilita la memoria histórica; por el contrario, la fortalece al ofrecer herramientas para comprenderla con mayor profundidad. La historia, más que un relato épico, debe ser un espacio de reflexión que permita a los alumnos cuestionar, contrastar fuentes y construir una visión informada y madura del pasado.
PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
• Implementar un sistema regional de diagnóstico educativo permanente
Las autoridades educativas de Quintana Roo, Yucatán y Campeche pueden consolidar un observatorio educativo regional que permita medir de manera periódica el aprendizaje real en matemáticas, lectura y ciencias, con el objetivo de diseñar políticas públicas basadas en evidencia y no únicamente en indicadores administrativos.
• Establecer programas estatales de recuperación de aprendizajes
Se deben crear estrategias permanentes de nivelación y mejora en educación básica, con énfasis en matemáticas, lectura, ciencias y enseñanza obligatoria del inglés para reducir rezagos, considerando las afectaciones generadas por la pandemia y las desigualdades educativas históricas en la región.
• Fortalecer la educación intercultural y bilingüe en la región maya
Es necesario ampliar la formación, contratación y certificación de docentes hablantes de lenguas mayas, así como desarrollar materiales educativos adaptados al contexto cultural y lingüístico de las comunidades indígenas del sureste mexicano.
• Garantizar acceso a nuevas tecnologías e internet universal
Debe asegurarse conectividad a internet y acceso a dispositivos digitales en las escuelas públicas, acompañados de capacitación docente en competencias digitales, como condición básica para la calidad educativa, la reducción de brechas y la igualdad de oportunidades.
• Reforzar la enseñanza de civismo, historia y formación en derechos
Retomar y fortalecer desde la educación básica la enseñanza del civismo, la historia de México moderno y contemporáneo, así como la formación en derechos y garantías individuales consagradas en la Constitución. que contribuyan a una ciudadanía informada y responsable.
• Garantizar un mayor número de días efectivos de aprendizaje real
Las autoridades estatales deben establecer mecanismos que reduzcan la pérdida de tiempo académico ocasionada por actividades administrativas, suspensiones innecesarias o eventos no vinculados al proceso formativo.
• Vincular la educación media superior con el desarrollo económico regional
Los bachilleratos del sureste deben orientarse hacia sectores estratégicos de la economía local, como turismo sostenible, economía digital, energías renovables y logística portuaria, para facilitar la inserción laboral de los jóvenes.
• Fortalecer los sistemas de certificación y verificación profesional
Se deben implementar mecanismos más rigurosos para la validación de cédulas profesionales en sectores estratégicos como salud, derecho, educación privada y administración pública, con el fin de reducir riesgos de ejercicio profesional irregular.
• Impulsar el fortalecimiento de la carrera docente con incentivos reales
Los gobiernos estatales deben desarrollar programas permanentes de capacitación docente, estímulos salariales y esquemas de evaluación transparente vinculados a resultados de aprendizaje y desarrollo profesional.
• Blindar el sistema educativo frente a influencias políticas
Es necesario establecer marcos legales y administrativos que garanticen transparencia en la asignación de recursos educativos, así como en los procesos de nombramiento y designación dentro del sector educativo estatal.